El gobierno español del PSOE y Podemos envía policías a Grecia para atacar a inmigrantes

por Alejandro López
11 marzo 2020

El gobierno español de la mal llamada "coalición progresista" entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el partido pseudoizquierdista Podemos ha anunciado que enviará policías para apoyar al gobierno del partido conservador griego Nueva Democracia (ND) en su represión salvaje a los inmigrantes.

La semana pasada, el mundo veía con horror cómo miles de inmigrantes desesperados se enfrentaban a las vallas con alambres de púas en la frontera terrestre del este de Grecia con Turquía, mientras las fuerzas de seguridad griegas en uniforme antidisturbios los golpeaban con porras y les disparaba balas de goma y gas lacrimógeno. Sin embargo, el gobierno español del PSOE y Podemos anunció que no solo apoyaría al gobierno griego sino que además enviaría refuerzos policiales a Grecia.

En una reunión del Consejo de Ministros del Interior de Europa el miércoles, el gobierno español dijo que le podría ofrecer a Grecia y a Frontex, la agencia europea responsable de controlar las fronteras de la UE, más dinero en metálico y equipo. Después de la reunión, el ministro de interior Fernando Grande-Marlaska dijo: "Grecia, y también Bulgaria y Chipre, pueden contar con España para abordar conjuntamente la situación actual".

Madrid anunció que enviaría unidades de la Policía Nacional y de la paramilitar Guardia Civil para participar en el "Equipo de Respuesta Rápida" de Frontex. Actualmente, España tiene comprometidos a 111 oficiales, según Frontex. La cantidad de fuerzas españolas adicionales todavía está por publicarse.

La semana pasada, en medio de luchas sangrientas a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía, Turquía indicó que ya no bloquearía a los alrededor de 3,5 millones de refugiados sirios en su intento de huir de Turquía hacia Europa pasando por Grecia. Desde entonces, miles de refugiados han intentado entrar en la Unión Europea (UE) por Grecia y Bulgaria. Más de 32.000 inmigrantes han sido arrestados en la frontera terrestre con Grecia.

La policía enviada por Madrid, que el vicepresidente Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, recientemente elogiara por su "política migratoria que respeta los derechos humanos", participará junto a las fuerzas de seguridad de Grecia y de la UE. Sus acciones brutales incluyen:

• Dejar a los inmigrantes en paños menores antes de golpearlos salvajemente

• Robarles el dinero, el teléfono móvil y el pasaporte

• Disparar munición real al aire a menudo para infundir terror

• Usar cañones de agua y gases lacrimógenos contra refugiados inocentes, incluso niños y bebés

La policía española conoce muy bien estas prácticas. En 2014, Guardias Civiles intentaron repeler a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que intentaban cruzar la frontera española en Ceuta a nado bordeando el dique marino Tarajal al disparar balas de goma y gas lacrimógeno a los inmigrantes que estaban nadando. Murieron catorce personas.

La policía española se unirá ahora a grupos ultraderechistas de justicieros y miembros del partido neonazi griego Amanecer Dorado dentro del marco de la política fascista de la UE contra los inmigrantes —una semana después de que Iglesias exigiera cínicamente un "acuerdo europeo contra la extrema derecha en defensa de la democracia".

Se ha estado informando ampliamente de que miembros de Amanecer Dorado con palos de madera están patrullando las islas griegas, aterrorizando a los inmigrantes, cooperantes y periodistas, con apoyo de la policía. Están cortando rutas, atacando a cooperantes y periodistas, así como a los propios refugiados. En la isla griega de Lesbos, justicieros ultraderechistas golpearon a un reportero gráfico alemán y a un corresponsal y atacaron a un funcionario de la ONU. Muchas ONGs han decidido evacuar a su personal por su propia seguridad.

La política española hacia los refugiados no es fundamentalmente diferente de la griega. De hecho, la idea de la "Europa fortaleza" se aplicó primero en España. Estas medidas incluían no solo fronteras fortificadas, aumentar la represión policial, fronteras militarizadas, y vallas de alambres de púas, sino también los primeros intentos de exteriorizar los controles fronterizos —en el caso de España, con Marruecos. Esta política, iniciada a finales de los '90, sigue desde entonces.

España continúa presionando a la UE para que financie a Marruecos. En diciembre pasado, la Comisión Europea adoptó un nuevo programa de cooperación de €389 millones para Marruecos "para apoyar reformas, el desarrollo inclusivo y la gestión de fronteras, y trabajar hacia desarrollar una 'asociación entre Europa y Marruecos para una prosperidad compartida'".

