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El gobierno español del PSOE-Podemos planea deportar a casi 800 niños migrantes

Casi 800 niños migrantes están siendo expulsados de España por el gobierno de coalición del socialdemócrata Partido Socialista (PSOE) y el partido 'populista de izquierda' Podemos. Estas deportaciones masivas son la última atrocidad en la cruzada del llamado gobierno 'progresista' contra los migrantes y refugiados.

Los niños formaban parte de los miles de migrantes que llegaron al enclave norteafricano de Ceuta, fronterizo con Marruecos, en mayo. La mayoría nadó alrededor de la valla de seis metros que se adentra en el mar, cruzó a pie con la marea baja o utilizó botes de goma para cruzar a España. Se calcula que unos 10.000 inmigrantes cruzaron la frontera con Marruecos en poco más de un día, de los cuales unos 2.000 eran menores.

En respuesta, el gobierno del PSOE-Podemos envió a cientos de soldados en vehículos blindados y movilizó a más de 200 policías antidisturbios para reforzar los 1.000 policías estacionados en Ceuta. Los soldados y la policía utilizaron porras para desalojar a los migrantes de la playa y lanzaron bombas de humo para impedir que otros cruzaran. Al menos un migrante se ahogó en el mar.

La deportación de cientos de niños es la continuación del violento asalto a estos migrantes iniciado en mayo. Aquellos que lograron entrar en el enclave español, a pesar de los ataques de los soldados y la policía militarizada, están siendo expulsados sumariamente sin la oportunidad de que su caso sea escuchado, en flagrante violación del derecho internacional.

Podemos se ha posicionado a medias como opositor a la orden de expulsión. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del partido, Ione Belarra, declaró patéticamente que 'cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños así como el conocimiento pormenorizado por parte de la Fiscalía del procedimiento'.

En realidad, Podemos es cómplice de las políticas xenófobas y antimigrantes del gobierno del que forma parte. En el cargo ha aplicado políticas indistinguibles de las de la ultraderecha, separando a los niños migrantes de sus padres, construyendo campos de concentración en las Islas Canarias y facilitando ataques fascistas a los migrantes varados allí. Estas políticas provocaron la muerte de más de 2.000 migrantes que intentaron cruzar a España en el primer semestre de 2021, según la organización benéfica Caminando Fronteras.

Las deportaciones de los menores comenzaron el 13 de agosto, con 15 niños transportados diariamente a Marruecos en autobuses. Según el Ministerio del Interior español, las expulsiones se estaban llevando a cabo en virtud de un acuerdo firmado en 2007 con Marruecos para facilitar la rápida repatriación de los menores no acompañados. Sin embargo, tres días después, cuando ya se había expulsado a 45 inmigrantes, el Gobierno de Ceuta se vio obligado a suspender las repatriaciones durante 72 horas.

Esto fue en respuesta a numerosas impugnaciones legales, incluidas las de las organizaciones no gubernamentales (ONG) Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces. Los niños estaban siendo deportados sin haber tenido acceso a un abogado o la oportunidad de que sus casos fueran escuchados individualmente, declaró Patricia Fernández Vicens, abogada de Coordinadora de Barrios.

Las expulsiones masivas violan tanto las leyes nacionales como las internacionales: los niños tienen derecho a ser escuchados durante todos los procesos legales y administrativos que les afecten, y el fiscal en España debe emitir un informe individual antes de que un menor pueda ser deportado.

Numerosas ONG denunciaron la decisión del gobierno del PSOE-Podemos como una violación de los derechos fundamentales. La organización benéfica Save the Children, con sede en el Reino Unido, declaró que 'cualquier repatriación colectiva de niños, niñas y adolescentes es ilegal'. El gobierno español debe realizar una 'evaluación individualizada de cada menor”, dijo la ONG, 'habilitar trámite de audiencias y alegaciones para el joven y recabar información sobre la familia de origen en Marruecos'.

