El Gobierno de Biden anunció acuerdos esta semana con los Gobiernos de México, Guatemala y Honduras para desplegar miles de tropas y policías contra refugiados que escapan de una creciente crisis humanitaria en la región.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reportó que México había acordado mantener desplegados a 10.000 soldados en su frontera sur, Guatemala enviará a 1.500 militares y policías para bloquear las rutas migratorias y Honduras empleará 7.000 soldados y policías para prevenir que los migrantes dejen el país.

“El objetivo es dificultar su viaje y hacer muy, muy difícil el cruce de fronteras”, explicó Psaki.

Actualmente, hay 3.600 soldados estadounidenses en servicio activo desplegados en la frontera sur de EE.UU. en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que solicitó en febrero que esto continuara durante “los próximos tres a cinco años, posiblemente más”.

La Cancillería mexicana confirmó el acuerdo poco después del anuncio de EE.UU. en un comunicado en el que reaseguraba: “México mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza...”. Temiendo una reacción interna, los Gobiernos de Honduras y Guatemala negaron cualquier acuerdo oficial.

La vicepresidenta Kamala Harris anunció el miércoles que está planeando un viaje a México y Guatemala para discutir el abordaje de las “causas de raíz” de la migración, incluyendo las inversiones prometidas por Biden.

Si bien la represión militarizada ya está en marcha, incluso contra dos caravanas este año, las promesas de aliviar los males sociales suenan huecas. La desesperación económica es un componente esencial no solo para mantener a México y Centroamérica como plataformas de mano de obra barata, sino para forzar a los trabajadores a acudir a lugares de trabajo infectados durante la pandemia del COVID-19. Las élites gobernantes ya han demostrado estar dispuestas a sacrificar innumerables vidas en nombre de las ganancias.

Mientras Psaki y otros funcionarios estadounidenses dicen estar preocupados por el tráfico de personas de los cárteles y por la seguridad de los migrantes, la Casa Blanca está exigiendo y patrocinando un refuerzo de instituciones de seguridad conocidas por su actividad propia de escuadrones de la muerte contra los trabajadores, los campesinos y los jóvenes y por estar en gran medida integradas en el crimen organizado.

Incluso mientras se anunciaba el acuerdo de militarización, 30 marines mexicanos fueron detenidos por participar en la desaparición de decenas de personas presuntamente como parte de la “guerra contra el narco”, que ha dejado más de 250.000 muertos y 85.000 desaparecidos desde 2006. En lo que va de año, se sabe que las fuerzas de seguridad mexicanas han asesinado a dos migrantes.

En Honduras, la semana pasada comenzó un juicio contra Roberto David Castillo, empresario y graduado en inteligencia militar de West Point en EE.UU., como presunto autor intelectual del asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en 2016. Otros dos militares entrenados en Estados Unidos y un sargento de las fuerzas especiales hondureñas ya fueron declarados culpables por participar en el asesinato.

Más allá de este notorio caso, el régimen hondureño ha masacrado regularmente a manifestantes y trabajadores en huelga desde que se instaló en un golpe militar de 2009 respaldado por la Administración de Obama. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por los fiscales estadounidenses como un importante socio de los cárteles mexicanos y hondureños.

La Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a más de 172.000 inmigrantes en marzo, un 71 por ciento más que en febrero. Más de 20.000 menores no acompañados permanecen bajo custodia estadounidense en centros de detención hacinados y similares a cárceles, donde se les obliga a permanecer mucho más allá del límite legal de 72 horas.

Más del 60 por ciento de los migrantes detenidos el mes pasado fueron devueltos inmediatamente a México en virtud del Título 42, la misma ley empleada por la Administración de Trump, utilizando la pandemia como pretexto para anular el derecho a solicitar asilo, el cual está consagrado en el derecho estadounidense e internacional.

Los devueltos a México son objeto de extorsiones, secuestros y asesinatos generalizados por parte de las fuerzas de seguridad y los cárteles mexicanos, que a menudo trabajan juntos.

En lo que respecta a Guatemala, el informe de derechos humanos del propio Departamento de Estado de 2020 cita “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales organizadas por funcionarios del Gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; arrestos y detenciones arbitrarias”, entre otros abusos. Solo en junio y agosto del año pasado se produjo una oleada de ocho asesinatos de activistas de los derechos indígenas

Las mismas oligarquías corruptas de Centroamérica que gobernaron a través de brutales dictaduras patrocinadas por el imperialismo estadounidense durante gran parte del siglo veinte están siendo animadas a intensificar de nuevo la represión militar y policial para hacer frente a las contradicciones sociales cada vez mayores.

Al impedir que cientos de miles de trabajadores y campesinos empobrecidos escapen de la región y eventualmente envíen dinero de vuelta, las tensiones sociales se están cocinando en una olla de presión.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que el número de personas que pasan hambre en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ha aumentado de 2,2 millones a 8 millones desde 2018.

Honduras, donde la crisis es especialmente aguda, perdió cerca de 1,1 millones de empleos desde principios de 2020. Cientos de plantaciones, así como maquilas textiles y de equipos eléctricos, han cerrado este año, y el 60 por ciento de las empresas reportan problemas para mantenerse en funcionamiento.

Junto con la mayor parte de América Latina y el mundo, Honduras está entrando en otra ola de la pandemia impulsada por variantes más transmisibles y por la negativa de las clases dirigentes a aplicar confinamientos y extender la ayuda económica. Los casos aumentaron casi un 50 por ciento en una semana, llenando ya las salas de COVID de los hospitales. Las vacunas se agotaron tras los primeros lotes de unas 55.000 dosis.

En México, no ha habido absolutamente ninguna ayuda para refugiarse en casa, lo que ha contribuido a una de las mayores cifras de muertes por COVID-19 en el mundo. El Gobierno ha informado de al menos 325.000 muertes “asociadas al coronavirus”. Otros 9,8 millones de personas han caído por debajo del umbral oficial de pobreza, lo que eleva el total al 56,7 por ciento de la población. Esto ha provocado un aumento masivo de la emigración. Los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 147.000 migrantes mexicanos en los tres primeros meses de 2020, el mayor ritmo desde 2008.

Mientras la pobreza y la muerte aumentan para la clase trabajadora, los milmillonarios de Estados Unidos han visto su riqueza colectiva aumentar casi un 45 por ciento durante la pandemia, mientras que Forbes México informa que los 36 oligarcas del país, cada uno con más de 500 millones de dólares de patrimonio neto, han visto sus activos aumentar un 20 por ciento.

Durante este periodo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, celebrado como “izquierdista” y “progresista” por la pseudoizquierda, ha destacado repetidamente su buena relación y la “solidaridad” de los dos oligarcas más ricos de México, Carlos Slim (55.900 millones de dólares; aumento del 7,4 por ciento) y Germán Larrea (27.100 millones de dólares; aumento del 146 por ciento).

La militarización de la región forma parte de un creciente giro hacia la dictadura por parte del imperialismo estadounidense y de las élites gobernantes de todo el mundo para defender los asombrosos niveles de desigualdad social y económica mientras la clase trabajadora se ve obligada a soportar todo el coste de la crisis desatada por la pandemia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2021)