Los agricultores que están protestando las leyes de “reforma” favorables a la agroindustria del Gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) celebrarán hoy una manifestación de tractores en Delhi para conmemorar el Día de la República del 26 de enero.

Inicialmente, el Gobierno había buscado que la protesta se declarara ilegal. Pero se echó atrás después de que la Corte Suprema de India rechazara su solicitud de una orden judicial, por temor a que tal acción condujera a un choque violento que alimentaría aún más la oposición al Gobierno liderado por Narendra Modi y sus rapaces políticas a favor de las grandes empresas.

Sin embargo, en una demostración de fuerza destinada a intimidar a los agricultores y los que los apoyan, el Gobierno del BJP está desplegando “cinco niveles de seguridad” en la capital de India y sus alrededores. El Indian Express informa que la policía de Delhi afirmó lo siguiente, más de 40.000 policías y paramilitares de la policía de Delhi, la Policía Fronteriza Indo-Tibetana y la Fuerza de Policía de Reserva Central (CBRF) serán desplegados en las fronteras de Singhu, Tikri y Ghazipur del Territorio de la Capital Nacional de Delhi.

Desde el 26 al 27 de noviembre, cuando el Gobierno bloqueó su entrada a Delhi con cañones de agua, gases lacrimógenos y violentas cargas policiales, cientos de miles de agricultores han acampado en las fronteras de la capital de India.

Ahora que entra en su tercer mes, la agitación de los agricultores ha agravado la enorme crisis social y política que enfrenta el régimen de Modi y la élite gobernante india en su conjunto. El manejo catastrófico de la clase dominante de la pandemia de coronavirus ha resultado en más de 150.000 muertes oficiales por COVID-19, aunque el número real es indudablemente mucho más alto, y en la mayor contracción económica en la historia moderna de la India.

El mayor temor del Gobierno supremacista hindú del BJP, así como de sus oponentes en la élite política, es que la agitación de los agricultores se convierta en el catalizador de un movimiento social más amplio liderado por la clase trabajadora y que involucre a los trabajadores agrícolas y sin tierra, que constituyen la mayoría de las masas rurales.

Y han estallado luchas de la clase trabajadora en toda India contra el programa de reestructuración económica favorable a los inversionistas siendo implementado por el Gobierno de Modi con el apoyo del FMI, y para exigir apoyo financiero para los cientos de millones que han perdido sus empleos y/o ingresos durante la pandemia. Esto ha incluido dos huelgas generales de un día el año pasado en las que participaron decenas de millones. En una lucha que ejemplifica la creciente militancia dentro de la clase trabajadora, 3.000 trabajadores de Toyota empleados en una instalación cerca de Bangalore han desafiado la orden de regreso al trabajo del Gobierno estatal del BJP en Karnataka, a fin de resistir a los planes de acelerar la producción por parte del gigante automotriz.

En conjunto con las reformas económicas de su Gobierno, que tienen como objetivo intensificar la explotación de la clase trabajadora y convertir a India en la principal alternativa a China para la cadena de producción de mano de obra barata del capital global, Modi ha fortalecido la alianza militar-estratégica de India con el imperialismo estadounidense.

Las tres leyes para la agroindustria fueron aprobadas apresuradamente en el Parlamento en septiembre, durante la misma sesión en la que el Gobierno de Modi modificó las leyes laborales del país para expandir el uso ya generalizado del trabajo por contrato temporal, permitiendo que las empresas grandes despidan a sus trabajadores a voluntad e ilegalizando la mayoría de las huelgas y otras acciones laborales.

La onceava ronda de negociaciones entre los representantes del Gobierno y los líderes sindicales agrícolas finalizó abruptamente el 22 de enero cuando los últimos rechazaron la propuesta del Gobierno de posponer la implementación de sus leyes agrícolas por 18 meses.

La aplicación de las leyes ya había sido suspendida por la Corte Suprema como parte de una maniobra para que los agricultores aceptaran presentar sus quejas a un panel de “expertos” nombrado por el tribunal, conformado completamente por partidarios de las leyes de “reforma” gubernamentales.

Con una desconfianza correcta hacia el Gobierno, los agricultores han insistido han insistido en que las tres leyes para la agroindustria se abroguen y que se les dé una garantía que no desmantelarán el sistema de Apoyo de Precios Mínimos (MSP, por sus siglas en inglés).

El Gobierno, que ha sido insistido en todo momento en que no se pueden hacer más que cambios menores y cosméticos a las leyes, primero planteó la posibilidad de que se suspenda su aplicación durante 18 meses para permitir cambios negociados en la décima ronda de conversaciones el 20 de enero,

Algunos líderes sindicales de los agricultores acogieron inicialmente la iniciativa del Gobierno como “un avance muy importante”. Sin embargo, se vieron obligados a cambiar de rumbo debido a la decidida oposición de los agricultores. Antes de la reunión del 22, Samyukt Kisan Morcha (SKM), el organismo que agrupa a los sindicatos de agricultores y campesinos, aprobó una resolución que rechazaba la oferta del Gobierno. Harpal Singh, presidente de la Unión Bhartiya Kisan (BKU), dijo al Indian Express: “Incluso si aceptamos la oferta del Gobierno, nuestros hermanos que se encuentran en las fronteras de Delhi no aceptarán nada más que la derogación de las leyes. No nos perdonarán”.

Los agricultores que participan en la agitación en las fronteras de Delhi han desafiado la brutal represión policial, las condiciones extremadamente frías y la amenaza del COVID-19. Hasta la fecha, han muerto más de 140 agricultores. El Gobierno de Modi inicialmente calificó la manifestación de tractores de hoy como una conspiración para desencadenar disturbios violentos y socavar la reputación de India. Pero la Corte Suprema se negó a prohibir la concentración.

