La orden ayer del Tribunal Suprior británico de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, puede ser extraditado a EE.UU. es una repugnante burla de la justicia.

La sentencia es el resultado de una conspiración política de 10 años por parte de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Suecia para perseguir a un valiente periodista que expuso los crímenes llevados a cabo por los Gobiernos imperialistas durante las invasiones y ocupaciones asesinas de Irak y Afganistán.

Aceptando la apelación presentada por el Gobierno estadounidense, lord Burnett of Maldon, el presidente del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, y el juez lord Holroyde dictaminaron que el tribunal inferior debió haberle concedido a Estados Unidos “la oportunidad de ofrecer garantías” sobre el tratamiento de Assange. Los jueces luego aceptaron que las garantías ofrecidas por un Estado que, según se les dijo en la audiencia de apelación, tramó el “asesinato, secuestro y envenenamiento” de Assange “bastan para disipar las preocupaciones” sobre su bienestar.

Con esta sentencia, el poder judicial del Reino Unido ha dejado al descubierto su función como instrumento obediente del Estado británico, preparado para aprobar una campaña de asombrosa criminalidad con devastadoras implicaciones antidemocráticas.

Los abogados de Assange pusieron por los suelos las “garantías” de EE.UU., proporcionando extensas pruebas de ilegalmente haber sido el blanco de la CIA, incluyendo una investigación altamente creíble de Yahoo! News y una investigación criminal en curso en España que su secuestro y asesinato fueron planeado en los más altos niveles del Gobierno.

El Tribunal Superior se refirió a estos argumentos antes de dictaminar: “Las declaraciones generales de opinión que ponen en duda la buena fe de EE.UU., quienes no establecen ninguna experiencia relevante para dar tal opinión, no tienen más valor que una opinión periodística extraída de una búsqueda en Internet”.

Los jueces continuaron: “La realidad es que se está invitando a este tribunal a rechazar las garantías de EE.UU., ya sea sobre la base de que no se ofrecen de buena fe o de que, por alguna otra razón, no pueden ser aceptadas en su valor nominal. Se trata de una alegación grave, sobre todo teniendo en cuenta que el Reino Unido y los EE.UU. tienen un largo historial de cooperación en materia de extradición...”.

Concluyen: “No hay ninguna razón para que este tribunal no acepte que las garantías significan lo que dicen”.

En otras palabras, el tribunal no se preocupó en lo más mínimo por los derechos legales y democráticos claramente vulnerados de Assange, sino por favorecer los intereses y la relación del imperialismo británico y estadounidense. Ahora ha dictado una sentencia que amenaza al fundador de WikiLeaks con la cadena perpetua o la muerte por exponer los crímenes de guerra y otras atrocidades de la clase dominante y allana el camino para un asalto generalizado a la libertad de expresión.

La extradición de Assange podría ser ahora inminente. No hay que confiar en que consiga un recurso ante el Tribunal Superior británico el Tribunal Europeo. Los engranajes de una operación de entrega de 10 años, en la que Assange fue detenido de forma arbitraria, espiado, robado, secuestrado en una embajada extranjera, despojado de su asilo y ciudadanía ecuatorianos, torturado psicológicamente, sometido a sentencias vengativas y mantenido en prisión preventiva sin cargos durante años en una cárcel de máxima seguridad, están de nuevo en marcha.

Incluso si se aceptara el recurso de apelación, un camino exclusivamente legal hacia la libertad significa, en el mejor de los casos, la continuación del encarcelamiento de Assange en Belmarsh en las mismas condiciones intolerables que ha sufrido ya durante más de dos años y medio.

Este porvenir fue dictado por el Tribunal Superior mientras el perseguidor en jefe de Assange, el presidente Joe Biden, organizaba una “Cumbre por la Democracia”, a la que asistió una banda de asesinos en masa, entre ellos Rodrigo Duterte de Filipinas y Jair Bolsanaro de Brasil, en la que se anunció una Plataforma de Protección a la Prensa de 3,5 millones de dólares para “proporcionar a los periodistas en riesgo formación en seguridad digital y física, atención psicosocial, ayuda legal y otras formas de asistencia”.

En Reino Unido, el mismo día, la Cámara de los Lores celebró un debate sobre la importancia de la libertad de expresión en el que no se mencionó a Assange ni una sola vez.

