El draconiano estado de emergencia proclamado por el presidente de Sri Lanka, Gotabhaya Rajapakse, el 30 de agosto debe ser considerado como una advertencia tanto por los trabajadores de Sri Lanka como los de todo el mundo. Ante el recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 y una crisis económica internacional cada vez mayor, la clase capitalista está estableciendo una dictadura para intentar aplastar las luchas en auge de la clase obrera.

Rajapakse impuso el estado de emergencia en medio de una caída de la rupia esrilanquesa, escasez de alimentos y aumentos masivos en los precios de comidas esenciales. El kilogramo de arroz y azúcar se duplicaron a 250 y 220 rupias, respectivamente. Los consumidores han tenido que hacer largas filas para comprar azúcar de las tiendas estatales llamadas Establecimientos Cooperativos para Ventas al por Mayor. Rajapakse alega que el estado de emergencia garantizará “la seguridad pública y el bienestar y mantendrá los suministros y servicios esenciales para la vida de la comunidad”. No obstante, en realidad autoriza una represión extraordinaria contra los trabajadores y pobres rurales.

Le concede a Rajapakse poderes dictatoriales de gran alcance para tomar cualquier medida “que considere necesaria u oportuna en aras de la seguridad pública y la preservación del orden público, y la supresión de amotinamientos, disturbios o conmoción civil, o para el mantenimiento de los suministros y servicios esenciales para la vida de la comunidad”. Consecuentemente, Rajapakse puede modificar o suspender leyes, prohibir huelgas u otras luchas, proscribir partidos políticos y censurar la prensa.

Incluso antes de esto, Rajapakse había promulgado leyes represivas como la Ley de Servicios Públicos Esenciales, declarada el 27 de mayo y renovada la semana pasada, que prohíbe las huelgas en prácticamente todo el sector público, es decir, casi un millón de trabajadores. También ha nombrado a varios exmilitares y militares activos para altos cargos civiles. Aunque las escuelas están cerradas, la mayoría de los centros de trabajo, especialmente las industrias de exportación como los de la confección, se consideran “esenciales” y permanecen abiertos, mientras la isla se enfrenta a un aumento de las infecciones por COVID-19 impulsado por la variante Delta. Como resultado, según las cifras oficiales incompletas en Sri Lanka, el número total de casos ha superado los 488.000 y el número total de muertos los 11.000.

Sin embargo, estas medidas reaccionarias han chocado con una marea creciente de luchas obreras. Desde hace más de dos meses, unos 250.000 profesores de escuelas públicas han estado en huelga para exigir mayores salarios. Anteriormente, los trabajadores de los sectores de salud, correo, ferroviario, portuario, energético, turístico y de la confección han realizado huelgas y protestas contra las dificultades económicas y la inseguridad de las condiciones sanitarias. El malestar está creciendo entre los trabajadores del petróleo por los recortes en las horas extras y los salarios.

Rajapakse ha respondido intensificando su impulso hacia una dictadura presidencial que se apoya en los militares y en elementos fascistizantes de derechas. A la élite gobernante de Sri Lanka le preocupa especialmente que las crecientes luchas de la clase obrera unan a los trabajadores cingaleses, tamiles y musulmanes, socavando así las divisiones comunales que ha incitado y avivado sistemáticamente para preservar su dominio.

Frente a las amenazas cada vez mayores de violencia y represión del Estado, la tarea fundamental es movilizar políticamente a la clase obrera y dotarla de una comprensión de la situación a la que se enfrenta. Sobre todo, esto significa explicar que los mejores aliados de los trabajadores de Sri Lanka son los trabajadores de otros países y de todo el mundo. De hecho, las luchas de clase que se están desarrollando en Sri Lanka forman parte de un auge internacional de luchas de la clase obrera.

Los trabajadores de diversos sectores, como la salud, la educación, el transporte y la industria automotriz en Estados Unidos, Europa, India, Australia y Nueva Zelanda han emprendido luchas, incluyendo huelgas y protestas por mejores salarios y condiciones, y contra las inseguras condiciones de salud durante la pandemia del COVID-19. Esta es la fuerza que debe movilizarse para defender a sus hermanos y hermanas de Sri Lanka en la lucha contra las amenazas draconianas del Gobierno de Rajapakse.

