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La policía española hace afirmaciones ridículas sobre un complot de Rusia para invadir Cataluña

La policía paramilitar española está haciendo afirmaciones ridículas e infundadas vinculando a Rusia, el editor de WikiLeaks encarcelado Julian Assange y el referéndum de 2017 sobre la independencia de Cataluña respecto a España.

En una gran operación en toda Cataluña el miércoles, la paramilitar Guardia Civil arrestó a 21 personas, principalmente hombres de negocios y socios vinculados a los independentistas catalanes. Se les acusa de malversación de fondos públicos, abuso del cargo, lavado de dinero y desviar fondos públicos a Bélgica, donde el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, vive en el exilio. La mayoría están vinculados con la plataforma de protesta independentista Tsunami Democràtic.

Carles Puigdemont (Fuente: govern.cat)

La app de Tsunami Democràtic desempeñó un papel importante en la movilización de manifestantes después de que un juicio farsa condenara a nueve políticos nacionalistas catalanes a docenas de años de cárcel por el referéndum.

La supuesta red se apoderó presuntamente de fondos del órgano provincial de Barcelona, la Diputació de Barcelona, para financiar a Tsunami Democràtic, relaciones con Rusia y una supuesta venta inmobiliaria, del orden del millón de euros. Parte de estos fondos supuestamente fueron a dos fundaciones vinculadas a partidos independentistas, y de allí a financiar el referéndum catalán.

La indagación también alega que Rusia le ofreció a Puigdemont tropas en 2017. El único material que citan como prueba de esta acusación es la transcripción de una conversación entre dos exfuncionarios de partidos independentistas catalanes, Víctor Terradellas y Xavier Vendrell. La Guardia Civil no dio ninguna prueba de injerencia rusa aparte de lo que alega que oyó espiando a Terradellas.

Citando esta conversación, el juez Joaquín Aguirre afirma que "Terradellas explicó que el jefe del grupo [ruso] había ofrecido el 24 de octubre de 2017 a Carles Puigdemont desplegar 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana. [...] El grupo ruso quería hacer de Cataluña un país como Suiza". Según esta versión, Puigdemont se retiró del plan en el último minuto.

El juez Aguirre comentó: "Si hubiera aceptado, los acontecimientos probablemente hubieran sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el Estado [español] con un número de bajas indeterminado".

También se menciona al exanalista del NSA e informante Edward Snowden y al editor de WikiLeaks encarcelado, Julian Assange. Assange está actualmente encarcelado en una celda en una cárcel de Londres, y se enfrenta a un juicio de extradición para enviarlo a los EEUU donde sería condenado a cadena perpetua en una prisión estadounidense de máxima seguridad por exponer los crímenes de guerra, golpes e intrigas sórdidas de las potencias imperialistas.

La indagación alega que Assange se reunió con uno de los arrestados en la operación, Oriol Soler, considerado por Madrid como uno de los máximos estrategas de comunicación del movimiento independentista catalán en noviembre de 2017.

Según la Guardia Civil, "el gobierno del Kremlin", Assange, Snowden, así como "gente muy cercana a Vladimir Putin" tal como la editora Margarita Simonyan y "medios controlados por el Kremlin como Russia Today y Sputnik" conspiraron con el gobierno catalán "para internacionalizar el conflicto, obtener el apoyo de terceros países dispuestos a reconocer a Cataluña como país en caso de que llegara a estar a punto de declarar su independencia".

Assange es una de las personas más espiadas del mundo, pero la Guardia Civil no dio prueba alguna de conspiración entre Assange y Soler.

Todo el caso es ridículo, y sirve varios propósitos.

Es otro ataque más a los derechos democráticos de los acusados y de los nacionalistas catalanes, que en última instancia se propone intimidar al movimiento emergente de la clase trabajadora y crear un precedente para criminalizaciones mucho más generalizadas.

La clase gobernante está aterrada por la expresión inicial de luchas obreras crecientes por todo el continente contra su política de negligencia de permitir la extensión del COVID-19. En Grecia, los estudiantes han ocupado escuelas. En España, Alemania y Francia, enfermeras han ido a la huelga, así como trabajadores del transporte público. En Madrid han surgido protestas contra las restricciones a la movilidad en barrios obreros.

La operación también tiene por objeto distraer la atención de la política del gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Podemos de inmunidad colectiva que está provocando una catástrofe sanitaria masiva. Las tasas de infección están en más de 20.000 al día, las UCIs están colapsando mientras las tasas de mortalidad se dispararon a más de 250 por día la semana pasada, el número más alto de víctimas del que se haya informado desde mayo. Esto lleva la cifra oficial a 35.298, aunque las cifras reales estarán más cerca de los 60.000, según el Sistema de Monitorización de Mortalidad.

