Los trabajadores de la salud se manifestaron en Pretoria y Ciudad del Cabo la semana pasada contra las malas condiciones laborales y la corrupción del Gobierno en la adquisición de equipos de protección personal (EPP). Dijeron que la falta de EPP estaba poniendo en riesgo la vida de los trabajadores de la salud.

Sus miedos están justificados. Según cifras oficiales del mes pasado, más de 27.300 trabajadores de la salud dieron positivo y 230 murieron a causa de la enfermedad. Sudáfrica ha registrado el mayor número de casos de COVID-19 en África con casi 640.000 y casi 15.000 muertes. Las pruebas siguen siendo abismalmente bajas con el resultado de que se desconoce el verdadero alcance de la pandemia, lo que permite que el virus se propague sin control.

En Pretoria, los trabajadores de la salud se manifestaron frente a la oficina del presidente del Congreso Nacional Africano (ANC, siglas en inglés), Cyril Ramaphosa, en Union Buildings. Llevaban pancartas que decían: “Gracias trabajadores de primera línea” y “Saquen a los funcionarios corruptos”. Es parte de una ola de protestas y huelgas de trabajadores del sector público.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Salud y Afines (NEHAWU), uno de los sindicatos del sector público más grandes del país, amenaza con hacer que sus 240.000 trabajadores públicos se declaren en huelga el 10 de septiembre a menos que el Gobierno cumpla con las demandas que incluyen una mayor protección contra COVID-19, pagos por peligro de trabajo para los trabajadores en primera línea y un aumento salarial que debió haberse otorgado en abril. Una huelga causaría una interrupción importante en el sistema de atención de la salud del país en condiciones en las que se notifican 2.000 casos nuevos cada día.

Los trabajadores del Servicio Nacional de Laboratorio de Salud de Sudáfrica (NHLS) habían planeado hacer una huelga a nivel nacional el 28 de agosto debido a los bajos salarios, la falta de implementación de acuerdos previos y la falta de EPP, pero una orden del Tribunal Laboral les prohibió hacer la huelga, designándolos trabajadores esenciales. Los trabajadores de la salud del NHLS están a cargo de realizar pruebas de diagnóstico a los pacientes que utilizan el sector público, incluidos los de COVID-19, VIH y tuberculosis.

Según el fallo, los miembros de NEHAWU estarían violando la ley si promovieran o alentaran cualquier acción de huelga u otra conducta en pro de sus demandas. El NHLS podría entonces llamar al Servicio de Policía de Sudáfrica para obligarlos a regresar al trabajo. Los trabajadores sanitarios del NHLS se declararon en huelga con valentía, desafiando la decisión del tribunal.

Los trabajadores dijeron al Daily News de Sudáfrica que el NHLS no estaba cumpliendo con las normas de seguridad para el COVID-19 y que esto exponía a los empleados al riesgo de contraer el virus. Dijeron: “Las medidas de seguridad no existen en ciertas instalaciones y estamos expuestos al peligro. Queremos que el departamento resuelva este problema, incluido el aumento salarial pendiente desde hace mucho tiempo. No recibimos bonos ni bonificaciones por riesgo. Los aumentos salariales vencen el 1 de abril según la resolución 1 de 2018”.

NEHAWU canceló la huelga, a pesar de que el portavoz Khaya Xaba dijo a los medios de comunicación que la huelga era el comienzo de una “huelga indefinida”. Los trabajadores dicen que todavía planean unirse a la huelga nacional programada para el 10 de septiembre.

El Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) convocó a una huelga general el 7 de octubre en protesta contra la corrupción, la incapacidad del Gobierno para proteger a los trabajadores en la crisis del COVID-19 y sus planes de recortar $10.000 millones de los salarios del sector público durante los próximos tres años después de la pandemia. Se espera que el déficit presupuestario de este año sea del 16 por ciento del PIB, incluso cuando Sudáfrica obtuvo un préstamo de $4.300 millones del Fondo Monetario Internacional.

Los sindicatos se han visto obligados a pedir una huelga nacional a raíz de la continua crisis por la respuesta del Gobierno a la pandemia, el aumento de la pobreza, la brutalidad policial y las protestas por la corrupción del Gobierno.

