Tras años de huelgas y protestas contra los recortes en la financiación escolar y sus salarios, los educadores de los Estados Unidos se enfrentan directamente a la Administración Trump por su campaña para reabrir las escuelas mientras la pandemia sigue fuera de control. En una conferencia de prensa el viernes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, calificó a los maestros como “personal esencial”, comparándolos con los empacadores de carne, diciendo que “las escuelas son negocios esenciales”.

La comparación entre los empacadores de carne y los profesores no es un accidente. Desde el comienzo de la pandemia, las plantas de procesamiento de carne se convirtieron en algunos de los lugares de trabajo más peligrosos en los EE.UU. y a nivel mundial, con más de 30.000 trabajadores infectados y más de 100 muertos por el COVID-19. En abril, al enfrentarse a paros y otras acciones laborales en 22 frigoríficos por todo EE.UU., Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para obligar a los trabajadores a volver al trabajo.

La política criminal de la Administración Trump de obligar a los profesores a volver a las aulas mientras la pandemia continúa extendiéndose sin control llevará a la muerte de innumerables profesores, estudiantes y sus familiares.

La declaración de la Casa Blanca de que los maestros son “esenciales” es absurda, ya que proviene de una Administración decidida a destruir la educación pública mediante recortes presupuestarios y privatizaciones. A Trump no le importan los estudiantes. Solo le importa sacar a los niños de la casa para que sus padres puedan ir a trabajar generando ganancias para las corporaciones.

Tras obsequiarle billones de dólares a las corporaciones en rescates gubernamentales y dinero gratis de la Reserva Federal, la clase gobernante está decidida a extraer ganancias de los trabajadores para pagar todo esto.

Encabezando el resurgimiento de la lucha de clases en los Estados Unidos desde la poderosa huelga salvaje estatal organizada por los maestros de West Virginia en febrero de 2018, los maestros y los trabajadores de la educación se han desplazado cada vez más a la izquierda y se han radicalizado. Muchos están participando en las manifestaciones masivas y multirraciales contra el asesinato policial de George Floyd.

A los grupos de Facebook que se oponen a la reapertura de las escuelas se han unido rápidamente miles de educadores y padres, mientras que en docenas de ciudades de todo el país se han realizado caravanas de automóviles y manifestaciones para denunciar los planes de reapertura de los demócratas y los republicanos. El lunes, los educadores y padres de Nueva Jersey comenzaron una “semana de acción” contra la demanda del gobernador demócrata Phil Murphy de reabrir las escuelas con al menos ciertas clases en persona.

El uso de fuerzas paramilitares por parte de la Administración de Trump en Portland y otras ciudades —ahora dirigido a manifestantes mayormente pacíficos— es solo una prueba del uso de la intimidación y la violencia del Estado contra la clase trabajadora en su conjunto. Esto incluye a los maestros y sus partidarios.

Para justificar su demanda de abrir las escuelas, la Administración de Trump está socavando activamente la ciencia. En una entrevista reciente, la secretaria de Educación Betsy DeVos declaró, “Más y más estudios muestran que los niños son en realidad tapones de la enfermedad, y no la contraen ni transmiten ellos mismos”.

Esto fue repetido la semana pasada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que afirmaron que “la tasa de contagios entre los estudiantes más jóvenes, y de los estudiantes a los profesores, ha sido baja”.

En realidad, miles de niños en todo el mundo se han infectado, y un número cada vez mayor está muriendo por el COVID-19. En Florida, más de 23.000 menores han dado positivo, mientras que cinco menores han muerto, incluyendo a Kimora Lynum, una niña de nueve años sin condiciones preexistentes. En Tennessee, 7.572 niños de entre 5 y 18 años han dado positivo por el virus.

En un estudio exhaustivo de Corea del Sur, que incluyó el rastreo de contactos y pruebas de casi 60.000 personas que tuvieron contacto con 5.706 pacientes con COVID-19, los resultados “encontraron la tasa más alta de COVID-19 para contactos en el hogar de niños de edad escolar”.

Si todas las escuelas se adhirieran a las demandas de Trump, el resultado sería la muerte de cientos de miles de educadores, estudiantes y padres, y una propagación exponencial de la pandemia.