Después de no poder convencer a los agricultores de que permanecieran fuera de Delhi durante el Día de la República, la fuerza policial de Delhi, que está bajo la autoridad directa de Amit Shah, el ministro del Interior de India y principal secuaz de Modi, finalmente acordó el sábado permitir que los agricultores que protestaban ingresaran a la capital y celebraran el “Día de Kisan Gantantra (Día de la República Campesina)”. Sin embargo, impusieron restricciones estrictas para que la concentración de tractores no perturbe el desfile oficial del Día de la República del Gobierno. Los sindicatos de agricultores han aceptado estas condiciones.

Según el secretario general del Jamhoori Kisan Sabha de Punjab, Kulwant Singh Sandhu, en el desfile de protesta de hoy participarán entre 250.000 y 300.000 tractores.

Si bien se vio obligado a renunciar a su intento de ilegalizar la protesta de hoy, el gobierno de Modi continúa preparando el terreno para la represión masiva. El 17 de enero, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) citó a Baldev Singh Sirsa, líder de la protesta y presidente de la Sociedad de Bienestar Lok Bhalai Insaf, en relación con un caso registrado contra Gupatwant Singh Pannu, el líder de Sikhs for Justice, una organización basada en EE.UU. que fue prohibida en India. Alrededor de otras 40 personas que han apoyado la agitación de los agricultores de diversas formas también fueron interrogadas por la NIA. Esto es parte del esfuerzo continuo del Gobierno para estropear las protestas alegando que han sido infiltradas o que incluso están dirigidas por los khalistanis (separatistas sij). Su objetivo es difamar la agitación como traición para preparar el terreno para su violenta represión.

El 22 de enero, los agricultores que protestaban acampados en Singhu, en la frontera de Delhi-Haryana, capturaron a un hombre que confesó públicamente en una conferencia de prensa convocada por los sindicatos de agricultores ser parte de un equipo de 10 miembros capacitados por un oficial de policía para instigar violencia durante la manifestación de tractores de hoy. Los disturbios serían entonces aprovechados por la policía como pretexto para justificar una represión despiadada contra los manifestantes.

Sin embargo, después de que los granjeros lo entregaron a la policía, la policía de Haryana le dio vuelta a la historia. Afirmaron que el hombre se había visto obligado a confesar por miedo. Cualquiera que esté familiarizado con la brutalidad de la policía india tratará esta afirmación con un escepticismo extremo. El incidente es simplemente el último indicio de cómo las autoridades están utilizando todos los trucos del libro, incluido el fomento de las fuerzas de extrema derecha, para reprimir la protesta de los agricultores.

Las conspiraciones del Gobierno de Modi para acabar con la agitación de los agricultores, ya sea desgastándola a través de negociaciones diseñadas para no ir a ninguna parte o la represión estatal, están siendo facilitadas por organizaciones de agricultores y los partidos y sindicatos estalinistas.

Están buscando aislar la agitación de los agricultores de las luchas de capas más amplias de los trabajadores y las masas empobrecidas. Los sindicatos de agricultores se han negado a hacer un llamamiento más amplio, negándose a plantear demandas en nombre de los trabajadores agrícolas y sin tierra, e insistiendo en que su movimiento es “apolítico”.

El Partido Comunista de la India (Marxista) o CPM, y el Partido Comunista de la India o CPI, ambos estalinistas, y sus sindicatos afirman apoyar a los agricultores. Pero, de hecho, están haciendo todo lo posible para mantener a la clase trabajadora al margen y evitar que intervenga en la crisis como una fuerza política independiente que reúna a los trabajadores rurales sobre la base de un programa socialista contra el Gobierno de Modi y el capitalismo indio. A lo largo de la agitación de los agricultores, el CPM y el CPI han estado coordinando estrechamente sus acciones en “apoyo” a los agricultores con el Partido del Congreso, hasta hace poco el partido de gobierno preferido de la burguesía india. Esto es parte de su esfuerzo más amplio para descarrilar la creciente oposición masiva al Gobierno de Modi, dirigiéndola políticamente hacia el Partido del Congreso y los otros partidos derechistas de oposición.

En una entrevista con Hindu publicada el 28 de diciembre, el secretario general del CPM, Sitaram Yechury, señaló cómo su partido está colaborando con el Partido del Congreso y otros partidos de oposición para empujar a los agricultores en protesta a entablar negociaciones inútiles con el Gobierno de Modi. “En lo que respecta a la oposición”, dijo Yechury, “once partidos se han unido, nos reunimos con el presidente de la India. Solo estamos diciendo que deroguen estas leyes, luego se sientan con todas las partes interesadas, los kisans [agricultores], y permitan que sus amigos corporativos también vengan a discutir. Con base en esta discusión, se pueden formular nuevos proyectos de ley. Esta es la forma más razonable y democrática de hacerlo”.

Lo que los estalinistas están promoviendo como una “alternativa” a las leyes agrícolas del Gobierno de Modi no es nada por el estilo. Si los nuevos proyectos de ley del CPM deben ser aceptables para los “amigos corporativos” de Modi y los agricultores, inevitablemente defenderán los intereses de las mismas empresas agroindustriales a las que los agricultores se han opuesto con tanto sacrificio.

Rechazando el papel traicionero desempeñado por los estalinistas, la clase trabajadora india debe intervenir de forma independiente con su propia estrategia socialista, como se explica en la declaración del 22 de diciembre “La agitación de los agricultores indios y la estrategia socialista de la clase obrera”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de enero de 2021)