El jueves, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) anunció que tres niños migrantes no acompañados, que habían sido puestos bajo su cuidado, habían dado positivo por COVID-19. La ORR, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es responsable de alojar a los menores migrantes y actualmente es responsable de casi 3,400 menores no acompañados detenidos por el gobierno de los Estados Unidos

Según la agencia, 18 niños fueron examinados para detectar el virus, con tres casos confirmados, 11 negativos y cuatro aún pendientes. Cinco miembros del personal y un contratista en tres instalaciones separadas en Nueva York dieron positivo recientemente por COVID-19. Un miembro del personal en una instalación en Texas y un padre adoptivo en el estado de Washington también dieron positivo.

Hay que tener en cuenta que estos números son solo la punta del iceberg. A principios de esta semana, ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] confirmó el segundo caso de COVID-19 entre detenidos en uno de sus centros en Nueva Jersey. Sin embargo, dadas las condiciones de estrechez, la precariedad de la atención médica—si es que es así —y los informes generalmente dudosos de los estándares de higiene en los centros de detención de todo el país, es difícil de creer que los números sean un reflejo de algo diferente a que las pruebas que se lleva a cabo son muy limitadas.

Americans for Immigrant Justice (AI Justice), una firma de abogados sin fines de lucro publicó una carta hace dos días de inmigrantes detenidos en el Centro de Transición de Broward (BTC) en el sur de Florida. La carta escrita en nombre de cientos de detenidos en este centro, es una exposición impactante de las condiciones extremadamente peligrosas que prevalecen en esos lugares y una súplica desesperada de estos inmigrantes que enfrentan el peligro real de ser víctimas de la creciente pandemia del Coronavirus.

BTC es una instalación para inmigrantes sin condena penal, dirigida por Geo Group, uno de los mayores contratistas privados que se lucran con la vasta red de centros de detención establecida por las administraciones de Obama y Trump. Sus reclusos, actualmente más de 700, incluyen una gran cantidad de inmigrantes con familiares que son ciudadanos estadounidenses.

En las últimas semanas, el centro de detención ha afirmado que ha tomado las precauciones necesarias para proteger a los detenidos de la propagación del Coronavirus. Estas medidas han incluido finalizar las visitas familiares, reducir el acceso a la biblioteca y evitar la liberación de la propiedad privada. Sin embargo, dada la situación descrita por los detenidos, estas medidas parecen ser más punitivas que ser parte de una racional y mesurada respuesta para salvaguardar la salud pública.

Si bien ICE ha afirmado que ha limitado el número de detenciones en las últimas semanas, arrestando solo a quienes representan un riesgo para la seguridad pública, la realidad descrita por los detenidos parece ser bastante diferente. Todos los días, nuevos detenidos son llevados al centro sin ninguna otra medida que no sea un control superficial de la temperatura. A pesar que los nuevos detenidos podrían ser portadores del COVID-19, son llevados en una instalación ya abarrotada, en la cual seis personas comparten una pequeña habitación de 3.0 por 3.6 metros, y casi 300 personas se apiñan en la cafetería tres veces al día.

Si eso no fuera ya suficientemente malo, la carta explica la insensibilidad de los operadores de las instalaciones que no han proporcionado las condiciones para una higiene básica incluso durante esta crisis de salud pública. El 17 de marzo, los detenidos experimentaron una carencia de agua en las instalaciones. Si bien no se les dio aviso previo, se les dijo que duraría dos horas. Terminó siendo más de 5 horas, con personas que no tienen acceso a estaciones de lavado de manos, duchas o baños.

Las condiciones desgarradoras son descritas en la carta: “En el cierre regular a las 6:30, se nos indicó que regresáramos a nuestras habitaciones con excrementos en la mayoría de los baños. Cuando se notificó a seguridad sobre estas condiciones de insalubridad, se nos dijo que fuéramos a las habitaciones y encendiéramos los respiraderos del inodoro para evacuar el olor perturbador y la propagación de gérmenes y bacterias”.

Fue solo después de una protesta pacífica de los detenidos que el suministro de agua finalmente se volvió a abrir. Como señalan los firmantes de cartas, no debería ser una cuestión de lucha tener agua corriente o condiciones sanitarias, particularmente en medio de una pandemia. Una gran cantidad de detenidos, según la carta, ya presentan síntomas similares a la gripe y la posibilidad de contagio es cada vez más probable en las condiciones prevalecientes.

AI Justice citó a Rafael, un ciudadano estadounidense cuya esposa se encuentra recluida en BTC: “Mi esposa tiene asma y es diabética. Si le entra el virus, podría morir. ICE debería dejarlos salir; ella no merece estar allí y con el virus debería ser liberada pronto. Los niños la extrañan mucho y se ven afectados por su detención”.

Incluso antes del brote del Coronavirus, los centros de detención para inmigrantes en todo el país se habían hecho notorios por sus condiciones insalubres, instalaciones médicas deficientes y, en algunos casos, abuso físico y sexual directo de los detenidos. Estas condiciones solo se han exacerbado en los últimos tiempos.

Como señaló Cheryl Little, directora ejecutiva de AI Justice: “A lo largo de los años, los detenidos bajo custodia de ICE han sido sometidos rutinariamente a una atención médica deficiente y, a menudo, pésima. Los detenidos están completamente a merced de ICE para determinar qué atención médica, si alguna, reciben. Las vidas están literalmente en juego, y la urgencia de obtener la liberación de los confinados en detención migratoria ahora no puede ser exagerada”. Incluso el ex director interino de ICE John Sandweg, instó a la agencia a liberar a todos los inmigrantes que no estén sujetos a detención obligatoria, ya que los centros de detención “son extremadamente susceptibles a brotes de enfermedades infecciosas”.

Los inmigrantes bajo custodia federal han organizado protestas y huelgas de hambre exigiendo mejores salvaguardas contra la propagación de COVID-19.

Según el Wall Street Journal, los guardias en las instalaciones de todo el país han utilizado gas pimienta para contener a los detenidos que protestaban al menos tres veces solo la semana pasada. A partir de esta publicación, más de 350 inmigrantes detenidos en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia han estado en huelga de hambre desde el jueves. Casi 2,000 inmigrantes están presos en el centro de detención (anteriormente una cárcel), localizado a 50 millas del condado de Dougherty, que tiene el tercer número más alto de casos confirmados de COVID-19 en el estado.

En declaraciones a Siembra NC, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, Ventura Quintanar-Rico, de 32 años, de México, uno de los hombres detenidos, dijo: “Estamos esperando para ser infectados. No están tomando las precauciones más básicas contra el Coronavirus en este lugar. Si uno de nosotros se infecta, todos lo haremos, no podremos estar a 1.8 metros de distancia el uno del otro. Compartimos el espacio con otras 62 personas. No queremos morir aquí y usualmente lleva de tres a cuatro días obtener atención médica en este sitio”.

Continuar con un sistema de detención bajo tales condiciones— particularmente cuando muchos detenidos tienen problemas de salud prevalentes que los hacen vulnerables a la infección, así como miembros de la familia de ciudadanos que han expresado su deseo y disposición de proporcionar refugio es—en este punto una acción criminal.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de marzo de 2020)