La intentona golpista del 6 de enero por parte del expresidente Donald Trump y sus aliados del Partido Republicano, el aparato de la seguridad nacional y el ejército para derrocar el orden constitucional en los Estados Unidos marca un punto de inflexión en la historia legal y constitucional de los Estados Unidos.

El golpe, que el WSWS analizó y del que informó extensamente, fue la culminación de un ataque de dos décadas a los derechos democráticos y al orden constitucional por parte de las sucesivas administraciones republicanas y demócratas.

La implicación del ejército indica que la democracia burguesa en los Estados Unidos se acerca a su colapso, y que la amenaza de una dictadura es un peligro real, a menos que la clase trabajadora intervenga para tomar el poder estatal y establezca un gobierno socialista.

Estos acontecimientos han destruido de una vez por todas cualquier pretensión de excepcionalismo estadounidense. La democracia burguesa en los EEUU, que se basa en la constitucionalidad, incluyendo el mantenimiento de normas establecidas y convenciones de gobierno, no está eximida de las leyes del desarrollo histórico capitalista. Este artículo repasa la degeneración de la democracia burguesa en el ámbito de la ley y el constitucionalismo a lo largo de los últimos veinte años, culminando en estos desarrollos extraordinarios.

20 años de ataques a los derechos democráticos y al constitucionalismo

El golpe tiene sus raíces en el declive del capitalismo estadounidense; el vaciamiento de la economía productiva, la presión de la rivalidad internacional, los niveles asombrosos y brutales de la desigualdad social, y el resultante ataque bipartidista al gobierno constitucional en interés de las grandes empresas y el capital financiero. Como dijera Luis Brandeis, juez del Tribunal Supremo estadounidense: 'Podemos tener una democracia en este país o podemos tener vastas concentraciones de riqueza en manos de unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas'.

A lo largo de los últimos 20 años, en un proceso que ha sido analizado a lo largo de ese período por el WSWS, la clase gobernante estadounidense y sus aliados políticos y simpatizantes privilegiados han perseguido y habilitado una contrarrevolución contra los logros democráticos y constitucionales del pueblo estadounidense establecidos desde hace siglos. El ataque a los derechos democráticos y al orden constitucional, bajo el pretexto por el que se lo persiguiera, ya sea 'La Guerra contra el Crimen' o 'La Guerra contra el Terror', tenía de hecho por objetivo establecer un modo de gobierno para contener la agitación social que surgiría necesariamente de las políticas económicas que concentraban niveles astronómicos de riqueza en las manos de una diminuta minoría de la población.

Desde los tiempos de los emperadores romanos o de las monarquías absolutas la humanidad no ha experimentado tales niveles de desigualdad social como la que existe ahora en los Estados Unidos de América.

A lo largo de los últimos 20 años las administraciones republicanas y demócratas se han propuesto a propósito y a sabiendas demoler el marco legal y constitucional para complacer esta realidad social y económica. Donald Trump y el 'trumpismo' surgió en este contexto político y constitucional, y encontró su expresión definitiva en el golpe de enero de 2021.

Surge una política exterior ilegal

En un intento por establecer una hegemonía global tras el colapso de la Unión Soviética, la clase gobernante de los Estados Unidos se embarcó en un programa de militarismo y conquista. En 1992 el Departamento de Defensa de los EEUU publicó un documento con unas 'Pautas de Planificación de la Defensa', que decía:

Nuestro primer objetivo es impedir el surgimiento de un nuevo rival. Esto requiere que nos esforcemos por impedir que una potencia hostil domine una región cuyos recursos fueran suficientes, bajo un control consolidado, para generar un poder global. Estas regiones incluyen a Europa occidental, el este de Asia, el territorio de la antigua Unión Soviética y el suroeste de Asia.

Esta doctrina del dominio global era complementada una década más tarde en la 'Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos' de 2002, que declaraba que Estados Unidos tenía el derecho fundamental a denunciar e invadir otros países violando sus derechos legales de soberanía reconocidos internacionalmente. Equivalía a un pronunciamiento de ilegalidad descarada como política exterior oficial estadounidense. Las doctrinas legales planteadas a continuación, incluyendo la 'guerra preventiva', la 'autodefensa preventiva' y la 'intervención humanitaria', eran todas criminales bajo los principios de Nuremberg. La prohibición de la agresión internacional fue rechazada en favor de un nuevo código de conquista 'legalizada'. No es posible sobreestimar el impacto en la vitalidad del constitucionalismo desde la política exterior militarista de la clase gobernante: Inter arma silent leges —'En tiempos de guerra la ley enmudece'.

En 2001 y 2003 Estados Unidos invadió ilegalmente Afganistán e Irak persiguiendo sus objetivos geoestratégicos y en particular el dominio de la cuenca del Cáspico y el territorio de Eurasia. Bajo los pretextos de la 'Guerra contra el Terror' y de la existencia de armas de destrucción masiva, Estados Unidos se propuso conquistar y colonizar países con una población conjunta de 80 millones de personas. Es inconcebible que una clase gobernante capaz de tales políticas y conductas criminales, sangrientas e inhumanas en el exterior pueda tener cualquier interés en defender el orden constitucional y los derechos democráticos en casa.

La destrucción bipartidista de los derechos democráticos

El impulso de Estados Unidos por la hegemonía mundial inauguró un ataque de dos décadas por parte de la clase gobernante y sus habilitadores al orden constitucional, la legalidad y los derechos democráticos. El Partido Republicano y el Partido Demócrata, ambos partidos de las grandes empresas, finanzas y el ejército, han sido cómplices por igual en la destrucción de las normas democráticas y la legalidad, en un proceso que creó un clima legal-constitucional para el golpe de Trump como parte del ataque final al régimen constitucional.

