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Los Republicanos de Georgia buscan tomar el control sobre las elecciones cerca de Atlanta mientras los Demócratas abandonan la defensa de los derechos democráticos

La legislatura estatal de Georgia se dirige a tomar el mando del sistema electoral del condado Fulton. Es una parte de los esfuerzos nacionales de los Republicanos por difundir la mentira de fraude electoral masivo durante las elecciones de 2020 y crear sistemas legales que esencialmente privaría del derecho al voto a millones de personas.

El jefe de elecciones del Condado Fulton de Georgia Rick Barron habla con reporteros mientras trabajadores escanean boletines durante el recuento de las elecciones presidenciales en Atlanta. (AP Photo/Ben Gray, Archivo)

El condado Fulton es el más grande del estado, ocupando una gran parte de Atlanta. Durante las elecciones de 2020, Biden ganó en ese condado fácilmente, con más de 380.000 votos, aproximadamente 73 por ciento del total. Ya que es un baluarte del Partido Demócrata en un estado en el que Donald Trump perdió por sólo 12.000 votos, el condado Fulton es un blanco de mayor importancia para los Republicanos mientras intentan menoscabar el derecho a votar.

Según una parte de la nueva ley electoral de Georgia, SB 202, la legislatura estatal ha designado un consejo electoral estatal con una mayoría Republicana. El consejo tiene la autoridad de reemplazar a supervisores locales si determina que ellos han “demostrado incumplimiento, malversación, o negligencia grave sobre la administración de las elecciones”.

El miércoles pasado, el consejo electoral dio un paso adelante en este proceso por designar su propio comité para hacer un examen del rendimiento del sistema de elecciones del condado Fulton. Unos miembros del grupo son el Republicano Ricky Kittle, el director del consejo electoral del condado Catoosa; el Demócrata Stephen Day, un miembro del consejo electoral del condado Gwinnett; y Ryan Germany, el consejo general del secretario del Estado Republicano Brad Raffensperger.

El proceso de revisión y suspensión podría durar hasta un año, pero se quedará tiempo suficiente para reemplazar a oficiales locales con superintendentes partidistas para las elecciones de 2022. Si esto ocurre, el supervisor tendrá la autoridad para excluir a votantes, mover los lugares de votación, y desafiar los resultados de las elecciones, y siquiera posiblemente negarse a certificar los resultados electorales.

Georgia es entre varios estados que o han aprobado o pronto aprobarán leyes con disposiciones similares. Para hoy en 2021, 389 leyes restrictivas electorales han sido introducidas en las legislaturas de 48 estados según el Brennan Center, un grupo defensor del derecho al voto basado en la Universidad de Nueva York. De éstos, 22 han sido aprobadas y 61 más están pasando por las legislaturas en 18 estados. La habilidad de la ley electoral de permitir el control de un partido sobre el proceso electoral entero sin duda marca el rumbo para la legislación futura por todo el país.

Confrontado con esta crisis sobre el derecho al voto, el Partido Demócrata básicamente ha huido del campo de batalla. Fue en Georgia que los Demócratas se negaron a oponer la ley SB 202, desviando la oposición popular usando campañas de boicoteo falsas y peticiones a las corporaciones que presionasen a los legisladores Republicanos.

Durante meses, los Demócratas han estado aclamando sus proyectos de ley federales sobre las elecciones: la Ley del Pueblo (SB1) y la Ley del Fomento del Derecho al Voto de John Lewis (HR4). Los Republicanos emplearon el filibustero para derrotar SB1 y se espera que empleen la misma técnica con HR4 este otoño. Usando la resistencia de los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema contra alterar el uso del filibustero como protección política, el Partido Demócrata se esfuerza por quitar de estas leyes todo el contenido verdaderamente democrático, rindiéndose frente a las exigencias del Partido Republicano fascista.

El reaccionario Manchin, a través de sus peticiones sin vergüenza por una colaboración con el mismo Partido Republicano que intenta destrozar el derecho al voto, ha ganado el derecho de determinar qué permanecerá y qué se borrará de estas leyes. Dando al público una vista de lo que se puede esperar con las iteraciones futuras de estos proyectos, Manchin publicó su propia versión propuesta de SB1 en la que ha removido la mayoría de las medidas que expandirían el acceso al voto, reemplazándolas con un mandato nacional de requerir un documento de identidad del votante.

La rendición que está en el centro de la posición del Partido Demócrata sobre los derechos al voto se expresa mejor en el proyecto de ley propuesto por el senador de Georgia Raphael Warnock, llamado la Ley de Prevenir Subversión Electoral. Este proyecto no haría nada para detener que el comité electoral de Georgia destituyese a oficiales locales, sino crearía un marco legal a través del que los oficiales locales destituidos podrían demandar el gobierno estatal por su reinstauración.

Ésta obviamente es una propuesta patética. Warnock querría que los oficiales electorales batallen prolongadamente en las cortes mientras los políticos Republicanos menoscaben el proceso electoral. Esto no es todo, también parece que él se ha olvidado de que el proyecto de ley SB 202 ya permite que oficiales locales combatan su destitución en las cortes, y que el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservativa de 6-3, presidiendo las cortes del circuito federal que están llenas de personas designadas de la época de Trump.

¿Qué hace este proyecto para asegurar que los Republicanos no destituyan a oficiales electorales desfavorables? ¡Absolutamente nada! De hecho, consagra en la ley federal la autoridad de los gobiernos estatales de hacerlo. El proyecto de ley de Warnock daría a los jueces federales y las legislaturas estatales la autoridad de oficiales electorales locales basados en “ineficiencia, negligencia de obligación, o malversación”.

Políticos Demócratas han hablado extensivamente contra los proyectos Republicanos, como el presidente Biden, que declaró que representaba las “nuevas leyes de Jim Crow” y “la amenaza más peligrosa contra la votación en la integridad de elecciones libres e imparciales en la historia de nuestra nación”. Sin embargo, el Partido Demócrata no ha hecho nada para oponerlo, negándose a pedir popularmente a los millones cuyo derecho a votar está en peligro.

En vez, el Partido Demócrata se ha dirigido a los ejecutivos, jueces, y políticos Republicanos, suplicando que detengan el asalto contra el derecho de votar, sin efecto.

Es que el Partido Demócrata, como un partido capitalista, teme a la clase obrera más que el menoscabo de los derechos democráticos. Si la clase obrera tomara medidas contra los proyectos de ley Republicanos, se expandirían rápidamente a incluir cuestiones sociales más amplias. Los derechos democráticos están conectados invariablemente a la desigualdad, la brutalidad policial, la destrucción de servicios sociales, salarios de pobreza abrumadores, y el manejo criminal de la pandemia por los dos partidos políticos.

Bajo el mando del Partido Demócrata –el partido de Wall Street, las corporaciones, y la clase media alta– la lucha por defender los derechos democráticos no puede avanzar. Siempre que la clase obrera esté atrapada en la camisa de fuerza de los dos partidos capitalistas, no puede defender sus propios derechos e intereses. La clase obrera necesita romper con el control político de éstos y luchar independientemente por la protección de derechos democráticos como una parte de la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de agosto de 2021)

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