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La imputación contra Glenn Greenwald y la guerra global contra la libre expresión

Los cargos de “conspiración criminal” presentados por el Gobierno brasileño contra el editor de Intercept Brasil y reconocido periodista de investigación, Glenn Greenwald, son el último de una serie de ataques estatales a nivel internacional contra el derecho de la libertad de expresión que tanto costó conquistar históricamente. El arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha abierto las compuertas de una guerra global contra el periodismo independiente y crítico y la imposición de una censura generalizada.

Las acusaciones de Brasil contra Greenwald son esencialmente idénticas al primer cargo emitido en abril de 2019 por el Departamento de Justicia de EE. UU. para extraditar a Assange desde Reino Unido y enjuiciarlo en suelo norteamericano. Ambos hombres han sido acusados de “asistir” a denunciantes a acceder información que, una vez publicada, expuso la criminalidad y corrupción de los niveles más altos del aparato estatal.

Periodista Glenn Greenwald escucha preguntas durante rueda de prensa (AP Photo- Ricardo Borges)

En el caso de Greenwald, se está preparando una imputación bajo el pretexto de que él “conspiró” con otras personas para “hackear” cuentas de mensajería y obtener información que probó que altos oficiales utilizaron una investigación sobre corrupción para socavar a los oponentes políticos del demagogo fascistizante Jair Bolsonaro. En vísperas de la elección presidencial de 2019, en la que triunfó Bolsonaro, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue sentenciado por corrupción y encarcelado, mientras su Partido de los Trabajadores se encontraba sumido en el escándalo.

En el caso de Julian Assange, fue acusado de “conspirar” con la valiente denunciante estadounidense, Chelsea Manning en 2009-2010 para acceder a muchísimos documentos clasificados que expusieron los crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán, así como las sórdidas intrigas para apuntalar regímenes pro-EE. UU. en todo el mundo y afirmar los intereses estratégicos y corporativos estadounidenses. Luego se añadieron 17 otros cargos espionaje a la lista, amenazándolo con una cadena perpetua de 175 años si es extraditado y condenado en una farsa judicial en EE. UU.

Greenwald no ha sido arrestado aún, pero es prácticamente una certeza de que las agencias de inteligencia de EE. UU. están involucradas en los pasos legales para enjuiciarlo. Lo habrían colocado en su lista de objetivos prioritarios en la prensa desde que desempeñó un papel clave en 2013 en publicar las filtraciones del contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en inglés), Edward Snowden. Las filtraciones de Snowden expusieron el grado impactante de espionaje por parte de la NSA en las comunicaciones de prácticamente todo ciudadano estadounidense y gran parte de la población mundial.

Julian Assange buscó protegerse de la venganza del Estado norteamericano obteniendo asilo político en la diminuta Embajada ecuatoriana en Londres en 2012, hasta que lo desalojaron y arrestaron en abril pasado. Justo antes del desalojo de Assange, Chelsea Manning fue reencarcelada por rehusarse a aparecer frente a un gran jurada y retractar su testimonio categórico durante su juicio de que estaba actuando sola, sin la asistencia de Assange ni WikiLeaks, cuando accedió a la información que filtró.

La encarcelación de Manning y el arresto de Assange fueron seguidos poco después por los pasos iniciales del Gobierno de Macron para imputar a ocho periodistas por exponer la complicidad francesa en la guerra ilegal de Arabia Saudita en Yemen. En junio de 2019, la policía australiana realizó allanamientos sin precedentes en las casas y oficinas de varios periodistas. Tres de ellos están amenazados de ser enjuiciados por la publicación de filtraciones que expusieron los crímenes de guerra de las tropas australianas en Afganistán y los planes para legalizar el espionaje masivo.

Glenn Greenwald no ha visitado EE. UU. desde el 2013 debido a su preocupación legítima de que podría ser arrestado. Con Bolsonaro ahora en el poder, las manos de la CIA, NSA, FBI pueden cómoda y verdaderamente entrar en Brasil, donde Greenwald tiene derechos de residencia por medio de su compañero.

El WSWS advirtió en 2010 de que si Julian Assange no era defendido tras su detención en Reino Unido por acusaciones flagrantemente fabricadas de que había perpetrado ofensas sexuales en Suecia, abriría paso a un ataque de plena escala para aterrorizar y silenciar el periodismo auténtico. El entonces vicepresidente Joe Biden del Gobierno demócrata de Barack Obama calificó a Assange como un “terrorista de alta tecnología”. El Gobierno laborista en Australia, donde Assange tiene ciudadanía, denunció las publicaciones de WikiLeaks como “actividad ilegal”.

