Cerca de 1,35 millones de empleos se han destruido en España desde que empezara la crisis del coronavirus hace seis meses. Millones de vidas están siendo destrozadas mientras la clase gobernante intensifica su ataque a los empleos, los salarios y las condiciones.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, 1.074.000 de estos empleos se perdieron solo en el segundo trimestre de 2020, entre abril y junio. Esta es la mayor caída trimestral en empleos en España desde que hay registros en 1976, superando con mucho los 770.899 empleos perdidos en los tres primeros meses de 2009, después del desplome financiero global. De abril a junio de este año, un promedio de 11.800 empleos se perdieron cada día en España.
Esta masacre laboral llega después de que 285.000 trabajadores perdieran su empleo en el primer trimestre de 2020, según el impacto del brote de COVID-19 empezaba a dejarse sentir en Europa y las medidas de confinamiento se implementaron por primera vez. España entró en confinamiento el 16 de marzo y puso fin a todas las restricciones por el coronavirus el 22 de junio con su declaración de "nueva normalidad", antes de reimponer algunas medidas de confinamiento local en julio al repuntar los casos de COVID-19.
Otro millón de trabajadores todavía están bajo los planes ERTE del gobierno de Podemos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y estos trabajadores se consideran oficialmente "empleados". Está previsto que estos ERTEs acaben en septiembre, y como muchos de estos empleos ahora existen solo sobre el papel, la tasa de desempleo se disparará probablemente de nuevo en otoño.
El sector servicios ha sido con mucho el más golpeado, en el que se perdieron 816.000 empleos en el segundo trimestre. La industria perdió 127.000, y resultaron severamente impactadas la construcción (-108.700) y la agricultura (-21.400).
Cataluña —la región más afectada por la pandemia de coronavirus en términos de casos totales, y la segunda peor en términos del número total de muertes por COVID-19, después de Madrid— perdió la mayor cantidad de empleos, 223.700. Por lo menos otros 25.000 empleos se sabe que están en juego en Cataluña, ya que el fabricante de automóviles Nissan planea cerrar su planta de Barcelona. Andalucía, una de las regiones más pobres de España, experimentó una disminución de 198.000 empleos, y la Comunidad de Madrid también perdió 184.000.
España ahora tiene la tasa oficial de desempleo más alta de la Unión Europea (UE) según la agencia de estadísticas Eurostat, en el 15,6 por ciento, y le sigue Grecia (15,5 por ciento), Letonia (10,1), Chipre (9,8) y Suecia (9,3). De todos los 27 Estados miembros de la UE, Eurostat estima que más de 15 millones de personas están ahora desempleadas, y la tasa total de desempleo es del 7,1 por ciento.
El paro juvenil (para trabajadores de menos de 25 años) en España también es el más alto de la Unión Europea, que se situaba en un abrumador 40,8 por ciento en junio, mucho más del doble de la media de la UE (16,8 por ciento). De nuevo le sigue Grecia con el 33,6 por ciento, luego Suecia (28,7), Italia (27,6) y Lyxemburgo (26.7).
A nivel global, el 16 por ciento de los jóvenes se quedó sin trabajo entre febrero y mayo debido a los efectos de la pandemia de coronavirus, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Los jóvenes que tuvieron la "suerte" suficiente de conservar su empleo vieron reducirse sus horas de trabajo un 23 por ciento. Era además más probable que los jóvenes empleados trabajaran en puestos que los hacen vulnerables, como ocupaciones mal pagadas, trabajo en la economía informal o como trabajadores inmigrantes, dijo la OIT.
La pandemia ha sido un devastador varapalo para los trabajadores en España, cuyo salario y condiciones de trabajo ya han sido degradados por décadas de ataques constantes. Los contratos a corto plazo, los salarios bajos y el subempleo proliferaban en España incluso antes del brote de coronavirus. Según la OIT, de 2009 a 2017, el salario real cayó en alrededor de €3.200 por persona cada año.
En 2019, 5,2 millones de trabajadores en España estaban subempleados y querían trabajar más horas que aquellas por las que estaban siendo contratados en ese momento —el 22,2 por ciento de la población trabajadora. Muchos otros trabajadores solo tienen contratos a corto plazo, y solo eran indefinidos el seis por ciento de los contratos firmados en 2019. Más de uno de cada tres contratos a corto plazo era por una duración menor a una semana. Casi una de cada tres personas (el 28,27 por ciento) tenía tres o más contratos de trabajo a la vez.
