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La red de vigilancia de la Administración Trump

El Wall Street Journal reportó el fin de semana que el Gobierno de Trump pagó por tener acceso a una base de datos comercial que sigue el lugar y movimiento de millones de celulares para facilitar la deportación de inmigrantes en EE. UU. y para seguir a aquellos que estén cruzando la frontera.

La revelación de este programa muestra que la red de monitoreo ilegal del Gobierno se ha expandido desde que el denunciante Edward Snowden expuso el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, todas las siglas en inglés) en 2013.

Las promesas de un diálogo nacional sobre el espionaje electrónico interno y la aprobación de leyes para dar más supervisión a las operaciones gubernamentales nunca fueron más que un fraude. El Gobierno federal está recurriendo a contratistas privados para una parte importante del espionaje electrónico que antes llevaba a cabo directamente.

[Crédito: AP Photo/Seth Wenig, archivo]

Este atropello al derecho de la privacidad de la población estadounidense y mundial, primero justificado por el presidente George W. Bush bajo el pretexto de la “guerra contra el terrorismo” y luego expandido bajo el presidente Barack Obama, está siendo utilizado ahora en la guerra fascistizante de Trump contra los inmigrantes. Mientras el Gobierno afirma que los datos de celular que utiliza son “anonimizados” para proteger a los ciudadanos estadounidenses, tales medidas no estarán limitadas a los inmigrantes. Se emplearán contra los oponentes políticos izquierdistas del Gobierno y para suprimir cualquier estallido de oposición popular de la clase obrera.

Según el Wall Street Journal, el Gobierno de Trump comenzó a comprar datos de locación de celulares en 2017 de una compañía en los suburbios de Washington D.C. llamada Venntel. Esta empresa tiene varios lazos con Gravy Analytics, una importante firma de publicidad móvil.

Venntel compra los datos de locación obtenidos por varias aplicaciones del clima, juegos, comercio y otras bajadas por los usuarios de celulares y luego vende esta información a sus clientes, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las aplicaciones de los teléfonos inteligentes dan señales constantes a las torres de celular y otros aparatos que ofrecen la locación exacta del usuario. Los vendedores han utilizado esta información para dirigir publicidad con una precisión cada vez más aterradora. Mientras que los usuarios de los celulares inteligentes piensan que están recibiendo un reporte del clima para su viaje, su locación está siendo enviada directamente al Gobierno que planea deportarlos.

El uso de bases de datos comerciales es una maniobra para esquivar el fallo de la Suprema Corte del 2018 en el caso Carpenter vs. Estados Unidos que restringió la recolección directa del Gobierno federal de datos de celulares sobre individuos a través de las grandes empresas telefónicas. “En este caso, el Gobierno es un comprador comercial como cualquiera. Carpenter no es relevante”, le dijo Paul Rosenzweig, el exdirector adjunto de política del DHS al Wall Street Journal. “El Gobierno solo está comprando un accesorio”.

En vez de seguir el debido proceso e ir a una corte federal para obtener una orden judicial para monitorear a un sospechoso criminal, el Gobierno está comprando datos al por mayor de las firmas de publicidad para espiar a todos los que viven en o viajan a EE. UU. El reporte del Wall Street Journal señala que la compra de los datos publicitarios es ampliamente empleada por las agencias estadounidenses para recolectar inteligencia internacionalmente, a pesar de que el alcance no es claro, dado que estos contratos son clasificados.

El número de usuarios de teléfonos inteligentes en EE. UU. ha estallado durante la última década, aumentando de 63 millones en 2010 a 273 millones este año, más de tres cuartas parte de la población total. En México, se espera que el número de usuarios aumente de 71 millones a 92 millones en 2024, más del 70 por ciento de la población. Casi dos terceras partes de la población mundial, 4,8 mil millones de personas, utilizan actualmente un teléfono inteligente. El potencial de espionaje gubernamental utilizando la información emitida por estos aparatos es enorme.

A pesar de que el New York Times publicó un editorial este fin de semana llamando a que haya audiencias en el Congreso sobre el uso por parte del Gobierno de Trump de lo que el diario llama “el sistema de monitoreo corporativo más invasivo jamás desarrollado”, la revelación ha sido en gran parte ignorada. No fue mencionada en los programas de entrevistas del domingo ni fue mencionado por los candidatos presidenciales demócratas. Esto se debe al hecho de que ninguna sección de la élite gobernante está comprometida con la defensa de los derechos constitucionales básicos. Además, el asalto a los derechos democráticos de los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes es bipartidista.

En noviembre, la Cámara de Representantes, la cual está controlada por los demócratas, aprobó una extensión de la Ley Patriota de 2001, incluyendo un permiso para monitorear sin orden judicial los metadatos de comunicaciones electrónicas nacionales. Incluso mientras perseguían su juicio político contra Trump en torno a cuestiones de política exterior relacionadas con Rusia e insistían en que Trump era un títere de Vladimir Putin, los demócratas se aseguraron de que el presidente retuviera su poder para realizar un espionaje invasivo.

El proceso político no previno que los demócratas le ayudaran a Trump a cumplir sus principales iniciativas políticas, incluyendo permitirle a Trump la transferencia ilegal de miles de millones de dólares de fondos del Pentágono para construir su muro a lo largo de la frontera con México, asignarle un presupuesto militar de $738 mil millones, aprobarle su presupuesto de austeridad y ratificar el tratado comercial con México y Canadá que va dirigido contra China.

El juicio político contra Rusia y sobre seguridad nacional, que predeciblemente acabó en un fracaso para los demócratas, fue una distracción política para suprimir la oposición popular a una guerra cada vez más amplia contra los inmigrantes. Esto ha involucrado privar a cientos de miles de inmigrantes, incluyendo miles de niños, el derecho de asilo y encarcelarlos en campos de detención.

Tras superar el juicio político, Trump se ha fortalecido para intensificar sus ataques a los derechos democráticos de los inmigrantes y toda la población. Estos ataques no pueden ser combatidos por medio del Partido Demócrata, un partido de la CIA, el Pentágono y Wall Street. La única fuerza social que puede derrotar a Trump y la oligarquía financiera que controla ambos partidos es la clase obrera.

El Partido Socialista por la Igualdad está llevando a cabo su campaña presidencial para construir una dirección revolucionaria en la clase obrera que luche por defender los derechos democráticos de todos. Los candidatos del PSI, Joseph Kishore para presidente y Norissa Santa Cruz para vicepresidenta, están luchando por la abolición de las fronteras nacionales y el derecho de todos a viajar y trabajar en el lugar de su elección, libres de espionaje y acoso del Estado.

Para m á s informaci ó n sobre la campa ñ a electoral del PSI y para suscribirte, haz clic aqu í .

(Publicado originalmente en inglés el 10 de febrero de 2020)

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