Por fin, las operaciones también se proponen aumentar aún más las tensiones con la potencia nuclear Rusia, en el contexto de las elecciones estadounidenses y la expectativa generalizada en Europa de una victoria del candidato demócrata Joe Biden. La oposición del Partido Demócrata a Trump se ha centrado en atacar a Trump, el candidato republicano, por ser "suave" con Rusia.

El jueves, la portavoz del ministerio ruso de exteriores, Maria Zakharova, ridiculizó la operación, advirtiendo de que las relaciones con España podrían "complicarse" y "estropearse". Explicó que las afirmaciones venían de independentistas catalanes, que inventaron esa noticia para "atraer la atención de la comunidad internacional a su confrontación con el Estado español".

Zakharova también llamó la atención sobre el nombre de la operación, que la Guardia Civil llamó de manera provocadora "Operación Volhov". Volhov fue el nombre de la batalla en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial entre la División Azul de la España fascista y las fuerzas soviéticas. Esta división de infantería de voluntarios fascistas fue enviada por el dictador español, el general Francisco Franco, para ayudar a la Alemania nazi en su guerra de exterminio contra la Unión Soviética, que dejó casi 27 millones de muertos.

Que la policía y el poder judicial español hayan inventado una noticia ridícula tal, que podría usarse para justificar una guerra contra un país que tiene armas nucleares, es elocuente respecto a los enormes peligros que la clase trabajadora tiene ante sí. Es más, que cuenten con tal libertad de promocionar esta noticia en los medios lo dice todo acerca de lo que a veces pasa por la "izquierda" en España, principalmente el partido Podemos.

La Guardia Civil sabía que Podemos no movilizaría ninguna oposición a estas operaciones y que no solo podía inventarse esta noticia sino también ponerle el nombre de las batallas de la fascista División Azul. Son plenamente conscientes de que Podemos es una herramienta de la clase gobernante, que incluye su relegitimación de las políticas fascistas y al partido ultraderechista Vox. Podemos participó activamente en la campaña anticatalana, pidió la aceptación del veredicto contra los políticos catalanes, y apoyó la represión policial de las protestas de masas.

El viernes, el portavoz de Podemos en el parlamento, Jaume Asens, hizo unas protestas hueras al ministerio del interior, diciendo "es inadmisible que hoy tengamos franquistas en la Guardia Civil", aparentemente aludiendo al nombre de la operación. Asens se quejó de que el nombre es "inadecuado" para un "Estado democrático como España".

Un día antes, Asens planteó débilmente la posibilidad de una conspiración de "sectores de la policía y el poder judicial, que trabajan contra el gobierno", haciendo hincapié en lo oportuno de la operación, a solo días de que se votaran los presupuestos en los que el gobierno del PSOE y Podemos necesita el apoyo de los independentistas catalanes.

El ministerio del interior desestimó sus comentarios, diciendo que "hay diferentes versiones" sobre el nombre de la operación, aparentemente dando a entender que fue un error tipográfico, y les dijo al PSOE y a Podemos que respeten la investigación judicial como "muestra de la independencia y la separación de los poderes".

Aunque la mayoría de los medios basados en Madrid informaron de manera acrítica de la operación y citaron la indagación del juez, y aunque Podemos restara importancia a la operación, el caso se volvió el hazmerreír de las redes sociales. Twitter se llenó de comentarios, memes y tuits con sorna sobre el caso.

Las flagrantes excepciones en Twitter son los agentes de la OTAN de la Iniciativa Integridad, una red de agentes militares y de inteligencia, académicos y periodistas británicos y del mundo, que difunden propaganda anti-Rusia. En 2018, sus campañas lograron sacar a un asesor militar potencial del gobierno del PSOE, considerado como demasiado "pro-Rusia".

Los miembros del llamado "clúster español" de Iniciativa Integridad han sido activados para promocionar la estrambótica operación. Uno de sus miembros, Daniel Iriarte, afirmó que la oposición a esas acusaciones infundadas era "un ejemplo clásico de la técnica de desinformación rusa llamada 'hahaganda': cada vez que Rusia sale mal de una situación, se fijan en el ejemplo más extremo o estrafalario, se ríen de él, lo ridiculizan y entonces TODA [la noticia] es categorizada como absurda".

Iriarte no le dijo a su público en Twitter qué parte de la noticia inventada por la Guardia Civil debería creer el público.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de octubre de 2020)

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