Otras 830 muertes de COVID-19 fueron anunciadas el martes, sólo horas antes de que un cierre nacional de hoy en Gran Bretaña entre en funcionamiento. Los casos diarios alcanzaron un récord de 60.916 —el octavo día consecutivo con más de 50.000. En los 11 días transcurridos desde el 26 de diciembre, hubo 6.035 muertes de Covid y más de medio millón de nuevos casos (551.328).

En una conferencia de prensa en Downing Street ayer, el primer ministro Boris Johnson se vio obligado a reconocer que más de 1,1 millones de personas tienen ahora el virus en Inglaterra. El director médico Chris Whitty reveló que el 10 de septiembre, debido al cierre anterior, sólo una de cada 900 personas en Inglaterra tenía el virus. Para esta semana, una de cada 50 lo tiene y una de cada 30 en Londres.

Whitty presentó un gráfico que muestra que las infecciones fueron atrofiadas temporalmente por el cierre del "interruptor" nacional entre el 5 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero las infecciones aumentaron después de que terminó con el gobierno permitiendo compras las 24 horas y viajar a todas partes para "Salvar la Navidad" —y las ganancias de las grandes empresas.

Una nueva variante más contagiosa de COVID-19 fue detectada por primera vez en Kent, en el sudeste de Inglaterra, en septiembre. La misma agenda de inmunidad colectiva permitió que se propagara incontrolablemente, con la economía totalmente reabierta junto con las escuelas, colegios y universidades que se convirtieron en los principales vectores de propagación. La gran zona sudoriental de Inglaterra (Londres, sudeste y este) —que abarca una población de 15,7 millones de personas, incluida una fuerza de trabajo de 8,1 millones— es ahora un epicentro de la pandemia. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, es posible que la nueva variante ya sea responsable del 60 por ciento de todos los nuevos casos.

Los servicios de salud pública son incapaces de hacer frente, con el Hospital del Condado de Lincoln el último obligado a declarar una "situación crítica".

El nuevo cierre que entra en vigor hoy está muy por debajo del que se impuso en marzo del año pasado. Mientras se instruye a la gente para que permanezca en casa durante las siete semanas de duración, gran parte de la economía permanecerá abierta con Johnson insistiendo en que la gente vaya a trabajar si no puede trabajar en casa. Se cerrarán los servicios no esenciales de venta al por menor, hospitalidad y cuidado personal, pero los restaurantes podrán continuar con los servicios de comida para llevar y ofrecer entregas. Los pubs pueden ofrecer un servicio de comida para llevar, café y refrescos. Los hoteles y alojamientos vacacionales pueden permanecer abiertos para un pequeño número de huéspedes.

Los trabajadores de limpieza y construcción de casas ajenas pueden continuar. Los agentes inmobiliarios pueden trabajar y las visitas a las propiedades pueden seguir teniendo lugar.

Criminalmente, las guarderías y los proveedores de los primeros años que ofrecen 328.000 plazas en las escuelas para niños seguirán abiertas. Además, hay 120.000 niños en escuelas de necesidades educativas especiales (SEN) y un total de 270.000 niños con un Plan de Educación, Salud y Atención (EHCP) que los califica como vulnerables y que pueden permanecer en la escuela. Hay decenas de miles de personas que apoyan a los niños con necesidades educativas especiales.

La enseñanza presencial en los colegios y universidades también puede continuar en "cursos prácticos" como medicina, enfermería, trabajo social y educación.

En el primer encierro, se terminó la competición de deportes de élite, incluyendo el fútbol de la Premier League. Se permite a la Premier League continuar en este confinamiento, a pesar de que ayer se informó de que 40 jugadores y personal del club dieron positivo por coronavirus durante la semana pasada.

Con las infecciones de COVID-19 fuera de control y sólo una pequeña fracción de la población vacunada, el ministro de la Oficina del Gabinete Michael Gove reveló que el cierre podría continuar durante el mes de marzo.

El cierre se impone en ausencia del apoyo financiero necesario para los trabajadores. Según el Banco de Inglaterra, se estima que unos 5,5 millones de trabajadores necesitarán apoyo en el marco del plan de cesantía del Gobierno, que está previsto que dure hasta finales de abril. El Estado sólo cubre el 80 por ciento de la paga, hasta un límite máximo de £2.500 al mes.

El canciller Rishi Sunak ha anunciado más apoyo por un total de sólo £ 4,6 mil millones. Esto permitirá a unas 600.000 empresas de comercio, hostelería y ocio acceder a "subvenciones complementarias" únicas de hasta £9.000 por ubicación. Otros £594 millones de "fondo discrecional" estarán disponibles para los consejos para apoyar a las empresas afectadas por las restricciones.

Según el Centro de Investigación del Comercio Minorista, en el Reino Unido se perdieron casi 180.000 puestos de trabajo en el comercio minorista en 2020. Incluso antes del último anuncio del cierre, predijo que 200.000 empleos más en el sector minorista estarían en riesgo este año.

