El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una serie de medidas supuestamente opuestas a la eliminación de los beneficios federales de desempleo, iniciando una nueva etapa en su esfuerzo por abolir todo control constitucional sobre los poderes del presidente.

Trump anunció una postergación al impuesto sobre la renta federal, lo que desfinanciaría el seguro social, así como la extensión de los beneficios por desempleo a un nivel mucho menor.

El Congreso permitió que se expiraran los beneficios federales adicionales por desempleo hace más de dos semanas, sumiendo en la pobreza a 16 millones de trabajadores desempleados y sus familias en EE.UU. La expiración de la asistencia federal a los desempleados de $600 por semana significa que los pagos semanales han caído al nivel de los beneficios estatales, que pueden ser incluso menores a $300.

Las medidas de Trump constituyen una imposición ilegal frente a las facultades del Congreso en virtud de la Constitución, la cual declara que “El Congreso tendrá el poder para establecer y recolectar los impuestos… y proveer para… el bienestar general de Estados Unidos”.

La usurpación de la prerrogativa del Congreso a establecer los impuestos y gastos es la más reciente de una serie de acciones inconstitucionales. El febrero del año pasado, Trump declaró un estado de emergencia para asignar incorrectamente los fondos del Pentágono, en desafío al Congreso, para fortalecer su aparato de represión en la frontera sur.

En junio, en medio de las protestas de masas contra la violencia policial, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones y desplegó el ejército por todo el país. Cuando varios sectores de las fuerzas armadas se resistieron a este intento de golpe de Estado, temiendo que no había sido adecuadamente preparado y crearía un estallido social, Trump despachó en cambio a agentes fronterizos federales a Portland, Oregón, donde vapulearon y secuestraron a manifestantes en vehículos particulares.

Al anunciar las nuevas medidas, Trump se presentó como el árbitro de un estancamiento en el Congreso. “Los juegos políticos que hacen daño a las vidas estadounidenses son inaceptables, especialmente durante una pandemia global, y consecuentemente tomaré la acción de proveer seguridad financiera a los estadounidenses”, manifestó Trump. Cuando le preguntaron si “intentaba establecer un nuevo precedente de que el presidente puede soslayar el Congreso”, Trump respondió, “El Congreso ha obstruido… que la gente reciba el dinero que necesitan desesperadamente”.

Las acciones de Trump tienen el carácter de bonapartismo. El término se deriva del ejemplo histórico del famoso general francés que gobernó Francia por 15 años como dictador. En su uso moderno, se refiere a una situación política producida en un periodo de severas tensiones sociales, cuando las normas tradicionales de la democracia burguesa se vuelven disfuncionales. El ejecutivo del Estado capitalista —en Estados Unidos, este el presidente— aprovecha un impasse para aumentar su poder.

El bonapartista parece alzarse sobre las clases o las facciones políticas rivales por medio de las cuales la política burguesa procede normalmente bajo las disposiciones constitucionales. Al depender cada vez más de las fuerzas represivas del Estado—el ejército, la policía, las agencias de inteligencia y, de ser necesario, fuerzas paramilitares—, el presidente se reafirma como el superárbitro del conflicto entre las facciones y las clases. En realidad, representa ciertos intereses de clase definidos.

Trotsky escribió lo siguiente sobre el fenómeno de las dictaduras bonapartistas en Europa que llegaron al poder antes del surgimiento del fascismo:

Alzándose políticamente sobre las clases, el bonapartismo representa en un sentido social, es más, como su predecesor, el cesarismo, siempre y en todas las épocas, el régimen del sector más fuerte y firme de los explotadores; consecuentemente, el bonapartismo en la actualidad no puede ser otra cosa más que el gobierno del capital financiero que dirige, inspira y corrompe a las cúpulas de la burocracia, la policía, la casta de oficiales y la prensa.

Trump no ha creado aún una dictadura. El estafador de bienes raíces y casinos, sin conquista militar que presumir, cuenta con credenciales limitadas para presentarse como un Bonaparte moderno. Pero todas sus acciones se encaminan hacia crear tal dictadura.

