Los sindicatos españoles están apoyando la práctica políticamente criminal del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos de obligar a los trabajadores a volver al trabajo hoy, aunque la pandemia está lejos de acabarse y hay más de 20.000 muertos. La medida amenaza con llevar a cientos de miles de nuevos infectados y decenas de miles de muertes, mientras los grandes negocios cosechen ganancias masivas.

A partir de hoy, cerca de 4 millones de trabajadores vuelven a trabajar en la construcción y la industria, incluso la automotriz, en el transporte público abarrotado y sin ningún equipamiento protector adecuado. Los trabajadores no solo pondrán en peligro su propia vida, sino también la de sus parejas y la de quienes dependen de ellos en casa. España, gobernada por una coalición del socialdemócrata PSOE y el partido populista Podemos, es uno de los primeros países de Europa que obliga a los trabajadores a volver al trabajo en medio de la pandemia de COVID-19.

La pandemia está lejos de ser controlada. Ayer, las autoridades anunciaron que 619 personas habían muerto en España de COVID-19, un aumento de casi 100 personas sobre el día anterior. Eso fue un varapalo después de que España informara de su cifra de muertos diaria más baja en tres semanas el sábado: 510 personas.

Tales hechos van a contrapelo de las afirmaciones del gobierno de que la pandemia está bajo control y que el confinamiento no se está relajando. El ministro del interior Fernando Grande-Marlaska dijo el viernes pasado que no habrá "relajación de las medidas después del regreso al trabajo no esencial. Seguimos en la fase de confinamiento y todos tenemos que tener esto claro. No hemos empezado la desescalada".

De pie a su lado, el ministro de sanidad Salvador Illa hizo hincapié en que la decisión se basaba en "las recomendaciones de los expertos". De hecho, la medida se ha implementado contra el consejo de los científicos del comité de expertos en COVID-10 del propio gobierno, la Organización Mundial de la Salud y destacados epidemiólogos. Se reveló pronto, el viernes pasado, que el gobierno ni se había molestado en consultar al comité de expertos, consciente de la oposición de sus miembros a esta política.

El gobierno ni siquiera ha impuesto un protocolo de salud y seguridad para que los empleados trabajen en un entorno seguro. En cambio, el viernes, el gobierno hizo una serie de recomendaciones cínicas con el objetivo de salvar las apariencias mientras dejaba que millones de personas arriesgaran la vida por ganancias. Los trabajadores que tuvieran síntomas, "por leves que fueran", no deberían volver al trabajo, y todos los trabajadores tendrán que mantener una distancia mínima de un metro "dos, si es posible", "lavarse las manos a menudo" y, en algunos casos en los que sea inevitable agolparse, taparse la boca con mascarillas.

Los sindicatos no solo no se oponen a la política criminal sino que se han vuelto los principales responsables de su cumplimiento. Mientras los trabajadores de la Renault se quejaban de que se los estaba enviando de vuelta al "matadero", son los sindicatos los que los están conduciendo a la catástrofe. Su principal preocupación ha sido trabajar con la patronal para extraer tanto beneficio como pudieran. Solo apoyaron las medidas de cierres cuando se hizo imposible controlar las huelgas espontáneas y los estallidos de rabia en fábricas y lugares de trabajo.

En España, el gobierno del PSOE y Podemos ha encargado a los sindicatos desarrollar protocolos de salud y seguridad con las empresas a nivel sectorial y regional, consciente de que en la mayoría de los casos las empresas no pueden acatar. El diario derechista La Razón dijo que "cuando se les pidió que mantuvieran una separación mínima de dos metros entre trabajadores, muchas compañías no estaban preparadas para hacer efectiva esta distancia y tampoco tienen equipamiento protector (particularmente mascarillas) para minimizar el riesgo de contagio si no pueden garantizar esos dos metros".

Podemos y los sindicatos incluso han admitido esto en público. El viernes pasado, en una conferencia de prensa tras una reunión con la ministra de trabajo Yolanda Díaz Pérez, de Podemos, Unai Sordo, del estalinista CCOO (Comisiones Obreras), el sindicato más grande de España, tuvo que admitir: "Hay actualmente miles de empresas que no están en condiciones de garantizar estas medidas sanitarias y de seguridad".