En la verdadera narrativa de la historia constitucional reciente, las elecciones robadas del 2000, sancionadas en última instancia por el Tribunal Supremo estadounidense, lleva por una historia de ilegalidad creciente en la vida del establishment político. Hay dos componentes sociopolíticos principales que impulsan el ataque a la constitucionalidad. Por un lado, la trayectoria ultraderechista, nacionalista y fascista en aumento de la mayor parte del Partido Republicano. Por otro lado, e igual de importante, el papel que desempeña el Partido Demócrata, reaccionario, respaldado por Wall Street y la CIA, cargado de política identitaria. El papel del Partido Demócrata es primariamente producto del carácter de clase de una clase media alta acomodada y privilegiada que, cada vez más enriquecida por abultadas carteras de acciones y enormes salarios, ha sido central e instrumental en la destrucción de los derechos democráticos, el constitucionalismo y la creación de un Estado autoritario.

El robo de las elecciones estadounidenses por parte del Partido Republicano en Florida en el año 2000 desveló el creciente carácter de tipo fascista del Partido Republicano. Elementos ultraderechistas dentro del Partido Republicano llevaban ejerciendo una influencia creciente sobre él a lo largo de los '80 y los '90. Cada vez más, sus representantes más influyentes y agresivos iban siendo extraídos del sur. Muy preocupados por sus resultados electorales, dada la demografía cambiante y las relaciones de clase cambiantes en los Estados Unidos, el Partido Republicano estaba dispuesto a recurrir a métodos criminales para destruir el derecho de la clase trabajadora a votar.

Al mismo tiempo, el Partido Demócrata mostraba que no estaba dispuesto a luchar basándose en principios para defender los derechos democráticos del pueblo estadounidense, por miedo a desatar un levantamiento social que no pudiera controlar. Las elecciones robadas del 2000 determinaron la pauta para las dos décadas siguientes. Igualmente importante en la destrucción del régimen constitucional fue la trayectoria cada vez más derechista del Tribunal Supremo, que indicaba que este también estaba vinculado a la degeneración general de la democracia burguesa. Dictamen tras dictamen del Tribunal Supremo revelaron que era un firme defensor del Estado y los intereses corporativos contra los derechos democráticos del pueblo.

La 'Guerra contra el Terrorismo' y el ataque al habeas corpus

La guerra contra el terror se volvió el pretexto y el pilar de base de los proyectos gemelos de la conquista militar en el extranjero y la destrucción del orden constitucional en casa.

A pocos días del 11 de septiembre de 2001, 762 inmigrantes fueron arrestados por el FBI por orden de John Ashcroft, el fiscal general ultraderechista de G. W. Bush. Se los retuvo incomunicados, se les negó el acceso a un abogado, los interrogaron en condiciones intimidantes, y los retuvieron semanas y meses. No acusaron nunca a ninguno. La arremetida interminable contra las libertades civiles había comenzado. El ataque al habeas corpus era, tras el ataque al derecho a votar en 2000, uno de los principales focos en la destrucción del constitucionalismo. El derecho contra la detención arbitraria jalona una distinción legal fundamental entre el medievalismo y la democracia burguesa y entre la democracia burguesa y la dictadura autoritaria.

El 13 de noviembre de 2001, Ashcroft propuso una orden ejecutiva para establecer tribunales militares para ciudadanos estadounidenses en áreas dentro de los Estados Unidos donde tribunales civiles estaban en operación normal y suspender completamente el decreto judicial del habeas corpus. Si se hubiera implementado la orden, la detención arbitraria se hubiera establecido en los propios Estados Unidos.

El arresto arbitrario de prisioneros en la Bahía de Guantánamo y la negativa al proceso debido marcó un ataque histórico a las normas burguesas democráticas de gobierno. Desde la Carta Magna el gobierno de ningún país angloparlante había atacado de manera tan abierta y a una escala tan abarcadora los derechos al habeas corpus y al Estado de derecho. El WSWS reconoció la importancia histórica trascendental de lo que estaba sucediendo. En enero de 2004 escribimos:

La trayectoria de la administración Bush es clara. Desea instituir un aparato represivo autoritario de gobierno en los Estados Unidos. En ese proceso está abandonando la adhesión siquiera conceptual a las normas legales y constitucionales. De hecho, hay un tipo de regocijo detectable en numerosos miembros de la administración Bush en su ataque imprudente a los principios y prácticas democráticos. El régimen estadounidense se parece cada vez más a una junta que gobierna mediante poderes extraconstitucionales y de 'emergencia'.

Pero mientras la administración y sus aliados de la prensa promocionan la campaña de propaganda sobre 'la guerra contra el terror', el verdadero motivo para establecer el régimen autoritario se vuelve cada día más claro. La vasta desigualdad que se ha vuelto el rasgo central de la vida social y política en los EEUU es la verdadera fuerza motriz que empuja a los elementos más rapaces y agresivos dentro de la clase gobernante para establecer formas de gobierno para tratar con la revuelta social que intuyen que se aproxima.

Crear un Estado policial

Junto con la detención indefinida arbitraria, la tortura se volvió una política gubernamental oficial. Abogados de tipo fascista en el Departamento de Justicia bajo la dirección del abogado de la Casa Blanca Alberto Gonzales, incluyendo a John Woo (actualmente profesor de derecho en Berkeley) y Jay Bybee (ahora juez decano en el Tribunal de Apelaciones de Noveno Circuito) desarrollaron doctrinas legales inspiradas directamente en la jurisprudencia autoritaria de la Alemania nazi. La ahora bien documentada detención y tortura brutal y sádica de los presos en Irak, Afganistán y en la Bahía de Guantánamo mostraban el mismo desprecio por la legalidad y la humanidad que las fuerzas alemanas mostraban en su ocupación de territorios conquistados en la Segunda Guerra Mundial. El 25 de enero de 2002, Gonzales le entregó un memo a G. W. Bush instándole a desconsiderar las provisiones 'obsoletas' y 'pintorescas' de las Convenciones de Ginebra.

La Ley Patriótica, aprobada por el Congreso con un apoyo bipartidista abrumador, destruyó las libertades civiles y el derecho a la privacidad y creó los cimientos legales para un Estado policial y de vigilancia que se perpetúan hasta el día de hoy. Como sus autores pretendían conscientemente, no iba dirigida primariamente hacia el terrorismo, sino más bien a 'quitarle las esposas a la policía', y destruir los derechos democráticos protegidos por la Cuarta Enmienda contra búsquedas e incautaciones no razonables y proteger la privacidad.