La acumulación de poderes de Trump se ve facilitada por el carácter mendaz e hipócrita de la oposición en el Partido Demócrata. Los demócratas han pretendido tener simpatía por la situación crítica de los trabajadores desempleados mientras en realidad representan los intereses de la oligarquía corporativa y financiera, la cual se beneficia materialmente del recorte a los beneficios de desempleo —los mismos intereses que representa Trump—.

Por un lado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho una y otra vez que está buscando extender los beneficios federales por desempleo plenos. Por el otro lado, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, introdujo el mes pasado un proyecto de ley que recortaría los beneficios adicionales por desempleo “en $100 cuando la tasa caiga por debajo del 11 por ciento [en un estado dado] y otros $100 cada vez que la taza caiga otra unidad porcentual”, según el New York Times. Tomando en cuenta que la tasa oficial de desempleo en EE.UU. ya es de 10,2 por ciento, la propuesta de Schumer significaría un recorte a los beneficios por desempleo para la vasta mayoría de los trabajadores desempleados en Estados Unidos.

El New York Times, el principal periódico asociado con el Partido Demócrata, llamó el proyecto de ley de Schumer, “una manera inteligente para proveerles a los trabajadores una asistencia necesaria y oportuna”.

El Washington Post, el otro diario estadounidense importante alineado con el Partido Demócrata, abogó por “renovar los beneficios por desempleo en una tasa elevada sin desincentivos para trabajar”. El término “desincentivo” es un eufemismo genérico para recortar los beneficios por desempleo, que supuestamente desalientan a los trabajadores a volver a sus centros laborales.

En un artículo de opinión publicado en el Washington Post el mes pasado, el expresidente del Consejo de Asesores Económicos, Jason Furman, y el exsecretario del Tesoro, Timothy Geithner, ambos bajo Obama, declararon que “extender el seguro por desempleo de $600 semanales promulgado al principio del cierre ya no tiene sentido”.

La realidad básica es que tanto los demócratas como los legisladores republicanos y Trump, pese a los distintos papeles políticos que desempeñan, apoyan la misma política fundamental y bipartidista de la clase gobernante en respuesta a la pandemia del OVID-19.

A mediados de marzo, cuando la pandemia amenazó con causar una gran crisis financiera para los excesivamente endeudados bancos y empresas estadounidenses, los demócratas y republicanos se unieron de manera casi unánime para aprobar la llamada Ley CARES, la cual dio el visto bueno al rescate de Wall Street y los ricos de varios billones de dólares. Cuando se trataba de entregarle dinero a los ricos, el “impasse” en Washington de repente se disolvió.

Una vez que había sido aprobado el rescate masivo para las empresas, la clase gobernante estadounidense adoptó inmediatamente el mantra de que “la cura no puede ser peor que la enfermedad”, exigiendo que los trabajadores regresaran al trabajo.

Ambos, el Gobierno federal y los estados abandonaron rápido siquiera el mínimo intento para contener la pandemia. Más de la mitad de los gobernadores reabrieron los negocios desafiando las normas propias de los CDC, incluyendo los gobernadores demócratas de Maine, Carolina del Norte, Kansas y Colorado.

La prematura reapertura de los negocios ha alimentado un rebrote masivo de la pandemia que ha conllevado más de mil muertes por día.

La eliminación de los beneficios por desempleo es crítica para implementar el regreso al trabajo a través de una forma de conscripción económica cuyo propósito es reducir los costos laborales y aumentar las ganancias de las principales corporaciones, sacrificando las vidas de los trabajadores y sus familiares.

Es completamente posible que los miembros demócratas y republicanos del Congreso acuerden algún plan para extender los beneficios por desempleo, utilizando la propuesta de Trump como un punto de partida para alcanzar un acuerdo en torno a recortar los beneficios, algo en lo que todos están de acuerdo. Pero esto no resolverá nada.

El capitalismo es incompatible con las necesidades de la sociedad, así como es incompatible con las formas democráticas de gobierno. Cualquier resolución sobre una base progresista a la catástrofe de la propagación de la pandemia y la catástrofe social que envuelven todo Estados Unidos depende de la intervención independiente de la clase obrera sobre la base de un programa revolucionario y socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de agosto de 2020)