El primer día de la audiencia en las cortes británicas ayer para determinar si el editor de WikiLeaks Julian Assange será extraditado a los Estados Unidos no dejó ninguna duda de que lo que está en marcha es una farsa legal que amenaza tanto la vida de Assange como los derechos democráticos fundamentales.

La solicitud de la Administración de Trump sobre la entrega de Assange a los Estados Unidos debió ser desechada en minutos, debido a las leyes británicas que niegan las extradiciones bajo cargos con motivos políticos.

Assange ha sido acusado de múltiples cargos de espionaje por la publicación en 2010 y 2011 de WikiLeaks de la información filtrada que revelaba crímenes de guerra y conspiraciones diplomáticas de EE. UU. No es posible concebir un caso más descaradamente motivado por la política que un Estado que busca procesar a los que expusieron su criminalidad.

Sin embargo, en lugar de desestimar el caso, la jueza Vanesssa Baraister acepto la afirmación del abogado James Lewis, en representación del Departamento de Justicia de EE.UU., de que "él [Assange] no está acusado de revelar información vergonzosa o incómoda que el Gobierno preferiría que no hubiera revelado".

Esta absurda y descarada mentira se contradice con la propia acusación contra Assange de "tener la posesión, acceso y control no autorizados de documentos relativos a la defensa nacional, haber causado e intentado causar, de forma deliberada e ilícita, la comunicación, la entrega y la transmisión de dichos materiales a personas que no tienen derecho a recibirlos... mediante su publicación en Internet".

Es decir, se acusa a Assange de haber publicado documentos que el "Gobierno preferiría que no hubiera revelado", documentos que fueron "vergonzosos" para el Gobierno estadounidense porque demostraron que sus fuerzas militares habían matado a miles de civiles en las guerras de Irak y Afganistán.

El caso de EE. UU., prefigurado en las declaraciones iniciales de ayer, se centra en la acusación de que los nombres de los informantes y espías del Gobierno y el ejército de EE. UU. no fueron borrados de los documentos de WikiLeaks antes de que se publicaran. Las agencias de EE. UU., Lewis afirmó, "identificaron a cientos de personas en riesgo" que fueron nombradas en los documentos. Había "reubicado" a algunos, afirmó, mientras que otros han "desaparecido posteriormente". Assange, Lewis le dijo a la corte, "a sabiendas" puso a gente en riesgo.

La misma acusación se hizo contra la denunciante Chelsea Manning y fue desmentida y desacreditada durante su juicio militar por pasarle la información a WikiLeaks.

El general de brigada Robert Carr, el oficial de contrainteligencia que había supervisado la investigación del Departamento de Defensa de EE. UU., admitió bajo juramento en 2013 que "no tengo un ejemplo específico" de alguna persona que se vio perjudicada debido a la publicación de las filtraciones. El nombre inicial de Carr de un individuo que supuestamente fue asesinado como resultado de las acciones de Manning fue eliminado del registro oficial del juicio porque la persona ni siquiera había sido identificada en los documentos.

Ayer, en el tribunal británico, Lewis también admitió que "EE. UU. no puede probar la desaparición causada por la salida de WikiLeaks". Por otra parte, el abogado Edward Fitzgerald, en representación de Assange, señaló: "WikiLeaks solo publicó el material inédito después de haber sido publicado por otros".

Sin embargo, la audiencia de extradición se está llevando a cabo sobre la falsa afirmación de que Assange cometió un delito. De hecho, hizo lo que los periodistas y editores genuinos siempre se han enorgullecido de hacer: puso a disposición las pruebas de criminalidad que los que están en el poder en Washington y otros lugares trataban de ocultar al pueblo. Sus acciones como editor han estado históricamente protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

La parodia legal que tiene lugar en Londres y la que se está preparando en los Estados Unidos no pueden ocultarle a la población mundial que Assange ha sido perseguido sin cesar porque supervisó una exposición condenatoria del Gobierno de los Estados Unidos y la realidad de las guerras y la diplomacia imperialistas.

