Esta semana, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos llegó a un acuerdo con las autoridades regionales de Madrid respecto a las políticas para los barrios obreros más golpeados por el virus. Promocionadas como un abordaje “científico”, estas medidas extremadamente limitadas, diseñadas para permitir la completa reapertura de la economía española, equivalen a un apoyo de las políticas de inmunidad colectiva por parte del PSOE y del partido “populista de izquierda” Podemos. Dejarán que el virus se siga extendiendo masivamente.

La decisión de Podemos de adoptar políticas indistinguibles de las de innumerables gobiernos capitalistas reaccionarios es una advertencia. Todos sus socios “populistas de izquierda” de otros países estarían dispuestos a implementar políticas homicidas semejantes, ya sea Jean-Luc Mélenchon en Francia, el partido La Izquierda en Alemania, Syriza en Grecia, o Bernie Sanders en Estados Unidos. Para la clase trabajadora, no hay estrategia electoral para luchar contra el COVID-19, lo cual requiere un giro internacional hacia la lucha de clases.

El pretexto para el acuerdo fue la catastrófica crisis sanitaria de Madrid, donde 500 personas murieron durante las dos últimas semanas. El ministerio de sanidad español registró 10.372 nuevos casos, el 43 por ciento de ellos en la Comunidad de Madrid. El total de infecciones en España ahora llega a la asombrosa cifra de 769.188, mientras que las estadísticas oficiales muestran que más de 53.000 personas han muerto.

Con las nuevas reglas, España introducirá restricciones en áreas con más de 100.000 habitantes y una incidencia acumulada de 14 de días de 600 casos por cada 100.000 personas, donde el 10 por ciento de los tests den positivo, y donde más del 35 por ciento de las camas de UCI estén ocupadas por pacientes de COVID-19.

Estos umbrales son mucho más vagos que los que recomiendan las organizaciones internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) observa que, cuando más del 5 por ciento de los tests de PCR dan positivo, se puede considerar que reflejan transmisión comunitaria. Aun así, el 20 por ciento de los tests de PCR están dando positivo en Madrid, y el 11 por ciento de media en España. El Harvard Global Health Institute también recomienda ordenar refugiarse en casa cuando la tasa de incidencia alcanza los 350 casos por cada 100.000 personas. Las cifras en Madrid son el doble de eso.

Bajo las reglas del PSOE y Podemos, una vez que una zona sobrepase el umbral, tal como muchas áreas en Madrid, las entradas y salidas quedarán restringidas “excepto para aquellos desplazamientos que estén adecuadamente justificados”. Sin embargo, hacen tantas excepciones y justificaciones para los desplazamientos que los empleados y las autoridades escolares pueden requerir que los trabajadores no esenciales y estudiantes sigan yendo a las escuelas. Esto quiere decir que seguirán estando expuestos al virus y transmitiéndolo.

Se puede exigir que los trabajadores y los jóvenes violen la orden de quedarse en casa para garantizar “que se cumpla con obligaciones laborales, profesionales, de negocios o legales” y “la asistencia a la universidad, centros educativos y docentes, incluso guarderías”. Es decir, tienen que proseguir sin cesar las campañas de la élite gobernante de regreso al trabajo y a las escuelas.

En una ciudad del tamaño de Madrid, esto es inútil. Según una investigación de 2018, hay más de 2,2 millones de viajes al día entre la ciudad y el resto de ciudades y pueblos de la región de Madrid. Haciendo una estimación conservadora, por lo menos el 40 por ciento de los viajes se hacen por motivos laborales o educativos. Millones de viajes seguirán teniendo lugar.

En caso de que estas medidas no permitieran que el virus se extienda lo suficiente, el PSOE y Podemos añaden más excepciones a sus restricciones. Estas incluyen “asistencia y cuidado a los ancianos, los menores, personas dependientes, discapacitados o personas especialmente vulnerables”; “viajes a entidades financieras y aseguradoras que no se puedan aplazar”; “acciones requeridas o urgentes ante la administración pública”; “renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros procedimientos administrativos que no se puedan aplazar”; y “presentarse a exámenes o tests oficiales que no se puedan aplazar”.

