En su primer discurso desde que perdió la elección presidencial de noviembre de 2020, el presidente saliente Donald Trump llamó a anular el resultado electoral, pidió “venganza” contra sus oponentes políticos y habló sobre “enviar el ejército” a las ciudades de la “izquierda radical”.
El discurso fue pronunciado en un mitin de campaña para promover a los dos candidatos republicanos que disputarán una segunda vuelta el 5 de enero de 2021 para el Senado. Pero el verdadero propósito de la aparición de Trump fue avanzar sus propios planes para un golpe de Estado político contra la elección del 3 de noviembre ganada por el demócrata Joe Biden, un exvicepresidente y ahora presidente electo.
“Si quieren hacerles algo, o quiero utilizar la palabra venganza, pero es venganza, hacia los demócratas, que lleguen y voten en cifras récord”, dijo Trump. Al hablar sobre “venganza”, Trump estaba enviando una señal. En las semanas recientes, sus simpatizantes han amenazado y aterrorizado a los oficiales electorales de Georgia de ambos partidos. Esto llevó al titular electoral de Georgia, un republicano, a advertir, “Alguien va a salir muerto”.
Trump luego declaró, “Todas las ciudades gobernadas por demócratas de la izquierda radical. Si lo tuviera que hacer otra vez, habría enviado al ejército”. Esto fue en referencia al discurso de Trump del 1 de junio, cuando amenazó con invocar la Ley de Insurrecciones de 1807 y con desplegar tropas a las protestas de masas contra la violencia policial. Trump solo se echó atrás por la renuencia de la cúpula del Pentágono, que consideraba que los planes para imponer ley marcial no estaban lo suficientemente preparados y amenazaban con desatar una guerra civil.
En las últimas semanas, Trump ha tomado una serie de medidas que buscan establecer su control personal sobre el ejército. El mes pasado, Trump despidió al secretario de Defensa, Mark Esper, uno de los que se opuso a movilizar el ejército en el país, reemplazándolo con el oficial retirado de las Fuerzas Especiales, Christopher Miller, y colocó a una media docena de leales en cargos clave del Pentágono.
Muchas comparten opiniones abiertamente fascistas, incluyendo a Scott O'Grady, un expiloto de combate, ahora secretario asistente de Defensa para asuntos de seguridad internacional, que retuiteó una publicación en apoyo a la declaración de ley marcial para suprimir un supuesto "golpe" del Partido Demócrata y denunció a los críticos de Trump en el Partido Demócrata y en el ejército como "socialistas" y "traidores".
La semana pasada, el teniente general retirado del Ejército, Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, que fue indultado por Trump el 25 de noviembre, tuiteó su apoyo al grupo fascista We the People, que ha pedido a Trump que declare la ley marcial "y suspenda temporalmente la Constitución y el control civil de estas elecciones federales, con el único propósito de que las fuerzas armadas supervisen una nueva votación".
A pesar de perder por siete millones de votos y un margen decisivo en el Colegio Electoral, Trump se ha negado a ceder, utilizando en cambio su derrota electoral para movilizar a sus partidarios fascistas contra aquellos a los que llama "socialistas" y "comunistas".
"Esperemos que nuestros legisladores y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos den un paso adelante y salven nuestro país", concluyó Trump en su discurso sobre Georgia.
Hasta ahora, ni los líderes legislativos estatales republicanos ni los jueces nombrados por los republicanos han intervenido para tratar de revertir las elecciones en los estados ganados por Biden, y Biden ya ha recibido la certificación de más de los 270 votos electorales requeridos para obtener la mayoría en el Colegio Electoral.
Sin embargo, una encuesta publicada por el Washington Post el domingo mostró que, de 249 senadores y diputados republicanos, solo 27 estaban dispuestos a reconocer que Biden había ganado la elección. Los principales republicanos de la capital de EE.UU. están claramente dispuestos a aceptar la continua negativa de Trump a conceder la elección y sus esfuerzos inconstitucionales para anular los resultados del voto popular en cada estado.
La respuesta de los demócratas a los esfuerzos de Trump para incitar a la violencia fascistizante y derrocar la Constitución se caracteriza por la pasividad total. Biden no ha dicho nada sobre los incesantes desafíos de Trump a su condición de presidente electo. Los líderes demócratas del Congreso están promoviendo la complacencia, asegurándole al público que los esfuerzos de Trump para anular el resultado de las elecciones del 3 de noviembre son una mera rabieta.
