En las próximas semanas, se espera que el Gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Podemos ofrezca indultos a nueve líderes independentistas catalanes, condenados fraudulentamente a entre nueve y trece años de cárcel por su papel en el referéndum secesionista catalán del 1 de octubre de 2017.

La semana pasada, anticipándose a un informe sobre los indultos del Tribunal Supremo de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en una rueda de prensa en Bruselas que "la venganza y la revancha" no están entre los "valores constitucionales" que defiende. En cambio, en referencia a los indultos, defendió “la concordia, el entendimiento, el diálogo y el respeto a la ley”.

Sánchez ha seguido dando a entender que los indultos se ofrecerán en las próximas semanas. Ayer dijo “La decisión la tomaremos en conciencia, no pensando en los afectados sino en los millones y millones de catalanes y españoles que quieren vivir en paz”.

Sin embargo, la discusión sobre los indultos no tiene nada que ver con la "paz" y el "diálogo". Forma parte de las negociaciones a puerta trasera entre facciones de la clase dominante madrileña encabezadas por el PSOE y Podemos, respaldadas por medios liberales como El País, y las fuerzas nacionalistas catalanas que gobiernan la región, Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya, por el desembolso de miles de millones de euros en fondos de rescate de la Unión Europea y ataques a la clase obrera para pagarlo.

Se produce apenas unas semanas después de que el Gobierno del PSOE-Podemos presentara el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” a la Comisión Europea sobre cómo Madrid desembolsará miles de millones de euros a sus bancos y corporaciones. También se produjo la misma semana en que los 27 países de la UE ratificaron el instrumento legal que sustenta el fondo de rescate, allanando el camino para que el dinero llegue a los gobiernos nacionales en julio.

Las regiones de España jugarán un papel destacado en el desembolso de los fondos. En 2021, se espera que las regiones gestionen alrededor del 54 por ciento del fondo de rescate asignado a Madrid, alrededor de €18.700 millones. Cataluña es la segunda región de la lista.

Los fondos del rescate de Bruselas están empapados de sangre. En julio pasado, cuando los gobiernos europeos pusieron fin al confinamiento inicial impuesto en gran parte de Europa en la primavera de 2020 debido a una ola de huelgas salvajes en Italia que se extendieron a otros países, incluidos España, Francia y Gran Bretaña, diseñaron rescates de billones de euros, transfiriendo cantidades masivas de riqueza pública a la aristocracia financiera.

Si bien todos gritaron al unísono que no había dinero para una política de refugiarse en hogar contra el virus, incluida la subvención de trabajadores y pequeñas empresas, acordaron canalizar €750 mil millones a los bancos y corporaciones, y rescates bancarios de €1,25 billones del Banco Central Europeo, junto con un nuevo presupuesto de la UE a siete años de €1 billón. España fue uno de los más beneficiados, recibiendo €140 mil millones.

El precio inicial a pagar fue la reapertura de la economía y la apertura de escuelas, priorizando las ganancias sobre las vidas humanas. Lo que el primer ministro británico, Boris Johnson, soltó con amargura: "¡No más malditos [f***ing] cierres, que los cuerpos se amontonen por miles!" se convirtió en la política oficial de la UE.

Hasta ahora, ha costado la vida a más de 1,1 millones de personas en toda Europa. Mientras tanto millones de trabajadores sufrían penurias, desempleo, pobreza, muerte masiva, aislamiento social, duelo y sufrimiento, los milmillonarios europeos cosecharon $1 billón según Forbes.

Los gobiernos capitalistas están preparando una nueva ronda de austeridad contra las afirmaciones de los sindicatos y fuerzas pseudoizquierdistas como Podemos de que estos fondos llegaron sin "condiciones". Francia se prepara para recortar las prestaciones por desempleo en 240 euros. En España, el Gobierno del PSOE-Podemos se encuentra en etapas avanzadas de una reforma de las pensiones que extenderá la edad de jubilación, una reforma laboral que facilitará los despidos y las subidas del IVA afectarán de manera desproporcionada a la clase trabajadora.

Los indultos son un intento de llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno regional catalán que dirige la segunda región más rica del país. El Gobierno del PSOE-Podemos ha fichado a los nacionalistas catalanes para implementar los draconianos recortes sociales que, junto con las muertes masivas, están avalando este rescate masivo de la aristocracia financiera y las grandes corporaciones.