Chelsea Manning fue arrestada, abusada, torturada y condenada a 35 anos de prisión y pasó siete años en una celda antes de que su sentencia fuera conmutada en 2017. WikiLeaks fue censurado en Internet y Assange fue calumniado con falsas acusaciones de asalto sexual. Se vio obligado a librar una lucha prolongada en los tribunales británicos para tratar de evitar su extradición a Suecia. Se vio obligado a buscar asilo en la Embajada ecuatoriana en Londres porque los tribunales británicos ignoraron las pruebas de que el caso sueco era una sarta de mentiras y el Gobierno australiano, que tenía la obligación de proteger a Assange como uno de sus ciudadanos, se negó a intervenir.

Mientras estuvo en la Embajada desde junio de 2012 hasta abril de 2019, el Gobierno británico le negó a Assange el acceso a una atención médica adecuada e incluso a la luz solar directa. Soportó lo que los expertos médicos han clasificado como un implacable maltrato físico y "tortura psicológica". Como ya se ha documentado, UC Global, la compañía de seguridad que supuestamente lo protegía a él y a la Embajada, de hecho lo espiaba en nombre del Gobierno de los Estados Unidos. Grabó y entregó a la CIA sus discusiones más íntimas, incluyendo las que tuvo con sus representantes legales.

En contravención del derecho internacional, la Administración de Trump amenazó y sobornó al Gobierno ecuatoriano para renegara su asilo. Assange fue arrastrado afuera de la Embajada por la policía y desde entonces ha estado encarcelado en condiciones brutales en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en espera del comienzo de la audiencia de extradición. Manning ha sido reencarcelada por negarse a testificar ante un gran jurado contra Assange.

El caso a favor de que el Gobierno británico y los tribunales rechacen el intento de EE. UU. de poner sus manos en el editor de WikiLeaks es abrumador e interconvertible. Al igual que el caso para que el Gobierno australiano intervenga con todo el peso de sus poderes diplomáticos y legales y exija el fin de la brutal venganza contra un ciudadano y periodista australiano.

Las acciones del Estado estadounidense pueden compararse con las de un asesino que escapa a la justicia pero que persigue a las personas que han aportado pruebas en su contra. Ni un solo político, militar o diplomático ha rendido cuentas por los asesinatos en masa y las conspiraciones antidemocráticas reveladas en los documentos filtrados por Manning y publicados por WikiLeaks. En su lugar, han sido Julian Assange y Chelsea Manning los que permanecen en prisión, y Assange se enfrenta a la posibilidad de una cadena perpetua de hasta 175 años en la esquina más oscura del sistema penitenciario federal de EE. UU.

Millones de personas en todo el mundo, y docenas de organizaciones están hoy alzando sus voces en defensa de Assange y Manning. Un poderoso movimiento internacional está tomando forma. Pero debe asimilar y basarse en las lecciones de las grandes luchas pasadas por liberar a los prisioneros de la guerra de clases y las víctimas de la incriminación estatal. Solo el miedo hacia una movilización política de masas de la clase obrera obligara a sus perseguidores a liberarlos.

La libertad de Assange y Manning no se ganará apelando a los inexistentes principios democráticos y morales de líderes políticos como el primer ministro Boris Johnson y la dirección laborista en Reino Unido, el primer ministro Scott Morrison y el líder laborista Anthony Albanese en Australia, por no hablar de Trump o la cúpula del Partido Demócrata en los EE. UU., quienes están decididos a destruir WikiLeaks.

Mas bien, la defensa de Assange debe basarse en el crecimiento de las luchas de la clase obrera. En todo el mundo, los trabajadores están comprometidos con una creciente ola de huelgas y protestas políticas y es esta la fuerza social que liberará a Assange y todos los demás prisioneros de la guerra de clases.

Los trabajadores deben entender que la defensa de los derechos democráticos es inseparable de la lucha por la igualdad social. Como lo planteó un orador en un mitin del Partido Socialista por la Igualdad en defensa de Assange en Sídney, Australia, el 22 de febrero: "No tendremos voz en ningún tema si no tenemos información honesta y libertad de expresión".

El movimiento en curso para defender a Assange debe dirigir su energía a movilizar el movimiento aún más grande que se está gestando en la clase obrera contra la desigualdad social, la amenaza del fascismo y la dictadura, y el creciente peligro de guerra. El inmenso poder de la clase obrera es la fuerza que puede poner fin a la farsa legal en Londres y asegurar la libertad inmediata e incondicional de Assange.

(Publicado originalmente en inglés el 25 de febrero de 2020)