En un esfuerzo por justificar esta política homicida, la Administración de Trump y los políticos demócratas derramaron lágrimas de cocodrilo por el impacto del cierre de escuelas en los niños. ¡Cuánta hipocresía! Estos mismos políticos han llevado a cabo medidas salvajes de austeridad durante décadas, creando aulas superpobladas y oficinas con poco personal.

Cuando los estados se enfrentan a un déficit combinado de financiación de la educación de al menos 300.000 millones de dólares este año, ambos partidos están preparando el mayor asalto a la educación pública en la historia de los Estados Unidos. Un objetivo crucial de la campaña para reabrir las escuelas es obligar a los educadores más veteranos y con más experiencia a jubilarse para socavar aún más la educación pública.

Desde 2018, más de 700.000 educadores han participado en huelgas en más de una docena de estados controlados tanto por republicanos como por demócratas, entre ellos Arizona, Oklahoma, Colorado, Washington, California, Kentucky, Illinois y Carolina del Norte. En el plano internacional, se han producido protestas y huelgas masivas en docenas de países de los seis continentes habitables.

Esta poderosa ola de huelgas fue sistemáticamente traicionada por la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y la Asociación Nacional de Educación (NEA). La presidente de la AFT, Randi Weingarten, y la presidenta de la NEA, Lily Eskelsen García, recorrieron el país para negociar contratos entreguistas y aislar cada lucha que estallara. Se dedicaron a canalizar toda la oposición detrás del Partido Demócrata, que desde Obama hacia abajo encabezaron el asalto a la educación pública.

Los sindicatos magisteriales ahora están bloqueando cualquier movilización masiva de los docentes para oponerse a las medidas de Trump para reabrir las escuelas. En cambio, están presionando para que se apruebe la fraudulenta Ley HEROES, que asigna apenas 60.000 millones de dólares a las escuelas, mientras hacen campaña por Joe Biden, quien participó en el asalto de ocho años a la educación pública durante el Gobierno de Obama.

Se está gestando un enorme enfrentamiento entre la clase trabajadora por un lado y la Administración de Trump y los dos grandes partidos patronales por el otro. Mientras que algunos demócratas han anunciado que postergarán la enseñanza presencial, han demostrado una y otra vez que no dejarán que la seguridad se interponga en el camino de las ganancias corporativas.

Para llevar a cabo una lucha genuina, los educadores, padres y estudiantes deben establecer una amplia red de comités de seguridad de base, independientes de los sindicatos y de los dos partidos patronales, en cada escuela y barrio. Estos comités también deben incluir a los educadores de las guarderías, escuelas privadas y escuelas subvencionadas para preparar una huelga nacional y prevenir la reanudación insegura de las clases en persona.

Estos comités deben establecer conexiones con cada sección de la clase obrera para organizar un movimiento de masas contra el sistema capitalista. La unificación de la clase obrera de todas las razas y orígenes étnicos es primordial, y por ello deben ser opuestos todos los esfuerzos de los sindicatos, los demócratas y sus apéndices pseudoizquierdistas para fomentar la política racial. La pandemia ha expuesto agudamente que la cuestión clave en la sociedad son las clases sociales, no la raza. La indiferencia criminal de la clase dirigente está devastando a los trabajadores de todas las razas y orígenes étnicos.

Se necesitan inmensos recursos para garantizar el acceso universal a una educación de alta calidad y proporcionar acceso a Internet a todos, así como para asignar los alimentos y los servicios de salud esenciales a todos. La aplicación de estas políticas requiere una redistribución radical de la riqueza, que solo es posible mediante la transformación socialista de la sociedad.

Ante todo, los educadores se enfrentan a una lucha política contra la Administración de Trump y la oligarquía financiera que representa. Las próximas semanas y meses verán un gran aumento de las tensiones sociales y una creciente resistencia de la clase obrera a las políticas capitalistas de austeridad y muerte. El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) está luchando por construir una dirección revolucionaria que guíe las próximas luchas a una conclusión exitosa. Instamos a los educadores y a todos los trabajadores a que se unan al PSI y asuman la lucha por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de julio de 2020)