El Gobierno catalán formado recientemente por la coalición de ERC y Junts per Catalunya se ha comprometido a implementar la austeridad, los ataques a la clase trabajadora y el abandono de facto del secesionismo, manteniéndolo solo con fines retóricos. Su nuevo ministro de Economía es Jaume Giró, exbanquero de Caixabank. El nuevo primer ministro catalán, Pere Aragonès, dejó claro qué había detrás del debate del indulto. El miércoles, Aragonès dijo que “nuestra propuesta es una amnistía, pero también tenemos claro que no nos opondremos a ninguna medida que pueda aliviar el dolor de los presos, sus familias y la sociedad catalana”. Luego dijo que telefonearía a Sánchez en los próximos días para discutir la mesa redonda sobre la crisis catalana y la gestión de los fondos europeos.

El domingo, entrevistado por el diario nacionalista catalán ARA, Aragonès insistió en que la prioridad de su gobierno eran los fondos de rescate. Dijo que “es uno de los temas que estarán en la agenda de mi encuentro con el presidente del Gobierno español. La distribución tendría que ser según criterios objetivos y, de ser así, Cataluña obtendrá una parte importante de los recursos”.

Los nacionalistas vascos empiezan ahora a exigir un nuevo arreglo con Madrid, para tener un mayor acceso a los fondos. El domingo, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, que gobierna el rico País Vasco, dijo a El Correo que los indultos "no son suficientes". Quería que el Gobierno del PSOE-Podemos hablara “con claridad sobre el problema que tiene el Estado español con su modelo territorial” y pidió un nuevo estatuto vasco que establezca las principales competencias que tiene frente a Madrid.

Hay que advertir a los trabajadores y la juventud que estos indultos no atenuarán la campaña fascistoide anticatalana.

En su forma contemporánea, el secesionismo catalán surgió de la crisis económica de 2008 que hizo estallar las tensiones de clase del régimen posfranquista. Después de que los tribunales de Madrid dejaron en claro que los poderes regionales de Cataluña serían limitados en 2010, los nacionalistas catalanes respondieron avivando el independentismo catalán mientras implementaban recortes de miles de millones de euros. Estas tensiones explotaron en 2017, cuando Madrid aprovechó el pseudo referéndum organizado por los nacionalistas catalanes para desplazarse rápidamente hacia la derecha, implementando una represión masiva, azuzando el chovinismo español y rehabilitando el franquismo.

Con una cobertura mediática de pared a pared, el producto directo de esto fue el fascista Vox, que aunque representa poco menos del 15 por ciento de los votos, está dictando cada vez más la agenda nacional del Gobierno PSOE-Podemos como se evidencia en el despliegue del ejército para expulsar ilegalmente a decenas de miles de migrantes y niños. La canalización de miles de millones de euros a la aristocracia financiera a espaldas de los trabajadores, mientras se implementan ataques masivos y se reducen los derechos democráticos, solo intensificará las tensiones de clase.

Los indultos ya están siendo aprovechados por el derechista Partido Popular (PP) y el fascista Vox para impulsar sus complots golpistas para derrocar al Gobierno del PSOE-Podemos e instalar un régimen estatal policial autoritario de derecha. El domingo 13 de junio están organizando una manifestación en Madrid contra los indultos. El PP también ha comenzado a recoger firmas entre la población.

En ello contarán con la ayuda del Tribunal Supremo que se ha erigido el año pasado como bastión de la rehabilitación del fascismo y principal verdugo de la campaña anticatalana. La semana pasada emitió su opinión consultiva sobre los indultos calificándolos de "inaceptables". La misma institución judicial que aceptó indultos para los golpistas condenados en el golpe fascista de 1981, ahora declara que los indultos no son posibles porque los nacionalistas catalanes encarcelados no están "arrepentidos de sus crímenes". También afirmó que sería un “autoperdón” porque los nacionalistas catalanes apoyaron la instalación de un Gobierno PSOE-Podemos en el parlamento.

El debate sobre el indulto confirma las advertencias del WSWS. Combatir el giro de las clases dominantes hacia la dictadura y el fascismo requiere una ruptura con el PSOE, el “populista de izquierda” Podemos y los nacionalistas catalanes proausteridad, y un giro hacia la clase obrera internacional.

Los trabajadores que luchan por defender sus derechos sociales y democráticos deben apelar a sus hermanos y hermanas de clase en toda Europa, en una lucha común por la transformación socialista de la sociedad y la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa. Esto es inseparable de la lucha por construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en Europa y en todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de mayo de 2021)