Los trabajadores tienen todo el derecho a ver con sospecha la miserable compensación de $600 millones para las víctimas del envenenamiento del agua en Flint.

En realidad, incluso antes de restarle los honorarios legales, el trato es apenas una palmada en la mano por el crimen social masivo de haber envenenado hace seis años a toda una ciudad de clase trabajadora con 90.000 habitantes. Tras ser motivado por la enloquecida búsqueda de ganancias por parte de los inversores ricos y sus compinches con conexiones políticas en ambos partidos capitalistas, aún perdura el impacto devastador para hombres, mujeres y niños.

Las pérdidas sufridas por los residentes de Flint son incalculables: docenas, si no cientos de muertes evitables, innumerables abortos espontáneos, una inmensa pérdida de ingresos, la caída del valor de las viviendas y las enfermedades de por vida para los adultos y, en particular, los niños cuyo rápido crecimiento puede verse afectado más gravemente por enfermedades neurológicas. y daño emocional producido por el envenenamiento por plomo.

La crisis del agua de Flint comenzó en abril de 2014 cuando el administrador de emergencias designado por el estado cortó el sistema de agua desde Detroit, la fuente de agua para la ciudad durante los 50 años anteriores. Flint comenzó a tomar agua del contaminado río Flint a través de un plan de privatización llamado Karegnondi Water Authority (KWA).

Desafiando incluso los estándares mínimos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla en inglés), no se implementaron medidas de control para la corrosión en el interruptor, lo que provocó la filtración de plomo de las tuberías envejecidas, junto con bacterias dañinas. Hubo grandes intereses financieros detrás de KWA. En el mismo mes que la ciudad se cambió al río Flint, KWA vendió $240 millones en bonos a más de 30 inversionistas, incluidos JPMorgan Chase, Wells Fargo y empresas que desempeñaron un papel clave en la quiebra de 2013 de Detroit. Hoy en día, todavía se les paga a los tenedores de bonos, mientras que ni un solo residente de Flint ha sido compensado completamente.

La gobernadora demócrata Whitmer y los medios corporativos han calificado el acuerdo preliminar, que se espera que reciba la aprobación de la corte en un plazo de 45 a 60 días, desde “histórico”, “justicia”, una “disculpa”, y han declarado que está “brindando un cierre” para los vecinos de la ciudad. La fiscala general de Michigan, Dana Nessel, dijo que es “un paso adelante en el proceso de recuperación de Flint”.

No es nada de eso. Flint es un microcosmos de una sociedad gobernada por una total indiferencia y hostilidad hacia el bienestar de la mayoría, la clase trabajadora. El método aplicado al agua de Flint ahora se está aplicando en la pandemia de coronavirus. La Administración de Trump, los republicanos de Michigan y el Partido Demócrata no están preocupados por salvar vidas ni por el bienestar de la población, sino por proteger las ganancias corporativas. Ahora, Estados Unidos es un epicentro de la pandemia, con casi seis millones de casos y más de 180.000 muertes. La política de ambos partidos ha sido poner fin a las prestaciones suplementarias por desempleo y exigir la reapertura mortal de las escuelas para obligar a los padres a volver a trabajar y así poder generar ganancias para Wall Street.

A fines de marzo, en lo que se puede llamar el gran atraco de Wall Street de 2020, el Congreso de millonarios aprobó la Ley CARES con un voto casi unánime. El proyecto de ley otorgó cientos de miles de millones a las corporaciones y aprobó el rescate multimillonario de Wall Street por parte de la Reserva Federal. El rescate fue miles de veces mayor que el acuerdo de $600 millones en Flint.

A diferencia de los residentes de Flint, que tendrán que proporcionar pruebas basadas en muestras de los niveles de plomo en la sangre de hace 6 años, las corporaciones obtuvieron su dinero sin condiciones y sin necesidad de demostrar su justificación para la compensación. Y aunque los superricos no tuvieron que esperar mucho por su dinero, la gente de Flint seguramente esperará meses, si no años, como se demostró en las demandas relacionadas con el huracán Katrina en Nueva Orleans, el derrame de petróleo de BP, los incendios forestales en California, el huracán María en Puerto Rico, y así sucesivamente.

También habrá amnistía para todos los delincuentes responsables del envenenamiento del agua y su encubrimiento. Las publicaciones enojadas en las redes sociales pidiendo sentencias de cárcel para el exgobernador Rick Snyder y otros llevaron a la fiscala general Nessel a tuitear: “Para ser claros, el acuerdo de Flint absuelve al estado de MI y a sus funcionarios públicos de cualquier responsabilidad civil. La procuradora general Hammoud y la fiscala [Kim] Worthy continúan su investigación sobre las acciones criminales de los actores estatales y la búsqueda de justicia y rendición de cuentas no ha terminado”. En junio de 2019, Nessel desestimó todos los cargos penales pendientes, incluido el homicidio involuntario, contra ocho funcionarios implicados en el envenenamiento por agua de la población de Flint.

La cantidad insultante de 600 millones de dólares no fue determinada por lo que la gente de Flint necesita, sino por lo que la oligarquía financiera dice que pueden “pagar”. De hecho, serán los contribuyentes de Michigan quienes financiarán el acuerdo de $600 millones, no los ricos.

El Partido Socialista por la Igualdad lucha por lo que necesita la clase trabajadora, no por lo que los capitalistas puedan o no pagar. Pedimos las siguientes medidas urgentes:

• Atención médica garantizada de por vida para todos los niños y adultos de forma gratuita y en condiciones de igualdad.

• Programas educativos y sociales de por vida para atender a los niños con necesidades especiales.

• Reemplazo total, no solo de las líneas de servicio de plomo, sino de todo el sistema de infraestructura de agua.

• Compensación total por la disminución del valor de las viviendas, la pérdida de ingresos y también una compensación por seis años de pagar altas facturas de agua por el agua que los residentes no beben.

• Todos los responsables de la intoxicación del agua y su encubrimiento deben ser procesados penalmente.

La afirmación de que no hay dinero es mentira. Las tres personas más ricas de Estados Unidos, incluido el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, tienen una riqueza combinada que supera la del 50 por ciento más pobre de la población estadounidense, es decir, 170 millones de personas. Mientras que el 40 por ciento de la población de Flint vive en la pobreza, más de una quinta parte de la población estadounidense está ahora desempleada y millones se ven privados de las necesidades básicas y enfrentan un futuro incierto de desalojos, hambre y desempleo, la situación de los ultrarricos no solo se ha recuperado, están mejorando sustancialmente.

Esta lucha requiere la movilización política independiente de la clase trabajadora y una ruptura total con los demócratas y republicanos. Para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora de agua potable y gratuita, junto con todos los demás derechos sociales, es necesario acabar con la dictadura económica de la oligarquía empresarial-financiera. Las vastas fortunas de la élite gobernante deben ser expropiadas y utilizadas para satisfacer las necesidades de la mayoría.

Las próximas semanas y meses no deben dedicarse a la elección de Biden y Harris, sino a la organización y unificación de las luchas de maestros, trabajadores automotores y otros, en un movimiento social y político de masas contra toda la clase dominante y el sistema capitalista. Sólo mediante el desarrollo de la lucha de clases podrá la clase obrera hacer justicia en Flint.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de agosto de 2020)