Sin embargo, en cuestión de meses, la gran mayoría de la fraternidad política y mediática exliberal se alineó detrás del Estado de EE. UU. y sus aliados contra Assange. Las publicaciones como el New York Times y el Guardian, que trabajaron con WikiLeaks para publicar las filtraciones de Manning porque iban a ser publicadas de todas formas, dedicaron sus recursos para vilipendiar a Assange como un violador “sospechoso” y un narcisista, indigno de cualquier simpatía y apoyo popular. Los sindicatos y las organizaciones pseudoizquierdistas internacionalmente se opusieron activamente a cualquier campaña en su defensa, rehusándose a discutir su caso y boicotear toda acción para exigir su libertad.

Nunca se deben olvidar las razones políticas por las que se emprende contra WikiLeaks. Este giro ocurrió tras los levantamientos sociales masivos desencadenados en parte por la información de las filtraciones de Manning y que tumbaron varios regímenes respaldados por EE. UU. La revista Foreign Policy planteó nerviosamente en enero de 2011 si Túnez había sido la primera “revolución de WikiLeaks”. Pocas semanas después, la aparentemente omnipotente dictadura de Hosni Mubarak fue derrocada por un movimiento de masas de la clase obrera egipcia.

Los partidos “izquierdistas” de la élite, los sindicatos y la prensa están atados por mil lazos a la oligarquía financiera y corporativa y se benefician de la explotación despiadada de la gran mayoría de la población mundial. La forma en que la verdad motivó a personas ordinarias a levantarse en abierta rebelión contra las élites arraigadas horrorizó a estos círculos. Un levantamiento de masas que exija el fin a la desigualdad social y la injusticia política en EE. UU., por ejemplo, amenazaría la riqueza y el poder de la clase capitalista y la privilegiada clase media-alta, de la cual forman parte y a la que sirven.

La respuesta de las organizaciones y prensa de las élites fue unirse con el aparato estatal en buscar prevenir o censurar exposiciones futuras. Como lo dijo descaradamente el editor del New York Times, Bill Keller en noviembre de 2010 en respuesta a WikiLeaks: “Cuando nos hallamos en posesión de secretos gubernamentales, pensamos detenida y fuertemente sobre divulgarlos… La libertad de prensa incluye la libertad a no publicar y esa es una libertad que ejercemos con bastante regularidad” (nuestro subrayado).

El odio de estas publicaciones exliberales hacia Assange alcanzó niveles viscerales en 2016, cuando WikiLeaks publicó correos electrónicos filtrados que arrojaron luz sobre la agenda militarista, procorporativa y autoritaria de Hillary Clinton y el Partido Demócrata: su candidata predilecta en la elección presidencial estadounidense. El Times y el Guardian encabezaron la campaña para promover las fabricaciones de que Assange había “conspirado” con la inteligencia rusa para filtrar los correos y difamándolo como una “herramienta” de Vladimir Putin y Donald Trump.

En julio de 2019, una corte estadounidense descartó las acusaciones de que WikiLeaks había trabajado con las agencias rusas como algo “completamente divorciado de los hechos” y defendió el derecho a publicar filtraciones calificándolo como “simplemente del tipo elegible a la protección más fuerte que ofrece la Primera Enmienda”.

El Times y el Guardian nunca retractaron sus falsas acusaciones y difamaciones. Hasta hoy día, el Times y la maquina partidista demócrata llaman públicamente a que Assange sea enjuiciado criminalmente por sus acusaciones incesantes de que una “injerencia” rusa le costó a Clinton la elección de 2016. En abril de 2019, el Times publicó comentarios que describieron la primera acusación bajo cargos de conspiración contra Assange como un “crimen indisputable”.

Dado su historial, el New York Times alcanzó nuevas profundidades de hipocresía con su editorial del 22 de enero sobre los cargos contra Glenn Greenwald. Afirmó que la publicación de las filtraciones en Brasil “hizo lo que una libre prensa se supone que haga: reveló la dolorosa verdad sobre aquellos en el poder”. El editorial concluyó: “Atacar a los defensores de ese mensaje es un serio atropello y una peligrosa amenaza al Estado de derecho”.

La realidad es que el Times, junto a numerosas organizaciones y publicaciones exizquierdistas y exliberales ha probado, por medio de su complicidad en la persecución de Assange y WikiLeaks, que su lealtad de clase es con la oligarquía empresarial y el Estado capitalista.

Una defensa auténtica de los periodistas y denunciantes perseguidos solo será avanzada por la clase obrera, cuyo derecho a saber la verdad han servido con tanta valentía.

Julian Assange está encarcelado en Reino Unido y su juicio de extradición comienza el 24 de febrero en Londres. Chelsea Manning está en una celda en EE. UU.; Edward Snowden está en un exilio forzado en Rusia; y ahora Glenn Greenwald corre peligro en Brasil. Todos aquellos que defienden los derechos democráticos fundamentales en juego en sus casos tienen la responsabilidad de luchar por la mayor movilización independiente posible de trabajadores y jóvenes para exigir su libertad inmediata e incondicional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2020)

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