La ley fue redactada por un equipo de abogados del Departamento de Justicia, dirigido por Ashcroft, mediante un proceso de sacar viejas listas de deseos ultraderechistas para un nuevo Estado autoritario, y ensamblado en una solicitud legislativa para todo propósito. En un memorándum escrito por Ashcroft a funcionarios del Departamento de Justicia y el FBI en marzo de 2002, expresamente les informó de que los poderes de vigilancia bajo la ley podrían utilizarse primariamente para propósitos de cumplimiento de la ley no conectados directamente con el terrorismo. Varios sectores de la Ley Patriótica fueron redactados claramente para esquivar la aplicación regular de la Cuarta Enmienda al cumplimiento estándar del derecho criminal.

La administración ni intentó esconder este enorme recorte de derechos democráticos. A finales de 2003, tras noticias en la prensa sobre la aplicación de la Ley Patriótica en actividades normales de la policía, un portavoz del Departamento de Justicia que trabajaba bajo Ashcroft dijo claramente, 'Hay muchas provisiones en la Ley Patriótica que se pueden utilizar en el derecho criminal general'. El sueño ultraderechista de liberar a la policía de la Declaración de Derechos se había vuelto realidad. Esto fue 12 años antes de que Trump entrara en la escena política como candidato a la nominación republicana a la presidencia.

La Ley Patriótica y leyes relacionadas, incluyendo a la Ley de Seguridad Nacional, se quedaron a un pasito del gobierno abierto de los comisionados de la policía y los generales. Estas promulgaciones políticas y legales de la clase gobernante:

(i) Autorizaron búsquedas, incautaciones, arrestos y detenciones arbitrarias.

(ii) Permitieron una vasta vigilancia a los teléfonos, el internet, el uso de las bibliotecas y las transacciones financieras de la población.

(iii) Les dieron amplios poderes a la policía y a las agencias de seguridad.

(iv) Se comprometieron a excluir cuanto pudieran la representación legal a personas arrestadas y detenidas.

Estas promulgaciones autoritarias crearon el marco para un Estado de seguridad nacional completamente desvinculado de las tradiciones democráticas del Estado de derecho del constitucionalismo estadounidense. Casi todos los esfuerzos legales por revertir leyes en base a la constitución fueron rechazados por los tribunales o, en instancias de dictámenes judiciales de inconstitucionalidad, el Congreso aprobó leyes complementarias para mantener el marco opresivo esencial. La Ley Patriótica fue mantenida por la administración Obama con enmiendas menores que no alteraron su carácter de Estado policial, y en 2015 la administración renombró estos enormes recortes de derechos como la Ley de Libertad de los EEUU. La Ley fue extendida de nuevo en mayo de 2020.

El 'liberalismo de Seguridad Nacional' bajo Obama

La arremetida contra la constitucionalidad y la legalidad iniciada por George W. Bush fue continuada y profundizada por su sucesor demócrata. Obama mantuvo la primacía de la seguridad nacional, y amplió y profundizó el impulso hacia el gobierno autoritario. Desarrollos significativos a este respecto durante la administración de 2009-2017 incluyeron:

(i) La continuación de la guerra en Afganistán y la detención de prisioneros en la Bahía de Guantánamo (el proceso debido limitado que la administración estaba dispuesta a brindarles a los presos en Guantánamo era tan limitado que hasta muchos abogados militares se negaron a formar parte en los procedimientos parchados que fueron promulgados).

(ii) La administración no realizó ninguna investigación criminal seria de la detención ilegal y la tortura que ocurrió bajo la administración de Bush. El establishment de seguridad nacional fue altamente protegido. No se tomó ninguna medida contra el director de Inteligencia Nacional James Clapper por mentir bajo juramento al Congreso sobre el programa de 'metadatos' del NSA.

(iii) Sin autorización del Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, y en violación del derecho internacional, la administración emprendió el bombardeo de Libia y el derrocamiento de su gobierno. Desde el punto de vista legal de Obama el presidente podía lanzar una pequeña guerra. (Declaró que mil ataques con misiles y asistencia a fuerzas antigubernamentales no eran actos de guerra.)

(iv) Obama intensificó el ataque a los inmigrantes, deportando más de 2,5 millones de personas, un récord para cualquier administración estadounidense y más que la suma de todos los otros presidentes del siglo veinte juntos.

(v) El Partido Demócrata profundizó sus conexiones y relaciones con el establishment de la seguridad nacional y el ejército. Cantidades cada vez más grandes de sus candidatos electorales eran extraídos de las agencias de seguridad, la CIA y el ejército. Nadie podría sugerir racionalmente que estas instituciones son grandes incubadores de políticas democráticas e ilustradas.

(vi) La administración demócrata continuó y extendió el esfuerzo de Bush por establecer un gobierno de estilo más ejecutivo. Esta cultura político-legal, una forma de 'liberalismo de seguridad nacional' derechista, fue apoyada y aplaudida por la clase media alta y las élites tras el Partido Demócrata.

Incluso dentro de los elementos supuestamente 'izquierdistas' del interior y alrededor del Partido Demócrata, no hubo una sola voz que se opusiera a estos desarrollos autoritarios. Las políticas de la pseudoizquierda en la órbita del Partido Demócrata claramente no representaron ningún obstáculo a la trayectoria militarista y autoritaria de la administración. En su discurso de aceptación del Premio Nobel en Oslo en 2009, Obama pregonó las nuevas doctrinas del Pentágono de guerra de agresión, rechazó las ideas de Nuremberg y aplaudió el abandono de la legalidad en las relaciones internacionales.

El fiscal general de Obama, Eric Holder, adoptó las doctrinas legales derivadas de las concepciones de 'Staats Recht' del gobierno ejecutivo desarrolladas por gobernantes autoritarios en Alemania, particularmente los nazis. Después de que Obama ordenara el asesinato con dron de Anwar al-Awlaki, ciudadano estadounidense y supuestamente miembro de Al Qaeda, Holder defendió ese asesinato sobre la base extraordinaria y sin precedentes de que el debido proceso y el proceso judicial no eran lo mismo. Argumentó que el presidente estadounidense no necesitaba autoridad de un tribunal federal para matar a un ciudadano estadounidense que presuntamente —pero sin haber sido demostrado en ningún proceso judicial— estuviera trabajando con Al Qaeda.

