Según la pandemia del COVID-19 se sigue propagando, infligiendo muertes y sufrimiento a escala masiva y global, los llamados de las instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a favor de la “solidaridad” global caen en oídos sordos en lo que respecta a las clases gobernantes capitalistas.

En su declaración sobre la crisis de COVID-19, Filippo Grandi, el alto comisionado para Refugiados de la ONU, advirtió que la pandemia está siendo utilizada como un pretexto para abolir el derecho al asilo y expulsar a aquellos que escapan de la muerte y la opresión. “En estos tiempos difíciles, no olvidemos a los que escapan de la guerra y la persecución. Necesitan —todos necesitamos— solidaridad y compasión ahora más que nunca”, dijo.

Lejos de “solidaridad y compasión”, los refugiados y migrantes a una escala global están en el lado receptor de la violencia estatal, las deportaciones masivas, la encarcelación, el hambre y las muertes. Como con la desigualdad social y la explotación intensificada de la clase obrera que prevalece en las sociedades capitalistas de todo el mundo, la marcha incansable hacia la guerra imperialista y el giro hacia métodos autoritarios de gobierno, la pandemia de coronavirus ha servido para acelerar y justificar una guerra contra los refugiados que estaba en marcha mucho antes de que el virus reclamara su primera víctima.

Para hoy, 177 países han cerrado completa o parcialmente sus fronteras, y el derecho al asilo ha sido efectivamente cancelado en la mayor parte del mundo.

Esto rige más aún en EE.UU., donde el Gobierno de Trump ha utilizado la pandemia de coronavirus para implementar decretos de gran alcance contra la inmigración que había planificado mucho antes que apareciera el término COVID-19. Ha invocado un estatuto dudoso migratorio promulgado como una defensa contra las enfermedades infecciosas para deportar a decenas de miles de personas a países donde la propagación del coronavirus es mucho menor que en EE.UU.

Mientras promueve teorías conspirativas de que China “diseminó” deliberadamente el virus en EE.UU. y Europa occidental, el Gobierno de Trump está haciendo precisamente eso con la deportación sumaria de aviones llenos de inmigrantes a países empobrecidos de Centroamérica, Haití y otras partes del Caribe. Sacando a los inmigrantes de los centros de detención, muchos de ellos administrados por empresas con fines de lucro, en los que se ha propagado el virus como un incendio, estas deportaciones se han vuelto un impulso para la propagación de la pandemia en países cuyos sistemas sanitarios están siendo rápidamente abrumados.

Incluso el presidente ultraderechista de Guatemala, Alejandro Giammattei, un aliado servil del imperialismo estadounidense, se vio obligado a condenar las deportaciones de EE.UU., comentando al centro de pensamiento de Washington, Atlantic Council, “Entendemos que Estados Unidos quiera deportar a la gente, eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es que nos envíen vuelos contaminados”. Sus palabras reflejan con precisión el desdeño y crueldad de su Gobierno hacia sus compatriotas expulsados a la fuerza de EE.UU.

El Gobierno estadounidense no ahorra su sadismo ni siquiera para los niños. Desde marzo, ha deportado sumariamente a más de mil de ellos a México y a los países sumidos en violencia del Triangulo Norte centroamericano.

El Gobierno de Trump es famoso por su abyecto fracaso en perseguir una política efectiva para frenar la propagación del coronavirus, dejando a EE.UU. —que conforma apenas el 4 por ciento de la población mundial— con aproximadamente una tercera parte de las infecciones y muertes en el mundo. Por el contrario, ha sobresalido en cerrar las fronteras y pisotear el derecho estadounidense e internacional para negarles derechos esenciales a los inmigrantes y refugiados. Todo lo hace bajo el pretexto de proteger a EE.UU. de un virus que ya se propagó libremente de costa a costa.

Esta respuesta no es meramente el producto de la mente fascistizante y criminal del presidente estadounidense, como lo deja claro la promulgación de arremetidas similares contra los inmigrantes en todo el globo.

En Europa, las dos naciones que sirven como las guardias fronterizas de primera línea para la “Fortaleza de Europa” —Grecia y Hungría, vigilando respectivamente las rutas migratorias por el Mediterráneo y los Balcanes— han llevado a cabo política igual de barbáricas contra las masas de refugiados que huyen por sus vidas.

En Grecia, cientos, si no miles, de solicitantes de asilo han sido sometidos a deportaciones extrajudiciales desde el inicio de la pandemia.

