Trabajadores agrícolas de EE.UU., considerados esenciales, enfrentan recortes salariales y ninguna protección ante COVID-19

por Norissa Santa Cruz
11 mayo 2020

Desde los huertos de manzanas, cerezas y peras en Washington hasta los viñedos y campos de fresas en el Valle Central de California, pasando por el Cinturón de Maíz del centro del país, las granjas de tabaco en Carolina del Norte y las plantaciones de cítricos de Florida, los 3 millones de trabajadores agrícolas que producen la mayor parte de los alimentos del país viven al margen de la sociedad y la mayoría son migrantes indocumentados.

No es de extrañar que estos trabajadores agrícolas hayan sido declarados oficialmente “trabajadores esenciales”; sin embargo, la pandemia de COVID-19 es otra gran carga lanzada sobre los hombros de los trabajadores más vulnerables y pobres de los Estados Unidos.

Empleados en granjas agrícolas y lecheras, realizan un trabajo agotador en condiciones peligrosas por salarios de pobreza —un promedio de sólo 12.59 dólares por hora— o ganan su salario mediante el bárbaro sistema de pago por unidad que desalienta incluso las precauciones sanitarias más básicas, como el lavado regular de manos, suponiendo que sea una posibilidad.

Trabajadores migrantes cosechan maíz en una granja de Uesugi Farms en Gilroy, California (U.S. Department of Agriculture)

Los trabajadores agrícolas carecen de acceso a la atención médica básica y sufren de tasas significativamente altas de diabetes, hipertensión y condiciones de salud como enfermedades cardíacas y cánceres por causas ambientales debido a la larga exposición a los pesticidas. Cientos de personas mueren anualmente por la exposición al sol y al calor, la principal causa de muerte en la industria.

Los trabajadores agrícolas migrantes y de temporada en los Estados Unidos están sujetos diariamente a un calor extremo y a menudo carecen de acceso a agua potable limpia. Hay aproximadamente 500,000 niños trabajadores agrícolas en los Estados Unidos que renuncian a la educación para trabajar junto a sus padres en los campos ayudándoles a aumentar su sueldo por unidad.

Si bien no existen cifras reales, el grupo de defensa Justicia para los Trabajadores Agrícolas estima que el 70 por ciento o más de la fuerza laboral es indocumentada y sólo el diez por ciento cae bajo el programa de trabajadores huéspedes estacionales H-2A. Un trabajador agrícola sin documentación gana en promedio un 15 por ciento menos que su homólogo H-2A o documentado.

Las grandes explotaciones agrícolas dependen de los nuevos inmigrantes de México, América Central y el sudeste asiático para trabajar por salarios extremadamente bajos. Viven en condiciones de hacinamiento, insalubres e inhumanas, incluyendo el dormir en literas sin ropa de cama, o colchones mohosos en el suelo. Sus habitaciones tienen una ventilación deficiente, techos con goteras, cables peligrosos, cañerías y duchas mal mantenidas, infestaciones de ratas, moscas, sancudos e instalaciones inadecuadas para lavarse. Viven en zonas aisladas, lejos de las clínicas de salud, las tiendas de comestibles y el transporte público, y a menudo se ven obligados a pagar alquileres exorbitantes.

La esperanza de vida promedia de un trabajador agrícola es de apenas 49 años, equivalente a la esperanza de vida promedia en los EE.UU. en el año 1900. Para el año 2017, la tasa de mortalidad por lesiones relacionadas con el trabajo fue de 20.4 muertes por cada 100,000 trabajadores agrícolas.

El trabajo agrícola es una industria de pobreza y deudas abyectas, racismo y acoso sexual, largas horas de trabajo en los campos, abuso de los jefes y la negación de las protecciones laborales básicas y de los derechos humanos.

En condiciones tan crueles, es imposible imaginar que provenir algún cuidado genuino para prevenir la propagación del coronavirus de parte de un Estado que ha forjado una existencia tan inhumana para esta subclase de trabajadores y que está haciendo poco para proteger a la clase trabajadora en su conjunto mientras presiona para reabrir la economía de los Estados Unidos.

