El último informe del Gobierno nicaragüense afirma que ha habido 25 casos confirmados de COVID-19 y 8 muertes, entre las cifras más bajas de América, que se ha convertido ahora en el epicentro mundial de la pandemia.

A pesar de las amenazas de oficiales gubernamentales, en los últimos días han comenzado a aparecer informes de trabajadores médicos y otros nicaragüenses que exponen un esfuerzo masivo del Gobierno para suprimir efectivamente todos los datos e información sobre el alcance real del brote.

La Administración del presidente Daniel Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ha tomado ninguna medida significativa para contener el virus o mitigar sus efectos. Además de ineficaces puestos de vigilancia sanitaria en las fronteras y medidas para sanear lugres públicos, las autoridades han en realidad fomentado las concentraciones masivas, el turismo y la continuación de trabajos no esenciales.

El Observatorio Ciudadano COVID-19, que afirma recopilar los informes enviados por los trabajadores médicos de al menos 50 de los 153 municipios, había contabilizado 1.033 casos sospechosos de COVID-19 y 188 muertes sospechosas, hasta el 9 de mayo.

Un estudio publicado a finales de marzo por el Imperial College de Londres proyectó que, de una población de 6,6 millones, entre 5,2 y 6 millones de nicaragüenses se contagiarían y entre 20.112 y 24.304 morirían sin una intervención estatal para imponer el distanciamiento social.

El lunes, Reuters entrevistó a varios doctores, quienes dijeron que las camas destinadas a pacientes con coronavirus estaban llenas en varios hospitales. “Todo está a punto de colapsar. Estamos viendo demasiadas neumonías atípicas”, dijo uno, mientras que el especialista en enfermedades respiratorias, Jorge Miranda explicó: “Todo lo que es una neumonía atípica en este momento, cuando el invierno [la temporada de lluvias] aún no ha comenzado, está relacionado con COVID19”.

Reuters descubrió que varios médicos, enfermeras y sus familiares informan que están infectados, pero no se cuentan en los totales oficiales. En un caso, a la madre de un radiólogo, quien dio positivo al COVID-19, se le diagnosticó neumonía atípica. Murió y fue enterrada sin la presencia de su familia. El País informó esta semana: “Desde hace más de una semana, decenas de entierros de este tipo han sido realizados bajo el protocolo de coronavirus, de acuerdo con denuncias de familias en redes sociales y medios de comunicación”. Han aparecido varios videos que muestran entierros nocturnos.

En respuesta, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, describió a los denunciantes como “algunos cerebros deformes” que propagan “pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas”.

Sin embargo, el viernes, varias fotos publicadas por La Prensa e informes de los especialistas médicos en otros medios de prensa muestran que el Gobierno ha desplegado grupos de matones vestidos como civiles para patrullar el exterior de los hospitales y cementerios, ordenándole a la gente que se vaya.

Una vecina del Cementerio General de Managua le dijo a La Prensa que los entierros nocturnos han sido frecuentes desde finales de abril. “Como si la población no sabe que el Covid-19 está haciendo estragos. Nos está matando y el Gobierno en vez de hacer algo para ayudar, anda custodiando los cadáveres y a sus familiares para que no hablen con nadie”, dijo.

Dos años después de que una ola de manifestaciones masivas desatada por recortes a las pensiones provocara una ola de represión que mató a más de 300 manifestantes y convirtió a más de 70.000 personas en refugiados —incluidos muchos médicos y estudiantes de medicina— el Gobierno de Ortega está empleando las mismas medidas autoritarias para dejar que la mortal pandemia de COVID-19 se extienda desenfrenadamente mientras silencia la oposición.

Aunque varios Gobiernos, incluida la Casa Blanca, han denunciado estas medidas, las denuncias han sido en gran medida silenciadas, por no hablar de hipócritas. Las campañas de regreso al trabajo de prácticamente todos los Gobiernos demuestran que, en última instancia, consideran la respuesta del FSLN como la “nueva normalidad” que se busca en sus propios países.

La respuesta del régimen de Ortega demuestra de manera irrefutable el carácter de clase burgués del Gobierno y el resultado inevitable del sandinismo y de todos los movimientos nacionalistas pequeñoburgueses que históricamente han defendido el capitalismo. A medida que se intensifica la crisis del capitalismo y sus consecuencias sociales, ha subordinado incondicionalmente los niveles de vida y las propias vidas de las masas trabajadoras a los intereses de lucro de las empresas transnacionales, al tiempo que se niega a perturbar la riqueza de la oligarquía local.

