Los trabajadores agrícolas inmigrantes en toda España protestan por sus condiciones de vida y trabajo espantosas e insalubres, que provocan cientos de infecciones por coronavirus.

Alrededor de 100 trabajadores agrícolas inmigrantes participaron en una protesta en la región del norte de Castilla La Mancha, cerca de la ciudad de Albacete, después de que 400-500 trabajadores fueron obligados a permanecer encerrados en condiciones deplorables en una fábrica abandonada debido a un brote de COVID-19 que afecta al menos a 23 trabajadores agrícolas. Los trabajadores, muchos de África occidental, habían sido alojados colectivamente, sin privacidad ni instalaciones para dormir y lavarse. La granja que los empleó se había negado a proporcionar alojamiento, y los hoteles de la zona se negaron a proporcionar habitaciones a los trabajadores.

En el pico del verano, las temperaturas en la fábrica alcanzaron los 40 grados centígrados (104 Fahrenheit) y la electricidad y el suministro de agua corriente eran limitados o inexistentes.

Los trabajadores abandonaron su confinamiento forzado y bloquearon el tráfico en una de las carreteras principales de Albacete, exigiendo información sobre medidas de confinamiento y trato humano. La policía se envió para hacer cumplir el confinamiento llamando refuerzos y atacó a los manifestantes.

Después de la manifestación, las autoridades de Albacete anunciaron planes para reubicar a los trabajadores, trasladándolos en autobús al centro de exposiciones IFAB de Albacete el 22 de julio. Sin embargo, las nuevas instalaciones son totalmente insuficientes para alojar a los trabajadores de manera segura. Cientos de personas están alojadas en una sola sala dividida en dos por un toldo, lo que facilita una rápida propagación del virus.

La organización benéfica Médicos del Mundo escribió que el centro de exposiciones "no tiene los medios necesarios para garantizar la salud de cientos de personas: pero no hay forma de aislarse, no hay baños suficientes y no hay un sistema de atención médica en lugar para monitorear casos positivos y sus contactos".

Continuó: "La respuesta de las autoridades locales y regionales está lejos de garantizar la salud y la seguridad como lo anunció el Ministerio de Salud ... La solución a un brote no es encerrar a las personas en un espacio sin condiciones de vida mínimas y sin un control de salud adecuado y monitoreando".

Según Salyf Sy, presidente de la Asociación Albaceteña de Inmigrantes Africanos, varios trabajadores alojados en el centro de IFAB se declararon en huelga de hambre en protesta.

En otra protesta, unos 30 trabajadores migrantes establecieron un campamento a las afueras del ayuntamiento de Lepe, en la región sur de Andalucía, después de que el alojamiento destruyera los barrios de chabolas en los que vivían cientos de trabajadores migrantes. Se registraron tres incendios separados en estos barrios marginales en una sola semana. Al menos una persona resultó herida, y cientos perdieron sus posesiones y quedaron sin hogar.

Las autoridades ofrecieron alojamiento temporal en un albergue para unas 70 personas, aunque 200 habían quedado sin hogar. "Siempre es lo mismo", dijo Antonio Abad, del Colectivo de Trabajadores Africanos, a Público. "Se ofrece una solución durante un par de días hasta que las cosas se enfríen y las personas comiencen a dispersarse ... No proporcionan soluciones reales".

Los manifestantes acamparon afuera del ayuntamiento exigieron alojamiento adecuado, llevando pancartas con lemas como “Ellos, las compañías agrícolas, llamaron a los trabajadores. Tienen gente".

Olivier de Schutter, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, denunció las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores migrantes en toda España y pidió a las autoridades que "mejoren de inmediato las condiciones laborales deplorables de los trabajadores migrantes temporales, antes de que la gente muera".

Los incendios destruyeron "el único alojamiento disponible para los trabajadores temporeros cuando llegan a España", afirmó de Schutter. "Las autoridades locales hasta ahora han ignorado a las más de 170 personas que han terminado en las calles". Estos incidentes "ponen al descubierto la necesidad urgente de regular las condiciones de trabajo de los trabajadores inmigrantes y, por lo tanto, de garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas", agregó.