A principios de este mes, el gobernador de California Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para proporcionar 80 horas adicionales de subsidio por enfermedad a los trabajadores agrícolas, diciendo “Quiero que sepas que no eres desechable, eres esencial, y que eres valorado... Y quiero desde el fondo de mi corazón extenderte mi profunda admiración y aprecio”.

Las palabras de Newsom no podrían sonar más huecas ya que no se han establecido reglas de emergencia para proteger a los trabajadores agrícolas de posibles brotes de COVID-19 en los campos de trabajo en esta temporada de cosecha.

Camiones y autobuses atestados los llevan a los campos. Mientras que algunos trabajadores agrícolas pueden distanciarse en los campos, el distanciamiento social es difícil o imposible de mantener con el equipo agrícola para la plantación o la cosecha que requiere grandes grupos para trabajar en estrecha proximidad. El grupo de defensa Justicia para los Trabajadores Agrícolas estima que un tercio de los trabajadores agrícolas viven en casas y apartamentos donde varias familias comparten el mismo hogar.

El reciente plan de la Administración de Trump de gastar 19 mil millones de dólares para enfrentar los impactos de COVID-19 en la agricultura no hará nada para ayudar a los trabajadores agrícolas. El análisis de los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, siglas en inglés) realizado por el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) muestra que en los 100 condados con el mayor número de trabajadores agrícolas se enviaron más de 590 millones de dólares en pagos recientes de rescate comercial, sin exigir que ninguno de esos fondos se utilice para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas.

Se reportan miles de casos y muertes por COVID-19 en los condados con grandes poblaciones de trabajadores agrícolas, según el EWG. Sin embargo, los trabajadores agrícolas siguen enfrentándose a una gran falta de equipos de protección personal por parte de sus empleadores, como mascarillas y guantes, y una falta mayor de medidas reales de apoyo para tener opciones de vivienda y transporte que reduzcan la propagación del virus.

El condado de Oneida, Nueva York, se ha convertido en un foco del virus en los últimos días. Los funcionarios del condado dicen que 64 de los nuevos casos positivos en el condado están relacionados con trabajadores de la granja Green Hills. En total, de los 300 empleados de la granja, 139 han salieron positivos al COVID-19.

En el condado de Monterey en Salinas, California, un importante centro de producción de lechuga conocido como el “Tazón de la ensalada del mundo”, tenía 185 casos confirmados el 28 de abril, muchos de los cuales estaban relacionados con las granjas locales. Un empleado de Tanimura & Antle, una de las mayores empresas de lechugas, informó que el 22 de abril dio positivo al COVID-19.

Además de la amenaza inmediata a sus vidas, agravada por su mala salud y condiciones de vida, la Casa Blanca está trabajando para reducir los salarios de los trabajadores extranjeros en las granjas estadounidenses. Este cruel ataque contra los trabajadores agrícolas se está promocionando como una medida para ayudarles a granjeros en tiempos difíciles por las alteraciones en la cadena de suministro agrícola agravadas por el brote.

En Florida, los tractores están conduciendo a través de campos de frijoles y repollo, arando las verduras maduras y cavándolas de nuevo en el suelo, mientras los agricultores de Idaho están enterrando millones de libras de cebollas en las zanjas. Los agricultores de Wisconsin y Ohio están vertiendo miles de galones de leche fresca en lagunas y fosas de estiércol.

Reducir el salario mínimo legal para los trabajadores con visas de inmigrantes reducirá los salarios por hora entre 2 y 5 dólares. En Carolina del Norte, por ejemplo, este cambio resultaría en un salario por hora de 4 dólares para los trabajadores agrícolas.

La pérdida de ingresos no solo afecta a los trabajadores y a sus familiares inmediatos, sino también a los miembros de sus familias, que reciben miles de millones de dólares en remesas cada año. Unos 1.6 millones de hogares en México dependen de las remesas de los migrantes en los Estados Unidos como su fuente de ingresos más importante. El Banco Mundial informó que los trabajadores migrantes de todo el mundo enviaron unos 689 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial en 2018.

