Porciones previamente redactadas del informe Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en los EE. UU., publicado esta semana, han demostrado que, a pesar de todos los esfuerzos, el Departamento de Justicia no pudo inventar evidencia de ningún delito criminal por parte de WikiLeaks o Julian Assange en relación con sus publicaciones de 2016 que exponen al Comité Nacional Demócrata y a Hillary Clinton.
La revelación es la prueba más reciente del carácter fraudulento de toda la narrativa del "Rusiagate", utilizada no solo para difamar a Assange, sino también para justificar la censura en línea expandida y para impulsar una mayor agresión militar estadounidense. Es evidencia de que el estado de los EE. UU. había estado intentando fabricar cargos penales contra Assange, antes de que se finalizara una acusación a finales de 2017 sobre las publicaciones de 2010 y 2011 completamente ajenas a WikiLeaks.
Las 13 nuevas páginas del informe Mueller de 448 páginas se publicaron el lunes como resultado de una demanda exitosa de la Ley de Libertad de Información presentada por el Centro de Información de Privacidad Electrónica y Buzzfeed News .
El Departamento de Justicia ha tratado de bloquear la publicación completa del informe desde que fue derogado en marzo de 2019, incluso mediante el uso de redacciones extensas. En septiembre, un juez de EE. UU. dictaminó que el gobierno había violado la ley al retener secciones del informe sin una causa legítima, calificando algunas de las redacciones como "egoístas".
El contenido del nuevo material muestra por qué el Departamento de Justicia estaba tan decidido a mantenerlo oculto. Los documentos revelan que a pesar de una investigación de dos años, el fiscal especial Robert Mueller no encontró nada para probar la connivencia entre WikiLeaks, la campaña de Trump y la inteligencia rusa, como había sido pregonada por las agencias de inteligencia, el Partido Demócrata y los medios corporativos.
Esto está en consonancia con el carácter del informe en su conjunto, que era incapaz de probar cualquiera de la “interferencia Rusa” en las elecciones de Estados Unidos en 2016, que la investigación de Mueller había sido la tarea de identificar.
Las nuevas páginas revelan que uno de los focos de la investigación de Mueller fue sentar las bases para cargos criminales contra Assange y WikiLeaks bajo la Ley de Abuso y Fraude Informático.
Esto se basó en la afirmación de que las comunicaciones internas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y los correos electrónicos del presidente de la campaña de Clinton, John Podesta, fueron pirateados por la agencia de inteligencia militar rusa GRU antes de ser publicados por WikiLeaks.
En mayo, se reveló que CrowdStrike, una empresa de seguridad cibernética seleccionada por el Partido Demócrata para examinar los servidores del DNC, no habían podido encontrar pruebas de que se hubieran extraído documentos de ellos. En otras palabras, puede que no haya habido ningún pirateo exitoso, ruso o de otro tipo.
Esto se alineó con la reiterada insistencia de Assange en que Rusia no era la fuente del material. Le dio peso a las afirmaciones del colaborador de WikiLeaks y exdiplomático británico, Craig Murray, quien ha declarado que tiene conocimiento personal de la fuente de los documentos del DNC y que fueron proporcionados por "personas internas descontentas".
Significativamente, a pesar de que se basa en el marco desacreditado de Russiagate, el material recién publicado del informe concluyó que no había base para presentar cargos de conspiración contra Assange.
"Los obstáculos más fundamentales" para tal enjuiciamiento, dijo, "son objetivos". No hubo “evidencia admisible” para establecer una conspiración que involucre a la inteligencia rusa, WikiLeaks y al miembro de la campaña de Trump Roger Stone.
Para justificar el hecho de que todos los recursos del estado estadounidense eran insuficientes para fabricar pruebas de la teoría que había promovido durante años, el informe Mueller afirmaba patéticamente que uno de los problemas era que las comunicaciones de WikiLeaks con el GRU estaban encriptados.
"La falta de visibilidad de los contenidos de estas comunicaciones obstaculizaría la capacidad de la Oficina para demostrar que WikiLeaks conocía y tenía la intención de unirse a la empresa criminal compuesta por los piratas informáticos de GRU", indica el informe.
Esto es realmente aferrándose a las pajitas y tratando desesperadamente de salvar la cara. Mueller se vio reducido a afirmar que la única evidencia posible de una conspiración estaba contenida en mensajes cifradas que él y las agencias de inteligencia presumiblemente nunca habían visto.
El informe concluyó que un intento de enjuiciamiento fracasaría. "[El éxito también dependería de la evidencia del conocimiento de WikiLeaks y Stone sobre intrusiones informáticas en curso o previstas en el futuro, la prueba que falta actualmente", afirmó.
