El domingo, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dejó en claro que el Gobierno de Trump no permitirá una extensión a la asistencia de emergencia por desempleo para los trabajadores despedidos durante la pandemia del COVID-19.

“Estamos pagándoles a las personas para que no trabajen”, declaró el exejecutivo de Wall Street. “Casi todos los negocios”, dijo, “entienden que el beneficio adicional por desempleo “es efectivamente un desincentivo” para que las personas vuelvan al trabajo.

Hace tres meses, el Congreso aprobó la Ley CARES. Mientras le entregaban sumas enormes a las grandes empresas, incluyó un pago de $600 por semana del Gobierno federal para complementar los beneficios por desempleo estatales mucho más bajos. Por ejemplo, en Michigan el máximo es de $350 por semana.

Más de 20 por ciento de la fuerza laboral de EE.UU. —unos 36,5 millones de personas— han sido despedidos por la pandemia del COVID-19.

Para millones en hogares con desempleados nuevos en el país, la asistencia adicional de $600 ha sido un salvavidas, permitiéndoles evitar el hambre y la pérdida de sus viviendas.

Incluso con el subsidio, que millones de trabajadores recibió, la cifra de hogares con inseguridad alimentaria se duplicó con creces, pasando a un rango de 22 a 38 por ciento, en la medida en que los bancos de alimentos reportaban que se estaban quedando sin comida. Millones de familias se enfrentan a evicciones o ejecuciones hipotecarias.

Kudlow se quejó de que los $600, además de los beneficios estatales por desempleo, eran “más de lo que recibirían en salarios” si los trabajadores nunca hubieran perdido sus trabajos. Pero esta no es una expresión de la generosidad del Gobierno, sino un reflejo de cuán bajo han caído los salarios en EE.UU. para millones de trabajadores

En medio de la ola masiva de despidos y consolidaciones empresariales generadas por la pandemia —y se ha estimado que el 42 por ciento de los empleos perdidos durante la pandemia no regresaran—, la negativa de la Casa Blanca a extender la ayuda de emergencia por desempleo significará deprivación para muchas personas de clase obrera.

El objetivo de Kudlow es manifiesto y brutal: extorsionar a los trabajadores para que regresen a fábricas que han sido focos de contagio del COVID-19, incluso cuando la enfermedad se encuentra en medio de un importante repunte en gran parte del país.

A nivel nacional, se han infectado más de 24.000 trabajadores frigoríficos y al menos 87 han muerto. En Kansas, casi 3.000 trabajadores frigoríficos se han infectado, constituyendo aproximadamente un tercio de los casos en el estado.

Las plantas automotrices son también caldos de cultivo para el virus, pero las empresas no están reportando públicamente cuántos trabajadores se están enfermando. Cada empresa automotriz grande, incluyendo GM, Ford, Fiat Chrysler, Toyota y Tesla, tiene una política de no anunciar casos en sus fábricas. Pero, según dispersos reportes de la prensa con base en informes anónimos de trabajadores, ha habido docenas de casos en las plantas automotrices.

Un trabajador en la planta de camiones de Navistar en Springflied, Ohio, le escribió al Boletín de los Trabajadores Automotores del WSWS el lunes para reportar que cinco de sus compañeros de trabajo habían salido positivo al COVID-19 y que 20 más están aguardando resultados. Navistar reanudó la producción en la planta hace un mes.

Las fábricas se han vuelto, en palabras de Karl Marx, “casas de terror”, en que cualquier turno puede ser una sentencia de muerte.

Incluso en las fábricas sin casos reportados, las condiciones son intolerables. En vez de reducir las velocidades en las líneas de ensamble para permitir distanciamiento social, los trabajadores han reportado que sus patrones simplemente han apagado los ventiladores para que no circule el aire. En medio del verano, rodeados por maquinaria caliente, sin ventiladores y con mascarillas, los trabajadores se están desmayando del agotamiento o sofocándose en las líneas.

Un gran número de trabajadores se está rehusando a ir a trabajar en condiciones que podrían significar su muerte o la de sus seres queridos. A nivel nacional, entre 30 y 50 por ciento de los empleados de los frigoríficos estuvieron ausentes la semana pasada, según cifras de la United Food and Commercial Workers Union. En algunas plantas automotrices, más del 25 por ciento de los trabajadores no se presenta en un día dado.