Johnson finalmente impuso su cierre parcial por temor a la creciente oposición masiva a la escalada de muertes. La decisión fue tomada por el comité gubernamental "COVID-O", basado en el asesoramiento del altamente secreto Centro Conjunto de Bioseguridad (JBC). Según una declaración del secretario de Salud Matt Hancock en julio, estos dos organismos han dejado de lado al comité de crisis del gobierno, Cobra, y al Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias en la organización de la respuesta a la pandemia, reuniéndose "dos o tres veces por semana" y luego informando al "Covid-S, que toma las decisiones estratégicas y está presidido por el primer ministro...".

El lunes, Johnson presidió una sesión de COVID-O, ya que el Centro Conjunto de Bioseguridad anunció que por primera vez elevaría el "nivel de amenaza" sobre Covid-19 al nivel más alto 5. En respuesta, los cuatro directores médicos del Reino Unido, incluyendo a Whitty, emitieron una declaración de acuerdo con el Centro Conjunto de Bioseguridad "a la luz de los datos más recientes..."

El Centro Conjunto de Bioseguridad se creó en mayo con un costo de £9.000 millones y está basado en el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo. Está supervisado por jefes de espías y dirigido por Clare Gardiner, la jefa de resistencia y estrategia cibernética del Centro Nacional de Seguridad Cibernética, parte de la agencia de espías del Reino Unido GCHQ (Government Communications Headquarters).

Un aspecto central de las preocupaciones de los espías de la JBC era la creciente oposición de los educadores a ser obligados a trabajar en escuelas inseguras. Ayer, Salud Pública de Inglaterra informó que el 26 por ciento de los grupos de infección por Covid investigados —2.722 de 10.000— estaban vinculados a guarderías, escuelas primarias, secundarias y universidades en las 12 semanas hasta el final de diciembre.

El gobierno aún pretendía que todas las escuelas primarias del país, excepto Londres, reabrieran esta semana, y que las escuelas secundarias lo hicieran el 18 de enero. La Unión Nacional de Educación (NEU) ha trabajado junto con otros sindicatos de educación durante meses en colaboración con el gobierno para mantener abiertas las escuelas. Antes del fin de semana, sólo pedía un retraso de dos semanas para poner en marcha un régimen de pruebas antes de que las escuelas reabrieran. Pero el domingo, la NEU organizó una llamada de Zoom para discutir la crisis, a la que asistieron 400.000 educadores. El sindicato dijo que esta era "la mayor reunión política en línea de la historia del Reino Unido", antes de señalar que "la fuerza de sentimiento de nuestros miembros es evidente". El único objetivo de la burocracia de la NUE era reprimir la creciente militancia entre sus miembros. La secretaria general conjunta Mary Bousted dijo que el sindicato sólo aconsejaba a sus miembros que no trabajaran en edificios inseguros bajo las leyes de salud y seguridad pertinentes, e insistió: "Esto no es en absoluto una huelga". El sindicato no les está aconsejando que retiren su trabajo. No hemos celebrado una votación. No estamos tomando medidas industriales".

A la mañana siguiente, muchos educadores se negaron a presentarse a trabajar con escuelas cerradas en al menos 29 condados, pueblos y ciudades.

Sólo horas después, Johnson anunció el cierre nacional. Como siempre, se le aseguró el respaldo del Partido Laborista con el líder del partido, Sir Keir Starmer, declarando: "Estas medidas son necesarias y las apoyamos".

Como fue el caso en marzo, sólo por el temor a una explosión de la lucha de clases el gobierno lleva a cabo las medidas más mínimas para contener el virus. El único objetivo del Partido Laborista y los sindicatos es trabajar junto a Johnson y los empresarios en la prevención de tal erupción de la oposición.

El Partido Socialista por la Igualdad (PSI o SEP en inglés) ha insistido desde el comienzo de la pandemia en que los trabajadores deben tomar en sus manos la lucha contra la pandemia y la defensa de sus empleos y medios de vida mediante la creación de comités de acción de base, independientes de los sindicatos.

*Toda la producción no esencial debe ser cerrada inmediatamente.

*Todas las escuelas y universidades deben cerrarse a la enseñanza presencial con efecto inmediato.

*Todos los trabajadores deben recibir un salario completo.

Esto debe ser pagado mediante la confiscación de los activos y megabeneficios de las principales corporaciones y bancos.

La lucha por este programa exige la movilización política de toda la clase obrera en la lucha por el socialismo, bajo la dirección del PSI. Hacemos un llamado a todos los educadores, padres y estudiantes para que asistan al Comité de Seguridad de la Base de Educadores el 9 de enero a las 2pm. Regístrese hoy para participar y distribuir el enlace a esta reunión crítica lo más ampliamente posible.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de enero de 2021)