En un discurso televisado a nivel nacional, el primer ministro australiano, Scott Morrison, esbozó planes para recortar drásticamente el gasto social, hacer más donaciones del gobierno a las grandes empresas y aumentar la ofensiva contra el empleo, los salarios y las condiciones. Todos estos ataques a la clase obrera se harán cumplir en colaboración con el Partido Laborista y los sindicatos.

El discurso de Morrison, en el foro del Comité para el Desarrollo Económico de Australia, fue parte de una discusión más amplia en los círculos gobernantes sobre la necesidad de un rebote económico. Esto tiene como objetivo obligar a la gente común a pagar por la crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus.

Morrison dejó claro que su gobierno liberal-nacional planea continuar retirando las escasas medidas de ayuda introducidas a medida que más de un millón de trabajadores fueron despedidos o se retiraron en las primeras seis semanas de la pandemia.

Al mismo tiempo, la élite empresarial está tratando de explotar la crisis para llevar a cabo una revisión a favor de las empresas de las relaciones laborales y las condiciones de los lugares de trabajo, lo que implica una mayor destrucción de puestos de trabajo a tiempo completo, niveles cada vez mayores de trabajo ocasional y precario, y la eliminación de los limitados derechos de los trabajadores que aún quedan.

Morrison promocionó la "reapertura de la economía", presidida por los gobiernos federal y estatal, tanto laborista como liberal-nacional, como el primer paso para el retorno al "crecimiento", una palabra clave para la reanudación de la obtención de beneficios por parte de las empresas.

En la práctica, todas las restricciones de seguridad destinadas a contener el COVID-19 se están anulando y los trabajadores están siendo arreados de vuelta a los lugares de trabajo, incluso mientras el coronavirus sigue circulando. Los peligros han sido indicados por un nuevo pico de infecciones confirmadas en Victoria, el segundo estado más poblado del país. Ha habido 18 nuevos casos en las últimas 24 horas, después de los más de 20 de los dos días anteriores.

Morrison señaló que amplios sectores de la economía nunca se habían cerrado, ni siquiera en el punto álgido de la pandemia. Los trabajadores de la construcción y la manufactura se vieron obligados a permanecer en sus lugares de trabajo por las empresas y los sindicatos, a pesar de la imposibilidad de distanciamiento social en lugares de trabajo a menudo abarrotados.

El primer ministro reiteró que el subsidio JobKeeper se retiraría en septiembre. En el marco del programa, que se dio a conocer en mayo, el gobierno ha pagado los salarios de algunas empresas por un monto de 1.500 dólares por quincena por empleado. El gobierno ya ha despojado de los pagos a los trabajadores de las guarderías.

Mientras que el trabajo de JobKeeper permanece en secreto, parece que el pago se ha hecho principalmente a grandes corporaciones, como Boeing. Morrison admitió que sólo alrededor de 1,6 millones de trabajadores están actualmente cubiertos por el plan, a pesar de afirmaciones anteriores de que unos 6 millones serían subvencionados.

Si bien JobKeeper equivalía principalmente a una entrega de dinero en efectivo a las grandes empresas, su eliminación tiene por objeto crear las condiciones para la reducción y reestructuración generalizada de puestos de trabajo.

Morrison declaró que la continuación del programa y un aumento de seis meses de las prestaciones de desempleo "embotaría el dinamismo de la economía e impediría los ajustes que necesariamente deben realizarse". Declaró que algunos de los trabajos destruidos en los últimos cuatro meses "no volverán nunca".

Morrison trató de encubrir el alcance de la crisis económica y social. Todas las cifras indican que el desempleo está en sus niveles más altos desde la Gran Depresión de los años 30, y que la economía mundial está sumida en una contracción masiva.

Los datos oficiales publicados esta semana mostraron un 8 por ciento de desempleo en Nueva Gales del Sur, el estado más poblado. Los números reales son mucho más altos. Durante la pandemia, los despidos en algunas industrias, como el turismo y la hostelería, han supuesto hasta un tercio de los trabajadores anteriormente empleados.

La reducción de los subsidios para la pandemia irá acompañada de reducciones en el gasto público tras décadas de recortes en la educación, la atención sanitaria y otros servicios esenciales. "Siempre habrá argumentos para gastar más y por más tiempo, y hay muchos que están contentos de hacerlo. Pero no es un curso sabio o responsable", dijo Morrison.

Esto se combinará con más donaciones a las grandes empresas. Morrison habló de "aumentar los ingresos a través de políticas procrecimiento que levanten la inversión". Anunció el adelanto de 7.800 millones de dólares en gastos de infraestructura por parte de los gobiernos federal, estatales y locales, y dijo que el gobierno federal aportaría otros 1.500 millones de dólares.

Gran parte del dinero se está gastando en proyectos a gran escala, incluyendo carreteras, embalses, proyectos de construcción de ayuntamientos y servicios ferroviarios, orientados a las necesidades de la minería y otras industrias importantes.

El propósito transparente es asegurar las ganancias del lucrativo sector de la construcción y la propiedad, que sustenta la fortuna de muchos de los individuos más ricos del país.

Al mismo tiempo, las regulaciones deben ser reducidas. Morrison está tratando de reducir el tiempo de aprobación de la construcción y otros proyectos bajo las regulaciones ambientales federales a sólo 30 días, provocando advertencias de una mayor degradación ambiental. También prefiguró los intentos de eliminar otras regulaciones "burocráticas", vistas como un obstáculo por la élite corporativa.

Estas iniciativas irán de la mano de una transformación proempresarial de las relaciones industriales. El mes pasado, Morrison anunció el establecimiento de cinco grupos para dar recomendaciones al gobierno sobre cambios en las condiciones de los lugares de trabajo para septiembre.

Compuesto por representantes de sindicatos, gobierno y empresas, el propósito de estos paneles tripartitos es trabajar en formas de reducir aún más las tasas de penalización, junto con los derechos de licencia, enfermedad y pago de vacaciones, y crear las condiciones para un continuo ataque proempresarial a los derechos de los trabajadores.

Este programa cuenta con el pleno apoyo de los sindicatos corporativistas y del Partido Laborista. Hablando después de Morrison ayer, el líder Laborista Anthony Albanese repitió sus anteriores llamados a políticas para promover el "crecimiento".

Al tiempo que apelaban a la "equidad" y a un sistema tributario "más justo", Albanese pregonaba el bipartidismo y la "unidad nacional" adoptados por la clase política durante toda la pandemia. "Examinamos las acciones del gobierno y presentamos ideas constructivas, pero incluso cuando esas ideas fueron rechazadas, actuamos en el interés nacional y votamos por todas las medidas fiscales de emergencia del gobierno", dijo.

En su anterior discurso, Morrison había saludado igualmente la unión de las empresas, los partidos oficiales y los sindicatos. Esta "gran unión" tendría que mantenerse, dijo Morrison, en medio de la "transición económica".

La "unión" del Laborismo, la Coalición Liberal-Nacional, la patronal y los sindicatos se dirige contra la clase obrera. El propósito de la "unidad nacional" es sofocar la oposición generalizada al creciente desempleo, la pobreza, las masivas donaciones en efectivo a las grandes empresas y la miseria que se da a los que son arrojados a la basura.

Los llamamientos emitidos por Morrison y Albanese son en preparación para la supresión de las luchas sociales y políticas que la élite gobernante sabe que su programa provocará.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de junio de 2020)