El senador de la minoría Dick Durbin fue el principal oficial demócrata que apareció en los programas televisivos de entrevistas del domingo, y negó rotundamente cualquier interés en responder a los esfuerzos de Trump para anular el resultado de las elecciones. "Joe Biden va a prestar juramento como el próximo presidente de los Estados Unidos el 20 de enero", dijo. "En los días restantes, vamos a estar en sesión en Washington; espero que no nos involucremos más en ese debate".
Cuando su entrevistador, George Stephanopoulos, le hizo una pregunta obvia: ¿cómo podría Durbin entablar negociaciones con los republicanos del Senado sobre un proyecto de ley de estímulo cuando ni siquiera reconocen el resultado de las elecciones?, a Stephanopoulos solo le quedó comentar, refiriéndose a la negativa de Trump a ceder, "Es realmente difícil exagerar cuán extraordinario es lo que estamos viendo ahora".
El New York Times respondió a la diatriba de Trump en Georgia publicando un editorial titulado "La agenda de la decencia", llamando a Biden a ignorar el peligro que representa la derecha fascista. Biden debería "bajarles el calor a las guerras culturales", escribió el Times, y encontrar "terreno político común" con el Partido Republicano.
La principal preocupación del Partido Demócrata no es la amenaza de una dictadura fascistizante, sino el crecimiento de la oposición popular. Desde su elección, Biden ha llenado su gabinete de agentes corporativos y belicistas de derecha y está dejando claro que continuará la campaña de Trump para mantener abiertas las escuelas y las empresas en medio de los estragos de la pandemia.
Todos los que sostenían que una Administración de Biden rechazaría las políticas de Trump y le daría "espacio" a la política de izquierda han demostrado, como era de esperar, estar totalmente equivocados.
Tanto Trump como los demócratas representan los intereses sociales de los oligarcas financieros que se beneficiaron enormemente de sus recortes de impuestos y su desregulación, y que cada vez más consideran la democracia como una amenaza mortal para su riqueza acumulada.
Es la élite empresarial la que ha respaldado la política de "inmunidad colectiva" para obligar a millones de trabajadores a volver al trabajo y reanudar la generación de ganancias para los capitalistas, sin importar el peligro para su salud y sus vidas. Ha sido aplicada tanto por la Administración de Trump como por los gobernantes estatales y locales, republicanos y demócratas.
Biden ha prometido igualmente a Wall Street que no habrá cierres, ni retrocesos en la campaña de "vuelta al trabajo" y "vuelta a la escuela". En caso de que Biden vacilara en esta garantía, bajo la presión del aumento exponencial del número de muertes por coronavirus, los medios de comunicación corporativos podrían cambiar fácilmente su tono y encontrar más creíbles las afirmaciones de Trump sobre "fraude electoral", mientras que los principales portavoces de la élite gobernante podrían comenzar a poner en marcha una búsqueda
Biden también se ha comprometido con Wall Street a no implementar cierres, ni retirar la campaña de "regreso al trabajo" y "regreso a la escuela". En caso de que Biden titubeara en hacer esta garantía, bajo la presión del aumento exponencial de muertes por coronavirus, los medios de comunicación corporativos podrían cambiar fácilmente su tono y declarar que las afirmaciones de Trump sobre "fraude electoral" son más creíbles, mientras que los principales portavoces de la élite gobernante podrían comenzar a poner un signo de interrogación sobre la transición a una Administración de Biden.
Es totalmente posible que la dirigencia demócrata responda a la negativa rotunda de Trump a dejar el cargo con nada más que apelaciones nerviosas al líder republicano del Senado, Mitch McConnell, para que intervenga o a la mayoría republicana de derecha en la Corte Suprema.
Pase lo que pase en las seis semanas hasta el día de la inauguración, lo que está absolutamente claro es que nada se resolverá el 20 de enero.
La lucha contra el peligro de una dictadura fascista debe librarse con total independencia del Partido Demócrata, mediante una lucha contra toda la oligarquía financiero-corporativa y el sistema capitalista. Requiere que la clase obrera tome el poder en sus propias manos y reestructure la vida económica sobre la base de la igualdad y el socialismo.
(Publicado originalmente en inglés el 7 de diciembre de 2020)