Esto se está llevando a cabo con una desvergüenza escandalosa. Durante Semana Santa (5-11 de abril), la Iglesia Católica canceló sus procesiones y eventos, pero la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a una “Semana Santa para querernos y visitarnos familia a familia. Semana Santa para conocernos más, conociendo nuestra Nicaragua”.

Después de desaparecer de la vista del público durante un mes y no asistir a ningún evento público desde el 21 de febrero, Daniel Ortega reapareció el 15 de abril en una reunión de gabinete televisada en que minimizó el peligro de la pandemia y se opuso a cualquier cierre: “En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar porque aquí si se deja de trabajar el país se muere y el pueblo se muere, se extingue”. Estas declaraciones no describen hechos, sino una política que se está llevando a cabo en connivencia con las empresas transnacionales y los sindicatos.

Según el sindicato FESITEX, afiliado a la progubernamental Central Sandinista de Trabajadores y al sindicato IndustriALL Global Union, el 24 de marzo, la patronal maquilera, el Gobierno y los sindicatos llegaron a un acuerdo en que se suspendió sin sueldo a 5.500 trabajadores, se despidió a 2.893 y se suspendió con sueldo a 78.000, algunos al 100 por ciento y otros tan solo al 50 por ciento.

El lunes 13 de abril, unos 78.000 trabajadores fueron llamados a trabajar de nuevo. Sin embargo, al menos 12.000 trabajadores de la empresa Gildan siguen suspendidos sin sueldo, según la Asociación Textil Nicaragüense (Anitec).

La mayoría de las maquiladoras producen prendas de vestir y cables y son propiedad de empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido y Canadá. Se han visto atraídas a Nicaragua por las exenciones fiscales, los bajos salarios y la desregulación que se han promovido bajo el FSLN y los partidos de la oposición.

Según el Informe de Movilidad de Google, que utiliza datos de teléfonos celulares actualizados al 9 de mayo, los viajes a lugares de recreación, tiendas y paradas de tránsito se redujeron en un 34 por ciento, lo que demuestra que una gran parte de la población está tratando de quedarse en casa lo más posible. Sin embargo, los viajes a los lugares de trabajo sólo se redujeron en un 14 por ciento.

Una declaración del 30 de abril firmada por 543 médicos denuncia la falta total de datos y pide pruebas masivas del COVID-19, así como equipos de protección para los médicos, la cancelación de los pagos de servicios públicos y ayuda económica para ayudar a los trabajadores a quedarse en casa. Luego, el 12 de mayo, los estudiantes de medicina que trabajan en el Hospital Bolonia de Managua publicaron una carta diciendo: “no tenemos datos ni equipo para atender la pandemia…no tenemos conocimiento claro del diagnóstico de estos pacientes, por lo que estamos con temor y angustia ante esta incertidumbre”.

Una carta enviada a la OMS esta semana por cinco exministras de salud, incluidas las del Gobierno sandinista en los años 80, denuncian al Gobierno por “negar o disminuir artificialmente el número de casos y de muertes por causa de la pandemia” e informan que “hay personal [de salud] despedido por sospechas de haber informado con transparencia a las familias”.

Sin dar más información que referencias al Día de la Madre, el Gobierno anunció la liberación de 2.815 reos el miércoles, más de la mitad del total del país. Esto ocurrió un día después de la muerte de un preso de 60 años en la cárcel Modelo, la más grande del país, mientras que los abogados han denunciado que docenas de los que permanecen en las cárceles han mostrado síntomas relacionados con el coronavirus.

Una profesora cercana a la ciudad de León le explicó al World Socialist Web Site que ha estado sin ingresos desde que la escuela privada donde trabajaba cerró en marzo; sin embargo, todas las escuelas públicas y algunas privadas siguen abiertas. El Gobierno no ha ofrecido ninguna ayuda económica a los que han perdido su empleo.

Cuando se le preguntó sobre la situación médica, dijo que un primo fue al hospital hace unas dos semanas con síntomas consistentes con COVID-19. Dijo que: “Lo tienen aislado porque está enfermo y no le permiten comunicarse con nadie. Le quitaron el celular y no hemos sabido nada de él desde entonces”.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de mayo de 2020)