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‘Whose Vote Counts, Explained’: serie de Netflix examina el derecho al voto en Estados Unidos

La docuserie de Netflix, Whose Vote Counts, Explained, es una mirada oportuna a algunas de las restricciones escandalosas y vergonzosas al derecho al voto en los EE. UU. Si bien el programa es completamente incapaz de sondear estos temas hasta sus raíces o de mostrar cómo defender los derechos democráticos, su cobertura de diferentes aspectos de este tema es importante e informativa.

Narrado por el actor Leonardo DiCaprio y los cantantes Selena Gomez y John Legend, el programa de tres episodios utiliza entrevistas, material de noticias y fuentes de archivo, y está dirigido a una audiencia amplia. Los comentaristas entrevistados incluyen a derechistas como el columnista George Will y el exsecretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, junto con demócratas como la excandidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, y la líder “progresista” Alexandria Ocasio-Cortez.

Whose Vote Counts, Explained de Netflix

La lucha por el derecho al voto es tan antigua como los propios Estados Unidos. Al principio, se extendió solo a los hombres blancos propietarios, no más que 20 por ciento de la población. Esto se expandió, con las Enmiendas 15, 19 y 26 que otorgan el derecho al voto respectivamente a los hombres afroamericanos, a las mujeres y a todos los mayores de 18 años.

Sin embargo, esto no fue simplemente una cuestión de progreso lento y constante. Los ataques más despiadados contra el derecho al voto tuvieron lugar en el período posterior a la Guerra Civil, cuando la segregación de Jim Crow en el sur fue acompañada por el impuesto de votación, pruebas de alfabetización y muchos otros métodos, incluyendo linchamientos terroristas, para negar el sufragio a quienes lo conquistaron mediante la abolición de la esclavitud y la 15ª Enmienda a la Constitución, promulgada en 1870.

Durante el último siglo, la expansión de los derechos de voto ha estado ligada íntimamente a las luchas de la clase trabajadora. La batalla de décadas contra Jim Crow culminó en el movimiento masivo de derechos civiles, abarcando la década de 1955 a 1965. La Ley de Derechos Electorales de 1965 desmanteló las barreras que habían privado de sus derechos a millones durante más de tres cuartos de siglo.

La disposición de “autorización previa” de esta legislación, que requiere que cualquier jurisdicción que haya hecho cumplir las restricciones de Jim Crow obtenga un permiso federal antes de alterar los procedimientos de votación, fue reautorizada regularmente por el Congreso, tanto por republicanos como demócratas. Sin embargo, esto cambió en el último cuarto de siglo, cuando se rompió el consenso dentro de la clase dominante sobre cómo estabilizar su dominio. Los republicanos lanzaron un esfuerzo para revertir la Ley de Derechos Electorales, en parte para suprimir el voto de los afroamericanos y otros más propensos a votar por los demócratas.

Whose Vote Counts, Explained

Se llegó a un punto de inflexión en la decisión de la Corte Suprema de 2013 que anuló la disposición de autorización previa antes mencionada. El fallo abrió las compuertas, y no solo en el sur, para la escalada de ataques al derecho al voto, dirigidos contra los afroamericanos, pero también los inmigrantes, los pobres y otros sectores de la clase trabajadora.

Se han utilizado leyes de “coincidencia exacta” para invalidar firmas, se han cerrado lugares de votación y se ha reducido o abolido la votación anticipada. Las leyes de identificación con foto han privado de sus derechos a millones de personas sin licencias de conducir. La purga regular de las listas de votantes, junto con campañas histéricas contra el presunto fraude electoral, estos y otros métodos se han utilizado para intimidar a los votantes potenciales.

Otro frente ha sido el uso de leyes que prohíben votar a las personas con condenas por delitos graves, en algunos casos incluso después de completar sus sentencias y su libertad condicional. Esto se ha vuelto especialmente efectivo en la era del encarcelamiento masivo, que vio cómo la población carcelaria de EE. UU. creció aproximadamente 700 por ciento en las cuatro décadas entre 1970 y 2010.

Florida es un ejemplo destacado, como revela Whose Vote Counts. Una Administración allí restauró los derechos de voto de 155,000 exconvictos, solo para que su sucesor, el gobernador republicano y senador actual, Rick Scott, ordenara que los exconvictos apelaran individualmente, rechazando todas las solicitudes excepto 4,000. Los votantes del estado, a través de un referéndum, votaron decisivamente para restaurar estos derechos, después de lo cual el Gobierno estatal descubrió una nueva forma de suprimir el voto, requiriendo que los exconvictos pagaran miles de dólares en costos legales antes de que se restableciera su derecho constitucional.

Si bien los republicanos han encabezado la mayoría de estos esfuerzos para reprimir el voto, los demócratas han hecho poco o nada para movilizar una oposición masiva a estos ataques. Por el contrario, han llevado a cabo su propia campaña de supresión de votos, incluidos esfuerzos legales bien financiados para mantener al Partido Socialista por la Igualdad y otros candidatos fuera del voto estatal.

