Hace un año, una muestra temprana de la oposición de la clase obrera a la respuesta asesina de la clase gobernante ante la pandemia de COVID-19 arrancó con una serie de huelgas salvajes en Italia. En menos de una semana, las huelgas se expandieron a otros países europeos, así como en América del Norte y del Sur.

En ese momento, la letal enfermedad se propagada extensamente en el norte de Italia y los casos aumentaban en EE.UU. y el resto del mundo. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se opuso a implementar medidas de emergencia, incluso cuando las muertes se acercaban a 500.

Conte pronto estaría desplegando camiones del ejército para transportar los muertos de Bérgamo a los crematorios. El 9 de marzo, finalmente anunció un confinamiento nacional parcial. No obstante, cediendo a las demandas de la principal asociación patronal industrial, Confindustria, Conte permitió que las fábricas y otros lugares de trabajo permanecieran abiertos.

La oleada de huelgas comenzó al día siguiente, el martes 10 de marzo, cuando miles de trabajadores de la planta de Pomigliano de Fiat Chrysler en Nápoles, quienes se vieron obligados a permanecer en las líneas de producción de los coches de lujo Alfa-Romeo, se retiraron espontáneamente para protestar por las condiciones de inseguridad.

Al día siguiente, el miércoles 11 de marzo, FCA anunció el cierre temporal de la planta de Pomigliano, junto con las fábricas de Melfi, Atessa y Cassino. La gerencia dejó claro, sin embargo, que la producción se reanudaría el 14 de marzo después de que las plantas hubieran sido “desinfectadas”.

Durante los tres días siguientes, las huelgas salvajes se extendieron por toda Italia: a las acerías de Bérgamo, Brescia y Génova; a los astilleros de Liguria y a la fábrica de Electrolux en Treviso; a las fábricas de autopartes en Cormano; a los almacenes de Amazon en las provincias de Piacenza y Rieti, y a las instalaciones de procesamiento de aves y res en el valle del Po.

“Los trabajadores están en huelga contra el coronavirus, o más bien contra el Gobierno que mantiene las fábricas abiertas a pesar del coronavirus”, escribió el Corriere della Sera .

La oposición de los trabajadores se extendió rápidamente a nivel internacional. El jueves 12 de marzo, los trabajadores del Royal Mail se declararon en huelga en varias instalaciones de Londres por las condiciones inseguras. Al otro lado del Atlántico, en Canadá, los trabajadores de Fiat Chrysler de la planta de Windsor (Ontario) detuvieron la producción el mismo día en que la gerencia de FCA reconoció el primer caso de COVID-19 en una planta norteamericana, una instalación en Indiana. La producción se reanudó al día siguiente solo tras la intervención del ministro de trabajo de Ontario y el sindicato Unifor.

Al igual que en Italia y el Reino Unido, la acción de los trabajadores de Canadá y Estados Unidos asumiría la forma de una rebelión contra los sindicatos, que mantenían a los trabajadores en las plantas a pesar de la propagación de la mortal enfermedad.

Mientras el sindicato United Auto Workers enviaba a su personal directivo a casa para trabajar a distancia, les advertía a los trabajadores de que no debían “difundir rumores” sobre brotes en las plantas y les ordenaba que se lavaran las manos y “evitaran el contacto con otras personas en un radio de dos a tres pies, si fuera posible”. Los trabajadores que trabajan codo con codo dentro de las fábricas denunciaron estas declaraciones con desprecio, y un trabajador de Indiana dijo que tanto el UAW como la empresa “no se preocupan por ninguno de nosotros ni por nuestras familias”.

El lunes 16 de marzo, los trabajadores de la planta en ensamble de camionetas en Warren, en los suburbios de Detroit, bajaron sus herramientas en el taller de pintura, donde al menos cuatro trabajadores morirían a causa de la enfermedad. Ese mismo día, 5.000 trabajadores de la planta de Mercedes-Benz de Vitoria, en el País Vasco (España), se manifestaron contra las condiciones inseguras.

El martes 17 de marzo, los trabajadores de la planta de transmisiones de FCA en Tipton, Indiana, en las afueras de Kokomo, se negaron a operar sus máquinas, junto con los trabajadores de Lear Seating en Hammond, Indiana. Ese mismo día, los conductores de autobuses de Detroit realizaron un paro. Esa noche, el UAW anunció que había llegado a un acuerdo con las tres mayores empresas automotrices de Detroit para realizar cierres temporales. Al no tener fe en el UAW, unas horas más tarde los trabajadores de la planta de ensamblaje de Sterling Heights (SHAP), en los suburbios de Detroit –una de las mayores plantas de automóviles de Estados Unidos— paralizaron la producción.

El miércoles 18 de marzo, el turno de la mañana en SHAP continuó la acción laboral y se unieron a ella los trabajadores de la planta de ensamble de Jefferson North, Detroit, la planta de motores Dundee, cerca de Ann Arbor (Michigan), y el complejo de ensamble de Toledo (Ohio), donde los trabajadores de base irrumpieron en las oficinas del UAW para denunciar a los dirigentes sindicales. En las primeras horas de la tarde, las tres grandes empresas de automóviles anunciaron el cierre de sus plantas, afirmando que lo hacían por la preocupación de las corporaciones y el UAW por la seguridad de los trabajadores.

