El número de muertos sigue aumentando a raíz de un trágico accidente ocurrido el jueves pasado en una mina de jade en la región de Hpakant del estado de Kachin, en el norte de Myanmar. Las autoridades han confirmado más de 170 muertes, pero según algunos informes el número real de los muertos puede ser de 200 o más.

El desastre es el peor en la historia de la multimillonaria industria del jade de Myanmar. Ha puesto de relieve las peligrosas condiciones que se enfrentan los mineros oprimidos y súperexplotados en el sector, en su mayor parte no regulado, que proporciona grandes ganancias a sectores del régimen dominado por el ejército del país.

Los sobrevivientes han relatado la aterradora escena a la que se enfrentaron cuando el accidente ocurrió en la mina de Wai Khar poco después del amanecer del jueves por la mañana. Han dicho que la única advertencia de la inminente catástrofe fue un profundo ruido retumbante. En segundos fueron engullidos por una enorme ola de barro y agua, de hasta siete metros de altura.

Sin posibilidad de escapar, los que trabajaban en la fosa fueron engullidos por el agua. Muchas de las víctimas que perecieron se ahogaron, mientras que otras parecen haber sido golpeadas por los escombros. Los mineros desaparecidos pueden haber sido enterrados bajo el lodo.

El accidente ocurrió después de un mes de fuertes lluvias por los monzones estacionales. Según el New York Times, el pozo de la mina se encontraba bajo una colina de 300 metros coronada por una escorrentía minera. La precipitación debilitó los cimientos de los residuos mineros, causando su caída en el pozo de abajo. Una de las paredes de la mina se derrumbó. El agua que se había acumulado al otro lado de ella llegó inundando la mina.

Los rescatadores se enfrentaron a la angustiosa escena de docenas de cuerpos flotando en lo que se había convertido en un vasto lago en el antiguo emplazamiento de la mina.

Hasta ayer, el número oficial de muertos era de 172. Otros 52 sobrevivientes recibieron varias heridas. Los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar, pero esto se ha convertido esencialmente en una operación de recuperación de cuerpos.

Unos 77 de los fallecidos fueron colocados en una fosa común el viernes, en medio de temores de que el gran número de cadáveres pudiera resultar en la propagación de enfermedades. Otros 40 trabajadores fueron enterrados el sábado, mientras que sólo una minoría ha sido incinerados de acuerdo con las prácticas religiosas budistas.

Los familiares de los fallecidos han hablado con los medios de comunicación sobre las difíciles condiciones de trabajo y de vida de las víctimas.

Aye Mon, una mujer de 30 años que vivía cerca de la mina, dijo ayer a Al Jazeera que había enviudado a causa del accidente, que mató a su marido y a su hermano. Ella explicó: "Mi esposo había estado trabajando en el negocio de la minería de jade por más de 10 años. Pero era la primera vez para mi hermano. Era su segundo día de trabajo en la mina".

Su hermano, que sólo tenía 22 años, había viajado más de 600 kilómetros desde su pueblo natal de Monywa para encontrar trabajo en la mina. "Mi marido y mi hermano fueron enterrados ayer. No tengo nada de lo que depender en mi vida. Todo lo que me queda es mi hija de dos años", dijo Aye Mon.

Otro pariente citado por Al Jazeera, Win Kyaw, explicó que su hijo de 20 años había perdido la vida. Kyaw, de 42 años, había trabajado en las minas de la zona durante más de 20 años. Dijo que durante ese tiempo, había trabajado en condiciones peligrosas para encontrar pequeñas piedras que sólo le daban de 10 a 15 dólares por pieza.

Kyaw añadió: "Mi hijo recibió dos piedras grandes el año pasado, pero un grupo de soldados del ejército de Myanmar se las quitó. Si encontramos una piedra grande, siempre vienen y la piden".

El sector de la minería del jade en la región de Hpakant está envuelto en el secreto. Una turbia red de generales militares de alto rango, enormes corporaciones vinculadas al ejército, empresas más pequeñas, intermediarios, grupos rebeldes separatistas y compradores adinerados, la mayoría de ellos de China, están todos involucrados.