Esta perspectiva legal reproducía la de Carl Schmitt, el principal jurista del Tercer Reich, quien en defensa de los asesinatos extrajudiciales ordenados por Hitler propuso en esencia el mismo punto de vista que Holder, que en tiempos de 'emergencia' y 'crisis' el poder judicial y ejecutivo son uno solo y el mismo. Schmitt declaró: 'El Führer protege la Ley de su peor abuso si él, en el momento de peligro, en virtud de su liderazgo como Juez Supremo, inmediatamente crea justicia. El verdadero líder es siempre también un Juez. Los que buscan separar la magistratura del liderazgo buscan desarmar al Estado con la ayuda del poder judicial' (publicado en Deutscher Juristische Zeitung en agosto de 1934). La proposición de que el gobierno pueda matar a ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo sobre la base de estándares legales y pruebas jamás remitidas a un tribunal no pueden demostrar más claramente que el 'liberalismo' se estaba transformando en fascismo.

El ataque de la administración Obama a la libertad de expresión

La administración Obama lanzó un ataque frontal a la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda. La administración agresivamente atacó a quienes filtran información y denuncian, utilizando la Ley de Espionaje de 1917 para ese propósito en ocho juicios, más que todas las administraciones anteriores juntas. Chelsea Manning fue juzgada y encarcelada por filtrar información relacionada con crímenes de guerra estadounidenses. Edward Snowden fue acusado bajo la Ley de Espionaje por exponer la vigilancia ilegal de la población en el programa de recolección de metadatos de la Agencia de Seguridad Nacional. Hubo una acusación original por un cargo criminal contra Julian Assange, con el que la administración no prosiguió. Un antiguo funcionario de la CIA, John Kiriakou, fue condenado a 30 meses de cárcel por denunciar el programa de tortura de la CIA, que incluía la práctica del submarino, bajo G. W. Bush.

Kiriakou resumió adecuadamente la naturaleza autoritaria de los ataques de la administración de Obama de la siguiente manera: 'El presidente Obama no tiene precedentes en su uso de la Ley de Espionaje para enjuiciar a aquellos cuyas denuncias quiere cercenar. El propósito de aplicar la Ley de Espionaje, sin embargo, no es castigar a una persona por espiar para el enemigo, vendiendo secretos para obtener ganancias personales, o intentar socavar nuestro modo de vida. Es arruinar al denunciante a nivel personal, profesional y financiero. Tiene por objetivo enviar un mensaje a cualquier otra persona que esté considerando decir la verdad sobre el poder: desafíanos y te destruiremos'. Como ya se observara, los verdaderos torturadores no fueron castigados por la administración.

En mayo de 2013 el Departamento de Justicia de la Administración se incautó de los registros telefónicos de 20 periodistas de la Associated Press, para reprimir a quienes filtran información. El desprecio de la Administración hacia el debido proceso y la legalidad era extraordinario, y provocó escalofríos en la profesión de periodista. No se dieron Notificaciones de Citación para permitir la oportunidad de revisión judicial. Cincuenta organizaciones de noticias y el Comité por la Libertad de Prensa enviaron una carta de protesta al fiscal general Holder en la que se decía lo siguiente: 'Ninguno de nosotros puede recordar un caso en el que se desplegara una red tan abarcadora para recoger material informativo por parte del Departamento de Justicia, particularmente sin notificar a los periodistas implicados, ni una oportunidad para buscar revisión judicial. El alcance de esta acción cuestiona la propia integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa y su capacidad para equilibrar, por sí mismo, sus poderes policiales contra los derechos de la Primera Enmienda de los medios de noticias y el interés del público en informar sobre todas las maneras de gestión, incluyendo asuntos que conciernen a la seguridad nacional que están en el meollo de este caso'.

Holder y Obama no se conmovieron. Su punto de vista sobre la libertad de expresión era lo mismo que su jurisprudencia sobre el poder ejecutivo y el debido proceso, y con el mismo objetivo: la creación de un Estado de seguridad nacional que no aguante ninguna oposición y que no acepte limitaciones legales.

La administración intensificó sus ataques a los denunciantes y la Primera Enmienda. Durante la última parte de la duración del término de la administración, abogados del Departamento de Justicia ya estaban trabajando en desarrollar teorías legales para desplegar la Ley de Espionaje contra periodistas, así como contra denunciantes, y de este modo criminalizar la publicación de la verdad. No hay pruebas de que Joe Biden, como vicepresidente en la administración de Obama, objetara al ataque agresivo de la administración a la libertad de expresión.

En conformidad con su protección celosa del aparato de seguridad nacional, mientras denunciantes y responsables de filtraciones de información gubernamentales de niveles inferiores eran perseguidos agresivamente, enjuiciados y castigados duramente bajo la Ley de Espionaje, funcionarios de alto nivel no lo eran. El general David Petraeus, antiguo jefe de la CIA y 'celebrado' general que dirigió el 'aumento' en Irak, no recibió condena de cárcel por filtrar información militar y de inteligencia a su amante y biógrafa. El exdirector de la CIA Leon Panetta también desveló información clasificada “top secret” sobre el asesinato de Osama bin Laden a Hollywood sin repercusiones. El carácter autoritario, arbitrario y cínico del ataque de la administración a los denunciantes reveló de la manera más severa el desprecio de la administración por la legalidad y el ejercicio principista del poder gubernamental.

A lo largo de las últimas décadas amplios sectores de la clase media alta privilegiada, que constituyen un sostén importante del Partido Demócrata, han abandonado cualquier adhesión a los principios democráticos liberales. Por el contrario, se han empapado profundamente en una concepción reaccionaria del Estado, el Estado de derecho y el papel del gobierno. No tienen ningún compromiso permanente con los derechos democráticos, la constitucionalidad y los ideales de la Ilustración liberal que animaron y motivaron a los fundadores del país. Lejos de oponerse a la trayectoria del establishment político cada vez más hacia la derecha, ellos o bien se han comprometido activamente con este, lo han apoyado, o bien lo han habilitado con complacencia y cinismo.