“Muchos de estos niños van a ser devueltos a una situación de riesgo para su seguridad”, declaró Andrés Conde, director general de Save the Children en España. La organización benéfica ha entrevistado a unos 350 de los niños migrantes que cruzaron a Ceuta en mayo, y muchos de ellos informaron de que habían sufrido violencia sexual, explotación laboral, matrimonio forzado y trata de seres humanos en su país de origen.

Por su parte, Amnistía Internacional exigió al Ministerio del Interior español que 'paralice estas devoluciones hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y asegure que se ha actuado de conformidad al interés superior de los niños y niñas'.

Es 'obligación de la Ciudad Autónoma de Ceuta proteger los derechos de los menores que se encuentran en su territorio', continuó Amnistía Internacional. 'Las autoridades españolas deben garantizar de manera efectiva y no meramente retórica los derechos de los cientos de menores no acompañados en Ceuta primando su interés superior. No tenemos constancia de que haya sido así en esta ocasión”.

El 24 de agosto, la suspensión judicial de las deportaciones se mantuvo como 'medida cautelar' mediante una nueva sentencia. 'Levantarse dicha medida se estaría permitiendo la repatriación...”, declaró el juez que presidía el caso. 'Ésta sería absolutamente ineficaz al haberse ejecutado una decisión administrativa vulneradora de un derecho fundamental sin lograrse el amparo pretendido al encontrarse el menor en Marruecos'.

Un día después, el presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, convocó en Madrid a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, para discutir los planes de continuar con las expulsiones a pesar de estas sentencias.

Lejos de detener las órdenes de expulsión, Sánchez y Vivas, miembro del derechista Partido Popular, redoblaron sus planes. Al parecer, acordaron impedir el traslado a la península de cualquiera de los inmigrantes actualmente retenidos en Ceuta y seguir tramitando las deportaciones a través de la Ley de Extranjería, en lugar de hacerlo a través del acuerdo de repatriación de 2007 con Marruecos. La Ley de Extranjería establece que los casos de deportación deben ser individualizados y llevarse a cabo con la participación del menor.

Aunque la Ley de Extranjería puede ralentizar el ritmo de las deportaciones, Sánchez ha insistido en que no habrá tregua en los planes antimigrantes del Gobierno y que los niños serán deportados en 'el menor tiempo posible'. En un comunicado del Gobierno, Sánchez se comprometió a dar un 'triple refuerzo para un regreso seguro y ordenado de los menores … con tres ejes: el de las capacidades, el administrativo y el diplomático'.

“El presidente [Sánchez] me ha prometido activar todos los recursos que están en manos del Estado para poder retornar a los menores a Marruecos', afirmó Vivas en rueda de prensa. 'La única solución es la del retorno a Marruecos...'.

Intentando falsa y cínicamente presentar las órdenes de expulsión como si fueran por el bienestar de los niños migrantes, el comunicado declaraba que Sánchez y Vivas 'han coincidido en la necesidad de favorecer este regreso seguro y ordenado de los menores a su país de origen, especialmente con ocasión del comienzo del curso escolar, ya que su permanencia en Ceuta puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar'.

El trato atroz e ilegal que reciben los casi 800 niños migrantes en Ceuta revela el carácter engañoso de los actuales intentos del gobierno del PSOE-Podemos de posar como humanitarios en su respuesta a la debacle de EEUU en Afganistán.

A finales de agosto, Irene Montero, ministra de Igualdad de Podemos y pareja del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, declaró que la prioridad del gobierno español 'deben ser las mujeres y personas LGTBI en Afganistán ahora y en los próximos meses'. El gobierno del PSOE-Podemos 'se están haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurar la salida del país de todas las personas que lo puedan necesitar”, añadió Montero.

Estas nauseabundas y falsas expresiones de solidaridad con los refugiados afganos deben ser rechazadas con desprecio. Las órdenes de deportación masiva del gobierno del PSOE-Podemos demuestran que no existe una circunscripción para la defensa de los derechos democráticos en la clase dirigente. La tarea de defender los derechos de los refugiados e inmigrantes a vivir y trabajar donde quieran corresponde a los trabajadores a nivel internacional, como elemento esencial de la defensa de los derechos sociales y democráticos de toda la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de septiembre de 2021)

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