El impacto de la pandemia de coronavirus ha acelerado más estas tendencias hacia la paga a niveles de pobreza, la precariedad y el desempleo. Intermón Oxfam estima que 700.000 personas caerán en la pobreza este año en España. Hay ahora 1,15 millones de familias en España en las que todos sus miembros están desempleados, un aumento del 7 por ciento en el primer trimestre de este año y el mayor incremento de desempleo familiar desde 2012.
Las propias cifras del desempleo oficial son muy engañosas. Aunque se han destruido millones de empleos y cientos de miles de personas están cayendo en la pobreza, el gobierno español informó de un aumento del desempleo de "solo" 55.000 personas en el último trimestre, lo que lleva la cifra de desempleados en España a 3,4 millones.
No solo se cuentan como "empleados" a los trabajadores en ERTEs, sino que se requiere que los trabajadores que perdieron su empleo estén buscando trabajo activamente para se clasificados como "desempleados". Pero debido a las medidas de confinamiento durante la pandemia y los cierres generalizados de empresas, más de 1,6 millones de españoles no pudieron salir a buscar trabajo durante meses. Por lo tanto se los categorizó como "inactivos", no desempleados.
De hecho, según el INE, solo un tercio (el 35 por ciento) de la población en edad de trabajar estaba de hecho trabajando en el segundo trimestre, o 13,9 millones de personas, lo que señala a la magnitud de la catástrofe social que azota a la clase trabajadora. En este período, el gobierno español registró 18,6 millones de personas como "con empleo". Esto significa que alrededor de 4,7 millones cayeron bajo iel radar y no pudieron trabajar por otras razones —por un ERTE, por baja médica o por ser autónomos que tuvieron que cerrar el negocio. Esto lleva el número verdadero de trabajadores desempleados a más de 8 millones.
En julio, la ministra de trabajo de España, la miembro de Podemos Yolanda Díaz, declaró que el gobierno tenía la intención de extender los ERTE más allá de su plazo actual previsto para septiembre para los sectores más golpeados por la pandemia: el turismo, la aviación, actividades marítimas, ocio y cultura. "No tendría sentido emprender este esfuerzo gigantesco y sin precedentes en la economía española [preservar empleos]", dijo, "y luego simplemente dejar que las cosas vayan desapareciendo".
Se ha dicho que Díaz también pidió a Bruselas un paquete de financiación de €20 mil millones del programa SURE (Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia) de la UE para ayudar a financiar los ERTEs.
Las promesas de Díaz son menos que insignificantes. El gobierno español ya ha establecido planes para recortar los pagos de los ERTEs constantemente desde el 70 por ciento del salario de los trabajadores al 35 por ciento en septiembre, o al 25 por ciento para trabajadores en compañías con más de 50 empleados. Cualquier otra extensión de este programa dejaría a vastas franjas de la clase trabajadora casi sin nada.
En una indicación del cinismo del supuesto esfuerzo "sin precedentes" del gobierno del PSOE y Podemos por salvar empleos, en marzo Díaz dijo que Madrid habilitaría leyes para que las empresas no "saquen ventaja de la crisis sanitaria para despedir [a sus empleados]". Cuatro meses después, más de un millón de empleos se perdieron —algo que Díaz declaró "imposible" bajo sus planes.
La clase gobernante en España y en todo el mundo está sentada encima de un barril de pólvora, según las protestas y las huelgas crecen contra estos ataques históricos a las condiciones de vida de los trabajadores y los empleos. Habiendo defendido una política criminal y anticientífica de "inmunidad de grupo", que obligaba a los trabajadores a volver a fábricas y oficinas para morir al servicio de la creación de ganancias, la aristocracia financiera está recortando empleos con tan poca preocupación por la vida de los trabajadores.
La situación más explosiva está surgiendo en Estados Unidos, donde este mes se suspenden las prestaciones económicas a los trabajadores, lo que amenaza a decenas de millones de personas con el hambre y el desahucio. Ya este año las protestas contra la violencia policial que empezaron en Estados Unidos se extendieron como reguero de pólvora por Europa y por todo el mundo, lo que indica lo explosivo de las condiciones sociales en el mundo.
(Publicado originalmente en inglés el 12 de agosto de 2020)