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En Davos, el Gobierno español del PSOE y Podemos les muestra sus credenciales a los bancos

El presidente del Gobierno español que asumiera recientemente, Pedro Sánchez, viajó a Davos para mostrar las credenciales de su Gobierno a los cientos de banqueros, ejecutivos corporativos, famosos, jefes de Estado, y miembros de gabinetes que participaron en el 50 Foro Económico Mundial (FEM) de la ciudad suiza.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez toma la palabra en el encuentro anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 23 de enero de 2019 (Fuente: Markus Schreiber, AP)

En su discurso, Sánchez subrayó que su nuevo Gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos está comprometido con la austeridad: "Mantenemos nuestro compromiso con reducir el déficit y los niveles de deuda pública, que sin duda generarán una mayor confianza entre los agentes económicos y nos permitirá tener un gobierno con mayores posibilidades de acción e inversiones futuras".

Su discurso fue bien recibido, y obtuvo apoyos del capital financiero internacional. En un encuentro a puertas cerradas sobre España con inversores, Franck Petitgas, jefe de Operaciones Internacionales en Morgan Stanley, le dijo a Sánchez que "en los mercados nosotros 'compramos' sus argumentos, sr. presidente. Creemos que dirigirá un gobierno responsable en asuntos económicos y no estamos preocupados".

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, presentó a Sánchez ante el foro como "uno de los grandes impulsores del multilateralismo". Gurría dijo en una entrevista con EURACTIV que Sánchez "estuvo muy claro ayer, cuando lo presenté ante el foro, respecto a las reformas y respecto a su programa. Vamos a apoyarlo, y vamos a estar trabajando con él y para él para que tenga éxito".

El acuerdo entre el PSOE y Podemos, negociado con las federaciones patronales españolas y los sindicatos, que aumenta el salario mínimo en un 5,5 por ciento o €59,8 a €1.108 (o $1.230) brutos al mes, no se discutió. Los asistentes compartieron la opinión del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, quien dijo que "nos habría gustado que [el aumento] fuera algo menor", pero quedó satisfecho porque la cifra acordada fuera menor que los €1.167 propuestos inicialmente.

Los bancos entienden tan bien el papel reaccionario del partido pseudoizquierdista Podemos que después de una reunión con inversores en Davos, Sánchez sonrió y les dijo a los periodistas: "Ni me preguntaron por Podemos, fui yo el que tuvo que abrir el tema".

Hace solo cinco años, representantes de la aristocracia financiera española como Ana Botín (directora ejecutiva del Grupo Santander, el quinto banco más grande de Europa), Francisco González (exdirector ejecutivo del BBVA, el segundo banco más grande de España) e Ignacio Sánchez Galán (director ejecutivo de Iberdrola, una de las eléctricas más grandes del mundo) tuvieron que viajar a Davos para calmar a los inversores respecto a la posibilidad de un gobierno de Podemos. El gerente de fondos de protección y multimillonario estadounidense Raymond Dalio advirtió: "Partidos como el español Podemos están proliferando en Europa".

Podemos se había fundado un año antes, y se volvió el beneficiario inmerecido de la oposición social creciente a la austeridad, el militarismo y los ataques a los derechos democráticos. Había subido significativamente desde 1,2 millones (8 por ciento de los votos) en las elecciones europeas de 2014, a 3 millones (12 por ciento) en las elecciones generales de 2015. Su líder, Pablo Iglesias, espetaba frases sobre la "casta", que abarcaba al PP y al PSOE, y hacía promesas demagógicas de revertir la austeridad.

Cinco años más tarde, El Confidencial Digital citaba fuentes del entorno de Davos que decían que la principal conclusión sobre España es que "Pedro Sánchez ha desactivado a Podemos. Este es el mensaje que los directores ejecutivos de Santander a Iberdrola han recibido. También han sido felicitados desde algunos destacados ejecutivos de varios sectores".

