El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI, siglas en inglés) emitió el martes una declaración condenando lo que describió como "el maltrato reportado de Julian Assange durante su juicio de extradición en Estados Unidos en febrero de 2020". La organización de abogados instó al "gobierno del Reino Unido a tomar medidas para proteger" al editor de WikiLeaks.

La declaración es la última confirmación del carácter ilegal de los intentos del gobierno y el poder judicial británicos de extraditar a Assange a los EE. UU., donde enfrenta cargos bajo la Ley de Espionaje y cadena perpetua por exponer, como periodista y editor, crímenes de guerra estadounidenses.

El informe de IBAHRI detalla los abusos extraordinarios de Assange que tuvieron lugar durante la primera semana de la audiencia de extradición, que comenzó el 25 de febrero. Señala que, según sus abogados, “el Sr. Assange fue esposado 11 veces; se desnudó dos veces y registrado; los archivos de su caso confiscados después del primer día de la audiencia; y su solicitud de sentarse con sus abogados durante el juicio, en lugar de un muelle rodeado de vidrio a prueba de balas, fue denegada".

En los comentarios que lo acompañan, el copresidente de IBAHRI, Michael Kirby, un reconocido jurista, académico y exjuez de la Corte Suprema de Australia, declaró que la organización estaba "preocupada de que el maltrato de Julian Assange constituya una violación de su derecho a un juicio justo y las protecciones consagradas en el Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual el Reino Unido es parte”.

Kirby dijo que era "profundamente impactante" que el gobierno del Reino Unido hubiera permanecido en silencio y "no ha tomado ninguna medida para poner fin a esa conducta grosera y desproporcionada de los funcionarios de la Corona". Además, nos sorprende que, según los informes, el juez presidente no haya dicho y no haya hecho nada para reprender a los funcionarios y sus superiores por tal conducta en el caso de un acusado cuyo delito no es de violencia personal".

Kirby describió el tratamiento de Assange como "impactante y excesivo". Afirmó que era una reminiscencia del infame "escándalo de la prisión de Abu Ghraib", que se desencadenó por la publicación de fotos que mostraban a soldados estadounidenses torturando y humillando a detenidos en las instalaciones a raíz de la invasión ilegal de Irak en 2003.

Anne Ramberg, copresidenta de IBAHRI y secretaria general del Colegio de Abogados de Suecia, agregó: “IBAHRI está de acuerdo con la preocupación generalizada por los malos tratos al Sr. Assange. Se le debe permitir la igualdad en el acceso a una representación legal efectiva. Con este juicio de extradición estamos presenciando el grave debilitamiento del debido proceso y el estado de derecho”.

La declaración describió las disposiciones del derecho nacional e internacional británico que exige un juicio justo y defiende los derechos del acusado. Concluyó citando el hallazgo del relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, que Assange muestra síntomas médicamente verificables de tortura psicológica como resultado de su persecución de una década. "Si el Sr. Assange fuera visto como una víctima de tortura psicológica, su extradición sería ilegal según el derecho internacional de los derechos humanos", declara el IBAHRI.

Las advertencias de la IBAHRI tienen el peso de una organización autorizada compuesta por más de 80,000 abogados en todo el mundo, 190 sociedades de abogados y asociaciones de abogados en unos 170 países y muchas firmas de abogados importantes. Fue establecido en 1947, en respuesta a las terribles violaciones del derecho internacional que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

La declaración de IBAHRI subraya el hecho de que el intento de extraditar a Assange a los EE. UU. es más parecido a una operación de entrega extraordinaria que a un proceso legal que sigue las normas del derecho internacional.

La persecución de Assange ha sido condenada por cientos de abogados en todo el mundo. Su tratamiento en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh ha sido denunciado por más de 180 eminentes profesionales médicos organizados en el grupo Doctors4Assange. Más de 1,400 periodistas en 99 países han firmado una carta abierta que exige la libertad de Assange y elogiando su valiente publicación.

La declaración de IBAHRI no es solo una acusación del gobierno y el poder judicial británicos, sino también de todas aquellas fuerzas políticas que han insistido en que Assange recibirá una audiencia imparcial y que la decisión del tribunal debe ser respetada.

Esto incluye al líder laborista británico Jeremy Corbyn y al canciller en la sombra John McDonnell. Después de mantener un silencio criminal sobre la difícil situación de Assange durante 10 meses, incluso durante las elecciones generales británicas, emitieron declaraciones de advertencia contra su extradición a los Estados Unidos a principios de febrero.

Al mismo tiempo, sin embargo, Corbyn y McDonnell enfatizaron que el destino de Assange estaba en manos de un tribunal. Su promoción de procedimientos judiciales que equivalen a un juicio sin ley, demuestra que su preocupación por la difícil situación de Assange es una farsa destinada a desviar la creciente ira detrás de las mismas instituciones que encabezan su persecución.

En Australia, el gobierno federal de coalición y la oposición del Partido Laborista han tratado de justificar su negativa a defender a Assange como un ciudadano y periodista australiano perseguido, proclamando su confianza en el debido proceso británico y el estado de derecho.

En audiencias en el Senado la semana pasada, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, y altos funcionarios del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) afirmaron falsamente que no tenían poder para intervenir en el caso de Assange. Declararon que sus homólogos británicos les habían dicho que el horrible tratamiento de Assange, que incluía ser desnudado y esposado repetidamente el primer día de la audiencia, era "estándar". También defendieron el aislamiento de Assange al fondo de la sala del tribunal en una caja de vidrio a prueba de balas.

El director legal del DFAT, James Larsson, declaró que la "posición por largo tiempo" del gobierno australiano era que solo podía intervenir en procesos legales en el extranjero que involucraran a un ciudadano australiano si hubiera una "violación grave de los derechos". Declaró insípidamente que no había evidencia de que este fuera el caso en la audiencia de extradición de Assange.

La declaración de IBAHRI expone esas afirmaciones como una mentira políticamente motivada. Demuestran además que la negativa de los sucesivos gobiernos australianos a cumplir sus obligaciones con Assange es una decisión política, derivada del apoyo a la alianza entre Estados Unidos y Australia y a la campaña de Washington para silenciar a aquellos que exponen sus guerras ilegales e intrigas diplomáticas mundiales.

El carácter ilegal de los procedimientos contra Assange subraya la inutilidad de cualquier perspectiva basada en apelar a los tribunales y al establecimiento político. Subraya el hecho de que la lucha por su libertad debe basarse en un movimiento político de masas de la clase trabajadora en Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia e internacionalmente en defensa de los derechos democráticos.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2020)