Las ausencias han incomodado los esfuerzos de las empresas para regresar a máxima capacidad. Han buscado hacer esto obligando a los trabajadores recientemente contratados o temporales a trabajar 60 horas o más por semana. Pero, entre estos trabajadores, existe una resistencia cada vez mayor a los esfuerzos para abandonar todas las medidas de seguridad a fin de alcanzar las metas de producción.

Un solo día después de la entrevista de Kudlow el lunes, la Reserva Federal anunció que esta semana iniciará su plan previamente anunciado de comprar bonos de empresas directamente. Esto hizo que los valores de las acciones se dispararán con la expectativa de otra inyección de cientos de miles de millones de dólares de ingresos fiscales en los balances corporativos.

El mensaje es claro: cuando se trata de rescatar a la oligarquía financiera milmillonaria, no se escatimará ningún gasto. Pero, en cuanto a prevenir que los trabajadores sufran hambre o evicciones, la asistencia gubernamental es un “desincentivo” inaceptable en aumentar la producción y un obstáculo para la generación de lucro.

Kudlow, el multimillonario exdirector del banco de inversiones Bear Stearns, se pronuncia como el cómplice de Wall Street y las principales corporaciones. Saben que obligar a que los trabajadores vuelvan al trabajo en condiciones en que la pandemia sigue propagándose resultará en contagios y muertes a escala masiva. Internamente, el Gobierno de Trump está manejando modelos de cuántos cientos de miles morirán por sus políticas. Es por ello por lo que la Casa Blanca está presionando a que las empresas tengan inmunidad legal ante cualquier contagio en sus centros laborales.

El gran secreto del capitalismo, negado por todos sus economistas, expertos y comentaristas, es que no importa cuántos billones de dólares les entregue el Gobierno a las corporaciones, las ganancias de la oligarquía financiera se generan a través de la explotación de la clase obrera.

La política de los bancos centrales por doce años de imprimir dinero de forma ilimitada ha incrementado enormemente los precios en la bolsa de valores, alimentando el enriquecimiento de la oligarquía financiera por medio de la expansión de las deudas corporativas. Sin embargo, para pagar estas deudas, las corporaciones necesitan garantizar una extracción ininterrumpida de plusvalía de sus trabajadores.

La afirmación de que los trabajadores necesitan arriesgar sus vidas para que las corporaciones gigantes, que gastan cientos de millones cada año en pagos para sus ejecutivos, puedan cubrir sus deudas es absurda e irracional.

Cualquier afirmación de lo que se puede o no costear dentro del marco del capitalismo necesita ser rechazada. El refrán de que “no hay dinero” para condiciones laborales seguras o ayuda para aquellos afectados por los cierres ha sido desmentido por los $4 billones entregados a Wall Street.

Toda institución de la sociedad, incluidas las empresas, sus “socios” en los sindicatos, el Gobierno de Trump y ambos partidos patronales, están desplegados en contra de los trabajadores, buscando devolverlos a las trampas mortales que son las fábricas con el objetivo de enriquecer a la élite financiera.

Como escribió el Partido Socialista por la Igualdad en su declaración, “¡Construyan comités de base en las fábricas y lugares de trabajo para prevenir la transmisión del COVID-19 y salvar vidas!”:

Es por esto por lo que los trabajadores necesitan sus propias organizaciones. En cada fábrica, lugar de trabajo y oficina, los trabajadores deben organizarse y elegir a los compañeros de trabajo de mayor confianza y respeto que los representen. Deben utilizar todas las herramientas a su disposición, incluyendo las redes sociales, para alcanzar a todos los trabajadores de su industria y otros sectores para coordinar sus actividades y compartir información.

Debido al aumento de casos de COVID-19 en todo el país, es aún más crítico que los trabajadores tomen control sobre sus lugares de trabajo. Los trabajadores necesitan formar comités de base de seguridad para establecer el control sobre la velocidad en las líneas y el distanciamiento social. En las fábricas donde se esté propagando el COVID-19, estos comités necesitan detener inmediatamente la producción.

Algo inseparable de exigir lugares de trabajo seguros es luchar por garantizar que los trabajadores desempleados por la crisis reciban un salario digno garantizado y que no sufran ninguna disminución de sus ingresos como resultado de la pandemia.

Las demandas de los trabajadores de tener lugares de trabajo seguros están en harmonía con los llamados de los científicos y profesionales médicos de aplicar medidas serias para contener la enfermedad. La lucha por una respuesta racional y científica al COVID-19 exige una lucha contra el sistema capitalista y la dictadura de la oligarquía financiera sobre la sociedad.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de junio de 2020)