El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó la semana pasada la muerte de dos hombres detenidos en centros de detención en Luisiana y Florida. Si bien los informes sobre la causa de la muerte aún están pendientes, uno de los hombres que murió, Onuval Pérez-Montufa, de 51 años, originario de México, había dado positivo por COVID-19 dos semanas antes. La segunda víctima, Luis Sánchez-Pérez, de Guatemala, fue declarada muerta en el Centro Médico Ochsner LSU Monroe en el norte de Luisiana, donde había estado recibiendo atención medica desde el 26 de febrero.

Pérez-Montufa, que estuvo bajo custodia de ICE desde mediados de junio, fue llevado a un hospital de Palm Beach, Florida, el 1 de julio después de quejarse por falta de aire. Permaneció en el hospital después de ser diagnosticado con COVID-19.

Mientras tanto, Sánchez-Pérez estuvo hospitalizado desde el 26 de febrero, y aunque el personal del hospital dictaminó que la causa preliminar de la muerte fue "shock séptico que condujo a un paro cardiopulmonar", no ha habido informes detallados de lo que podría haber causado la hospitalización o contribuido al shock séptico.

La muerte de estos dos hombres son solo los últimos informes oficiales de víctimas entre los detenidos de ICE, ya que la pandemia se desata en los Estados Unidos. El último caso reportado fue el de Santiago Baten-Oxlaj, quien murió de complicaciones relacionadas con COVID-19 el 24 de mayo. Baten-Oxlaj, un trabajador de Guatemala de 34 años, estuvo detenido en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia desde principios de marzo, y fue ingresado en el hospital a mediados de abril para el tratamiento de "disminución de los niveles de saturación de oxígeno".

Según ICE, la agencia ha tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los detenidos en sus centros de detención en todo el país. La agencia federal se jacta de que expertos de alto nivel están monitoreando las "mejores prácticas" y "emitiendo pautas" sobre cómo separar a las poblaciones vulnerables y seleccionar a quienes ingresan a las diversas instalaciones. Estas afirmaciones son difíciles de creer, dadas las condiciones bien publicitadas y altamente insalubres en los centros de detención antes de la pandemia, así como lo que han revelado los defensores de inmigrantes y exdetenidos en los últimos meses.

El 6 de mayo, Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años, se convirtió en el primer detenido de ICE en morir por complicaciones relacionadas con COVID-19. Escobar Mejía, quien tenía antecedentes de diabetes, presión arterial alta, problemas cardíacos y un pie amputado, se estuvo quejando de sentirse enfermo durante semanas antes de su muerte. Sin embargo, los funcionarios del centro de detención de Otay Mesa en las afueras de San Diego, California, no prestaron atención urgente a su situación. Otros detenidos de Otay Mesa hablaron de condiciones insalubres continuas, incluso cuando la pandemia se arraigó. Ni a los guardias ni a los detenidos se les proporcionó máscaras, y a medida que los nuevos internos continuaban siendo procesados, mantener una distancia segura se convirtió en una imposibilidad.

En declaraciones al Guardian después de la muerte de Escobar Mejía, ex detenidos revelaron la insensibilidad de los funcionarios y guardias de ICE al descartar las preocupaciones de salud de los detenidos, incluyendo muchos que mostraron síntomas de COVID-19. Briana, una migrante hondureña de 25 años, liberada en abril, dijo a los periodistas: "No les importó. Las personas fueron detenidas allí como animales".

La administración Trump ahora afirma que hay un poco más de 850 casos de COVID-19, entre los casi 23,000 detenidos actualmente en manos de ICE.

Sin embargo, la situación de Otay Mesa debería poner estos números en perspectiva. En el momento de la muerte de Escobar Mejía a principios de mayo, Otay Mesa tenía 144 casos confirmados de COVID-19 entre sus aproximadamente 630 detenidos, la mayor parte de las instalaciones de ICE. Lo que es realmente aterrador es que solo 181 detenidos habían sido examinados para detectar el virus.

Hasta el 16 de mayo, cuando ICE informó que 1,201 inmigrantes bajo su custodia habían dado positivo por COVID-19, solo 2.394 habían sido evaluados. Dada la escasez de pruebas entre los detenidos, es muy probable que el número de infectados sea significativamente menos que el reportado.

Ya en marzo, los defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron que las condiciones en los centros de detención de ICE aumentarían el posible riesgo de un brote mortal en la población de internos. Sus llamados a la liberación de al menos las poblaciones más vulnerables han sido respaldados por jueces federales de todo el país. Como la jueza de distrito estadounidense Judith Levy señaló en su orden de liberación de dos inmigrantes de un centro de detención de ICE en mayo: “COVID-19 no respeta los muros de la prisión. La furiosa pandemia global fuera de las instalaciones correccionales del condado de Calhoun y un caso confirmado dentro de las instalaciones representan un grave riesgo para los que están dentro".

En los últimos meses, ICE ha afirmado que ha liberado a más de 900 detenidos, llevando sus números de detención al nivel más bajo en muchos años. Sin embargo, estos movimientos ordenados por la corte no han abordado el hecho de que miles de hombres y mujeres, —la mayoría de los cuales no han cometido ningún delito grave— aún están detenidos en condiciones que aumentan su susceptibilidad a una enfermedad altamente infecciosa y peligrosa. En un momento en que los casos de coronavirus están aumentando a un ritmo alarmante en todo el país y los servicios de salud pública existentes ya se están extendiendo hasta el punto de ruptura, esta situación es nada menos que criminal.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de julio de 2020)