Inmigrantes de clase obrera aterrorizados por la administración Trump, evitan pruebas de COVID-19 y tratamiento

por Meenakshi Jagadeesan
17 abril 2020

Los inmigrantes de la clase trabajadora, ya entre los sectores más vulnerables de la población estadounidense, han sido duramente afectados por la propagación del coronavirus. Médicos, abogados de inmigración y organizaciones comunitarias informan que un número significativo de inmigrantes, a pesar de mostrar síntomas asociados con COVID-19, han evitado hacerse la prueba. La razón más común citada es el temor de ponerse a sí mismos y a sus familiares en camino de los matones de la administración Trump en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y entrar en conflicto con la recientemente introducida "regla de la carga pública".

A finales de enero de 2020, la Corte Suprema confirmó la aplicación de una norma que permite al gobierno de los Estados Unidos denegar la residencia permanente a cualquier solicitante, incluso a los no clasificados como "indocumentados", si se les considera una "carga pública", es decir, alguien que depende de la asistencia del gobierno.

La nueva regla, que había sido lanzada por primera vez en agosto pasado, ha causado una inmensa confusión y ansiedad entre las comunidades de inmigrantes. Como han informado numerosos estudios, incluso antes de que entrara en vigor, la regla llevó a un gran número de familias inmigrantes a mantenerse alejadas de los programas de beneficios no monetarios por temor a la deportación o a poner en riesgo el estatus futuro de residente. Estos programas incluyen Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, que proporcionan la ayuda médica a los niños pobres y pequeños.

Mientras el alcance de la pandemia se hizo evidente el mes pasado, los expertos en salud pública y los grupos de derechos de los inmigrantes advirtieron sobre los peligros adicionales a los que se enfrentan los inmigrantes debido a las políticas inhumanas de la administración Trump. Ally Bolour, una abogada de inmigración con sede en Los Ángeles que forma parte de la junta directiva de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, le dijo a The G uardian a principios de marzo: "Esta es una crisis de emergencia de salud nacional. El gobierno tiene que salir y decir, 'No vamos a deportarte'", dijo Bolour. "‘Si estás enfermo, entra. Te cuidaremos.’ Digo, nadie va decir eso”.

Poco después de que Trump declarara una emergencia nacional a mediados de marzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó en su sitio web una declaración con la intención de dar a entender que estaba relajando su aplicación de la norma de la carga pública: "Si se impide al extranjero trabajar o asistir a la escuela, y debe depender de los beneficios públicos durante el brote de Covid-19 y el periodo de recuperación, el extranjero puede proporcionar una explicación y la documentación de apoyo pertinente". El lenguaje difícilmente pudiera ser más hostil, en particular cuando se dirige a una comunidad que ha sido objeto de políticas cada vez más punitivas y abiertamente inhumanas.

Lawrence Gostin, profesor de derecho de la salud mundial en la Universidad de Georgetown y asesor de la Organización Mundial de la Salud, dijo al New York Times: "La primera regla de la salud pública es ganarse la confianza de la gente para que se presenten: Las personas que no buscan atención médica no pueden ser examinadas o tratadas, y sus contactos no serán rastreados". La falta de pruebas pone en grave peligro la vida de quienes podrían estar infectados, simultáneamente pone de relieve el peligro muy real de una propagación incontrolada y todavía indeterminada del coronavirus en las comunidades de la clase trabajadora de todo el país.

Como se ha señalado en numerosos informes del mes pasado, los inmigrantes de la clase trabajadora se encuentran entre los más vulnerables a la propagación del coronavirus, dado que la mayoría no pueden aislarse, viven en cuartos estrechos, trabajan sin ningún tipo de cobertura médica de sus empleadores y no están en condiciones de tomarse días libres. Una parte significativa no tiene cobertura médica. Un informe de la Fundación de la Familia Kaiser de marzo encontró que entre los inmigrantes, el 23 por ciento de los que están en los EE.UU. con documentos legales y el 45 por ciento de los indocumentados viven sin seguro médico.

En la mayoría de los estados hay clínicas comunitarias que atienden a las personas en necesidad de atención médica, independientemente de su situación legal o capacidad de pago. Algunos estados, como Nueva York y California, también cubren los costos del tratamiento médico de los niños indocumentados. Pero el temor y la confusión generado por la regla de la carga pública ha causado que los inmigrantes de la clase trabajadora eviten el uso de cualquiera de estas instalaciones incluso antes del brote del coronavirus. Añadiendo el peligro real de que el uso de estas instalaciones pudiera llamar la atención de los agentes del ICE que posiblemente estén apostados afuera.

El ICE designa las instalaciones médicas como "lugares delicados" en los que generalmente se evita la aplicación de la ley. Sin embargo, eso es un frío consuelo para los inmigrantes que han sido testigos de que el ICE interrogue y arreste a personas en los hospitales y sus alrededores. En febrero de 2020, el ICE arrestó a un hombre en un hospital de Brooklyn y lo sacó esposado después de que los agentes le dispararon con una pistola eléctrica y a otra persona que trató de intervenir en su arresto. En marzo, incluso mientras la pandemia se arraigaba, el ICE lanzó una operación que incluía una mayor vigilancia y redadas en ciudades santuario. El objetivo de la operación, como informó el New York Times, era "arrestar al mayor número posible de inmigrantes indocumentados".

A principios de esta semana, la oficina del fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda ante la Corte Suprema pidiendo un aplazamiento de la aplicación de la política de carga pública durante la pandemia. Como señaló Buzzfeed, la demanda cita declaraciones de numerosos médicos, abogados y defensores de la comunidad, todos los cuales señalan simplemente que la norma de la carga pública ha tenido un efecto desastroso en los esfuerzos de prevención de COVID-19.

Pedro Moreno, un médico que atiende a pacientes en algunas partes del condado de Monterey, California, región que alberga a trabajadores agrícolas que no han podido tomar tiempo libre del trabajo, escribió en una declaración adjunta al expediente: "Creo que algunos de mis pacientes trabajadores agrícolas ya han sido infectados con COVID-19 por otros trabajadores agrícolas en los campos. Desafortunadamente, muchos de ellos tienen miedo de buscar atención médica debido a la regla de la carga pública, y ya están propagando la infección en nuestra comunidad".

Sus preocupaciones fueron reiteradas por Eden Almasude, médico residente en Connecticut: "Como parte de mi trabajo, he recibido informes de múltiples pacientes que tenían síntomas consistentes con COVID-19 pero que temían ir al hospital o incluso hacerse la prueba de COVID-19 porque les preocupaban las consecuencias de las pruebas y el tratamiento para la carga pública y temían que una enorme factura de hospital dejara a sus familias en la indigencia. Las preocupaciones y temores de los inmigrantes continúan durante esta crisis".

El ataque a los inmigrantes siempre ha sido parte de un ataque más amplio hacia la clase trabajadora que lleva a cabo la clase dominante americana. La pandemia de coronavirus sólo ha servido para exponer aún más la verdadera naturaleza de estos ataques y las divisiones de clase fundamentales que estructuran la sociedad capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de abril de 2020)