El peligro de un golpe fascista militar en Estados Unidos que saltó a la superficie con la invasión del Capitolio el 6 de enero no ha desaparecido; apenas inicia.

Esta es la única conclusión seria que puede extraerse de la extraordinaria orden emitida el jueves por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, de un “parón” de todo el ejército estadounidense con sus 2,1 millones de miembros para “discutir el problema del extremismo en las filas”.

La orden siguió a una reunión de Austin, un general retirado y excomandante del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) con los titulares del servicio civil y militares del Estado Mayor Conjunto, que dejó en claro que la conducción del Pentágono no conoce claramente la prevalencia de las fuerzas fascistas y supremacistas blancas en el ejército, ni ha intentado sistemáticamente sacarlas de raíz.

Después de la reunión, el vocero del Pentágono, John Kirby, indicó a reporteros que el intento de golpe de Estado en el Capitolio fue una llamada de atención para las fuerzas armadas. “El extremismo” en el ejército “no es un problema insignificante”, afirmó, y el número de tropas involucradas “no es tan pequeño como alguien quisiera”.

El encuentro del mando presidido por Austin se produjo a su vez tras reportes de que los militares retirados y en servicio activo conformaron hasta una quinta parte de aquellos arrestados por la irrupción en el Capitolio, la cual pretendía prevenir que el Congreso certificara la elección de Joseph Biden como presidente y la derrota de Donald Trump.

La rueda de prensa del Pentágono hizo evidente que los mandos superiores no tienen un plan coherente para enfrentar el problema. “No sabemos cómo vamos a abordarlo de una manera significativa, productiva y tangible, y es por eso por lo que tuvimos esta reunión hoy, y es ciertamente la razón por la cual ordenamos este parón”, dijo Kirby.

El “parón”, que será organizado en el disperso ejército estadounidense durante los próximos 60 días, aparenta haber sido concebido, hasta el momento, como poco más que charlas de motivación por parte de oficiales de mando a sus unidades, sermoneando sobre la oposición del Pentágono al “extremismo”.

Evidentemente, esta orden de un “parón” no significa de ninguna manera una reducción en las agresiones y provocaciones militares de EE.UU. en todo el mundo. Por el contrario, las primeras semanas del Gobierno de Biden han visto despliegues provocadores de buques estadounidenses en el mar Negro y el estrecho de Taiwán, mientras los bombarderos B-52 estadounidenses siguen realizando sobrevuelos amenazantes en el golfo Pérsico.

El papel asumido por los militares retirados y activos en los eventos del 6 de enero se ha vuelto cada vez más evidente a lo largo del último mes. Los fallecidos durante la intentona golpista incluyeron a la veterana de la Fuerza Aérea, Ashli Babbitt, quien recibió un disparo de la policía cuando intentaba invadir el lobby de la presidenta legislativa.

Aquellos sujetos a cargos penales incluyen al teniente coronel Larry Rendall Brock, un oficial retirado de la Fuerza Aérea que invadió la cámara del Senado con cintas de plástico, presumiblemente para capturar a miembros del Congreso y utilizarlos como rehenes. Mientras tanto, la capitana activa del Ejército, Emily Rainey, está bajo investigación por organizar buses al mitin de Trump desde el área de Fort Bragg, Carolina del Norte.

Varias milicias que reclutan soldados retirados y activos, incluyendo más prominentemente los Oath Keepers, protagonizaron la invasión del Capitolio, organizando escuadrones de tipo militar para cruzar las entradas al edificio. Varios militares retirados en los Oath Keepers, que siguen llamando a sus simpatizantes a luchar “contra los comunistas y traidores del Estado profundo que se robaron la Casa Blanca”, han sido acusados de conspiración, junto a los Proud Boys, a quienes Trump les dijo famosamente que “se aparten y aguarden”.

Los participantes en la irrupción física del Capitolio fueron tan solo los militares involucrados más visiblemente en la intentona de Trump. El general retirado Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, desempeñó un papel líder en la campaña “stop the steal [detengan el robo]” basada en acusaciones inventadas de que la elección fue robada y que preparó el escenario del golpe del 6 de enero. Abogó fervientemente que Trump invocara la Ley de Insurrecciones e impusiera ley marcial para anular la elección y establecer lo que habría equivalido a una dictadura presidencial.

