El Tribual Supremo de Australia emitió la semana pasada una breve decisión unánime, escrito conjuntamente por los siete jueces, desestimando rotundamente la primera impugnación legal a la reaccionaria legislación sobre "interferencia extranjera" introducida en 2018.

El veredicto, emitido contra un exasesor de políticas del Partido Laborista, demuestra aún más el carácter antidemocrático de las leyes, que fueron impuestas por el gobierno Liberal-Nacional con el respaldo total del Partido Laborista.

Introducido bajo intensa presión de Washington para establecer un liderazgo global para la adopción de tales medidas, la legislación potencialmente proscribe cualquier oposición a los crecientes preparativos liderados por Estados Unidos para la guerra contra China.

Como advirtió el WSWS, la legislación también es un ataque mucho más amplio a la libertad de expresión. Nunca antes ha sido un delito, punible con hasta 20 años de prisión, trabajar con un grupo o individuo en el extranjero para buscar un cambio político, ya sea en cuestiones relacionadas con la guerra, el medio ambiente, los refugiados, la desigualdad social o cualquier otra cuestión política.

De manera más inmediata, la sentencia de la corte suprema allana el camino para que la Policía Federal Australiana (AFP) lleve a cabo una investigación muy publicitaria sobre John Zhang, un ciudadano australiano nacido en China, acusado de intentar "imprudentemente" influir en la política australiana en nombre del gobierno chino.

El veredicto también sienta un precedente para las redadas policiales y las incautaciones contra cualquier persona vinculada a China o puntos de vista antiguerras.

Zhang había pedido al tribunal que anulara tres órdenes de registro que permitían a la AFP acceder a sus chats de redes sociales en teléfonos y otros dispositivos que fueron incautados por la AFP y los agentes de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) durante las redadas en su casa y negocio del junio pasado. Zhang se opuso a que las órdenes judiciales eran demasiado amplias y vagas y violaban una libertad constitucional implícita de comunicación política.

Al rechazar su caso, el tribunal adoptó una interpretación radical del término "encubierto" en la legislación, que prohíbe las presuntas conductas "encubiertas o engañosas" en busca de influencia política.

Los jueces aceptaron el argumento del gobierno de Morrison de que "la opción de comunicarse usando una plataforma de redes sociales encriptada puede responder a la descripción de 'encubierta' en algunas circunstancias", aunque "el fiscal general no estaba dispuesto a ser definitivo sobre cuándo esas circunstancias podrían existir."

Esto abre el camino para el enjuiciamiento de personas solo porque comunican opiniones políticas a través de teléfonos encriptados o plataformas de redes sociales, que son utilizadas por millones de personas por razones de privacidad.

Los jueces coincidieron con el gobierno en que la palabra "encubierta" es "suficientemente genérica para cubrir el ocultamiento de diferentes cosas de diferentes personas mediante la adopción de diferentes formas".

Habiendo llegado abruptamente a esa conclusión radical, el tribunal dijo que desestimaría la impugnación de Zhang sin siquiera considerar su otro argumento principal, que la legislación viola la libertad implícita de comunicación política.

Esto subraya el hecho de que la Constitución australiana de 1901 no contiene una declaración de derechos ni ninguna garantía de libertad de expresión. Incluso la limitada libertad "implícita" se ha visto erosionada aún más por la decisión, además de decisiones anteriores del Tribunal Superior que respaldaron el despido de un funcionario público federal por criticar, incluso de forma anónima, el brutal régimen de detención de refugiados del país y permitir la prohibición de la distribución de folletos en lugares públicos.

En junio pasado, en medio de una oleada de titulares perjudiciales en los medios sobre el descubrimiento de "agentes chinos" en Sydney, la AFP también allanó la casa y la oficina parlamentaria del diputado laborista de la cámara alta del estado de Nueva Gales del Sur (NSW), Shaoquett Moselmane, para quien Zhang trabajaba como un miembro del personal a tiempo parcial.

Luego, el fiscal general Christian Porter autorizó personalmente las redadas, exponiendo la participación del gobierno del primer ministro Scott Morrison a los más altos niveles.

En línea con la creciente demonización de China, el Partido Laborista respaldó la operación, lo que obligó a Moselmane a mantenerse al margen del partido y el parlamento durante meses. Solo se le permitió regresar después de que la AFP indicó que él no era el objetivo de su investigación.