Los hombres, mujeres y niños que escapan de los efectos de las guerras imperialistas en Afganistán, Siria, Irak Libia y otras partes han sido recibidos en la frontera griega con policía que dispara gases lacrimógenos y coloca alambrea de navajas. Los refugiados y migrantes que ya están en el país han sido capturados en las calles y centros de detención por la policía, que los vapulea, les roban el dinero y celulares, los desnudan y expulsan por la frontera con Turquía. Mientras tanto, el coronavirus hace estragos en los campos de refugiados sobrepoblados en Grecia.

En la propia Turquía, con una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo, las condiciones son cada vez más desesperadas. Una encuesta realizada por la Asociación por la Solidaridad con los Solicitantes de Asilo y Migrantes descubrió que el 63 por ciento de los refugiados dijo que tenía dificultades para obtener comida durante la pandemia y más del 88 por ciento dijo que no tenía empleo, en comparación con el 18 por ciento antes del brote.

La semana pasada, Hungría se doblegó ante un fallo judicial de la Unión Europea que dictó como ilegales las llamadas “zonas de tránsito para migrantes” en sus fronteras. Ahí, los refugiados que intentan entrar desde Serbia y Croacia se encontraban atrapados, en algunos casos por más de un año, viviendo en contenedores y rodeados por alambres de cuchillas y guardias fronterizos fuertemente armados. Al mismo tiempo, anunció que bloquearía el acceso a su territorio a cualquiera que busque asilo, un rechazo directo de los Convenios de Ginebra.

Mientras tanto, en el mediterráneo, donde 20.000 personas han muerto intentando alcanzar Europa en los últimos cuatro años, las condiciones tan solo se han vuelto más crueles con la pandemia. Tanto en Malta como en Italia, tras el cierre de puertos para los migrantes justificándolo con la amenaza del coronavirus, cientos de refugiados han quedado atrapados en el mar por varias semanas. En un incidente impactante grabado en video, los barcos patrulleros malteses amenazan con maniobras a migrantes que se habían caído al agua de un bote de hule que se estaba hundiendo.

Miles de aquellos bloqueados de llegar a Europa han sido enviados a Libia desde la pandemia, con la asistencia de la “guardia costera” libia financiada por la UE. Han acabado en centros de detención que en muchos casos son administrados por milicias armadas, donde sufren asaltos, hambre, violaciones e incluso son vendidos en esclavitud.

Lo que está alimentando este trato barbárico contra los inmigrantes y refugiados son las políticas y los intereses de las clases gobernantes en toda Europa occidental, con aquellas en Alemania, Francia y Reino Unido en la cabeza.

En un país tras otro, desde EE.UU. a Europa y las monarquías petroleras del golfo Pérsico, los migrantes enfrentan las peores condiciones y conforman una parte desproporcionadamente grande de las víctimas del COVID-19. Esto incluye las plantas frigoríficas en EE.UU., que previamente fueron blancos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en las que los trabajadores eran marchados en fila fuera de las fábricas y ahora son declarados “servicios esenciales” y obligados a trabajar en líneas de producción en las que cientos y cientos han sido contagiados y muchos han muerto.

La misma respuesta del capitalismo se extiende a las masas del sur de Asia, que son despiadadamente echadas de países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait, donde han conformado el núcleo de la fuerza laboral, siendo explotados a bajos salarios y sin derechos básicos. Y esto incluye a una gran cantidad de trabajadores de Europa del este que trabajan bajo las peores condiciones de toda la Unión Europea.

Mientras tanto, en los campos de refugiados en todo el mundo, cientos e miles de trabajadores, mujeres y niños son aglomerados en espacios donde las advertencias de las autoridades sanitarias sobre combatir el coronavirus con distanciamiento social, lavado de manos y otras precauciones básicas de salud están más allá de su alance.

La concepción fascistizante de que el coronavirus puede ser derrotado sellando las fronteras nacionales de un contagio “extranjero” es tan anticientífica como reaccionaria. El virus no respeta ninguna frontera nacional; no ocupa ni visa ni pasaporte. Con tal de que persista en cualquier parte del planeta, seguirá amenazando a toda la humanidad.

La pandemia de coronavirus presenta la necesidad de que la clase obrera movilice su inmenso poder social de forma independiente, con base en un programa socialista y opuesta irreconciliablemente a los intereses económicos de la clase capitalista y el capitalismo en su conjunto. Esto exige ante todo la unificación de la clase obrera por encima de las fronteras nacionales, a partir de la perspectiva estratégica de la revolución socialista mundial. Una parte integral de esta perspectiva es la defensa incondicional del derecho de los trabajadores de todos los rincones del mundo para vivir y trabajar en el país de su elección, con derechos de ciudadanía plenos, incluyendo el derecho a la salud, a un ingreso digno y la capacidad para trabajar y viajar sin temor a la represión o deportaciones.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de mayo de 2020)