Las huelgas se han extendido por la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, involucrando a cientos de trabajadores de las maquiladoras que exigen el cierre de las fábricas no esenciales, muchas de las cuales han permanecido abiertas pese al mayor número de puertos de la pandemia del COVID-19, incluyendo 13 empleados en la planta de asientos de auto Lear, de capital estadounidense.

Las huelgas, que se producen tras acciones similares en las ciudades fronterizas de Matamoros, Mexicali, Reynosa y Tijuana, son parte de una resistencia internacional cada vez mayor que incluye a trabajadores de Europa y EE. UU., según la pandemia se propaga fuera de control.

Las firmas transnacionales y la aristocracia financiera mexicana están decididas a mantener el envío de partes del cinturón de mano de obra barata en la frontera y el norte de México, conforme las empresas globales se preparan para reabrir las plantas de ensamble en EE. UU., Europa y Canadá. El domingo, el presidente Donald Trump dijo que había hablado con su contraparte mexicana Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el sábado para coordinar la reapertura de las cadenas de suministro.

Entre advertencias de la mayor crisis económica en la historia de México y un masivo subregistro de infecciones y muertes, así como la falta de un plan para contener el brote en el país, el Gobierno de AMLO ha dejado que gran parte de la industria permanezca abierta y anunció una “reactivación” tan pronto como el 1 de junio.

Las huelgas en Ciudad Juárez comenzaron el miércoles pasado, cuando los trabajadores de la planta de Therm-O-Disc Emerson protestaron la producción no esencial de termostatos sin equipo de protección. El jueves, los trabajadores en la empresa de alarmas de humo Honeywell hicieron paro después de que un compañero presuntamente muriera de COVID-19. Honeywell, que ha insistido en que su producto es “esencial”, amenazó a los trabajadores con represalias y ofreció un bono de 400 pesos ($17) por semana para suprimir la oposición.

“Nuestra vida no es un juego, no es un volado. Queremos que nos den la cuarentena… Exigimos el 100 por ciento [del salario]”, declaró un trabajador de la planta a Ruptly .

Los trabajadores de la manufacturera de motores eléctricos Regal Beloit hicieron huelga el viernes tras la muerte de dos empleados por COVID-19. Desde entonces, los trabajadores también han hecho paro en Amphenol CTI (empresa canadiense de cables eléctricos), TPI Composites (productora estadounidense de turbinas eólicas), Norma Group (empresa alemana de tecnologías para soldado y unión de acero), la argentina Electrocomponentes, Syncreon (empresa de almacenamiento y exportación con sede en EE. UU) y Critikon (proveedora de equipo médico con sede en EE. UU.).

Los trabajadores tomaron la cuestión en sus propias manos después de que las autoridades gubernamentales, las empresas ni los sindicatos tomaran acción alguna para cerrar las plantas, incluso tras las noticias de las muertes en Lear y otras maquiladoras.

El primer caso del coronavirus en Ciudad Juárez fue confirmado el 17 de marzo y las autoridades estatales de Chihuahua “recomendaron” el cierre de las operaciones no esenciales el 23 de marzo. El Los Angeles Times entrevistó a dos trabajadores de la planta Lear que hablaron desde el anonimato y describieron una ola de empleados con tos y fiebre desde mediados de marzo. En ese momento, AMLO estaba insistiendo en que “las pandemias… no nos harán nada”. Los trabajadores de Lear no contaban con alcohol en gel y aquellos con síntomas no recibieron descansos por enfermedad.

No fue hasta el 30 de marzo que el Gobierno mexicano declaró una “emergencia sanitaria” y ordenó que se detuvieran las actividades no esenciales y urgió a que las empresas pagarán el 100 por ciento durante el cierre. El decreto del Gobierno, sin embargo, fue deliberadamente ambiguo sobre cuándo debían cerrar las plantas, qué constituían las “actividades esenciales” y si los recortes de salarios acordados por los sindicatos corruptos eran legales. Al mismo tiempo, el Gobierno de AMLO y las autoridades estatales no han tomado acciones contra las empresas que desafían las órdenes.

A pesar de que Lear cerró sus plantas en México el 1 de abril, los oficiales de Chihuahua dijeron el sábado pasado que, de las 160 fábricas en Ciudad Juárez, 28 “no esenciales”, 33 consideradas “esenciales” y 35 “con algún proceso esencial” seguían abiertas, mientras que 64 cerraron. Aproximadamente 120.000 de los 300.000 trabajadores de maquiladoras siguen en el trabajo.

La ciudad reportó 108 casos confirmados y 20 muertes del COVID-19 el domingo; sin embargo, los abogados del personal médico en el Hospital 66 de Ciudad Juárez compartieron fotografías de bolsas con cadáveres apiladas. “Me comenta a mí el personal del IMSS 66 que hasta el viernes pasado iban arriba de 80 muertos nada más en la clínica 66, calcule cuántos infectados. Hay muchos de maquiladoras”, comentó el abogado Mario Espinoza Simental. Los doctores denuncian la falta de equipo de protección en hospitales y las demandas de que envíen a los trabajadores de vuelta a las fábricas con poco más que paracetamol por falta de pruebas.

El director de la Zona Norte de la Secretaría de Salud, el Dr. Arturo Valenzuela, declaró el sábado que “ha habido muertes este año” reportadas como neumonía y otras enfermedades pero que “probablemente fueron Covid-19”, incluyendo de “trabajadores de fábrica”. A nivel nacional, la cifra oficial de casos de COVID-19 es de 8.261, pero altos oficiales de salud estiman que ha habido más de 56.000 infecciones.