El papel del sindicato anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT), promocionado como "radical" por fuerzas de la periferia de Podemos, no es diferente. Aunque hace algunas quejas inofensivas sobre la política de volver al trabajo, le está dando consejos al gobierno para implementarlas.

En una declaración del viernes pasado, la CGT dijo "que todas las infecciones relacionadas con el COVID-19 sufridas por los trabajadores, sin importar la industria en la que estén, deben ser consideradas para todo propósito como accidentes laborales, mientras se ejerce el servicio y en el viaje de camino al trabajo".

Los trabajadores estarán contentos de saber que la CGT también exige que, si los trabajadores mueren por COVID-19 creando ganancias para sus jefes, esto también se debería considerar una muerte laboral.

La pandemia no solo ha expuesto la aguda división de clase entre la oligarquía ultrarrica y la mayoría, de clase trabajadora, sino además los intereses que sirven los partidos populistas pequeñoburgueses como Podemos y sindicatos como CCOO, UGT y CGT. Los sindicatos apoyan a las grandes empresas y que el gobierno mande a los trabajadores a trabajar a pesar del riesgo del COVID-19. También dicen que los trabajadores paguen las horas de trabajo perdidas por las empresas durante el confinamiento trabajando más horas y renunciando a días de vacaciones durante los meses venideros.

Por otro lado, la clase trabajadora se opone a cualquier levantamiento de cualquier medida que permita que se siga propagando el virus y que siga matando, y defiende que solo sigan abiertos los servicios esenciales.

A nivel internacional, han sido los trabajadores los que han obligado a las medidas de confinamiento total al cerrar industrias enteras mediante huelgas espontáneas, como las de las plantas automotrices en los EEUU, desfiando al sindicato United Auto Workers (UAW), y huelgas similares en Italia, España y Canadá contra los esfuerzos de sindicatos y patronal por continuar la producción a pesar de las condiciones inseguras.

Durante décadas, los sindicatos han negociado la austeridad, recortes salariales, despidos y acelerones en los lugares de trabajo. En este período, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), que publica el WSWS, fue el único que luchó contra partidos populistas como Podemos y que expuso a los sindicatos como organizaciones antiobreras, instando a los trabajadores en cambio a que constituyan comités de acción independientes de los sindicatos. Ahora los sindicatos hacen abiertamente de policías de los jefes, extrayendo ganancias de poner en riesgo la vida de los trabajadores que falsamente dicen representar.

Ante el descuido malvado de la élite gobernante, y mientras los sindicatos intentan hacer marchar a los trabajadores hacia su muerte, la propia clase trabajadora se está moviendo a la acción. Después de que estallaran huelgas espontáneas masivas en Italia, los trabajadores de varias fábricas en España también pararon para demandar que se les permita protegerse en casa. El PSOE y Podemos respondieron enviando a la policía antidisturbios regional para atacar violentamente a los acereros en huelga.

Tales luchas, sin embargo, requieren que los trabajadores formen comités de acción independientes para coordinar las luchas huelguísticas, la oposición a la represión previsible por parte de los gobiernos de toda Europa, y una lucha porque el poder estatal pase a la clase trabajadora.

Estos comités pueden exigir el cierre inmediato del trabajo no esencial, con salario pleno para los trabajadores afectados. A ningún trabajador se le debería decir que arriesgue innecesariamente la vida. Los trabajadores despedidos tienen que recibir todo su salario, financiado por las empresas y el Estado. Hay que poner en moratoria el alquiler, la hipoteca y las facturas de servicios públicos. Allí donde el trabajo deba proseguir, como en la sanidad, transporte, producción de alimentos y otros sectores críticos, hay que implementar medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y sus derechos. Hay que poner en cada lugar de trabajo personal con formación sanitaria y hay que darles el equipamiento necesario como trajes protectores, mascarillas y guantes.

El principio esencial que guíe la respuesta a esta crisis debe ser que las necesidades de los trabajadores tengan prioridad absoluta e incondicional por encima de todas las consideraciones de ganancia corporativa y riqueza privada.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de abril de 2020)