Hasta el momento, Zhang no ha sido acusado de ningún delito. Pero las órdenes de arresto alegaban que él y otras personas indefinidas habían actuado en nombre del "aparato estatal y del partido chino" al "brindar apoyo y aliento a [Moselmane] para la defensa de los intereses estatales chinos".

El Tribunal Superior dio la misma importancia a la otra objeción de Zhang, que las órdenes no eran claras para identificar los intereses de las potencias extranjeras que supuestamente había promovido. Los jueces desestimaron ese argumento como "insostenible", declarando que cada orden identificaba "al mandante extranjero como el Gobierno de la RPC [República Popular China]".

El precedente establecido por la decisión es aún más escalofriante porque las órdenes judiciales se referían a Zhang como "imprudente" en cuanto a si su conducta influiría en las posiciones de la política laborista y las opiniones de los votantes sobre el gobierno chino. Ese delito de "injerencia extranjera imprudente", punible con 15 años de prisión, ilustra el amplio alcance de la legislación.

La ley define "imprudente" como simplemente ser "consciente de un riesgo sustancial" de que la "influencia" ocurriera y saber que era "injustificable correr el riesgo". En otras palabras, las personas pueden ser condenadas sin siquiera tener la intención de influir en un resultado político.

Las órdenes permitieron a los oficiales de AFP y ASIO incautar material que creían que era relevante para el delito “imprudente” y copiar información de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Extrajeron datos utilizando códigos de acceso que Zhang se vio obligado a proporcionar.

Ni Zhang ni Moselmane habían sido "encubiertos" al hacer declaraciones públicas sobre China. Moselmane, como vicepresidente de la cámara alta del parlamento estatal de Nueva Gales del Sur, elogió la decisión del presidente chino Xi Jinping en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Como señaló Moselmane más tarde, la Organización Mundial de la Salud y, inicialmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habían expresado opiniones similares.

Moselmane, un parlamentario musulmán que representa un área de Sydney con una gran población china, también pronunció discursos, algunos en el parlamento estatal, cuestionando la alineación de Australia detrás de la intensificación de la confrontación de Estados Unidos con China y oponiéndose a las leyes de interferencia extranjera.

Las comunicaciones supuestamente "encubiertas" consistieron en un grupo de discusión en WeChat, que supuestamente consistió principalmente en compartir artículos, discursos, bromas y memes. Personas en todo el mundo usan WeChat.

La persecución continua de Zhang abre el camino para enjuiciar a las personas que expresan opiniones contra la guerra, se oponen a las leyes de interferencia extranjera o critican los intentos de los gobiernos de Estados Unidos y Australia de desviar la atención de sus propias respuestas catastróficas a la pandemia acusando falsamente a China de haber liberado el coronavirus en el mundo.

El Partido Laborista ha estado a la vanguardia de una ofensiva contra China desde 2010, cuando las "fuentes protegidas" de Estados Unidos en el liderato del partido ejecutaron un golpe de estado para instalar a Julia Gillard como primera ministra. Ella alineó al país completamente detrás del "giro hacia Asia" anti-China de la administración de Obama.

Esa fue una de las muchas intervenciones políticas de Estados Unidos durante décadas, subrayando que la verdadera fuente de "influencia extranjera" en Australia es el imperialismo estadounidense, que ahora tiene la intención de evitar que China desafíe su hegemonía global posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Cada vez más, la población de Australia se ha situado a la primera línea del conflicto con Beijing. Pero existen preocupaciones en Washington sobre el sentimiento popular contra la guerra y la dependencia de sectores de la élite adinerada de Australia del mineral de hierro, gas y otras exportaciones a China. De ahí que se estén utilizando las operaciones policiales para enviar un mensaje amenazante para no desviarse del compromiso pro estadounidense.

La operación AFP-ASIO contra Moselmane y la propia Zhang sirvió para aumentar las tensiones entre Australia y China. Los agentes federales, incluyendo la Fuerza Fronteriza de Australia, accedieron a las comunicaciones de los diplomáticos chinos, en violación del derecho internacional.

Tres periodistas chinos que supuestamente formaban parte de un grupo de WeChat con Zhang abandonaron Australia el junio pasado después de ser interrogados por ASIO. El gobierno también canceló las visas de dos académicos chinos y exacerbó la crisis diplomática resultante al evacuar a dos periodistas australianos de China para evitar una investigación policial china.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de mayo de 2021)