De hecho, las restricciones afectarán principalmente las reuniones por fuera del trabajo y la escuela. Estas reuniones se limitarán a seis personas, se cerrarán parques infantiles y todos los bares, pero solo a las 10 de la noche. Al mismo tiempo, la clase gobernante está achacando el resurgir del COVID-19 a la “cultura orientada a la familia” de España, los abrazos y besos, y las fiestas de jóvenes.

En breve, las restricciones tienen por objetivo adormecer a la población, argumentando que la clase dirigente está implementando políticas científicas de atención sanitaria, cuando de hecho está implementando una política de inmunidad colectiva, de dejar que el virus se extienda en España y Europa.

En Reino Unido, hay un toque de queda a las 10 de la noche para todos los pubs y restaurantes y una prohibición de reuniones de más de seis personas. El jueves, el ministro francés de sanidad, Olivier Véran, advirtió de que Paris había sobrepasado los umbrales y había pasado al nivel de “alerta máxima”, que podría significar el cierre de bares y restaurantes.

Después de llegar al acuerdo con el gobierno del PSOE y Podemos el martes, la administración regional derechista de Madrid de repente se opuso a este en el último minuto, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo de España. El responsable de la sanidad en Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dijo que estas medidas costarían 8 millones de euros a la economía.

A decir verdad, las medidas apenas si difieren de las que Madrid ya había implementado a lo largo de las dos últimas semanas. El diario El País, favorable al PSOE, reconoció que “El recurso ignora que, sin embargo, el propio gobierno regional ya ha implementado las mismas medidas en 45 áreas sanitarias básicas en la capital española y áreas circundantes”.

Se está abriendo un abismo entre todo el establishment político, por un lado, y la clase trabajadora, por el otro.

Los científicos están alarmados por las políticas criminales que se están aplicando. Javier del Águila, un especialista en medicina preventiva y salud pública, le dijo a El País que las restricciones de movilidad son “como discutir si actuar cuando el fuego ha llegado a los cimientos de un edificio, o un poco antes”. Dijo: “Estamos llegando tarde para medidas suaves como reducir el aforo en bares y restaurantes. ... Ahora mismo estamos en una situación en la que hay que pedirle a la gente u obligarla a que se quede en casa”.

Aunque la evidencia científica y el sentido común dictan que hay que imponer una orden de quedarse en casa, Podemos está dejando claro que no tolerará ninguna medida que estorbe los intereses de lucro de la clase gobernante, aunque ello implique que el virus cause estragos. Precisamente por este motivo, después de apoyar pequeñas protestas contra el gobierno derechista de Madrid, rápidamente dieron marcha atrás, desconvocando las protestas en cuanto empezaron a recibir una audiencia más amplia. Les aterra que las protestas estallen y lleguen a ser un movimiento más amplio.

Sin embargo, las protestas espontáneas que exigen más gasto para sanidad pública y menos para la policía y el ejército están continuando cada día, especialmente en barrios obreros.

La gran mayoría de la población demanda medidas más estrictas. Aunque millones de trabajadores y pequeños negocios sufrieron serias pérdidas bajo un confinamiento capitalista en el que las pérdidas de salarios y negocios no quedaron cubiertas, casi el 60 por ciento de los encuestados en el último sondeo estatal en España quería medidas de aislamiento “más estrictas”. Contrariamente al mito de la irresponsabilidad popular promovido por la clase gobernante, más del 84 por ciento de la población de España lleva mascarilla todos los días.

Los últimos nueve meses han demostrado que la lucha contra la pandemia depende de la intervención independiente de la clase trabajadora. Es urgente que los trabajadores de Europa y del mundo organicen comités de seguridad en los lugares de trabajo independientemente de los sindicatos y preparen una huelga general para detener el rápido repunte del COVID-19. Esta lucha solo puede proceder sobre una base internacional y que esté basada en una oposición intransigente a las burocracias sindicales y sus partidos aliados “populistas de izquierdas” como Podemos.

(Publicado originalmente en inglés el 3 de octubre de 2020)