Al día siguiente, el jueves 19 de marzo, estallaron huelgas salvajes en los centros de llamadas de todo Brasil, donde los trabajadores de ImaViva, de propiedad italiana, declararon: “¡No vamos a morir en nuestros cubículos!” La huelga se produjo tres días después de que los 2.800 trabajadores de la empresa en Palermo, Italia, hicieran huelga tras un caso confirmado de COVID-19, lo que obligó a cerrar las operaciones presenciales.

Esta marea de luchas tuvo varios aspectos significativos. El primero fue su carácter global. La pandemia es una crisis intrínsecamente mundial, y el virus COVID-19 no respetó ni respeta las fronteras. Los trabajadores de toda Europa y América estaban respondiendo en un esfuerzo por salvar vidas frente a los intereses de lucro de las élites corporativas y financieras.

En segundo lugar, estas luchas estallaron cuando la pandemia estaba todavía en sus primeras fases. El 10 de marzo, el número de muertos por la pandemia en todo el mundo era de unos 6.500. A finales de marzo, había aumentado considerablemente hasta 45.000. En Estados Unidos, la primera muerte registrada se produjo a finales de febrero, y las huelgas salvajes en las fábricas automotrices estallaron cuando el número de víctimas en el país se acercaba a 100.

En tercer lugar, mientras que los medios de comunicación corporativos hicieron todo lo posible para ocultar los informes sobre la resistencia cada vez mayor de los trabajadores, el World Socialist Web Site publicó informes detallados de la ola de huelgas. Pero no solo informamos sobre estas luchas. El WSWS y los Partidos Socialistas por la Igualdad de todo el mundo animaron activamente a los trabajadores a tomar la iniciativa independiente de salvar vidas. La declaración del PSI (EE.UU.), del 14 de marzo, “¡Cierren la industria automotriz para detener la propagación del coronavirus!” fue vista más de 130.000 veces.

La intervención inicial de la clase obrera –que en Estados Unidos incluyó 260 huelgas y otras acciones laborales desencadenadas por la pandemia y en las que participó una gran variedad de trabajadores entre el 1 de marzo y el 31 de mayo— forzó el cierre parcial de las empresas y escuelas, salvando innumerables vidas.

Estas acciones fueron de gran importancia, pero en gran medida no estuvieron coordinadas. Aunque los trabajadores se esforzaron por imponer una política que salvara vidas, no contaron con el liderazgo de una red de organizaciones obreras independientes ni estuvieron guiados por una perspectiva y un programa políticos claros.

La clase dominante respondió pasando a la ofensiva. A finales de marzo, el Congreso de Estados Unidos, con el apoyo casi unánime de los republicanos y los demócratas, aprobó la Ley CARES, que financió un obsequio estimado en 4 billones de dólares para Wall Street y las grandes empresas. La limitada ayuda financiera a los trabajadores incluida en la Ley CARES se utilizó para comprar tiempo para que la clase dominante pudiera emprender una campaña sistemática de reapertura de escuelas y centros de trabajo, con el apoyo de los sindicatos, partiendo del lema de que “el remedio no puede ser peor que la enfermedad”.

Esto fue acompañado por la promoción de fuerzas fascistizantes que exigían el fin de los cierres, involucrando el asalto del 30 de abril al capitolio del estado de Michigan por parte de milicias armadas de derecha, un ensayo general para el intento de golpe de Estado del 6 de enero en Washington D.C.

En medio de estos acontecimientos, el World Socialist Web Site y los Partidos Socialistas por la Igualdad de todo el mundo impulsaron un programa para detener la pandemia. El 28 de febrero, cuando el número de muertos era de solo 3.000, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional emitió una declaración en la que llamaba a una “respuesta de emergencia coordinada globalmente a la pandemia de coronavirus”, incluyendo la movilización de todos los recursos sociales y científicos del mundo para detener la enfermedad.

El 17 de marzo, cuando la cifra de muertos en EEUU era de 170, el Comité Nacional del PSI (EE.UU.) publicó una declaración titulada “Cómo luchar contra la pandemia del COVID-19: un programa de acciones para la clase obrera”. En ella exigió “el cierre inmediato de todas las escuelas, plantas no esenciales y otros lugares de trabajo, con ingresos completos para los trabajadores afectados: ningún trabajador debe poner su vida en peligro”.

Es un hecho innegable que, si se hubieran aplicado las políticas avanzadas por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, se habrían salvado cientos de miles, incluso millones de vidas.

Un año después, la clase obrera se encuentra en una encrucijada. En todo el mundo se están levantando las restricciones que quedan. Boris Johnson reabrió las escuelas en Reino Unido el lunes. El Gobierno de Biden está conduciendo a decenas de miles de profesores y estudiantes, incluidos los de secundaria en la ciudad de Nueva York, están siendo conducidos de vuelta a las aulas, con el apoyo de los sindicatos corporativistas, incluso cuando los expertos advierten de un repunte “huracanado” de la pandemia en las próximas cuatro a seis semanas.

La clase obrera debe forjar una nueva dirección política y construir comités de base, independientes de los sindicatos, para preparar una huelga y cerrar las escuelas y toda la producción no esencial, y exigir el pago completo de los ingresos para los trabajadores y las pequeñas empresas hasta que la población esté ampliamente vacunada y la pandemia esté bajo control.

Esto debe combinarse con la lucha por un programa socialista, que incluya la expropiación de los que lucraron de la pandemia, una redistribución radical de la riqueza y la asignación masiva de los recursos necesarios para las pruebas, el rastreo de contactos, la vacunación y otras medidas sanitarias necesarias para acabar con el COVID-19.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de marzo de 2021)