El hecho es que Podemos no ha sido "desactivado". Podemos nunca fue creado para amenazar al capitalismo español o el europeo. Como receptáculo para fuerzas pequeñoburguesas estalinistas o pablistas cuyos predecesores negociaron la Transición de 1978 a la democracia parlamentaria con el anterior régimen franquista, siempre fue parte integral del establishment gobernante español.

Podemos, como advertía el WSWS a semanas de su fundación en enero de 2014, era un "fraude político" que buscaba "por sobre todas las cosas desarmar políticamente a la clase trabajadora". Se basaba en las teorías postmodernistas del "populismo de izquierdas" que rechazaban el papel revolucionario de la clase trabajadora, la lucha de clases y el socialismo. El WSWS escribió que Podemos tenía por objetivo impedir "una rebelión por parte de la clase trabajadora contra los partidos socialdemócratas y la burocracia sindical y canalizar el descontento hacia formaciones supuestamente radicales, pero procapitalistas".

Aterrado por el recrudecimiento internacional creciente de la clase trabajadora y reflejando los temores de la clase gobernante sobre la posición internacional del imperialismo español en medio de guerras neocoloniales, guerras comerciales y divisiones crecientes en la Unión Europea, Podemos respaldó un gobierno encabezado por el PSOE en 2018. Después de las elecciones de 2019, formó un gobierno de coalición. El partido pseudoizquierdista calculó que esta sería la mejor manera de suprimir la oposición social creciente a la austeridad y el militarismo, velando por los intereses de una capa de jóvenes de la clase media pudiente por la cual hablaba.

Estas políticas reaccionarias predeciblemente fortalecen a las tendencias ultraderechistas de la política burguesa española que sin duda también tiene un apoyo sustancial entre los oligarcas reunidos en Davos.

El poder judicial está tomando medidas para parar los intentos del PSOE por suspender temporalmente la represión a los nacionalistas catalanes para granjearse su apoyo para los presupuestos de austeridad del PSOE. El PSOE y Podemos han estado supervisando la campaña anticatalana de Madrid desde hace años, incluso apoyando la represión violenta de los manifestantes, incriminaciones judiciales, el juicio farsa y la encarcelación de los dirigentes nacionalistas catalanes, y la aprobación de leyes antidemocráticas, como la Ley "mordaza" digital.

El jueves, el Tribunal Supremo español le retiró el acta de diputado en el parlamento catalán al presidente de la Generalitat Quim Torra hasta que se alcance una sentencia firme sobre su inhabilitación para cargo público. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña halló a Torra culpable de desobediencia por negarse a quitar pancartas en apoyo a los dirigentes independentistas presos.

Torra se ha negado a renunciar. El presidente del parlamento catalán Roger Torrent, quien se ha opuesto públicamente a retirarle el escaño a Torra, ahora está siendo amenazado por el Tribunal Supremo. Se lo podría acusar de desobediencia.

El debate público lo dicta cada vez más el partido fascista Vox, cuyas resoluciones, políticas y discursos son promocionados ampliamente por los medios y el establishment político.

La semana pasada, los planes de la región de Murcia —gobernada por los partidos de la derecha— para obligar a las escuelas a pedir el permiso de los padre para dar "charlas, talleres o actividades con una tendencia ideológica o moral contraria a sus convicciones", estuvieron en los titulares de las noticias en toda España. Por ahora, estos planes afectan primariamente a charlas sobre educación sexual y derechos de la colectividad LGBTQ+. La medida, que no tiene apoyo popular, tiene por objeto movilizar a la base católica ultraderechista de Vox.

Días después, Vox una vez más dominó el debate proponiendo en el congreso ilegalizar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. La medida afectaría a seis partidos representados en el parlamento español.

La semana terminó con los partidos derechistas de la oposición solicitando la renuncia del ministro de transportes José Luis Ábalos después de que trascendiera que se había reunido en secreto con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez el lunes por la mañana en el aeropuerto de Madrid. Las sanciones de la Unión Europea, apoyadas y designadas por el anterior gobierno del PSOE, le prohíben a Rodríguez pasar por el espacio aéreo de la Unión Europea.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de enero de 2020)

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