A principios de mes, el gobierno de Macron publicó discretamente cambios de gran alcance en sus directrices de inteligencia policial, para facilitar la documentación masiva de las opiniones políticas de la población francesa.

Los cambios fueron promulgados a través de una serie de decretos ejecutivos publicados el 4 de diciembre. No fueron acompañados por ningún comunicado de prensa o debate público, y fueron inicialmente revelados sólo debido a un artículo del blog francés de datos y tecnología Next INpact. Los decretos amplían significativamente las condiciones en las que la policía puede crear archivos personales detallados sobre los individuos y la información que estos archivos pueden contener.

Hasta noviembre, según el Ministerio del Interior, estos archivos policiales —que están separados de los mantenidos por los organismos de inteligencia— contenían la información personal detallada de más de 60.000 personas en todo el país.

Esto ahora se ampliará aún más. Anteriormente, las directrices se referían a la recopilación y análisis de información sobre "personas" individuales. Se ha sustituido por "personas físicas" y "personas morales" —esta última es una definición de la ley francesa para una asociación jurídica— así como por "agrupaciones".

El término "agrupación" es tan impreciso que sin duda abarcaría grandes grupos de medios de comunicación social y movimientos de protesta, incluidas las protestas de "chaleco amarillo" contra la desigualdad social, que se organizaban en grupos de Facebook de hasta 300.000 personas. El decreto establece que pueden recogerse datos sobre "las personas físicas que tengan o hayan tenido relaciones directas y no fortuitas con la [asociación] o agrupación...".

También se han ampliado los criterios para determinar quién se considera un "riesgo". La versión anterior de la ley se refería a los individuos que amenazaban la "seguridad pública". La nueva versión se refiere a las amenazas a "la seguridad pública o la seguridad del Estado", a "la integridad del territorio o a las instituciones de la República" y a "los intereses fundamentales de la nación". Esta última se define por separado como la inclusión de "los grandes intereses industriales, económicos y científicos de Francia" y su "política exterior".

También se ha modificado la información que la policía tiene instrucciones de documentar. Anteriormente, la ley se refería a la documentación de las "actividades políticas, filosóficas, religiosas y sindicales" del individuo en cuestión. Esto se ha cambiado a "opiniones políticas, convicciones filosóficas y religiosas, o afiliación sindical". La policía también debe recopilar las actividades de los medios de comunicación social de las personas a las que se apunta.

Es significativo que, como señaló la asociación de defensa de las libertades Quadrature Du Net, el decreto también eliminó una cláusula que excluía explícitamente el uso de los archivos de la policía para el reconocimiento facial a gran escala.

El gobierno de Macron está construyendo un estado policial para suprimir la oposición masiva de la clase obrera a la desigualdad social, la austeridad y las políticas militaristas de derecha del establ ishment político. El año pasado, el gobierno de Macron aprobó cambios similares en las directrices estratégicas de la agencia nacional de inteligencia y antiterrorismo, afirmando que el papel de las agencias de inteligencia es contrarrestar los "movimientos subversivos" y la "violencia insurreccional" en la población.

En 2014, la "Estrategia Nacional de Inteligencia" enumeró cinco esferas de atención: el terrorismo, el espionaje y la interferencia económica, la proliferación de armas de destrucción en masa, los ciberataques y la delincuencia organizada. La nueva versión incluía una nueva categoría, "Anticipación de crisis y el riesgo de rupturas importantes". Bajo el título "La subversión violenta", afirmaba que "la fuerza creciente de los movimientos y redes de carácter subversivo constituye un factor de crisis tanto más preocupante cuanto que tienen por objeto debilitar, e incluso destruir, los fundamentos de nuestra democracia y las instituciones republicanas mediante la violencia insurreccional".

