Menos de dos días antes de que expirara el 31 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron que extenderían la moratoria federal sobre desahucios, la cual fue implementada por primera vez en septiembre del año pasado, hasta el 30 de junio.

“La pandemia de COVID-19 ha presentado una amenaza histórica para la salud pública de la nación”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en su comunicado al anunciar la extensión. “Mantener a las personas en sus hogares y fuera de entornos congestionados o congregados, como refugios para personas sin hogar, previniendo desahucios, es un paso clave para ayudar a detener la propagación del COVID-19”.

La moratoria es todo lo que se interpone entre la falta de vivienda y aproximadamente 8.8 millones de hogares que están atrasados en su alquiler, según un informe reciente de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés). El CFPB también estima que alrededor de 2,1 millones de familias están atrasadas al menos tres meses en los pagos de la hipoteca, la mayor cantidad desde la Gran Recesión de 2008-2009.

En general, el CFPB estima que los propietarios deben casi $90 mil millones en pagos atrasados y que los alquileres vencidos son de hasta $57 mil millones hasta este mes. Sin embargo, la moratoria no hace nada por las facturas acumuladas que millones deben actualmente.

Y aunque el mal llamado Plan de Rescate Estadounidense promulgado a principios de este mes y los paquetes de ayuda de diciembre de 2020 asignaron unos $50 mil millones en asistencia alquileres, casi ninguno de esos fondos se ha distribuido ya que la infraestructura para distribuir el dinero se materializó recientemente.

Mientras tanto, la última encuesta de la Oficina del Censo encontró que más de 5 millones de estadounidenses dicen estar en riesgo de desalojos o ejecuciones hipotecarias. Casi el 15 por ciento de los adultos en Mississippi informaron que no están al día con los pagos de la renta o la hipoteca y tienen “poca o ninguna confianza” de que podrán pagar la renta o la hipoteca del próximo mes a tiempo.

Si bien Mississippi ocupa el primer lugar en la nación, el 13,8 por ciento de los adultos en Alabama también informaron a la Oficina del Censo que no tienen confianza en su capacidad para pagar el alquiler o la hipoteca del próximo mes. Esto fue seguido por el 10,6 por ciento de los adultos en Nueva York y Ohio y el 10,5 por ciento de los adultos en Dakota del Sur.

A pesar de las súplicas de las organizaciones defensoras del acceso a la vivienda y de los derechos de los inquilinos, la Administración de Biden se negó a incluir una disposición en la moratoria que evitara que los propietarios pudieran explotar vacíos legales para expulsar a los inquilinos.

Los inquilinos pueden ser desalojados por supuestos incumplimientos del contrato de arrendamiento además de la falta de pago o si un propietario inició un proceso de desahucio contra un inquilino antes del 4 de septiembre de 2020. La moratoria solo se aplica a inquilinos solteros que ganan $99.000 o menos y parejas que ganan menos de $198.000. Aquellos que deseen ser elegibles para la moratoria deben firmar una declaración que indique que no pueden pagar el alquiler debido a las dificultades relacionadas al COVID y que se quedarán sin hogar si son desalojados.

Sin embargo, como se han enterado miles de trabajadores y familias en los últimos ocho meses, los propietarios aún han podido tramitar los desahucios a pesar de la supuesta “protección” que ofrece la moratoria.

“Hay tantos vacíos legales en las moratorias que explotan los propietarios y los jueces”, dijo Josh Poe, cofundador del Root Cuase Research Center, al Louisville Courier-Journal.

El Courier-Journal descubrió que entre agosto y diciembre de 2020, cuando el estado de Kentucky estaba cubierto por una moratoria estatal y luego por la de los CDC, los jueces del distrito de Jefferson fallaron en contra de los inquilinos en 1.298 casos de desalojo.

“Creo que cualquiera que mire estos datos debería sentirse indignado por lo sucedido. El hecho es que la moratoria no está funcionando”, dijo Poe. “Simplemente hay demasiados vacíos legales”.

En California, un análisis de los registros públicos realizada por KQED y CalMatters encontró que se procesaron 527 desahucios en 9 condados entre el 19 de marzo y el 31 de diciembre. En Nueva Jersey, los registros judiciales muestran que se han presentado más de 50.000 avisos de desalojo desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

Durante una audiencia ante el Senado de Florida a principios de enero, el secretario Chad Poppell del Departamento de Niños y Familias de Florida reconoció que se habían presentado “alrededor de 40.000” desahucios entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Poppell subestimó la cifra en más de 7.000 según la Oficina del Administrador de Tribunales Estatales, que encontró 47.484 solicitudes de desalojo durante ese tiempo.

El Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton, que ha sido una de las únicas fuentes académicas que ha rastreado los desalojos durante la pandemia, registró más de 278.000 desalojos procesados durante la pandemia. La cifra es una subestimación enorme ya que el Laboratorio de Desahucios solo ha estado siguiendo activamente 5 estados, sin incluir Florida, el tercer estado más poblado del país.

Incluso con la moratoria, los propietarios todavía pueden comenzar los procedimientos de desalojo, lo que significa que tan pronto expire, en tan solo tres meses, millones podrían quedarse sin hogar en cuestión de semanas.

En un correo electrónico a Politico, Diane Yentel, directora ejecutiva y presidenta de la National Low Income Housing Coalition, dijo que la extensión era “esencial” pero que no era suficiente para proteger a los inquilinos.

“Es decepcionante que la Administración no actuó con base en la evidencia clara y también necesita fortalecer la orden para solucionar sus defectos que socavan su propósito de salud pública”, dijo Yentel.

“Mientras la Administración de Biden es muy consciente de las deficiencias en la moratoria que permiten que se produzcan algunos desalojos durante la pandemia, la directora de los CDC no las corrigió”, agregó. “Simplemente extendió la orden original del presidente Trump, dejando las lagunas y las decisiones en su lugar, una decisión desafortunada y miope que resultará en más desalojos dañinos durante la pandemia”.

“Los CDC hicieron lo mínimo”, dijo Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Proect en comentarios a NPR sobre la extensión de la moratoria. “Y eso significará que muchos inquilinos más perderán sus casas antes de que termine la pandemia”.

A diferencia de la mayoría de los estados el año pasado, los gobernadores estatales demócratas y republicanos por igual se han negado a promulgar sus propias moratorias de desalojo a nivel estatal para complementar la moratoria federal. Esto les ha permitido a los propietarios aprovechar los vacíos legales y proceder con los desalojos a medida que el coronavirus y sus nuevas variantes más letales B.1.1.7 y P.1 se propagan sin control por todo el país. Los últimos números de casos superan el “aumento de verano” del año pasado, con el promedio de siete días en los Estados Unidos mostrando más de 63.000 nuevos casos diarios y 1.000 muertes al día.

El aumento de casos nuevos diarios, un 16 por ciento más en todo el país en comparación con hace una semana según la Universidad Johns Hopkins, provocó que Walensky advirtiera de “un desastre inminente” durante una conferencia de prensa el lunes.

“Voy a hacer una pausa aquí, voy a perder el guion y voy a reflexionar sobre la sensación recurrente que tengo de un desastre inminente”, dijo Walensky. “Tenemos muchas cosas esperanzadoras, tanta promesa y tanto potencial en dónde estamos y muchas razones para tener esperanza, pero ahora mismo tengo miedo”.

El miedo que profesa Walensky no es nada comparado con el de los cientos de miles de maestros que se han visto obligados a regresar a las aulas después de que Walensky y los CDC “evolucionaran” sus pautas de distanciamiento social de seis pies (1,8 m) a tres pies (0,9 m), para que la mayor cantidad de niños posibles regresen a las aulas y obliguen a sus padres a regresar a los lugares de trabajo para generar plusvalía para la clase dominante.

Esta guía “evolucionada” no se incluyó en la última orden de moratoria sobre desalojos. En cambio, afirma correctamente que, “El virus que causa el COVID-19 se propaga de manera muy fácil y consistente entre las personas que están en contacto cercano con otros (dentro de unos 6 pies) principalmente a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, o habla”.

La pandemia es un “evento detonante” en la historia mundial: ha expuesto a la sociedad capitalista tal como es. Antes de la pandemia, millones de trabajadores y sus familias enfrentaban desalojos, la falta de vivienda y la muerte debido al aumento vertiginoso de los alquileres, la escasez de viviendas asequibles y el estancamiento de los salarios.

Ahora, más de un año después, mientras millones siguen desempleados, con 10 millones de empleos menos disponibles en comparación con febrero de 2020, junto con el aumento de los costos de la vivienda, la crisis prevenible en el acceso a la vivienda no muestra signos de disminuir. Mientras tanto, una pequeña capa de “especuladores de la pandemia” se ha enriquecido fabulosamente con los cuerpos de más de 560.000 estadounidenses y más de 2,8 millones en todo el mundo.

La eliminación de la falta de viviendas y la desigualdad solo es posible mediante la abolición de la propiedad privada y la implementación de un programa socialista internacional científicamente coordinado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de marzo de 2021)