En todos los países, los trabajadores se enfrentan a los mismos problemas esenciales: la misma negativa a organizar una batalla con fundamentos científicos para erradicar la pandemia de COVID-19, y el mismo giro hacia la dictadura por parte de la élite gobernante.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la ayuda del Partido Republicano y de sectores del ejército y la policía, está promoviendo abiertamente un movimiento fascista. Esto condujo a los acontecimientos del 6 de enero, cuando turbas de sus partidarios fascistas asaltaron el Capitolio, tratando de bloquear la certificación del Congreso de la victoria electoral de Joe Biden. Aunque el intento de golpe de Estado del 6 de enero fracasó, las fuerzas fascistizantes que rodean a Trump continúan con sus complots y están en contacto con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que está llamando a un golpe de extrema derecha para deponer a sus oponentes facciosos en el poder judicial y en la élite política.

El Gobierno del primer ministro indio Narendra Modi del Partido Bharatiya Janatha (BJP, por sus siglas en inglés) de corte supremacista hindú, está azuzando el chovinismo y las fuerzas de extrema derecha contra los musulmanes y otras minorías para dividir y debilitar a la clase trabajadora.

La historia de Sri Lanka ha demostrado una y otra vez que, en los países de desarrollo capitalista tardío, la clase capitalista es orgánicamente incapaz de establecer un régimen democrático. Solo la intervención revolucionaria independiente de la clase obrera, reuniendo a las amplias masas oprimidas, puede resolver estas cuestiones mediante una lucha por el socialismo a nivel internacional. Esto fue elaborado por León Trotsky, el colíder de la Revolución rusa de octubre de 1917 con V. I. Lenin, a través de la Teoría de la Revolución Permanente.

Sri Lanka ha sido gobernada bajo estados de emergencia durante gran parte de los tres cuartos de siglo desde que se independizó formalmente de Reino Unido en 1948. La burguesía de Sri Lanka impuso el estado de emergencia para evitar o tratar de aplastar cada gran estallido histórico de oposición por parte de los trabajadores y los pobres del campo. Esto incluyó el Hartal de 1953 (una huelga general y el cierre de empresas), la rebelión de los jóvenes rurales de 1971 y la guerra racialista antitamil de casi 30 años contra los separatistas Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE, por sus siglas en inglés) en 1983-2009.

El actual estado de emergencia se ha impuesto en condiciones cualitativamente distintas, con una crisis económica y política del capitalismo global mucho más intensa. En todos los países, el dominio burgués ha quedado desacreditado por las políticas criminales y asesinas de las élites gobernantes frente a la pandemia, que anteponen el lucro de la oligarquía empresarial y financiera a las vidas humanas. A nivel mundial, el total de casos de coronavirus registrados ha ascendido a más de 227 millones y el total de muertes supera 4,6 millones. Las estimaciones citadas por la revista británica Economist muestran que más de 15 millones de personas han muerto por COVID-19.

Todas las facciones de la clase dirigente, tanto cingalesa como tamil y musulmana, están implicadas en esta horrible política y en el giro hacia la dictadura.

Los partidos de la oposición, como el Samagi Jana Balavegaya (SJB), el Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) y la Alianza Nacional Tamil (TNA, por sus siglas en inglés), aunque hacen críticas simbólicas del estado de emergencia de Rajapakse, guardan silencio sobre las amenazas a los derechos democráticos de los trabajadores y oprimidos. El Partido Nacional Unido (UNP por sus siglas en inglés) ni siquiera se ha molestado en criticar a Rajapakse, respaldando tácitamente sus medidas dictatoriales. Todos estos partidos, como participantes o partidarios de Gobiernos anteriores, tienen un largo historial de apoyo a los regímenes de emergencia y a otras leyes represivas y a las medidas de austeridad del FMI contra el pueblo trabajador.

La gran tarea es armar políticamente y unificar una vanguardia política internacional a medida que la clase obrera entra en una lucha política directa contra el dominio burgués. En particular, esto significa unificar a los trabajadores cingaleses, tamiles y musulmanes contra las políticas de austeridad y dictadura personificadas por el Gobierno de Rajapakse. Sobre todo, esto significa una lucha por establecer la unidad de los trabajadores en Sri Lanka con sus hermanos y hermanas de clase en el sur de Asia e internacionalmente.

La construcción de una Alianza Obrera Internacional de Comités de Base, según el llamado del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI), es un paso crucial en la construcción de esta unidad de la clase obrera internacional en lucha.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de septiembre de 2021)