Un mes desde la reanudación de la actividad manufacturera de todo el país, está claro que la campaña del Gobierno de Trump de obligar a los trabajadores a regresar prematuramente al trabajo ha resultado en un importante resurgimiento de casos de COVID-19.

Veintiún estados en el sur y occidente del país han visto un aumento marcado en contagios, hospitalizaciones y muertes. Diez estados —Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur y Texas— han registrado sus promedios de siete días más altos desde el inicio de la pandemia, según un análisis de CNN con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Cada día, al menos 800 personas están muriendo de COVID-19 en EE.UU., que ya encabeza la lista a nivel mundial con 121.000 muertes. A este ritmo, superaría las 200.000 muertes para fines de setiembre.

Las fábricas y otros centros laborales grandes han sido vectores importantes de la propagación de la mortal enfermedad. El jueves, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que al menos 200 de los 829 trabajadores de una planta de Dole Fresh Vegetables en Springfield, Ohio habían salido positivo al COVID-19, mientras que faltaban resultados. La empresa emitió una declaración estándar afirmando que la seguridad de sus empleados y la comunidad son su “máxima prioridad”, antes de anunciar que no cerraría la planta.

En la industria de frigoríficos, más de 25.000 trabajadores han sido infectados y al menos 91 han muerto. Estas cifras se han multiplicado cinco veces desde que Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de abril de que todos los mataderos y frigoríficos debían reabrir después de que la propagación del virus cerrara docenas de plantas.

Al menos cuatro trabajadores han salido positivo en Tesla, que reabrió su planta de Fremont, California el mes pasado, después de que su dueño, el milmillonario Elon Musk, chantajeara a los oficiales del condado para que levantaran las ordenes de cierre amenazando con trasladar sus operaciones a Texas o Nevada. Un empleado de Tesla, Carlos Gabriel, que exigió la publicación de información sobre infecciones y medidas de seguridad, recibió la noticia más temprano esta semana de que lo estarían despidiendo hoy.

En un artículo de Reuters el jueves, intitulado “Empresas automotrices no reportan ningún brote importante del COVID-19 desde el reinicio”, un alto funcionario del sindicato UAW afirma que ha habido pocos o ningún caso en las fábricas y culpó a los trabajadores por cualquier caso. “‘La gente deja el trabajo y luego tienen sus propios protocolos fuera del lugar de trabajo’, dijo Gerald Kariem, vicepresidente del UAW y director del departamento del sindicato para Ford. ‘Pero, en términos del lugar de trabajo, los protocolos son probablemente mejores que los protocolos que verás en el público general’”.

Estas son mentiras descaradas.

Mientras el UAW, los ejecutivos de las empresas automotrices y la prensa ocultan los brotes en las fábricas, los trabajadores automotores le han informado al World Socialist Web Site sobre las verdaderas condiciones en las plantas automotrices. “Trabajo para LINC/Universal y almacenamos las partes para el trabajo en la planta de General Motors en Fort Wayne, al otro lado de la calle”, escribió un trabajador de autopartes. “Por ahora, ha habido cinco casos confirmados de COVID-19 y hay una posibilidad de 20 más. Los peces gordos de GM en Fort Wayne les han dicho a nuestros peces gordos y patrones de LINC que no les importa cuánta gente se enferme, no cerrarán sin importar lo que pase”.

Debido a que se ha aumentado la producción de los vehículos más lucrativos y que se cancelaron los cierres del verano, los trabajadores le han reportado al WSWS que se ha abandonado la media hora antes y después de cada turno para limpiar las áreas, que los baños nuevamente están sucios y que los trabajadores están siendo estrujados en las entradas, estaciones de trabajo y lugares de descanso.

Así como en la industria de frigoríficos —donde muchas plantas tienen tasas de ausentismo de 30 a 50 por ciento— miles de trabajadores automotores se están manteniendo lejos de las fábricas por temor a enfermarse y llevar el virus a casa a sus parejas e hijos. Como lo señaló el reporte de Reuters, “En la planta de camionetas pickup F-Series de Ford Motor Co. en Louisville, Kentucky, la empresa les ha concedido licencias laborales a más de mil trabajadores por preocupaciones relacionadas al COVID-19. Contrató a trabajadores temporales para cubrir sus puestos, según la planta acelera la producción de camionetas, la cual es crítica para la recuperación financiera de Ford”.

Después de asignar más de $6 billones para rescatar a Wall Street y las principales corporaciones con la Ley CARES, apoyada de forma bipartidista, la clase gobernante estadounidense pretende pagar la deuda incurrida por medio de la despiadada extracción de plusvalía del trabajo de la clase obrera. La Reserva Federal está derrochando varios billones en la compra de deudas corporativas incobrables —incluyendo los bonos basura de Ford— mientras el Gobierno de Trump amenaza con eliminar los $600 adicionales por semana a los beneficios por desempleo a fin de obligar a los trabajadores a regresar a las fábricas infectadas.

El Partido Socialista por la Igualdad urge a los trabajadores a elegir comités de base de seguridad en cada fábrica y centro laboral para luchar por la protección de los trabajadores en oposición a la gerencia y al principio de ganancias. Estos comités necesitan luchar por controlar las horas laborales y velocidades de las líneas, así como el acceso pleno a equipos de protección, condiciones laborales seguras y cómodas, pruebas regulares, atención médica universal y un ingreso garantizado. Necesitan garantizar la distribución de información, proteger a los trabajadores contra las represalias por exponer las condiciones inseguras y contar con la facultad de detener la producción para garantizar condiciones seguras.

Los trabajadores de todo el mundo se enfrentan a las mismas condiciones expuestas por el condenatorio video enviado al WSWS por los trabajadores mexicanos del Complejo Silao de GM, así como por los reportes de infecciones alarmantes de los mineros de carbón polacos, los mineros de cobre chilenos y los trabajadores frigoríficos en Alemania y Brasil. La lucha contra la pandemia exige la unidad internacional de la clase obrera y todos aquellos comprometidos a defender la vida humana en oposición a todas las formas de nacionalismo, chauvinismo y militarismo.

La política del capitalismo es la muerte. La política de la clase obrera es la vida. Es por ello por lo que la lucha relacionada con las condiciones cotidianas en las fábricas necesita combinarse con una lucha política por poner fin al capitalismo, romper el dominio de los oligarcas empresariales y financieros y crear una sociedad socialista basada en la satisfacción de las necesidades humanas, no el lucro corporativo.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de junio de 2020)