La vil hipocresía de la clase dirigente estadounidense y británica no escandalizará a la amplia masa de la población, que ve a sus podridos Gobiernos con un merecido desprecio. La pregunta que se harán no es “¿Cómo han podido hacer esto?” sino “¿Cómo han podido salirse con la suya?” y “¿Qué hay que hacer para detenerlos?”.

Cualquier respuesta debe comenzar con una valoración política seria de los acontecimientos hasta este punto. Hasta ahora, la lucha por la libertad de Assange se ha dejado en manos de una campaña oficial centrada en la búsqueda de la justicia a través de los tribunales y apelando sobre esta base a las cansadas filas de la burocracia laboral y de los grandiosos libertarios liberales y de derecha. Esta perspectiva ha resultado desastrosa.

El exlíder laborista Jeremy Corbyn y el Grupo de Campaña Socialista de los diputados laboristas han sido festejados como principales defensores de la causa de Assange. Pero su apoyo, limitado a los dos últimos años, ha consistido en poco más que tuits preocupados, súplicas al primer ministro Boris Johnson y sermones sobre la justicia británica. El único e insípido tuit de Corbyn emitido ayer siete horas después de la sentencia, “Julian Assange no debe ser extraditado por revelar verdades incómodas”, solo llama la atención sobre su inacción.

Los medios de comunicación han hecho un esfuerzo similar para oponerse formalmente a la extradición de Assange. Pero la verdad es que, sean cuales fueren los editoriales y columnas de opinión que estas organizaciones se atreven a publicar, el sentimiento en las oficinas editoriales de The Guardian y The New York Times será de satisfacción sonriente. Han pasado años preparando el camino para el veredicto de ayer. Ahora esperan poder por fin olvidarse de Assange, quien amenazó con alterar su acogedora relación con sus respectivas clases dirigentes.

Cabe destacar que The Guardian solo mantuvo un informe del veredicto, el más consecuente en la historia del periodismo desde hace medio siglo, en su portada durante unas horas antes de relegarlo a la sección “Alrededor del mundo” muy abajo de la página, colocada debajo de “Desde el Reino Unido”.

El giro de The Guardian y compañía hacia darle un un apoyo simbólico a Assange solo se produjo una vez que su caso se había conducido de forma segura al sistema judicial, tras años persiguiendo una campaña de difamación diseñada para aislarlo del factor decisivo que podría asegurar su libertad: el apoyo masivo a WikiLeaks en la población mundial.

Los esfuerzos para convertir a Assange en un paria fueron apoyados o dejados sin oposición por las organizaciones de la pseudoizquierda internacional. Entre ellas estaba el grupo británico Counterfire, cuyo miembro principal, John Rees, dirige ahora el grupo Don't Extradite Assange. Toda la campaña oficial se orienta a estos participantes actuales o antiguos en la empresa criminal contra Assange, a una capa social que no ofrece ningún apoyo a los derechos democráticos y a la lucha por defenderlos.

Esa lucha depende de la clase obrera internacional, que está entrando en un conflicto cada vez más abierto con un orden social capitalista que marcha forzosamente hacia la dictadura y la guerra. Una serie de grandes huelgas, a menudo en oposición directa a los esfuerzos de la burocracia sindical por imponer contratos favorables a las empresas, marcan un cambio dramático en la situación global desde que comenzó la campaña para silenciar a Assange.

La pandemia, la intensificación de la explotación de la población trabajadora para rentabilizar las ganancias orquestadas por la oligarquía sobre una montaña de cadáveres, y la campaña de guerra con las potencias nucleares de Rusia y China que amenazan a millones de personas más, están impulsando una ola creciente de la lucha de clases.

La campaña para liberar a Assange debe dirigirse hacia esta fuerza social. Su causa debe convertirse en una consigna del movimiento político independiente de la clase obrera que ahora se expresa en la formación de comités de base en todo el mundo. Este movimiento reunirá detrás de sí a todas las fuerzas sociales progresistas, incluyendo a sectores de las clases medias y profesionales. El World Socialist Web Site y los Partidos Socialistas por la Igualdad llevarán adelante esta lucha.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de diciembre de 2021)