Las políticas identitarias, uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Partido Demócrata domina una base privilegiada de apoyo, ha sido uno de los principales habilitadores de la destrucción de derechos democráticos y la creación de condiciones sociales y políticas que han facilitado el surgimiento del fascismo en Estados Unidos.

El movimiento #MeToo (YoTambién) ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por destruir el debido proceso y la presunción de inocencia, objetivos que tiene en común con el esfuerzo de la ultraderecha por destruir la Declaración de Derechos para fomentar la creación de un Estado policial autoritario.

La única manera de combatir el ascenso del autoritarismo es mediante la lucha de clases por defender los derechos democráticos. Pero las capas privilegiadas que promueven las políticas identitarias rechazan la clase y someten a la clase trabajadora al ridículo y la hostilidad.

El ataque de Trump al marco normativo del poder presidencial

El ascenso de Trump, y su feroz ataque a la legalidad, que empezó inmediatamente y no paró durante su mandato, representó una continuación acelerada del ataque al orden constitucional. Trump no llegó en una democracia floreciente y saludable, sino en una apenas con vida por dos décadas de golpes contrarrevolucionarios y guerras sangrientas. La clase gobernante estadounidense ya había avanzado mucho en el establecimiento de un régimen autoritario y la destrucción de los derechos democráticos. Las cuatro administraciones anteriores desde el año 2000 ya habían hecho la mayor parte del trabajo duro de desmontar el marco constitucional de gobierno. El elemento dictatorial personalista que Trump trajo fue distintivo, que buscaba ejercer su voluntad por encima de todo el proceso parlamentario, pero estaba en gran medida contemplado. El Partido Republicano estaba sólidamente tras él y la oposición del Partido Demócrata estaba a medio hacer, y era cínica y táctica.

Inmediatamente buscando impulsar hacia adelante la agenda nacionalista y antiinmigración de la nueva administración, una de las primerísimas acciones legales de Trump fue buscar castigar a los gobiernos estatales y locales, conocidos como 'ciudades santuario', que se negaban a colaborar con el gobierno federal en aplicar sus brutales leyes migratorias. La administración retiró subvenciones federales e intentó recuperar subvenciones ya pagadas. Esas órdenes eran inconstitucionales. En Printz vs Estados Unidos (1997) la Corte Suprema había declarado que el Gobierno federal no podía requisar a gobiernos estatales para aplicar leyes federales, dictaminando que ello violaría la Décima Enmienda a la Constitución. El caso Printz fue en algunos respectos una decisión reaccionaria, que bloqueaba el intento del gobierno federal por imponer la aplicación de controles de armas. Sin embargo, de manera contradictoria, la decisión, y la Décima Enmienda, también operan para contener al Gobierno federal para que no requise a gobiernos estatales para hacer cumplir acciones ejecutivas reaccionarias y opresoras, tales como las órdenes de 'detención' de inmigración de Trump. Estos esfuerzos tempranos por hacer cumplir ilegalmente el poder ejecutivo por órdenes y decretos para fomentar el régimen personalista autoritario se volvieron el modelo a lo largo de todo el mandato presidencial.

Para entender el carácter específico del ataque de Trump a la constitucionalidad hay que considerar el papel de las 'normas' en el marco del orden constitucional. Cuando se dice que Trump ejerció una presidencia 'personalista', de hecho se hace referencia al rechazo de Trump a las 'convenciones' y 'normas' que históricamente restringen el ejercicio del poder presidencial arbitrario, junto con las provisiones constitucionales escritas que conciernen al poder presidencial (Artículo II de la Constitución) y las decisiones judiciales de los tribunales. Estas normas se describen a veces como las 'barandillas suaves' del gobierno constitucional. Gran Bretaña no tiene una constitución escrita unificada, y se basa en normas, convenciones, costumbres y tradiciones que existen desde hace mucho tiempo en su sistema de democracia burguesa. En el sistema británico estas a veces son llamadas 'convenciones constitucionales'.

El carácter de la presidencia en la tradición liberal del orden constitucional estadounidense está condicionado fundamentalmente por normas y condiciones, y forman el 'marco normativo' del ejercicio del poder presidencial como un elemento institucional (en oposición a personal y arbitrario) en el sistema estadounidense de gobernanza democrática. El respeto a las normas y las convenciones del cargo de presidente es fundamental para el régimen constitucional.

Trump no tenía absolutamente ningún respeto por las normas que restringen el cargo de presidente. De tipo fascistoide y autoritario en su personalidad, Trump simplemente ignoró estas restricciones democráticas a su poder. En este aspecto particular del Estado de Derecho, Trump manifiesta y significativamente profundizó el ataque al orden constitucional y la legalidad en los EEUU.

Cuando se habla de la 'anormalidad' de la presidencia de Trump, se hace referencia a la falta de un régimen institucional basado en normas. La lista de ataques de Trump al ejercicio normativo del poder es muy larga: su presidencia fue una verdadera operación de demolición de normas. En el contexto histórico de la continua degeneración del orden constitucional y los derechos democráticos en los EEUU a lo largo de los últimos veinte años, algunos de esos ataques más significativos son los siguientes:

(i) La politización del ejército

La convención constitucional proscribe implicar al ejército en política. La norma se origina en la preocupación democrática de los Padres Fundadores por asegurar que el orden constitucional no fuera amenazado por la presencia de un ejército permanente. Desde el principio, Trump intentó llevar al ejército a su presidencia y a la vida política en general. En su toma de posesión, sin precedentes, Trump inicialmente colocó a mandos militares tras de sí mientras daba su discurso ultranacionalista. Acontecimientos presidenciales y ceremonias a menudo tenían presentes a militares. La orden ejecutiva ilegal que prohibía la entrada a ciudadanos de siete países musulmanes fue firmada en la sala del Pentágono dedicada a héroes de guerra. Cuando Trump visitó a las tropas en Irak, la pista de audio de su campaña sonaba en los altavoces.

