Hasta el domingo por la noche, 1.418 personas en Filipinas habían sido registradas oficialmente como infectadas con COVID-19, una cifra que incluye 343 nuevos casos notificados ese día. De los casos confirmados, 71 personas han muerto hasta el momento. Doce de ellos fueron médicos que contrajeron el virus mientras cuidaban valientemente a los pacientes a pesar de no haber recibido el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

Las 71 muertes notificadas son sólo aquellas que han sido oficialmente probadas para COVID-19. Dadas las pruebas muy limitadas hasta ahora, el número real de muertos es casi con toda seguridad de un orden de magnitud mayor.

El gobierno filipino no hizo nada para prepararse para esta catástrofe. A finales de febrero, cuando el impacto global del virus era claro, Duterte hizo un anuncio público incoherente y vil en el que dijo que él personalmente "mandaría a la m… la idiota virus", pero declaró que los filipinos no se enfermarían porque rezaban regularmente. No se almacenaron suministros médicos; no se preparaban instalaciones.

El 16 de marzo, mucho después de que la catástrofe fuera evidente, Duterte anunció abruptamente que estaba colocando porciones significativas del país bajo cuarentena comunitaria mejorada (ECQ). La respuesta de la administración de Duterte a la pandemia ha sido el despliegue no de máscaras, pruebas y tratamiento, sino puestos de control militares fuertemente armados, portaaviones blindados de personal y represión policial estatal.

Toda la isla de Luzón, la región más grande y poblada del país, incluida la capital de Manila, ha sido puesta en un cierre total hasta el 13 de abril. Más de 50 millones de personas han sido confinadas a sus hogares bajo amenaza de arresto si se van. Más allá de Luzón, otras provincias y regiones han sido puestas bajo la ley marcial de facto, por órdenes de gobernadores y funcionarios provinciales.

A un miembro de cada hogar se le ha dado un pase de cuarentena que les autoriza en ciertas horas limitadas a salir de su casa en busca de alimentos o medicinas. Cualquier persona que se encuentre fuera sin un pase de cuarentena, o que viaje a un trabajo considerado esencial, puede ser arrestado en el acto.

Los vuelos fuera del país se han detenido efectivamente y todo el transporte público ha sido suspendido. Enfermeras, trabajadores de la tienda de comestibles, empleados de bancos, trabajadores de farmacia, muchos de los cuales viven grandes distancias de su lugar de trabajo, se ven obligados a caminar durante horas para llegar a su empleo cada día.

Entre las industrias que no han cerrado se encuentra la industria multimillonaria de Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO). Los trabajadores del centro de llamadas, empleados por corporaciones internacionales, en su gran parte estadounidenses, y que trabajan en el turno de noche para responder a las llamadas telefónicas de Los Estados Unidos, todavía están en el trabajo.

La inmensidad de la catástrofe que se avecina en Filipinas no puede ser exagerada. Los millones de personas que viven en las hacinadas barriadas de la Gran Manila no han tenido ni un solo momento de "distancia social" en sus vidas.

Según el centro de investigación de la Fundación Ibon, aproximadamente 14,4 millones de personas en Luzón son "trabajadores no regulares y trabajadores informales", alrededor de tres de cada cinco personas empleadas. La mayoría de los trabajadores de esta economía informal vive día a día, en la que los ingresos de un día proporcionan el consumo del día siguiente.

El encierro para estos millones de personas significa desnutrición y posiblemente hambre. Cualquiera lo suficientemente desesperado como para aventurarse fuera de sus escuálidos barrios en busca de comida o trabajo se enfrenta al poder armado del estado.

El secretario de Justicia Menardo Guevarra dijo a la prensa: "El encierro total en Luzón es en efecto un toque de queda de 24 horas. Nadie sale de la casa, a menos que esté cubierto por las excepciones/exenciones."

La aplicación de este toque de queda ha sido brutal. A la policía se le ha dado autoridad para arrestar sin orden a nadie que se considere que viola este toque de queda. Hasta el viernes, 42.826 violadores del toque de queda habían sido detenidos, más de 10.000 sólo en Manila. Cada persona arrestada se enfrenta a multas y una pena de prisión.

La policía ha sometido a la población a un reinado de terror. Se han denunciado numerosos casos de tortura, humillación y violencia física. Los arrestados han sido hacinados en jaulas para perros, se les ha hecho sentarse en el calor debilitante del sol del mediodía en las canchas de básquetbol. Muchos de los torturados son menores de edad.

En Bulacan, al norte de Manila, un hombre fue asesinado a tiros por la policía por presuntamente evadir un puesto de control de encierro en su moto el miércoles.

