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Trump y el Congreso condenan a los desempleados al hambre

En la medida en que continúan las negociaciones entre el Gobierno de Trump y líderes congresistas demócratas y republicanos, ha quedado claro que permitirán que expire el beneficio federal extendido de $600 semanales para los desempleados, que ha estado en vigor por los últimos cuatro meses. Decenas de millones de trabajadores sufrirán un recorte directo a sus beneficios y cualquier restauración sucedería hasta dentro de varias semanas, si no meses, y a un nivel mucho menor, si ocurriere del todo.

Esto es aún más significativo a la luz de un reporte el jueves de que la cifra de trabajadores presentando nuevas solicitudes de compensación por desempleo aumentó la semana pasada a 1,4 millones, el primer aumento semanal en cuatro meses. Además de los 16,1 millones de trabajadores que tienen reclamos vigentes a las compensaciones por desempleo, están aquellos cuyos reclamos a nivel estatal se agotaron pero siguen siendo elegibles para beneficios federales y los beneficiarios de la Asistencia por Desempleo Pandémico para los contratistas y trabajadores autónomos. El total de trabajadores que está recibiendo los pagos federales es de aproximadamente 30 millones, uno de cada cinco trabajadores.

La continua discusión sobre las dimensiones exactas de extender una compensación por el desempleo ya asegura que millones perderán sus beneficios a partir de la próxima semana, simplemente porque las oficinas estatales de desempleo necesitarán un periodo de tiempo para reprogramar sus sistemas, primero para eliminar el suplemento federal de $600 semanales, y luego restaurar el suplemento a un nivel mucho más bajo si fuera eventualmente aprobado. Los trabajadores en algunos estados aún no han recibido sus pagos iniciales en virtud de la Ley CARES aprobada a fines de marzo porque los sistemas de computadoras anticuados colapsaron bajo el peso de la más grande y rápida oleada de desempleo en la historia estadounidense.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, le manifestó a su bancada republicana que el Congreso no aprobará ningún acuerdo final hasta agosto, garantizando que decenas de millones de trabajadores pierdan su suplemento federal. Los pagos de compensación por desempleo volverán al nivel totalmente inadecuado pagado por los estados, que promedia $300 por semana y tan poco como $144 por semana en Tennessee. Esto representa una caída del 64 por ciento en el ingreso semanal del trabajador desempleado típico, según un análisis del comité de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes.

McConnell y otros líderes republicanos del Senado siguen discutiendo con la Casa Blanca el plan general propuesto por Trump para reinstituir el suplemento federal a un nivel mucho menor, tan bajo como $202 por semana, que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que “está basado en un reemplazo salarial de aproximadamente el 70 por ciento”. Incluso este plan —que constituye en promedio un recorte salarial del 30 por ciento para los trabajadores por la pandemia de coronavirus— dependería de que los Gobiernos estatales en la bancarrota aumenten la compensación por desempleo para compensar parcialmente la caída en el suplemento federal.

Los demócratas han ofrecido su propio plan para una compensación por desempleo, que también involucraría una importante reducción. La respuesta más reveladora a los comentarios de Mnuchin vino del líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, quien le dijo a CNBC que el reemplazo de tan solo el 70 por ciento de los salarios “no es la política que deberíamos perseguir”, añadiendo, “si vamos a bajarlo, debería hacerse a lo largo de un periodo de tiempo”.

Hoyer concluyó, “No es algo que rompería un acuerdo” —una declaración que demuestra el total cinismo e indolencia del Partido Demócrata—. El plan romperá las espaldas de millones de familias de clase trabajadora, cuyos ingresos serán drásticamente recortados, pero no es algo que los demócratas consideren inaceptable.

Detrás de las varias propuestas de la Casa Blanca y los legisladores republicanos y demócratas, hay un propósito común de clase. Los capitalistas estadounidenses perciben la compensación suplementaria por desempleo de $600 semanales como una importante barrera a su campaña para obligar a millones de trabajadores a regresar a sus empleos, independientemente del peligro del coronavirus.

Los ejecutivos de las corporaciones se han quejado de que los casi $1.000 por semana en promedio de la suma del pago estatal y federal por desempleo representa un aumento salarial comparado con los sueldos miserables que recibían por trabajar 40 horas por semana en almacenes, fábricas, restaurantes de comida rápida y tiendas de abarrotes.

La revista empresarial Forbes lleva el titular en su sitio web hoy, “El posible plan de desempleo significa un enorme recorte de ingresos para decenas de millones que no lo pueden costear”. Para los oligarcas financieros, este no es un reproche, sino el propósito del plan. Calculan que estos trabajadores no tendrán otra opción más que aceptar cualquier oferta de trabajo sin importar cuán peligroso sea en términos del COVID-19 o cuán baja la paga.

Además, la patronal quiere garantizar que, como con la Ley CARES, el grueso de cualquier desembolso federal vaya a las corporaciones estadounidenses, tanto en la forma de préstamos y donaciones de gran escala como en los llamados fondos para “microempresas” del Programa de Protección de Sueldos, que fueron en su mayoría a las grandes empresas y aquellos con conexiones políticas al imperio empresarial de Trump y los miembros del Congreso.

El oficialismo en Washington está muy consciente de la marea de penuria y sufrimiento masivos que será desatada por la eliminación de los beneficios ampliados federales. El Gobierno de Trump ha extendido silenciosamente la moratoria para evicciones en viviendas subvencionadas por el Gobierno federal por 30 días, la cual fue aplicada primero a través de la Ley CARES. La Casa Blanca quiere realizar los preparativos necesarios —particularmente en fortalecer la policía local y los departamentos de alguaciles-—, antes de movilizarse al estimado de 12,3 millones de hogares con rentas atrasadas que se enfrentarán a evicciones el 1 de septiembre.

La magnitud del colapso social inminente fue indicada por un reporte del Washington Post el jueves, de que hasta un millón de familias en un solo estado, Carolina del Norte “se han atrasado en sus recibos de luz, agua y alcantarillados, poniendo a sus residentes y ciudades en riesgo de dificultades financieras severas, a menos que los legisladores federales actúen para aprobar más asistencia de emergencia”. Por sí solo, Duke Energy tiene más de 130.000 clientes cuyos pagos de luz están 60 días atrasados.

La clase gobernante estadounidense y sus dos partidos patronales están planeando una campaña electoral en los próximos tres meses que se desarrollará contra el trasfondo de una calamidad social sin precedente. Ni el fascistizante Trump ni el demócrata Joe Biden, el candidato favorito de Wall Street y la CIA, le ofrecen nada a las decenas de millones de obreros.

El Partido Socialista por la Igualdad y nuestros candidatos en las elecciones de 2020 —Joseph Kishore para presidente y Norissa Santa Cruz para vicepresidenta— aseveramos que la clase obrera no es responsable de la crisis causada por la política incompetente y homicida de la élite financiera estadounidense. Exigimos un fin a las campañas prematuras e inseguras de regreso al trabajo y retorno a las aulas, junto a salarios y beneficios plenos para todos los trabajadores empujados al margen por la pandemia, lugares de trabajo seguros y pago por riesgo para los trabajadores esenciales que permanezcan en el empleo.

La respuesta de los demócratas y republicanos a la crisis expone la bancarrota del sistema de lucro en su totalidad. Los obreros necesitan asumir una lucha directa contra el capitalismo con base en un programa socialista e internacionalista.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de julio de 2020.)

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