Washington está promocionando el esfuerzo de recortar los salarios de los trabajadores agrícolas como un “alivio salarial” para los propietarios de granjas de EE.UU., pero el verdadero objetivo es reducir los salarios de toda la clase trabajadora, y dónde empezar si no entre los indocumentados. Antes de la pandemia, miles de granjas en todo el país luchaban por evitar la bancarrota, con un número creciente de pequeñas granjas familiares que quebraban cada mes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos había declarado en febrero, antes del inicio de la pandemia, que esperaba que la deuda de las granjas aumentara a un nivel récord de 425 mil millones de dólares para finales de 2020.

El Departamento de Estado de EE.UU. también anunció que comenzaría a procesar más visas de trabajadores temporales H-2A para asegurar que los agricultores de EE.UU. tengan trabajadores extranjeros a tiempo para la siembra de primavera. Estos “trabajadores temporales” tienen una visa de trabajo limitada, “no inmigrante”, y para permanecer en los EE.UU. deben mantener sus puestos de trabajo y a los empleadores satisfechos para regresar la siguiente temporada.

Los trabajadores temporales también tienen impedido legalmente exigir un aumento de sueldo. El programa H-2ª les permite a los empleadores rechazar a cualquier solicitante de empleo que exija una tasa salarial superior a la aprobada por el Gobierno, también conocida como “tasas salariales de efecto adverso”, que se basan en una encuesta del USDA sobre lo que se paga a los trabajadores agrícolas en cada estado. Esta tasa es de 11.71 dólares por hora en Florida, 12.67 dólares en Carolina del Norte y 14.77 dólares en California. Un ciudadano o residente legal que exija una tasa salarial más alta puede ser rechazado o despedido por no estar disponible para el trabajo y ser reemplazado por un trabajador temporal.

Cada aspecto de la industria y de las leyes de visas castigadoras se ha desarrollado para mantener los salarios lo más bajos posible y mantener la amenaza de deportación al frente para los inmigrantes tanto documentados como indocumentados.

La presidenta del sindicato United Farm Workers (UFW), Teresa Romero, manifestó su apoyo al subsidio por enfermedad temporalmente ordenada por Newsom, afirmando que “las familias de trabajadores agrícolas y las familias de los agricultores trabajan, juegan, compran y rezan juntos”.

“La protección de estas pequeñas y unidas comunidades es vital para la protección de nuestro suministro de alimentos”, declaró Romero. Sin embargo, el UFW no asume ninguna responsabilidad por las condiciones inhumanas que deben soportar los trabajadores agrícolas y en sus sesenta años de existencia ha sido cómplice de permitir que la abyecta miseria de los trabajadores agrícolas permanezca inalterada.

La Administración de Trump está utilizando la situación desesperada a la que se enfrentan los agricultores como ariete para reducir aún más los salarios y las condiciones de trabajo. La orden ejecutiva de Trump que utiliza la Ley de Producción de Defensa forzando a las plantas frigoríficas con brotes de COVID-19 a permanecer abiertas también está diseñada para obligar a una fuerza de trabajo, que es al menos un 30 por ciento inmigrante, a trabajar en condiciones inhumanas.

Las plantas agrícolas, lácteas y cárnicas que tienen una gran cantidad de mano de obra inmigrante e indocumentada han sido el centro de las mayores redadas masivas de inmigración por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos años.

Los inmigrantes siguen en la primera línea de los ataques a los derechos democráticos en los Estados Unidos. A los ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados se les ha negado de manera punitiva los cheques de estímulo a los que de otra manera tendrían derecho en virtud del paquete CARES que necesitan para mantenerse a sí mismos y a sus hijos. Obligar a la industria frigorífica a volver al trabajo en medio de grandes brotes sin hacer nada para prevenir la propagación de la enfermedad entre las industrias agrícolas es sólo un atisbo de lo que le espera a la clase trabajadora en general.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de mayo de 2020)