Debido a esto, la identidad de los individuos o grupos que se beneficiaron de la mina Wai Khar permanece opaca. Según los informes de los medios de comunicación, fue operada hasta el martes pasado por un consorcio de cinco empresas que tenían permiso oficial para minar el sitio. Si esto es cierto, significa que el gobierno permitió que la minería continuara en los días previos a la tragedia, a pesar de las lluvias monzónicas que amenazaban la montaña de residuos de la mina sobre el pozo.

Las compañías y los funcionarios supuestamente habían cerrado la mina al aumentar los peligros el martes, pero los mineros continuaron trabajando.

El Ejército por la Independencia de Kachin, que ha luchado en una guerra separatista por un estado independiente de la minoría étnica kachin desde 1961, está activo en el área cercana a la mina y también se alega que financia sus operaciones a través del comercio de jade. Algunos comentaristas han sugerido que puede haber estado involucrado en la continuación de las operaciones de Wai Khar en el período anterior al accidente, pero no se han aportado pruebas fehacientes de ello.

Muchos mineros de la región funcionan como contratistas empobrecidos, trabajando en diferentes sitios y ganando una miseria de lo que extraen. Por ello, cuando las minas se cierran oficialmente, no reciben ningún derecho y se ven obligados a continuar su búsqueda de jade sin importar los peligros. La mayoría de los mineros son inmigrantes internos que viven lejos de las redes familiares de apoyo.

Los accidentes son comunes, especialmente durante la temporada de los monzones. Debido a que el sector no está regulado, se desconoce el verdadero número de víctimas mortales, pero se estima que son más de 100 por año.

Aunque la mayoría de los mineros de la región, cuyo número se estima entre 100.000 y 300.000, viven en la más absoluta pobreza, se hacen grandes fortunas con el comercio del jade.

Global Witness, una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, estimó que el sector valía hasta 31.000 millones de dólares sólo en 2014. Esto habría sido casi el equivalente a la mitad del producto interno bruto nacional.

El director de la organización para Asia, Mike Davis, dijo en su momento que "el negocio del jade de Myanmar puede ser el mayor atraco de recursos naturales de la historia moderna". Señaló que se trataba de una "galería de delincuentes de línea dura militar, compañías del ejército, magnates de poder y grandes capos de la droga", que se ganaban decenas de miles de millones cada año.

Global Witness identificó a Than Shwe, el ex dictador militar del país, a Maung Maung Thein, ex secretario general del anterior partido gobernante del país, el Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión, y a Ohn Mint, un ex general militar de alto rango, como actores principales. Sus familias supuestamente obtuvieron 220 millones de dólares en ventas antes de impuestos en el emporio oficial de jade del país en 2014, y se beneficiaron de una serie de concesiones comerciales y fiscales.

El comercio ha continuado sin disminuir, a pesar de la supuesta "transición a la democracia" que la antigua dictadura militar del país inició hace una década. En la práctica, los generales del ejército siguen dominando Myanmar.

Su gobierno se ha visto beneficiado por la integración de la Liga Nacional para la Democracia (LND) en el gobierno. Durante décadas, la LND afirmó oponerse a la junta gobernante. Su líder Aung San Suu Kyi fue aclamada por las potencias occidentales y la prensa corporativa como una heroica luchadora por la democracia.

La LND, sin embargo, se opuso al gobierno militar desde el punto de vista de que apartaba a la élite birmana de posibles inversiones extranjeras y de la participación en instituciones dominadas por el imperialismo. Su carácter derechista ha quedado demostrado por la participación de la LND en los brutales ataques contra la minoría musulmana rohingya, que se han intensificado drásticamente en los últimos años.

Suu Kyi, que ha defendido la persecución de los rohingya, prometió en 2016 que el gobierno dirigido por la LND reformaría la industria del jade. Cuatro años después, sin embargo, y nada ha cambiado.

El año pasado, la LND apoyó la aprobación de una nueva ley sobre piedras preciosas, que no abordaba los abusos sufridos por los trabajadores migrantes ni contenía ninguna medida destinada a poner freno a las operaciones delictivas de los militares y otras empresas ricas. Fue condenada por las organizaciones de derechos humanos y aclamada por los grupos de la industria minera de Myanmar.

Suu Kyi respondió al último desastre lamentando vagamente la pobreza de los trabajadores migrantes internos y expresando "tristeza" por las muertes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de julio de 2020)