Apenas antes de las elecciones de mitad de mandato de 2018, Trump, sin referencia al Congreso y basándose en afirmaciones de 'emergencia nacional', desplegó tropas en la frontera sur. Trump deliberadamente intentó proyectar una imagen de gobernación militar-política. Llevó a exgenerales a su gabinete. Abordaremos la implicación del ejército en la intentona golpista de Trump más adelante en este ensayo. El despliegue del ejército por parte de Trump en la vida política es de una gran importancia en la destrucción del marco normativo —lo que jalona un hito principal en la degeneración de la democracia burguesa.

(ii) Atacando la independencia del poder judicial

La teoría democrática constitucional trata al cargo de presidente y al poder judicial como elementos coiguales en el sistema de gobierno. Las normas constitucionales y las convenciones dictan respeto mutuo e independencia entre estos dos 'poderes' separados. Trump atacó y reprendió a jueces a menudo a lo largo de su mandato presidencial, a menudo con insultos e invectivas, desafiando su independencia y capacidad. Los ataques no tenían precedentes históricos. En un discurso de 2019, el juez de Tribunal de Distrito de EEUU, Paul L. Friedman, comentando sobre los ataques de Trump al poder judicial, dijo: 'Estamos siendo testigos de un jefe del ejecutivo que critica casi todas las decisiones judiciales que no le convienen y denigra a jueces que dictaminan contra él, a veces en términos muy personales. Parece considerar a los tribunales y al sistema de justicia como obstáculos a ser atacados y socavados, no como una rama coigual digna de respeto. Esto no es normal'.

La doctrina de la 'separación de poderes' y la independencia del judicial que es fundamental en esta, está en el núcleo de un gobierno democrático liberal burgués.

El ataque de Trump al poder judicial representó una profundización del impulso autoritario contra el orden constitucional en los EEUU. Una de las características distintivas del régimen nazi fueron sus feroces ataques a los jueces que no se sometían a la voluntad del Führer, quien era descrito a menudo como la voluntad del pueblo.

(iii) Abuso del poder de nombramiento

La cláusula de Nombramientos de la Constitución le da al presidente el poder de nombrar cargos federales, con el consentimiento del Senado. A menudo hay demoras en el proceso de confirmación, y en consecuencia el Congreso promulgó la Ley de Reforma de Vacantes Federales (FVRA) para permitirle al presidente nombrar cargos 'en funciones', que son funcionarios que ya ocupan algún cargo en el gobierno, para servir en un cargo por un máximo de 210 días después de que quede vacante. Mantener a un funcionario en un cargo 'en funciones' más allá del límite estatutario viola la cláusula de Nombramientos.

Extendiendo sus esfuerzos por establecer una presidencia autoritaria personalista, Trump incumplió el proceso de nombramientos constitucionales para colocar a personas leales como jefes en funciones de departamentos que no habían recibido confirmación del Senado. Durante gran parte de su mandato tuvo casi tantos secretarios en funciones en su gabinete como confirmados. En agosto de 2020 la Oficina de Responsabilidad del Gobierno dictaminó que el secretario en funciones y el vicesecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf y Ken Cuccinelli, ocupaban sus cargos ilegalmente. En septiembre de 2020, el Juez de Distrito de EEUU Brian Morris ordenó la destitución de William Perry Pendley, quien había estado ejerciendo ilegalmente como jefe en funciones del Buró de Gestión de la Tierra. En esfuerzos por evitar la ilegalidad de nombramientos interinos Trump creaba nuevos cargos para mantener a las personas leales a él en el Gabinete y evitar el escrutinio del Senado. En su juicio mordaz Morris escribió: 'El presidente no puede albergar nombramientos 'temporales' inconstitucionales por la duración de su mandato presidencial mediante una muñeca matryoshka de autoridades delegadas'.

(iv) Desmontando protecciones de supervisión

Una de las promulgaciones legales tras el Watergate fue la creación en 1978 de los cargos de inspectores generales a lo largo del gobierno para proteger contra fraudes y abusos de poder.

Trump despidió a cinco inspectores generales cuya función oficial era de 'vigilancia' en los Servicios de Inteligencia, y en los departamentos de Defensa, Salud y Servicios Humanos, Transporte, y de Estado. En algunos casos, el despido fue en represalia por tomar medidas que disgustaron a Trump o a sus aliados. Quizás el más significativo fue el despido de Christi Grimm, la Inspectora General En Funciones para Salud y Servicios Humanos, tras su informe respecto a la severa escasez de kits para hacer tests de coronavirus y equipo protector, incluyendo mascarillas.

(v) Interfiriendo en investigaciones del Departamento de Justicia

Una norma bien establecida que gobierna la presidencia es la norma de no buscar influir en funciones tradicionales del cumplimiento de la ley en favor de socios, amigos o compinches políticos, o contra enemigos políticos o personales. Trump se alejó completamente de esta norma. Dejando de lado temas concernientes a la posible motivación partidaria de cualquier investigación del Departamento de Justicia, Trump abiertamente atacó casos de los fiscales contra él o sus aliados, y presionó a funcionarios para que abandonaran o emprendieran investigaciones en su interés político y personal. Este abordaje de las investigaciones del Departamento de Justicia una vez más revelaron la concepción de Trump totalmente personalista y autoritaria de su poder como presidente.

(vi) Abuso de poder al conceder indultos

El poder presidencial de indultar bajo el Artículo II Sección 2 de la Constitución está pensado para ser ejercido con prudencia y juicio. Normalmente las solicitudes de clemencia ejecutiva las procesa la Oficina del Fiscal de Indultos del Departamento de Justicia. Con frecuencia los presidentes han abusado de este poder. George H. W. Bush indultó a los criminales del Irán-Contra que habían cometido sus crímenes en la administración en la que él había sido vicepresidente.

En coherencia con otras conductas que rompen normas, Trump abusó del poder exponencialmente, otorgando 237 indultos y conmutaciones durante su mandato, la gran mayoría en base a razones y objetivos personales, políticos y egoístas. Miles de peticiones genuinas de clemencia fueron tratadas con desprecio en el proceso. Trump otorgó menos clemencia que cualquier presidente moderno. Tan 'personalista' era la visión de Trump de sus poderes que barajó, en reflexiones públicas, indultarse a sí mismo.

