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La clase obrera debe exigir el final de la farsa judicial contra Julian Assange

El primer día en que se reanudó la audiencia de extradición de Julian Assange, realizada en el Old Bailey de Londres, vio a un país que presume ser una de las democracias más antiguas en el mundo caer al nivel de una dictadura de pacotilla.

Assange, el fundador de WikiLeaks, ha expuesto crímenes de guerra, tortura, espionaje estatal y conspiraciones diplomáticas de EE.UU. y otras potencias imperialistas. Pero fue transportado a la corte desde su celda en una prisión de máxima seguridad en una camioneta particular después de estar encarcelado en condiciones peores que las de aquellos acusados de asesinato. En las celdas del Old Bailey, pudo reunirse con sus abogados en persona, por primera vez en seis meses, y pudo ver por primera vez las presentaciones escritas finales en su propio caso.

Afuera, se le negó acceso a la corte a su colega, el editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, junto al veterano periodista investigativo John Pilger. Más temprano esa mañana, la jueza de distrito Vanessa Baraitser les quitó el acceso remoto a la audiencia a 40 monitores judiciales, incluyendo a los representantes de Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, y los legisladores de la Unión Europea. Esto lo justificó refriéndose, en términos orwellianos, a la necesidad de proteger “la integridad de la corte”.

Un portavoz de Amnistía Internacional dijo, “Realizamos monitoreos de juicios en todo el mundo, una semana tras otra, y nos reconocen en todo el mundo como observadores acreditados sobre la imparcialidad de juicios. Primero nos negaron el acceso físico al tribunal cuando lo solicitamos en agosto. Luego nos concedieron seis puestos de observadores con acceso remoto en línea, que los redujeron a uno hace un par de días. Y ahora, descubrimos esta mañana que nos habían denegado ese único puesto”.

Amnistía no publicó una declaración hasta el 21 de febrero este año oponiéndose al trato al que ha sido objeto Assange, ante presiones populares cada vez mayores. Pero, Reino Unido está emprendiendo una farsa judicial tan descarada que no puede tolerar incluso el acceso en línea a los procedimientos en el Old Bailey.

Un grupo de manifestantes con cartels fuera del tribunal criminal central Old Bailey en Londres, 7 de septiembre de 2020 (AP Photo/Frank Augstein)

A lo largo del caso de Assange, las cortes británicas han servido dos funciones. Darle un sello de aprobación a todos los abusos de los derechos legales y democráticos de Assange a manos del Gobierno estadounidense, y prevenir lo más posible que el público vea la evidencia de estos abusos.

La jueza distrital Baraitser ha llevó a cabo ambas tareas diligentemente en los procedimientos de ayer. Su primer fallo fue disminuir el tiempo sugerido por la defensa para interrogar a sus propios testigos —un “enfoque largamente honrado en los procesos de extradición”, en las palabras del abogado de la defensa Edward Fitzgerald QC— a tan solo media hora por testigo, lo que significa que la mayor parte de los contenidos en sus declaraciones escritas presentadas no se reportará.

El segundo fallo de Baraitser rechazó la solicitud de la defensa de que se desestimen las nuevas acusaciones presentadas en el último momento por el Gobierno estadounidense contra Assange, por medio de una nueva orden de extradición “de reemplazo”.

La nueva solicitud fue presentada el 12 de agosto, a pocas semanas de que se reanudara la audiencia en marcha. Con base en fuentes sumamente comprometidas, expandió significativamente el marco de las actividades que el Gobierno estadounidense busca criminalizar y alejó el eje del caso lejos del trabajo periodístico y editorial de Assange en colaboración con la valiente denunciante Chelsea Manning, y hacia acusarlo de ser un hacker que puso en peligro la seguridad nacional de EE.UU.

El equipo legal de Assange aceptó inicialmente la afirmación del Gobierno estadounidense de que las acusaciones adicionales no constituirán “conductas imputadas por sí solas”, sino meramente “una narrativa de fondo”. Con la intención de poner fin lo antes posible a la detención dañina de su cliente, acordaron proceder con la nueva solicitud en la audiencia programada para septiembre.

No bien le informaron a la corte de esta decisión, el Gobierno estadounidense publicó una Nota de Apertura modificada a la nueva orden de extradición declarando: “Contrario a la presentación de la defensa, los particulares añadidos en la Segunda Imputación de Reemplazo no son meramente una narrativa. Estos particulares representan la conducta que esta corte tiene el derecho y, sin duda, debe ahora determinar si constituyen una ofensa de extradición…”.

Fitzgerald señaló: “Ahora se dice que, aunque el tribunal rechace los cargos en su contra, [Assange puede ser extraditado] sobre la base del nuevo material solamente”. Mark Summers QC, hablando también en nombre de Assange, calificó esto como una “injusticia fundamental ... para la defensa” que no han tenido tiempo de formular una respuesta para las nuevas acusaciones y ya se superó con creces el plazo de presentación de pruebas.