Estos cambios ponen de relieve el hecho de que la vasta expansión de los poderes policiales y la evisceración de los derechos democráticos de la población, introducidos bajo la bandera de la "Guerra contra el Terror" en las dos últimas décadas, se dirigen contra la oposición social de la clase obrera. En su intervención el pasado jueves en France Info, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, declaró que las nuevas normas de documentación policial eran necesarias porque "las opiniones y actividades políticas relacionadas con los partidos extremistas, aquellos que llaman precisamente a la separación, a la revolución, deben ser conocidas por los organismos de inteligencia".

El Partido Socialista ha criticado los últimos cambios sabiendo que su voto no sería necesario para hacerlos cumplir. Su portavoz, Boris Vallaud, pidió la retirada de la ley. Pero el Partido Socialista ha jugado un papel importante en la construcción de los poderes de la policía, promulgando un estado de emergencia de dos años a partir de 2015 bajo Francois Hollande y suspendiendo los derechos democráticos.

Una serie de leyes de Estado policial están siendo impulsadas por Macron. El 24 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la ley de "seguridad global" de Macron, que criminaliza la filmación de oficiales de policía, entre otros cambios antidemocráticos. El día anterior, la policía llevó a cabo un violento alboroto contra un pacífico campamento de refugiados en el centro de París.

Ante las continuas protestas masivas, incluida una manifestación de cientos de miles de personas el 28 de noviembre, Macron ha retirado temporalmente el artículo más controvertido de la ley, pero se ha comprometido a "reescribirlo". Además, siguen en vigor otros cambios en la ley de "seguridad mundial", incluida la codificación del uso de aviones teledirigidos para espiar a todas las personas que asisten a una protesta.

Señalando la importancia de estos cambios simultáneos, Quadrature de Net señaló en su informe: "Si, a través de la ley de seguridad global, todos los manifestantes pueden ser filmados en una protesta, y ... una gran parte de ellos pueden ser identificados a través de la tecnología de reconocimiento facial, los [sistemas de archivo de la policía] ya han preparado para ellos un sistema completo para centralizar toda la información que les concierne, sin que esta vigilancia sea nunca autorizada ni pesada por un juez".

Al mismo tiempo, el gobierno de Macron se propone aprobar su ley "antiseparatismo", rebautizada como "respeto de los principios de la República", que dará al Estado más poderes para disolver asociaciones y organizaciones legales, incluidos los partidos políticos, por ser declarados hostiles a la República.

La ley antiseparatismo se presenta en el contexto de una campaña antimusulmana de extrema derecha en todos los medios de comunicación y en la clase política. Tras el asesinato terrorista del maestro de escuela parisino Samuel Paty el mes pasado, el ministro del Interior Darmanin ha anunciado el cierre de más de 75 mezquitas, la disolución de decenas de asociaciones musulmanas y ha denunciado la presencia de halal y otros alimentos internacionales en los pasillos de los supermercados. La campaña antimusulmana se está utilizando para promover y legitimar a los neofascistas, dividir a la clase obrera según criterios religiosos y justificar los ataques a los derechos democráticos de la población.

En Francia y a nivel internacional, la democracia burguesa está podrida y se está desmoronando. En los Estados Unidos, Trump sigue desafiando los resultados de las elecciones presidenciales y declarando su determinación de permanecer en el cargo. En Alemania, la Alternativa fascista para Alemania ha sido elevada a la oposición oficial en el Parlamento. La respuesta de la clase dirigente al aumento de las huelgas y manifestaciones de izquierda de la clase obrera a nivel internacional desde 2018 es volverse hacia la dictadura.

La élite gobernante se está preparando para una explosión de oposición social a su respuesta criminal a la pandemia, que ha permitido innecesariamente que mueran millones de personas, para proteger los beneficios empresariales que de otro modo se verían afectados por un bloqueo económico prolongado. La respuesta de la clase obrera debe ser desarrollar su propia lucha por el poder político, independiente de todos los partidos capitalistas, para establecer gobiernos obreros y el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de diciembre de 2020)