Los indultos o conmutaciones de Trump incluyeron al antiguo sheriff de Arizona, Joe Arpaio, un ferviente antiinmigrantes simpatizante de Trump; el comentarista ultraderechista Dinesh D'Souza, condenado por donaciones ilegales al candidato republicano al Senado por Nueva York en 2012, Wendy Long; el antiguo gobernador de Illinois, Rod Blagojevich; el rey de los bonos basura Michael Milken; el deshonrado comisionado de la policía de Nueva York, Bernard Kerik; y el antiguo magnate mediático, Conrad Black, quien escribiera un libro elogiando profusamente a Trump. Trump fue el primer presidente en tiempos modernos que indulta a personas condenadas por homicidio, en el caso de dos soldados sentenciados por crímenes de guerra. El indulto a los soldados fue contra el consejo de los altos cargos del ejército y del Departamento de Defensa y de abogados del Ejército de los EEUU.

Trump conmutó la sentencia de su amigo y aliado político Roger Stone, que fue condenado por mentir sobre los emails demócratas hackeados durante la campaña de 2016. En relación con el indulto de Stone el republicano Mitt Romney dijo: 'Corrupción sin precedentes, histórica: un presidente estadounidense conmuta la sentencia de una persona condenada por un jurado por mentir para proteger a ese mismo presidente'.

Aparte de Stone, Trump concedió clemencia a otros cuatro antiguos miembros del personal de campaña y asesores políticos: Paul Manafort, Michael Flynn, Stephen Bannon y George Papadopolous. Concedió indultos a siete congresistas republicanos condenados por crímenes serios, principalmente corrupción financiera. Muchos ricos pagaron grandes sumas de dinero a antiguos asesores de Trump para presionar para conseguir indultos, pasándose por alto el proceso normal de revisión emprendido por la Oficina del Fiscal para Indultos.

(vii) El bombardeo ilegal de Siria y el asesinato del general Qasem Soleimani

Tras la nueva 'doctrina libia' del presidente Obama del poder del Ejecutivo para librar una 'pequeña guerra' sin aprobación del Congreso, Trump también pisoteó la doctrina de la separación de poderes y ordenó ataques aéreos contra Siria sin aprobación del Congreso. Los actos ilegales (según la Constitución y el derecho internacional) se produjeron en 2017 y 2018.

El poder extralegal del Ejecutivo para matar, que la administración de Obama había promocionado con doctrinas legales de tipo fascista, fue llevado a nuevo territorio por Trump. Sacando partido de la maquinaria de asesinatos selectivos que habían cometido las tres administraciones anteriores, Trump ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Esta fue la primera vez que un presidente estadounidense ordena el asesinato de un alto cargo de un país con el que EEUU no está en guerra. Trump parece no haber considerado, como cualquier jefe de Estado del mundo hubiera hecho, que asesinar a un alto cargo de otro país con un dron misil sería considerado según el derecho internacional como una declaración de guerra. Alternativamente, y muy posiblemente, ni le importó.

La lista precedente del ataque imprudente de Trump al marco normativo del orden constitucional está lejos de ser exhaustiva, pero este autor considera que incluye los actos más significativos en el contexto de la degeneración continuada de la democracia burguesa en el ámbito del derecho y el constitucionalismo. Otras acciones escandalosas de violación de normas incluían aprovecharse del cargo; no revelar declaraciones de impuestos; hacer pública la lista de potenciales escogidos para la Corte Suprema; mentir al público; abusar, insultar y difamar a rivales políticos; hacer llamamientos y ataques racistas; y denigrar, ridiculizar y rechazar la opinión de científicos y expertos médicos, lo que llevó a la muerte de cientos de miles de personas en una pandemia. Incuestionablemente, todas estas acciones ilegales contribuyen muy profundamente a la destrucción de la cultura legal-constitucional y el etos de la República.

La persecución de Julian Assange: Profundizando el ataque a la libertad de expresión

La administración Trumo planteó la arremetida contra la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda. El Departamento de Justicia llevó el uso de la Ley de Espionaje un paso más lejos, buscando destruir el derecho constitucional a publicar información respecto a la seguridad nacional. Julian Assange fue acusado bajo la Ley de Espionaje por publicar información concerniente a la perpetración de crímenes de guerra por parte de las fuerzas estadounidenses en Irak, así como otras conductas gubernamentales ilegales.

La perspectiva jurídica de seguridad nacional que subyace a la persecución fue expuesta de manera resumida en el párrafo 29 de la acusación, que sostenía que Assange, Manning y otros compartían el objetivo de fomentar la misión de WikiLeaks 'como agencia de inteligencia del pueblo que subvierte medidas legales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos para salvaguardar y obtener información clasificada para desvelar esa información al público'.

El alegato legal del Departamento de justicia se hizo echo de las declaraciones de Mike Pompeo, quien, como jefe de la CIA en 2017, denunció a WikiLeaks como un 'servicio de inteligencia hostil no estatal'. Estas perspectivas cristalizaron en la concepción contrarrevolucionaria de que el público no tiene derecho a ser consciente de las actividades del gobierno.

Los intentos de golpe de Trump para un régimen dictatorial

La primera intentona golpista de Trump ocurrió en junio de 2020 cuando intentó invocar la Ley de Insurrección contra las protestas en todo el país contra el asesinato de George Floyd. Trump quería aplastar a los manifestantes con el ejército y establecer una dictadura personalista que se apoyara en el ejército. La acusación de que las protestas se dirigían al derrocamiento del gobierno era una provocación total.

En ese momento, el general Mark Milley, director del Estado Mayor Conjunto, no estaba dispuesto a enviar tropas. La oposición de Milley se basaba en consideraciones tácticas; le preocupaba que pudiera profundizar la crisis y potencialmente poner al Estado en peligro. Milley había estudiado política en la Universidad de Princeton y su tesis de graduación en 1980 se titulaba 'Un análisis crítico de la organización de la guerrilla revolucionaria en teoría y en la práctica'.