Baraitser firmó este elemento escandaloso de guerra jurídica sin dudar un momento, diciendo que la defensa pudo haber remediado cualquier problema mediante la búsqueda de un aplazamiento, haciendo caso omiso del hecho de que Assange no tuvo la oportunidad de revisar la nota de apertura modificada para proporcionar nuevas instrucciones.

Su decisión significa que, desde que Assange fue sacado a rastras de la Embajada ecuatoriana en abril del año pasado, el caso contra él se ha transformado de un cargo inicial de infiltraciones informáticas con una sentencia máxima de cinco años, a 18 cargos en virtud de la Ley de Espionaje con una posible sentencia de 175 años en una prisión federal (principalmente en relación con la publicación de archivos enviados por Manning), y ahora los mismos cargos de espionaje pero sobre la base de una amplia gama de alegaciones que incluyen la participación en varios grupos de hackeo, la prestación de ayuda al denunciante Edward Snowden, y su llamamiento a la transparencia de la información.

Baraitser rechazó una solicitud posterior hecha por Summers, después de una breve consulta con Assange, para aplazar la audiencia hasta enero.

La persecución arbitraria y legalmente abusiva de Assange ejemplifica el giro cada vez más profundo hacia métodos autoritarios y fascistizantes de gobierno por parte de los Gobiernos de todo el mundo. En las semanas previas a la audiencia de Assange, los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos han sido desgarrados, según los manifestantes que se oponen a la violencia y los asesinatos policiales en ciudades de todo el país han sido enfrentados con balas de goma, gases lacrimógenos y ataques con porras. En escenas que recuerdan a las dictaduras sudamericanas, los agentes federales han metido a ciudadanos estadounidenses en automóviles particulares para que se los lleven para interrogarlos, mientras que varios manifestantes han sido asesinados a tiros por la policía estadounidense y los vigilantes fascistas.

El caso de Assange es la punta de lanza de esta ofensiva. Las clases gobernantes de EE.UU. y Reino Unido están dejando claro a través de él que no les importan ni una pizca los derechos democráticos ni los precedentes legales. Están tratando de establecer nuevos precedentes a partir del principio abiertamente clasista de que a quienes actúen contra los intereses del Estado capitalista les espera una represión brutal.

La responsabilidad política de esta parodia pseudolegal recae en los medios supuestamente liberales, los demócratas de EE.UU., el Partido Laborista británico y su séquito de pseudoizquierdistas. Son ellos los responsables de desmovilizar y suprimir el apoyo popular masivo que existe hacia Assange en la clase obrera y permitirles a la Administración de Trump y al Gobierno de Johnson hacer lo que gusten.

Habiendo apoyado la vergonzosa calumnia de “violador” utilizada contra Assange, basada en acusaciones difamatorias de abuso sexual fabricadas por el Estado, el New York Times, el Guardian, los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), el Partido Socialista de los Trabajadores (SWP) de Gran Bretaña, el Partido Socialista y formaciones similares de todo el mundo, exigieron que Assange fuera extraditado a Suecia, lo que solo hubiera sido un paso hacia la extradición a los Estados Unidos.

Después de que se revelara la existencia de un gran jurado secreto, organizado contra Assange bajo Barack Obama, y que la Administración Trump pidiera la extradición de Assange, la prensa liberal aplaudió su captura en la Embajada ecuatoriana y luego escribió de la “indulgencia” de Trump por solo buscar su detención bajo cargos de hacking con una sentencia de cinco años.

Cuando los cargos se ampliaron en virtud de la Ley de Espionaje, ellos y los pocos partidarios pseudoizquierdistas de la campaña “No extraditen a Assange” pidieron todas las esperanzas se invirtieran en el sistema de justicia británico y en apelaciones a los políticos de “izquierda” como Jeremy Corbyn y Bernie Sanders. El hedor antidemocrático de la audiencia de ayer en la corte fue el fruto podrido de esta campaña.

Los trabajadores y los jóvenes deben ser advertidos: en el Old Bailey se están discutiendo temas políticos decisivos. Las líneas de batalla de esta lucha no están trazadas en la sala del tribunal, sino en la sociedad.

Ningún giro en esta farsa legal cambiará el hecho de que Assange está en el banquillo de los acusados porque reveló crímenes imperialistas contra la clase obrera internacional. Al enjuiciarlo, la clase gobernante está afirmando su derecho a llevar a cabo atrocidades aún más terribles en el futuro. Esto debe ser opuesto. La única fuerza capaz de hacerlo es un movimiento unificado de trabajadores en todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de septiembre de 2020) El autor también recomienda: Protesters condemn show trial of Julian Assange at the Old Bailey [8 septiembre 2020] Watch John Pilger’s speech outside the London show-trial of Julian Assange [8 septiembre 2020] Mientras se reanuda el juicio amañado británico: ¡La clase trabajadora debe defender a Julian Assange! [8 septiembre 2020]

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