No cabe duda de que hay más oficiales de alto rango que comparten la política de extrema derecha de Flynn. Lo que aún no explica el Pentágono es el papel desempeñado por su hermano, el teniente general Charles A. Flynn, quien participó en las discusiones que llevaron al Ejército a retrasar el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional al Capitolio hasta que se acabara el motín.

Trump claramente tenía un plan para utilizar a ciertos sectores del ejército y neutralizar a otros como parte de su intento para anular la elección y aferrarse al poder. Inmediatamente después de quedar derrotado en los comicios, llevó a cabo una purga exhaustiva de la dirigencia del Pentágono, instalando a oficiales leales y de extrema derecha en cargos clave, encabezados por el excoronel Christopher Miller de las Fuerzas Especiales.

Casi un año desde las elecciones, Trump ha buscado manifiestamente congraciarse con los miembros de las Fuerzas Especiales, enalteciéndolos y concediendo indultos a criminales de guerra sentenciados, como el SEAL de la Armada, Edward Gallagher.

No cabe duda de que el Gobierno de Trump ha cultivado el crecimiento de elementos de extrema derecha y abiertamente fascistas en el ejército. No obstante, las raíces son más profundas, residiendo fundamentalmente en el inseparable nexo entre la profundización de la crisis del capitalismo estadounidense y mundial, y el correspondiente derrumbe y desintegración de las formas democráticas de gobierno.

Un factor clave en este proceso ha sido el crecimiento inexorable del militarismo estadounidense, según el capitalismo estadounidense busca contrarrestar su declive económico aumentando su dependencia en su poderío armamentístico.

El resultado han sido 30 años de guerras ininterrumpidas de Washington en Oriente Próximo y Asia Central. El uso de una fuerza “toda voluntaria” para librar estas guerras, en muchos casos a través de despliegues repetidos, y la concentración de un poder político inmenso en las manos de los comandantes de combate del Pentágono, ha erosionado gradualmente el principio constitucional del control civil sobre el ejército.

En su ensayo brillante de junio de 1933 sobre el ascenso de los nazis de Hitler en Alemania, “¿Qué es el nacionalsocialismo?”, León Trotsky escribió:

La bandera del nacionalsocialismo fue levantada por los mandos emergentes de rango bajo del viejo ejército. Condecorados con medallas por servicio destacado, estos oficiales y suboficiales no podían creer que su heroísmo y sus sufrimientos por la patria no solo quedaran en nada, sino que tampoco les dieran un derecho especial al reconocimiento. De ahí su odio a la revolución y al proletariado.

Entre los 2,7 millones de militares que han sido enviados a Irak y Afganistán, no cabe duda de que hay muchos que comparten sentimientos parecidos sobre sus sufrimientos en las guerras repugnantes de estilo colonial de Washington que han “quedado en nada”.

Las alternativas que se presentaron en 1933 —el socialismo o el fascismo— son las mismas que enfrenta actualmente la clase obrera en EE.UU. e internacionalmente.

La amenaza combinada del militarismo y el fascismo no es un fenómeno únicamente estadounidense. Desde Alemania a Brasil, España y todo el mundo, está en marcha un crecimiento de los elementos fascistas en las fuerzas de seguridad, así como un apoyo en los ejércitos a movimientos fascistizantes.

El papel asumido por los demócratas y Biden demuestra la futilidad y el peligro de depender en cualquier sección de la clase gobernante capitalista, sus partidos o instituciones para contrarrestar estas amenazas o defender los derechos democráticos.

Acompañados por la prensa y prácticamente toda la pseudoizquierda, han buscado encubrir la conspiración de alto nivel y la participación del ejército en los acontecimientos del 6 de enero. En cambio, Biden llama a la “unidad” con sus “colegas” republicanos que provocaron y asistieron directamente en el intento de golpe. Los une su defensa compartida de los intereses de la oligarquía financiera y la imposición de una política homicida que antepone las ganancias a las vidas en la respuesta a la pandemia de COVID-19.

Para derrotar la amenaza del fascismo y las dictaduras militares, así como defender los derechos democráticos, son necesarios los métodos de la lucha de clases y batalla por la transformación socialista de la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2021)