La centralidad de Stone en los intentos de inventar cargos contra Assange subraya el carácter fraudulento de toda la operación. Después de que se finalizó el informe de Mueller, Stone fue procesado con éxito. Pero no fue por participar en ninguna conspiración. Más bien, Stone fue enviado a prisión por afirmar falsamente bajo juramento que alguna vez había tenido alguna relación con WikiLeaks o Assange.
Los nuevos documentos muestran que Mueller tenía la intención de establecer los motivos para un enjuiciamiento de Assange, con las acusaciones y cargos precisos como un asunto secundario totalmente subordinado al objetivo general de encarcelar al fundador de WikiLeaks.
Por lo tanto, la investigación de Mueller examinó extraordinariamente la posibilidad de acusar a Assange de haber hecho "contribuciones de campaña ilegales" a Trump. Estas contribuciones no fueron económicos, sino que fueron la publicación de los correos electrónicos de DNC y Podesta.
Mueller era muy consciente de que esto sería un intento de criminalizar la publicación de información verdadera y de interés periodístico, y concluyó que tal enjuiciamiento chocaría con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa.
De manera significativa, el informe Mueller también advirtió que un enjuiciamiento por conspiración, incluso si se pudieran inventar pruebas, enfrentaría obstáculos similares. Señaló que un precedente había establecido que "la Primera Enmienda protege la publicación por parte de una parte de comunicaciones interceptadas ilegalmente sobre un asunto de interés público, incluso cuando las partes editoras sabían o tenían motivos para conocer el origen ilícito de las intercepciones".
La narrativa de Russiagate ya había sido completamente desacreditada antes de la publicación de nueva información del informe Mueller.
Pero el material resalta aún más la flagrante ilegalidad del intento de Estados Unidos para extraditar a Assange de Gran Bretaña y procesarlo por conspiración y cargos de la Ley de Espionaje por las publicaciones de WikiLeaks de 2010-11 en los registros de la guerra de Irak y Afganistán, cables diplomáticos de Estados Unidos y archivos de la Bahía de Guantánamo.
Todas las cuestiones de la Primera Enmienda relacionadas con las publicaciones de 2016 se aplican con la misma fuerza que las versiones de 2010-11. Fueron obtenidos por la valiente denunciante Chelsea Manning, quien tuvo acceso legal a ellos como analista de inteligencia del ejército. Los documentos fueron publicados por Assange, quien actuó como editor y periodista exponiendo evidencia de crímenes de guerra, abusos de derechos humanos e intrigas diplomáticas.
El hecho de que Mueller buscara sentar las bases para un enjuiciamiento penal contra Assange, en asuntos completamente ajenos a aquellos de los que ha sido acusado desde entonces, demuestra la naturaleza política y vengativa de la campaña del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks.
Pinta una imagen de un aparato estatal de EE. UU., con la intención de silenciar a Assange porque expuso sus crímenes, buscando durante años alguna base para emprender acciones legales contra él. Prácticamente toda la evidencia relacionada con las publicaciones de 2010-2011 se conocen desde hace una década. Sin embargo, el informe de Mueller sugiere que el estado de EE. UU. puede haber estado buscando primero acusar a Assange por las versiones de 2016. Solo cuando quedó claro que esto fallaría, se presentó una acusación en diciembre de 2017 en relación con el material de 2010-11.
Esa acusación, que desde entonces ha sido reemplazada repetidamente, se basó en la Ley de Abuso y Fraude Informático, exactamente la misma legislación que Mueller investigó sin éxito para enjuiciar a Assange.
El carácter claramente político de todo el proceso significa que la extradición de Assange a Estados Unidos sería ilegal. Los acuerdos de tratados existentes entre Gran Bretaña y Estados Unidos prohíben explícitamente las extradiciones por delitos de naturaleza política.
El último material de Mueller se ha visto ensombrecido por la crisis de las elecciones estadounidenses de 2020. Casi todas las publicaciones que promovieron la fraudulenta campaña de Russiagate lo han ignorado, incluyendo el New York Times y el Washington Post.
El momento, sin embargo, es algo apropiado. Durante los últimos cuatro años, los demócratas, en línea con su carácter de un partido de Wall Street y las agencias de inteligencia, han buscado desviar toda la oposición a la administración de Trump hacia canales de derecha, incluyendo afirmaciones febriles de que el presidente es un agente de Rusia.
La actual crisis electoral ha puesto de relieve la absoluta bancarrota de esa estrategia.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de noviembre de 2020)