El brote está efectivamente fuera de control, mientras que no hay apoyo económico para los trabajadores despedidos, la mayoría de los cuales dependen del sector informal, sin prestaciones por desempleo ni seguro médico. La Organización Internacional del Trabajo estima que México podría perder entre 1,7 y 7 millones de puestos de trabajo como resultado de la crisis de la pandemia. En comparación, durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, se perdió una décima parte del total, es decir, 772.000 empleos, lo que situó a 10 millones de personas por debajo de la tasa oficial de pobreza. Ahora se considera que unos 50 millones de mexicanos —de una población de 130 millones— son pobres y otros 50 millones más corren el riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.

La única “asistencia” federal que se proporciona consiste en préstamos con un interés del 6,5 por ciento o superior para pequeñas y medianas empresas que comenzarán el 4 de mayo. No son solo las empresas las que están llevando a cabo despidos masivos, sino que la Administración de AMLO ha ordenado un recorte presupuestario del 50 por ciento en la mayoría de las instituciones federales fuera de la salud, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Esto llevará a despidos masivos en educación, cultura, servicios públicos y otros sectores.

En medio de la falta de pruebas, EPP y otros equipos médicos, AMLO ha prometido “hacer lo imposible” para evitar el aumento de la deuda pública. Mientras que el presupuesto federal para la atención médica en 2020 fue de sólo 5.200 millones de dólares, los seis multimillonarios más ricos de México controlan $108 mil millones, y en la última década se produjo un aumento de los millonarios en dólares de 78.000 a 173.000.

Al mismo tiempo, México ha gastado más de $120 mil millones en gastos judiciales, policiales y militares —instituciones conocidas por su violencia y corrupción— en la llamada “guerra contra las drogas” desde 2006, y AMLO creó una Guardia Nacional que perpetua esto. Después de 13 años de guerra, el mes de marzo de 2020 fue el más mortífero con 2.585 homicidios, siendo Ciudad Juárez uno de los epicentros con 159 asesinatos

Reuters informó el domingo que “algunos [ejecutivos mexicanos] están amenazando con no pagar impuestos hasta que la economía se recupere del coronavirus, particularmente en los estados fronterizos del norte como Chihuahua y Tamaulipas”, donde se encuentra Matamoros. Varias empresas también han pedido a la policía a que obligue a los trabajadores en paro a volver a las plantas.

La clase dirigente mexicana y sus patrones estadounidenses y europeos están aterrorizados de que su respuesta a sus esfuerzos por hacer recaer el peso de la crisis sobre la clase trabajadora conduzca a una explosión social que AMLO no pueda contener. Ya estaba en marcha una rebelión de las bases contra los sindicatos corruptos y las empresas transnacionales reflejada en las olas de huelgas salvajes en Ciudad Juárez en 2015-16 y Matamoros el año pasado.

El fin de semana pasado, David Ibarra, exsecretario de Hacienda y actual miembro de los consejos ejecutivos de varias multinacionales mexicanas, pidió “un acuerdo entre el Gobierno, el sector empresarial y los sindicatos sobre un nuevo consenso social”. El llamado a un nuevo consenso es compartido por los comentaristas capitalistas a nivel internacional y ha demostrado ser un llamado apenas velado a “reabrir” las economías capitalistas y a utilizar medidas más autoritarias para aplastar la resistencia de los trabajadores que se rehúsen a morir por las ganancias corporativas

En una columna del 13 de abril para el New York Times, el periodista chileno Patricio Fernández llama por un nuevo “pacto social” y advierte de una mayor “segunda ola de descontento” por la respuesta a la pandemia que sería mucho mayor que las movilizaciones masivas en Chile el año pasado. “Y no estamos hablando de una furia teórica y desconocida. Le acabamos de ver los dientes”, escribe. Después de denunciar a los manifestantes como “patotas de lumpens marginales”, pide una mayor “presencia del Estado” y “una apuesta justiciera” como “la mejor estrategia para evitar un descalabro de dimensiones difíciles de remontar”.

Una coalición de fuerzas entre la confederación sindical estadounidense AFL-CIO, los llamados sindicatos “independientes” vinculados al partido Morena de AMLO y sus apologistas pseudoizquierdistas intervinieron durante las anteriores rebeliones de trabajadores en Ciudad Juárez y Matamoros para encadenar a los trabajadores a los sindicatos dominados por los gánsteres, que ahora se asocian con las empresas para obligar a los trabajadores a permanecer en las maquiladoras inseguras.

En efecto, hay una segunda ola de luchas entre los trabajadores de México y esta vez es una cuestión de vida o muerte. El World Socialist Web Site hace un llamado a los trabajadores para que formen comités de base en las fábricas y todo centro laboral, independientes de los sindicatos. Estos comités deben cerrar toda la producción no esencial y garantizar salarios completos y beneficios médicos a todos los trabajadores despedidos. Al mismo tiempo, estos comités deben exigir pruebas universales, atención médica inmediata y totalmente pagada para los trabajadores afectados, y que no vuelvan al trabajo hasta que todos los trabajadores tengan el equipo de protección adecuado y un entorno de trabajo seguro, supervisado por comités de fábrica que trabajen en conjunto con profesionales de la salud.

Los comités de base en México deben unirse con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá para librar una lucha coordinada internacionalmente para cerrar toda la producción no esencial y exigir la conversión inmediata de las fábricas para la producción de equipo para pruebas, respiradores y de protección para los trabajadores médicos y otros esenciales, mientras se protege a todos los trabajadores que produzcan estos bienes vitales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de abril de 2020)