La Administración de Trump está utilizando la pandemia de coronavirus como pretexto para expulsar a cualquiera que llegue a la frontera de los Estados Unidos sin visa. Desde el 21 de marzo, ha utilizado un estatuto vago que permite suspender la entrada al país en ciertos lugares designados para evitar la propagación de enfermedades contagiosas para reclamar la facultad de deportar a 30.000 personas a México, esto incluye inmigrantes no autorizados, refugiados y solicitantes de asilo, cuyos reclamos de inmigración han sido denegadas sin el debido proceso.

Sin ninguna voz para el pueblo estadounidense, la Administración de Trump ha eludido al Congreso y ha derogado efectivamente el derecho de asilo, que está garantizado por el derecho internacional, los tratados internacionales ratificados por el Congreso y la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según el Washington Post, la mayoría de los que están bajo custodia también han sido deportados, resultando en la reducción de la población encarcelada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, todas las siglas en inglés) de 20,000 a menos de 100 personas.

Una publicación reciente en el sitio web de la CBP se refiere a los solicitantes de asilo como una clase de inmigrantes inadmisibles. Usando un lenguaje deshumanizante, el documento titulado “Encuentros de Cumplimiento a Nivel Nacional: Acciones de Cumplimiento del Título 8 y Expulsiones del Título 42” define como “inadmisibles” a los “individuos que se presentan en los puertos de entrada buscando la entrada legal en los Estados Unidos pero que están determinados a ser inadmisibles, individuos presentándose para buscar protección humanitaria bajo nuestras leyes, y las personas que retiran una solicitud de admisión y regresan a sus países de origen en un corto período de tiempo”.

La velocidad con la que Trump ha actuado para cerrar las fronteras se diferencia de su reacción general a la epidemia de coronavirus. Después de minimizar el virus durante meses y afirmar en un momento que era una farsa, Trump continúa insistiendo en que no hay peligro en devolver a los trabajadores a sus puestos de trabajo en espacios congestionados y antihigiénicos, y se niega a movilizar los recursos médicos que se necesitan con urgencia. Sin embargo, su comisionado interino de la CBP, Mark Morgan, negó que la prisa por terminar con el asilo estuviera motivada por la xenofobia. “No se trata de inmigración”, dijo Morgan. “Se trata de salud pública. Se trata de presentar estrategias agresivas de mitigación y contención”.

“Lo que está sucediendo en la frontera en este momento es una tragedia”, dijo al Washington Post Kari Hong, abogada de inmigración que enseña en la Facultad de Derecho de Boston College. “Estamos abandonando nuestro compromiso legal de proporcionar asilo a las personas cuyas vidas están en peligro en otros países”.

Hong dijo que el Gobierno de los Estados Unidos está explotando la pandemia de coronavirus para avanzar una agenda antiinmigrante radical: “Al invocar estas órdenes de emergencia, la Administración de Trump simplemente está haciendo lo que siempre ha querido hacer, poner fin a la ley de asilo en su totalidad”.

El número de cruces fronterizos no autorizados se ha reducido a la mitad desde que se invocaron las medidas, de 1.000 por día a menos de 600. Inicialmente, la CBP afirmó que la política de expulsión rápida no se aplicaría a los niños, pero una investigación de Reuters encontró que es falso. En las primeras dos semanas después del comienzo de la política, 377 menores fueron rechazados en la frontera y 300 menores bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos fueron deportados. Al menos 120 de los niños fueron puestos en aviones con destino a los países del Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Significativamente, la política ha dependido de la cooperación del Gobierno mexicano. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado que su política formal es rechazar todos los “retornos” de los Estados Unidos que no sean ciudadanos mexicanos, pero esto es solo para el consumo público. Representantes del gobierno mexicano han acordado en silencio con Trump aceptar a esas personas “caso por caso”. Como cuestión práctica, México está aceptando a casi todos los deportados.

La medida unilateral de la Administración de Trump ha obligado a los demócratas en el Comité Judicial del Senado, incluyendo a los excandidatos presidenciales demócratas Kamala Harris, Cory Booker y Amy Klobuchar, a dar el paso inusual de reprender públicamente el ataque contra los solicitantes de asilo. En una carta al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, los senadores escriben que “parece que estas decisiones de expulsar a las personas se toman de manera arbitraria y ad hoc sin apegarse a ningún principio limitante articulado.

“En efecto, la Administración se ha otorgado una autoridad rotunda y sin control para someter a las personas a una expulsión inmediata de nuestro país, independientemente de otras protecciones o derechos federales, a los que de otro modo tendrían derecho. Además, la Administración no ha proporcionado ningún aviso significativo al público sobre estos vastos poderes o una oportunidad para que el público proporcione comentarios sobre ellos, como lo requiere la ley federal”.

A pesar de esta denuncia, la carta concluye con una larga lista de demandas débiles de información de la administración, esencialmente pidiendo más detalles y actualizaciones semanales sobre los esfuerzos para poner fin al asilo.

Las “demandas” típicas planteadas por los demócratas son: “¿El DHS cree que puede expulsar a un extranjero que se encuentra con el personal del DHS en el interior de los Estados Unidos? Si es así, indique y brinde la guía que lo acompaña”. O “¿el Poder Ejecutivo toma la posición de que sus acciones recientes, conforme al Título 42, cumplen con la Convención de Refugiados de 1951, la Convención contra la Tortura y todos los demás tratados relevantes de los que Estados Unidos es signatario?”

No se puede exagerar la gravedad del peligro que representa el coronavirus ahora para los inmigrantes y refugiados. Decenas de miles de solicitantes de asilo están siendo liberados después de meses de encarcelamiento antihigiénico en las cárceles de CBP, sin atención médica, a países como México y el Triángulo del Norte, donde los recursos médicos ya son escasos para comenzar y donde hay políticos atrasados como AMLO que se burlan abiertamente de las medidas para luchar contra el brote de coronavirus. Al mismo tiempo, más de 30.000 inmigrantes permanecen en las cárceles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde generalmente no hay atención médica, los niños y los adultos duermen juntos en los pisos de concreto en un calor sofocante o cerca de temperaturas de congelación, y comen comida podrida e infestada de gusanos.

Lo que se necesita no son informes semanales sobre el desglose racial y de género de las personas siendo deportadas ilegalmente, sino una intervención política independiente de la clase trabajadora para exigir el fin inmediato de todas las barreras nacionales para la contención del coronavirus, y la movilización de todos los recursos necesarios para proteger a la clase trabajadora del virus, tanto inmigrantes como no inmigrantes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de abril de 2020)