La pandemia se está acelerando después de que el Gobierno del ANC organizara un regreso al trabajo, cancelando uno de los cierres más estrictos del mundo y el que era un régimen de pruebas relativamente amplio para detener la propagación del virus. El encierro se aplicó con extrema brutalidad policial; en términos per cápita, Sudáfrica registra más asesinatos a manos de la policía que Estados Unidos.

El Gobierno ahora ha abandonado en gran medida cualquier esfuerzo para detener la propagación del virus, llevando al país a un bloqueo de “Nivel 2” mientras se apresura a abrir la economía y adoptar la política de “inmunidad colectiva”.

Como todos los Gobiernos del mundo, el Gobierno sudafricano está obligando a los profesores y estudiantes a regresar a las aulas para luego hacer que los padres vuelvan a trabajar para producir ganancias para las corporaciones transnacionales y la burguesía sudafricana, lo que conducirá al resurgimiento del coronavirus. Las escuelas reabrieron para recibir a niños el 6 de julio después de estar cerradas durante casi cuatro meses, pero Ramaphosa les ordenó cerrarlas tres semanas después, después de que el país vio un aumento dramático en los casos a más de 10.000 por día. Reabrieron nuevamente para la mayoría de los grados el 24 de agosto.

El Departamento de Educación ha proporcionado pocos o casi ningún recurso para que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura, y solo requiere que las escuelas se mantengan al 50 por ciento de su capacidad, con estudiantes alternando la asistencia, para permitir el distanciamiento social. Esto está destinado a tensar aún más el ya terrible sistema educativo y resultará imposible de implementar en provincias como Gauteng, hogar de Pretoria y Johannesburgo, donde al menos 1,5 millones de estudiantes regresarán a las aulas.

Los sindicatos no presentaron ninguna resistencia a los planes del Gobierno y solo expresaron la preocupación de que una reapertura apresurada y prematura provocaría oposición y resistencia entre padres, estudiantes y profesores. Su temor era que esta ira justificable sea imposible de contener.

La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación social, económica y política del país. Ramaphosa se convirtió en presidente en 2018, después de cuatro años como vicepresidente durante la Presidencia de Jacob Zuma. Este multimillonario y exlíder del Sindicato Nacional de Mineros (NUM) llegó al poder citando la corrupción como una barrera para la inversión de capital internacional. Fue recibido por la oligarquía financiera mundial y la élite gobernante sudafricana por proporcionar un cambio de imagen muy necesario al capitalismo sudafricano, que había recibido una paliza bajo la corrupción desenfrenada presidida por Zuma. La pandemia de COVID-19 está exponiendo a Ramaphosa y su Administración como corruptos y venales.

Las últimas acusaciones de corrupción y soborno involucran contratos estatales por valor de $295 millones para equipos médicos, bienes y servicios para enfrentar la pandemia de COVID-19 y los precios inflados de los EPP. Los presuntos beneficiarios incluyen empresas del marido de la ahora suspendida portavoz de Ramaphosa, Khusela Diko. Su esposo había recibido un contrato de $7,6 millones para suministrar equipo médico al departamento de salud de la provincia de Gauteng. Bandile Masuku, ministro de salud provincial de Gauteng, se vio obligado a dimitir tras las denuncias de que estaba vinculado a la compra irregular de suministros sanitarios. Los hijos del matón secretario general del ANC, Ace Magashule, también recibieron contratos inflados.

Las exposiciones amenazaron con provocar una pelea total entre facciones dentro del ANC, con el expresidente Zuma acusando a Ramaphosa de amenazar con destruir el ANC. Tony Yengeni, un miembro de alto rango del partido cercano a la facción de Zuma pidió a Ramaphosa que dimitiera acusándolo de haber recibido sobornos para proteger su puesto. La cúpula del Comité Ejecutivo Nacional de la ANC convocó a Ramaphosa al comité de integridad por acusaciones de que había recibido casi $25 millones en fondos de campaña de intereses comerciales e industriales durante su campaña para la Presidencia.

Temiendo un estallido en la clase trabajadora, la dirección del ANC cerró filas y se puso del lado de Ramaphosa, denunciando las acusaciones de la facción de Zuma como “coreografiadas”. Se han presentado cargos de enjuiciamiento contra varias empresas y la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) está investigando 658 contratos relacionados con las adquisiciones en torno al COVID-19.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de septiembre de 2020)