Al igual que con todo lo demás, existe una desigualdad fundamental en la aplicación de la cuarentena. Cuando el senador Koko Pimental fue puesto en cuarentena en su mansión después de haber estado en contacto con una persona infectada, hizo caso omiso de las instrucciones y salió de compras de comestibles en el distrito de negocios de élite de Bonifacio Global City.

Su prueba dio positivo. Sin embargo, al enterarse de que estaba infectado, el senador salió de su casa para visitar a su esposa en la sala de maternidad, donde ella estaba haciendo una ecografía, y él se desplazó por el complejo de la sala de partos. Como resultado de las acciones de Pimentel, 22 enfermeras han sido puestas en cuarentena junto con un número no revelado de trabajadores de una tienda de comestibles. No se han presentado cargos.

A medida que aumentaba la protesta pública, el Secretario de Justicia Guevarra —el responsable del toque de queda de 24 horas— declaró que el Departamento de Justicia (DOJ) señaló que "la gente es propensa a cometer errores", y el Departamento de Justicia "atemperaría el rigor de la ley con compasión humana".

La mayoría de los ricos han sido capaces de evitar esta desagradable situación por completo. Si bien no hay pruebas disponibles para la población, los ricos y los políticos reciben múltiples pruebas, incluso cuando son asintomáticas, con personal médico que viene a visitarlos en sus hogares.

Kris Aquino, celebridad de la televisión e hija y hermana de expresidentes, tomó un helicóptero privado a la isla de Boracay, donde se dice que está "refugiándose en su lugar" en el complejo de playa privado de un amigo.

Al igual que su salud y su inmunidad de procesamiento, los beneficios de los ricos también están garantizados por el Estado. El Banco Central del país inyectó la semana pasada 300 mil millones de pesos ($US 6 mil millones) al sistema financiero mediante medidas de flexibilización cuantitativa para estabilizar el mercado bursátil filipino. Los jefes de varios bancos importantes dijeron a BusinessWorld, en un informe publicado el domingo, que esperaban que se entregara mucho más dinero para los mercados.

Para el resto de la población, los hospitales están alejando a las personas altamente sintomáticas, sin pruebas, si se considera que no son casos prioritarios, incluso porque no son ancianos. Algunos de los que se dieron la vuelta han muerto.

El Estado ha asignado todos sus recursos a la represión militar y ha apuntalado los márgenes de beneficio de la élite. Desesperado por estabilizar su infraestructura colapsada, el Departamento de Salud (DOH) lanzó el 27 de marzo un llamamiento público en Facebook para que profesionales médicos voluntarios trabajaran en "hospitales de primera línea" para hacer frente a la afluencia.

El DOH ofrecía 500 pesos filipinos al día (menos de $US 10) en pago a cualquier médico o enfermero si se comprometían a trabajar ocho horas al día durante 14 días consecutivos, lo que sería seguido de una cuarentena obligatoria in situ de dos semanas. El llamamiento fue recibido con indignación masiva por las condiciones y pago abismal que el gobierno ofreció para la defensa de la salud del público

La respuesta de toda la clase dominante a la creciente ira masiva es la represión y los preparativos para la dictadura. La legislatura aprobó un proyecto de ley por una abrumadora mayoría que le da al presidente poderes de emergencia con el nombre escandaloso, “Nos Curamos como un Acto”.

Los poderes de emergencia, que han sido concedidos al poder ejecutivo, incluyen encarcelar durante dos meses a cualquier persona acusada de difundir "noticias falsas" en línea y someterlos a una multa que va de 10.000 a 1 millón de pesos. El objetivo de este proyecto de ley represivo es la disidencia que se está percolando de todos los sectores de la población activa.

El viernes, una profesora de escuela pública de 55 años y su hijo fueron arrestados sin orden judicial en su casa después de que ella publicara en Facebook que el alcalde de su ciudad estaba apilando artículos de socorro en el gimnasio de la ciudad y no distribuyéndolos. Ella escribió: "Mucha gente morirá de hambre... Hago un llamamiento a los que no tienen nada que comer para asaltar el gimnasio Lanao. Los paquetes de comida destinados a ti están apilados allí."

Se enfrenta a la acusación de "incitar a la sedición", que conlleva una pena de prisión de hasta seis años. Su hijo fue arrestado por intentar proteger a su madre de la policía.

Hasta el momento, sólo 2.686 personas habían sido probadas para COVID-19 en una nación de más de 100 millones. El número real de los infectados es sin duda mucho mayor que el oficialmente documentado. Nada ha sido preparado para tratar o cuidar a los enfermos, pero existen medidas para mantenerlos en sus chabolas a punta de pistola.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de marzo de 2020)