El Ministerio de Defensa español ha enviado un grupo de trabajo militar para supervisar la instalación de tiendas de campaña, camas y equipos vivos en un campamento de migrantes en Lepe.

A principios de julio, numerosos trabajadores agrícolas migrantes, en su mayoría mujeres de Marruecos, también protestaron en la cercana Cartaya, después de que se quedaron varados en España cuando su país de origen cerró sus fronteras para detener la propagación del coronavirus. Más de 7,000 trabajadores migrantes quedaron sin fondos y en el limbo después de que terminaron sus contratos de cosecha.

Muchos trabajadores viven sin electricidad ni agua corriente, afirmó la asociación andaluza local Mujeres 24h. “Las granjas a las que hemos podido acceder no son adecuadas para una estadía a largo plazo. Muchos son módulos prefabricados, diseñados para condiciones climáticas no extremas, con grandes concentraciones de personas en espacios muy pequeños, que no cumplen con las reglas de contratación en el acuerdo de origen sin acuerdo”, afirmó.

Si bien los funcionarios locales afirmaron haber proporcionado alimentos a las mujeres, los trabajadores lo disputan, diciendo que han dependido por completo de la escasa caridad de su empleador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos reabrió sus fronteras a ciudadanos y residentes el 14 de julio, pero muchas de las mujeres siguen varadas: los ferries a Marruecos están programados solo desde los puertos de Sète, en Francia, y Génova, en Italia, ambos a más de 1,000 kilómetros de distancia. Los viajeros en transbordadores y vuelos de regreso a Marruecos deben presentar evidencia de una prueba COVID-19 negativa de menos de 48 horas de antigüedad. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no tienen dinero para viajar o para las pruebas de coronavirus, informa Mujeres 24h.

Las pésimas condiciones que enfrentan los trabajadores agrícolas migrantes en Europa constituyen una acusación del sistema capitalista. Los trabajadores agrícolas mal pagados son tratados como totalmente prescindibles, obligados a trabajar días agotadores con pocos derechos, en condiciones terribles que bordean la esclavitud moderna.

Médicos del Mundo informan que muchos empleadores se niegan a dar contratos a los trabajadores, y "los intermediarios de la mafia a menudo despegan con alrededor del 80 por ciento de su pequeño salario ... [Los trabajadores] trabajan desde el amanecer hasta el anochecer por alrededor de 2 a 3 euros por hora".

Con un cinismo ilimitado, el viceprimer ministro Pablo Iglesias, del partido de la pseudoizquierda Podemos, que gobierna en coalición con el Partido Socialista (PSOE), dijo al Congreso español que las condiciones de los trabajadores migrantes "traen vergüenza" a España. Sin embargo, afirmó que está "muy orgulloso" de haber "contribuido a una red de seguridad social sin precedentes".

Esta crisis es del gobierno del PSOE-Podemos. Promulgó austeridad y fue criminalmente inactivo frente a la pandemia de COVID-19, lo que condujo a la muerte y la miseria en una escala sin precedentes. La pandemia ha tenido un impacto particularmente brutal en los trabajadores agrícolas y otras capas de trabajadores altamente explotadas y vulnerables.

La semana pasada, el ministro de Salud, Salvador Illa, anunció que de los 201 brotes de coronavirus registrados esa semana, la mayoría estaban vinculados a trabajadores temporales o lugares de reunión como bares y clubes. María José Sierra, jefa del Centro de Coordinación de Alertas de Salud y Emergencias, también informó que 34 puntos críticos de COVID-19 en España están vinculados a empresas hortícolas que emplean trabajadores temporales, con alrededor de 700 casos reportados entre estos trabajadores.

El fin de semana, El País informó que unas asombrosas 44,868 personas en España murieron de coronavirus, superando con creces las 28,434 muertes registradas por el Ministerio de Salud español. El País contó los datos de muertes "por COVID o por sospecha de COVID" registrados por las 17 regiones autónomas de España para llegar a esta cifra. Esta cifra de muertos convierte a España en el segundo país más afectado en Europa, superado solo por el Reino Unido.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de agosto de 2020)