Whose Vote Counts, Explained (docuserie de Netflix)

Otro signo creciente del vaciamiento de las formas democráticas de gobierno en los Estados Unidos es la manipulación de los límites de una circunscripción electoral. Esto tiene una larga historia, pero el desarrollo de la tecnología ha convertido la creación de distritos de votación para favorecer a un partido u otro en un arte. Con base en los resultados del censo realizado una vez cada diez años, los políticos eligen a sus votantes y no al revés. Los distritos de formas extrañas se definen para favorecer a un partido o al otro. Esta ha sido una práctica bipartidista, pero en los últimos años los republicanos la han utilizado con mayor eficacia. En Wisconsin, por ejemplo, los demócratas obtuvieron el 53 por ciento de los votos en las contiendas locales en las últimas elecciones, pero el republicano obtuvo el 63 por ciento de los escaños en la Asamblea Estatal y cinco de los ocho representantes del estado en el Congreso.

El colegio electoral es otro medio por el cual se burla el principio democrático de un voto por persona. Esto tiene sus raíces en la propia Constitución, adoptada en un momento muy diferente. A medida que el país se ha vuelto cada vez más urbanizado y de composición de clase trabajadora, el carácter regresivo y anacrónico de esta disposición de hace casi 250 años se ha vuelto obvio. Debido a que todos los votos electorales de un estado se otorgan al ganador de una pluralidad de votos, es cada vez más posible ganar la presidencia mientras se pierde el voto popular. Como señala Whose Vote Counts, el ganador del voto popular perdió el colegio electoral y consecuentemente la presidencia tanto en 2000 como en 2016. Cabe agregar que el camino de Donald Trump hacia la reelección, asumiendo que no sea abiertamente extraconstitucional, se basará una vez más en perder el voto popular, pero ganar en el colegio electoral.

También está la cuestión del dinero en la política. Aquí también, una decisión notoria de la Corte Suprema, Citizens United en 2010, allanó el camino para afianzar el monopolio político de la centésima superior del uno por ciento de la población, convirtiendo Estados Unidos en una oligarquía en todo menos en nombre. La campaña presidencial de 2016 implicó gastos de $2.3 mil millones, y el costo total de las elecciones de ese año fue de $6.5 mil millones. Cada vez más, los representantes políticos de la clase dominante provienen directamente de esa misma clase. Como señala la serie, 214 de los 435 miembros de la Cámara de Representantes son millonarios, mientras que en el Senado la cifra comparable es de 65 sobre 100.

Durante meses en el transcurso de los años de elecciones presidenciales, los medios de comunicación siguen la “carrera del dinero” tanto como siguen las encuestas de opinión. Este es el significado de la poderosa definición de Vladimir Lenin, colíder de la Revolución Rusa, hace más de un siglo: “Democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos, esa es la democracia de la sociedad capitalista”.

La docuserie de Netflix termina con un breve repaso de posibles reformas al sistema electoral. Estas propuestas poco entusiastas, que incluyen el voto clasificado y una reforma parcial del colegio electoral, solo demuestran la imposibilidad de defender los derechos democráticos en un sistema en el que el gobierno oligárquico se ha vuelto cada vez más arraigado y es representado por los dos partidos capitalistas rivales.

Alexandria Ocasio-Cortez

Los consejos se resumen en la exhortación de la demócrata Stacey Abrams, claramente orientada hacia la expulsión de Trump de la Casa Blanca: VOTEN.

Ni Abrams ni nadie más en este programa pueden explicar por qué, como señala el propio DiCaprio, aunque Hillary Clinton recibió 66 millones de votos en 2016 y Trump 63 millones, 94 millones que eran elegibles no votaron en absoluto. A la mayoría de los no votantes no se les impidió hacerlo, sino que no vieron ningún propósito. No fueron impedidos por barreras legales, sino por la naturaleza del sistema y sus opciones. Sin embargo, no se discute la indiferencia y el disgusto de la clase trabajadora ante la desigualdad récord presidida por ambos partidos. En cambio, el sistema capitalista bipartidista se considera inmutable.

Lejos de ser inmutable, este sistema bipartidista se ha ido desmoronando, especialmente desde 2016. Aunque la serie, por supuesto, se completó antes de los desarrollos de las últimas semanas, no se puede confundir la conexión entre los ataques pasados contra el derecho al voto y su metástasis en la forma de incitación abierta de Trump a la violencia fascista y sus amenazas de negarse a abandonar la Casa Blanca.

La política no se puede divorciar de la lucha de clases. En medio de la pandemia, el colapso económico y la amenaza de la dictadura, millones estarán entrando en las luchas más grandes desde la época de sus abuelos y bisabuelos. Deben encontrar un nuevo camino político. El derecho al voto está ligado a la lucha por la democracia en los lugares de trabajo, por una forma nueva y superior de democracia, basada en el poder de la clase trabajadora y la lucha por el socialismo. Esta es la única respuesta a la amenaza de la dictadura fascista y la guerra que es producto del sistema representado por Trump y también por sus rivales demócratas irresponsables.

(Publicado originalmente en inglés el 26 de octubre de 2020)

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