A pesar de que tanto Milley como el secretario de Defensa Esper declararan que no estaban dispuestos a usar la fuerza militar, los dos ofrecieron asesoramiento respecto a controlar la agitación. Milley aconsejó que las fuerzas del cumplimiento de la ley 'dominen el espacio de batalla'. Estaba claro que aunque el director del Estado Mayor Conjunto no estuviera dispuesto a actuar en esa ocasión, no tenía objeciones de principio para el uso de la fuerza militar cuando fuera necesaria para proteger al Estado capitalista. Durante las protestas, Trump marchó con su séquito, acompañado por Milley y Esper, a la Plaza Lafayette.

Tras perder las elecciones de 2020 ante Biden, Trump empezó a complotar para revertir el resultado e intentar un putsch para derrocar al gobierno recién elegido. Trump tenía el respaldo de una red sustancial de coconspiradores del Partido Republicano y de agencias del cumplimiento de la ley. En el centro del complot Trump invocó la técnica de la 'Gran Mentira' con declaraciones de que el Partido Demócrata había cometido un fraude electoral masivo. Esta técnica de la Gran Mentira era un método que Hitler y la ultraderecha utilizaban en Alemania para movilizar a la base fascista. Hitler y la ultraderecha promocionaron la Gran Mentira de la 'Puñalada por la Espalda' contra los socialdemócratas y los comunistas en la Alemania de Weimar, diciendo que habían traicionado el esfuerzo bélico, llevando a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Los esfuerzos de Trump incluían numerosos casos legales falsos que alegaban fraude electoral, que eran un vehículo para galvanizar y movilizar simpatizantes para hacer un ataque violento al Capitolio.

Ahora está bien establecido que elementos del ejército estuvieron implicados en el golpe de Trump. Lo que también está claro es que no habrá una investigación comprensiva del papel que desempeñó la dirección civil y militar del Departamento de Defensa y la Guardia Nacional del Ejército. No puede haber duda desde las pruebas que se han vuelto disponibles, sin embargo, de que altos mandos y generales del interior del Departamento de Defensa y del Ejército apoyaron el putsch. El secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, el secretario del Ejército Ryan McCarthy, el general Walter Piatt, el general Charles Flynn (el hermano de Michael Flynn) y el general Daniel Hokanson, jefe del Buró de la Guardia Nacional, estuvieron implicados en las decisiones de no enviar soldados de la Guardia a tiempo para derrotar el golpe.

En todas las circunstancias, y el que fuera bien conocido lo que estaba siendo preparado, no puede haber ninguna explicación inocente del quietismo de la dirección del ejército. Al final se enviaron tropas cuando estaba claro que el golpe había fracasado en sus objetivos y los atacantes habían empezado a dispersarse —la operación había fracasado primariamente debido a la falta de disciplina en el terreno en la ejecución del golpe. Una prueba particularmente reveladora que implicaba al ejército fue una conversación que tuvo lugar el 3 de enero en la Casa Blanca, ocasión en la cual Trump le preguntó al secretario de Defensa en funciones, Miller, '¿Tienes suficiente gente y están todos listos para el 6 de enero?', a lo que Miller respondió, 'Oh sí, Sr. Presidente. Tenemos un plan'. Los acontecimientos que ocurrieron el 6 de enero y la decisión crítica de no desplegar fuerzas al Capitolio apoyan de manera abrumadora la inferencia de que el plan al que se refería Miller era un esfuerzo para facilitar o al menos permitir el golpe, y sugerir una colaboración aún más profunda entre el ejército y los alborotadores fascistas.

Conclusión

En la época del imperialismo, la dinámica de la sociedad de clases hace surgir fenómenos políticos generales similares en todos los países capitalistas. Los Estados Unidos no son una excepción. Bajo las presiones crecientes y las contradicciones de la producción capitalista en una economía global, la democracia burguesa estadounidense se ha vuelto su contrario. Confrontándose a la competencia global, crisis económicas y una desigualdad social sin precedentes, las élites gobernantes, como en Alemania, Francia e Italia en los años 1920 y 1930, se están dirigiendo hacia regímenes autoritarios y fascistas en un esfuerzo por resolver sus crisis y defender el orden capitalista.

Cuando se mira por el paisaje actual legal y constitucional de los Estados Unidos, se ve, en sentido figurado, escombros, ruinas humeantes, cascajos, llamas y estructuras, edificios y vehículos bombardeados —todas estas cosas representando los restos del marco del gobierno democrático burgués. No es exagerado. Hay un blitzkrieg contra el constitucionalismo desde hace más de 20 años.

La clase trabajadora estadounidense debe extraer las lecciones y hay que advertirla de estos acontecimientos políticos trascendentales. Durante dos décadas la clase gobernante y sus agentes y habilitadores políticos del Partido Republicano y el Demócrata han emprendido una verdadera contrarrevolución para derrocar sus derechos y destruir el orden constitucional. El marco legal de la democracia burguesa está en un estado de degeneración avanzada y colapso.

Esto ha culminado en los esfuerzos de un presidente fascista por establecer una dictadura personalista. En este emprendimiento tenía el apoyo de un amplio sector del Partido Republicano, que se volvió él mismo fascista. Elementos del ejército apoyaron el intento por destruir el orden constitucional, y dieron pasos decisivos para llevar a cabo el complot fascista. La clase gobernante estadounidense ha cruzado un Rubicón. El Partido Demócrata es flojo y cobarde. Como el principal defensor de las relaciones de propiedad capitalistas, no defenderá, ni puede hacerlo, los derechos de la clase trabajadora. No luchará por defender el orden constitucional contra ataques fascistas. Prefiere la dictadura a la revolución.

La clase trabajadora estadounidense está en serio peligro. La democracia burguesa está agonizando y el régimen dictatorial es un peligro creciente. Es urgente que la clase trabajadora desarrolle una estrategia política y construya un partido revolucionario con un plan de acción para defender sus derechos democráticos y derrocar el sistema violento y arruinado de la opresión capitalista, y crear una sociedad socialista basada en la humanidad, la cooperación, los derechos económicos y el progreso.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de octubre de 2021)