El martes 28 de julio, Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció una nueva ronda de ataques contra el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Declaró que la agencia no aceptaría nuevas solicitudes y solo otorgaría extensiones de un año a los destinatarios actuales caso por caso. Unos 66,000 niños y jóvenes que habrían sido elegibles para aplicar este año ahora se enfrentan a la deportación.
Wolf dijo que el programa “presenta serias preocupaciones de política que justifican su total rescisión” (es decir, su destrucción completa), un paso que requiere “una cuidadosa consideración adicional”. Wolf pasó a enmarcar absurdamente los ataques viciosos como un movimiento cauteloso mientras el DHS considera sus próximos pasos. En realidad, el DHS solo pospone las deportaciones masivas de decenas de miles de jóvenes—la mayoría de los cuales ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos—hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
Instituido a través de una orden ejecutiva de Barack Obama al final de su primer mandato en 2012, el programa DACA ofreció derechos limitados a alrededor de 700,000 inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. Para calificar, los inmigrantes deben haber sido menores de 16 años en el momento de la llegada, haber vivido en los Estados Unidos durante los últimos cinco años, haberse matriculado o graduado de la escuela secundaria o haber servido en el ejército, y no haber cometido ningún delito grave.
El programa proporciona a los jóvenes elegibles un estatus migratorio temporal que los protege de la deportación y les da el derecho de tener un trabajo o ir a la universidad. Dependiendo del estado en el que vivan, los beneficiarios de DACA podrían ser elegibles para obtener licencias de conducción, pagar tasas de matrícula cobradas a los residentes del estado y recibir subvenciones y préstamos educativos financiados por el estado, así como también un seguro de salud subsidiado por el estado. Una vez obtenido, el estatus de DACA debe renovarse cada dos años.
En sus inicios en 2012, el programa fue concebido cínicamente como un dispositivo para captar votos para la campaña de reelección de Obama, dando a una administración demócrata reaccionaria —que había acelerado las políticas antiinmigrantes— una apariencia favorable a los inmigrantes, ya que Obama deportó a más inmigrantes indocumentados que cualquier otro presidente. Significativamente, DACA no ofreció ningún camino hacia la ciudadanía y significó que los 700,000 jóvenes que se registraron en el gobierno federal estaban a merced del estado capitalista. Bajo la impresión que se estaban forjando un futuro en los Estados Unidos, los destinatarios del estatus de DACA tuvieron que proporcionar al gobierno su dirección, estatus de empleo y otra información básica, para usarlos en su contra cuando una nueva administración asumiera el cargo.
Después de declarar inicialmente el apoyo al programa a principios de 2017, el presidente Trump trató de usar DACA como moneda de cambio en su disputa con los demócratas sobre la financiación del muro fronterizo y otros ataques contra inmigrantes y refugiados. En septiembre de 2017, revocó la orden ejecutiva de Obama, pero los grupos de derechos de los inmigrantes presentaron una demanda, alegando, entre otras cosas, que el DHS había violado los procedimientos administrativos federales en su prisa por poner en peligro a los destinatarios de DACA.
Actualmente 450,000, o el 2 por ciento, de los estudiantes en los Estados Unidos son indocumentados, y alrededor de la mitad de ellos son elegibles para DACA. Sin estas protecciones, muchos estudiantes podrían ser deportados antes de terminar sus estudios. También se estima que alrededor de 15,000 educadores en el país pueden trabajar debido a su estatus de DACA.
Durante la pandemia, muchos estudiantes y trabajadores indocumentados, incluidos los solicitantes y los destinatarios anteriores del estatus de DACA, no han sido considerados elegibles para la ayuda del gobierno. La última propuesta de paquete de alivio de coronavirus presentada por los republicanos del Senado el lunes continuará excluyendo a los estudiantes indocumentados de esta ayuda.
El último movimiento de la administración contra DACA también deja a muchos inmigrantes temerosos de la separación de sus familias. Muchos de los que actualmente están en el programa DACA tienen hijos o parejas que son ciudadanos, y sin una renovación de su estatus enfrentan la posibilidad de ser fuertemente despojados de sus seres queridos.
El último ataque se produce poco más de un mes después de que un fallo de la Corte Suprema protegiera nominalmente a DACA de los ataques de la administración. En junio, la Corte Suprema bloqueó el plan del DHS de “terminar inmediatamente” con DACA en una opinión mayoritaria de 5-4.
Sin embargo, la opinión mayoritaria, redactada por el presidente del Tribunal Supremo conservador, John Roberts, a pesar de describir el plan del DHS como “arbitrario y caprichoso”, rechazó la medida principalmente por mal manejo administrativo. Esto significaba que la administración Trump podría volver a examinar el problema y realizar un nuevo ataque contra DACA siempre que siguiera los procedimientos adecuados.
En ese momento, el WSWS advirtió:
“Lejos de usar estos casos como una oportunidad para expandir la lucha por los derechos democráticos, las opiniones de la mayoría se enmarcan de tal manera que bloquean los aspectos más reaccionarios de las políticas de la administración Trump de la manera más estrecha posible”.
Con el limitado fallo administrativo de la Corte Suprema abriendo la puerta a la administración fascistizante de Trump para intensificar sus ataques, el DHS ha perdido poco tiempo. A pesar que el fallo debería haber obligado a volver a ejecutar el programa como había sido a principios de 2017, Los Angeles Times informó que el gobierno continuó rechazando solicitudes en los días inmediatamente posteriores a la decisión. Desde el 22 de julio, casi una semana antes del anuncio de Wolf, el sitio web de DACA declaró que el programa “no acepta solicitudes de personas a las que nunca antes se les había otorgado una acción diferida en virtud de DACA”.
Bajo la cobertura de la pandemia de COVID-19 y con el apoyo crucial del Partido Demócrata y el sistema legal en los Estados Unidos, la administración Trump continúa su asalto implacable a los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos. Desde el comienzo de la pandemia, la administración Trump intentó deportar a los estudiantes internacionales que no pudieran asistir a clases en persona este otoño, suspendió las solicitudes de visas de trabajo H1B y Green Cards (residentes permantes), un fallo de la Corte Suprema que dejó a los solicitantes de asilo sin derecho a Hábeas Corpus o debido proceso, y continuados ataques contra estudiantes chinos.
Se debe defender el derecho de todos los inmigrantes a la ciudadanía plena —independientemente de las circunstancias de su nacimiento en cualquier país— incluidos los derechos plenos a la educación y al trabajo. Los beneficiarios de DACA no solo deben tener un estatus protegido, sino que se les debe otorgar de inmediato plenos derechos de ciudadanía.
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(Artículo publicado originalmente en inglés el de de 2020)