El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, está utilizando la epidemia del COVID-19 para establecer un Gobierno dictatorial. Tras declarar un estado de emergencia el 11 de marzo, el Parlamento será efectivamente abolido a través de la implementación de una “Ley de Decreto de Emergencia”. La ley le permitirá a Orbán tomar control único de toda esfera de poder.

La ley le permite al Gobierno suspender el Parlamento indefinidamente. Los decretos del primer ministro meramente deben ser comunicados al presidente del Parlamento. El Gobierno puede "suspender la aplicación de leyes individuales, desviarse de las disposiciones legales y tomar otras medidas extraordinarias". Se le da el derecho de "suspender la aplicación de ciertas leyes por decreto" e "introducir otras medidas excepcionales para garantizar la estabilidad de la vida, la salud, la seguridad personal y material de los ciudadanos y la economía", dice la ley.

El 23 de marzo, el Parlamento se negó a discutir el proyecto de ley cuando se presentó por primera vez como una moción urgente. El rechazo fue posible porque aprobar la ley requería una mayoría de cuatro quintos. Sin embargo, el Gobierno presentará el proyecto de ley por segunda vez el 31 de marzo. Esta vez, la ley requiere una mayoría de dos tercios de los diputados, es decir, la mayoría que el partido de Orbán, Fidesz, ya posee en el Parlamento.

El Gobierno planea introducir delitos penales que eliminarían directamente los derechos democráticos. Cualquiera que publique informes o mensajes que puedan obstaculizar la "protección exitosa" del público contra el coronavirus puede ser castigado con hasta cinco años de prisión. Esto significa en lenguaje sencillo: cualquier crítica a la propaganda oficial del Gobierno es un delito punible. Las personas que violen las regulaciones de cuarentena también pueden ser encarceladas entre cinco y ocho años.

Orbán está utilizando la epidemia de coronavirus como pretexto. Desde el principio, su Gobierno ha ignorado y minimizado la crisis. A pesar de la aparición del virus, solo unas 6,000 personas han sido evaluadas y el sistema de salud húngaro ya se ha visto abrumado por un número relativamente pequeño de casos.

Además, el partido Fidesz de Orbán está utilizando la pandemia de coronavirus para llevar a cabo una vil campaña racista y antisemita. El Gobierno ya expulsó a 13 estudiantes iraníes del país por presuntamente violar las reglas de cuarentena. Más tarde, los iraníes dijeron que las condiciones higiénicas a las que fueron sometidos eran catastróficas y que no habían recibido información con la que debían compartir habitaciones.

Orbán ha declarado públicamente que la inmigración es culpable de propagar la enfermedad infecciosa. Al mismo tiempo, numerosos periodistas y científicos se quejan de que el Gobierno no ha publicado o ha falsificado datos clave.

El Gobierno ha dicho que solo implementará las nuevas leyes de emergencia hasta fin de año, pero este anuncio no es creíble.

Desde que asumió el poder en 2010, Orbán ha construido persistentemente estructuras autoritarias. Ha abolido efectivamente la libertad de prensa, ha nombrado a partidarios para importantes cargos en el poder judicial y la administración, y ha emprendido una brutal campaña contra los refugiados y quienes los defiendan. Fidesz mantiene estrechos vínculos con los círculos de extrema derecha y glorifica a las principales figuras de la dictadura fascista que gobernó Hungría en las décadas de 1930 y 1940.

Orbán considera la crisis del coronavirus como una oportunidad para establecer un régimen dictatorial que abolirá los límites parlamentarios y maximizará su poder personal. El Gobierno ya ha colocado a 140 empresas clave bajo supervisión militar. Además, el ejército se está desplegando ampliamente para en el país, con unidades militares patrullando las calles de la capital. En un evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Hungría (MKIK), Orbán dijo que se deben hacer preparativos para "cambios brutales".

Según el ministro de Defensa, Tibor Benkö, el objetivo de la operación militar es monitorear y asegurar las operaciones durante la epidemia de coronavirus. Las compañías confiscadas incluyen compañías estatales y privadas, incluida la planta de energía nuclear Paks, el grupo de petróleo y gas natural MOL, proveedores de electricidad, agua y gas, la bolsa de valores, varios bancos, compañías de transporte, la oficina de correos, la compañía de medios MTVA y compañías farmacéuticas. Los equipos de control del ministerio de defensa están compuestos por representantes del ejército y la policía.

Las nuevas medidas están dirigidas contra los trabajadores que se nieguen a trabajar en condiciones peligrosas durante la pandemia. A mediados de marzo, Orbán declaró que no veía ninguna razón para cerrar las escuelas, y si lo hiciera, no se les pagaría a los maestros. Solo cambió su postura después de una protesta pública masiva.

Audi, Opel, Mercedes y Suzuki han dejado de producir automóviles en Hungría. El ministro de Finanzas, Mihály Varga, ya ha hablado de una caída masiva en el desempeño económico debido a las restricciones continuas vinculadas al virus COVID-19. Para esta eventualidad, el Gobierno ha anunciado amplias exenciones de impuestos corporativos.

Al mismo tiempo, la oposición a la dictadura está creciendo en todo el país. El periodista de origen húngaro Paul Lendvai advirtió sobre una "transición a la dictadura" y un grupo de abogados, incluidos exjueces constitucionales, lanzaron una petición en línea contra la nueva ley. Recibió más de 40,000 firmas en pocas horas.

Apenas ha habido críticas a las nuevas medidas por parte de los líderes de la Unión Europea o de países europeos individuales. Orbán es el líder europeo que está más avanzado con su política de utilizar la crisis actual para atacar brutalmente a la clase trabajadora, pero las élites gobernantes en toda Europa se están moviendo en la misma dirección.

En Polonia, el partido oficialista de derecha PiS se ha negado a posponer las elecciones presidenciales en vista del dramático acontecimiento porque espera beneficios para el presidente en funciones, Andrezj Duda. En Alemania, Handelsblatt publicó una entrevista con el inversor financiero Alexander Dibelius, quien dijo sin rodeos que la muerte de millones de personas debería preferirse a un colapso económico que ponga en peligro sus activos y la riqueza de sus clientes. Por esta razón, no se han de tomar medidas adicionales para frenar la propagación del coronavirus.

En Estados Unidos, Donald Trump dijo en una conferencia de prensa que quería que las operaciones estadounidenses se reabrieran en unas pocas "semanas, no meses". La clase dominante es muy consciente de que obligar a los trabajadores a regresar a sus trabajos en condiciones de una pandemia mortal requiere el uso de medios dictatoriales y es incompatible con la democracia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de marzo de 2020)