El ministro del interior Grande-Marlaska apoya de buen grado el papel prominente de Marruecos en contener la inmigración. El mes pasado, aplaudió el descenso del 50 por ciento de las nuevas llegadas en 2019, y añadió que tal descenso se debía a la cooperación con Marruecos. Grande-Marlaska dijo que España mostró que "la política basada en la prevención funciona". Según Rabat, los servicios de seguridad marroquíes abortaron 73.973 intentos de migración en 2019.

Grande-Marlaska calló acerca de los cientos de muertos provocados por su política, mientras siguen los ahogamientos de inmigrantes en el Mediterráneo occidental. En los primeros 10 meses de 2019, se registraron 325 ahogados.

La represión también ha producido muertos en tierra. En 2018, dos inmigrantes murieron por la brutalidad policial cuando Marruecos renovó su represión contra miles de inmigrantes que intentaban entrar en Europa por los enclaves españoles en el norte África, Ceuta y Melilla, y en pateras cruzando el Mar Mediterráneo.

Madrid también ha dado la bienvenida al dictamen reaccionario del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que revertía un fallo anterior y que mantuvo la expulsión de España de dos inmigrantes desde el enclave español de Melilla a Marruecos. La expulsión fue parte de muchas de las así llamadas "devoluciones en caliente" que la policía española realiza a menudo. Esta práctica consiste en devolver inmediatamente a un inmigrante que pisa territorio español sin siquiera proceder a identificarlo ni hacer ningún procedimiento judicial, lo que pisotea el derecho de asilo.

Aunque antes España tendía a no reconocer las "devoluciones en caliente" o afirmaba que tenían lugar dentro de Marruecos, la decisión del TEDH apoya la política española y permite que todos los países europeos pasen a hacer lo mismo.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung reconoció las vastas implicaciones de ese fallo, y escribió: "El dictamen de Estrasburgo animará más la práctica a veces brutal de deportar refugiados. Con tales 'devoluciones' Europa se protege de aquellos que necesitan su protección".

Aunque Podemos y el PSOE criticaban las "devoluciones en caliente" cuando estaban en la oposición, estas de hecho aumentaron desde que asumieron el gobierno a mediados de 2018. En 2018, se registraron 658 "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla —51 más que en 2017, según datos oficiales.

Grande-Marlaska recibió bien la decisión del TEDH, diciendo que "da seguridad legal al gran trabajo de la Guardia Civil". Semanas después, acusó a los inmigrantes de acciones violentas para entrar en España, justificando las "devoluciones en caliente" diciendo que la "violencia [causada cuando saltaban la valla en Ceuta y Melilla] limita el uso de los derechos fundamentales". Haciéndose eco del presidente estadounidense Donald Trump, Grande-Marlaska dijo que quería hacer la valla fronteriza de Melilla un 30 por ciento más alta.

El papel de Podemos no podía ser más cínico. Iglesias dijo en una entrevista para el canal de la televisión pública TVE que no se volvería a implementar esta práctica porque va contra el derecho fundamental de los inmigrantes que no reciben asistencia legal ni sanitaria.

"Este gobierno tiene una política migratoria que será respetuosa con los derechos humanos y hay consenso en que las 'devoluciones en caliente' no son respetuosas con los derechos humanos", argumentó Iglesias. "Lo oí de boca del propio ministro del interior Fernando Grande-Marlaska", añadió. Horas más tarde, un funcionario del ministerio del interior negó haber dicho esto y desde entonces Iglesias ha guardado silencio sobre el tema.

En enero pasado, el WSWS advertía en "Podemos entra en el gobierno español" de que "A pesar de los intentos de los simpatizantes del PSOE y Podemos de promocionar el nuevo gobierno como 'democrático', demostrará ser acérrimamente hostil a los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora". El PSOE, advertía, es el partido tradicional de la burguesía española de gobierno desde que cayera el fascista régimen franquista en 1978 y tiene décadas a sus espaldas de guerras imperialistas y austeridad europea.

En cuanto a Podemos, hizo su alianza con el PSOE el año pasado mientras apoyaba las promesas del PSOE de miles de millones en recortes sociales europeos, mientras reprimía violentamente las protestas en Cataluña y bloqueaba barcos con refugiados en el Mediterráneo. El WSWS advertía, "En el gobierno del PSOE y Podemos la clase trabajadora se confronta con un enemigo no menos despiadado que el que representan los propios partidos fascistas". Su política brutal antirrefugiados justifica aún más esta evaluación.

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(Publicado originalmente en inglés el 9 de marzo de 2020)