La decisión de Washington de anular una clara votación de los trabajadores ferroviarios en contra del contrato mediado por la Casa Blanca e imponerlo unilateralmente es un importante ataque a los derechos democráticos de la clase trabajadora. También es una experiencia estratégica cuyas lecciones deben ser aprendidas por los trabajadores.

Después de tres años de incansables rondas de mediación ordenadas por el Gobierno e impuestas a los ferroviarios empleando la antiobrera Ley de Trabajo Ferroviario y después de un acuerdo anterior que el Gobierno y la burocracia sindical intentaron implementar por medio de un voto viciado por retrasos interminables y serias irregularidades, los trabajadores finalmente planearon una huelga nacional el 9 de diciembre. Los trabajadores se enfrentan a patrones brutales que se rehúsan a ceder en demandas esenciales y básicas como las licencias remuneradas por enfermedad (los trabajadores actualmente no tienen ninguna) y horarios que les permitan pasar tiempo con sus familias.

En cambio, el Gobierno de Biden y el Congreso están respondiendo rápido para prohibir una huelga e imponer el acuerdo. Biden anunció el lunes por la noche que buscaría una intervención del Congreso y se reunió con los líderes el martes por la mañana. Un voto del Congreso, donde los líderes de ambos partidos apoyan la decisión, podría ocurrir tan pronto como el miércoles por la mañana.

La lucha de los ferrocarrileros para ganar sus demandas ha demostrado dos elementos fundamentales del marxismo que yacen en el seno de su teoría de la lucha de clases.

En primer lugar, confirma la teoría del valor-trabajo: la fuente de toda la riqueza de la sociedad es el trabajo de la clase trabajadora y la fuente de las ganancias es el plusvalor extraído de la explotación de los trabajadores. Este es el origen económico de la explotación en la sociedad capitalista.

Más temprano este año, durante los argumentos previos a una junta federal de mediación, las empresas ferroviarias argumentaron arrogantemente que el trabajo de sus empleados “no contribuye a sus ganancias”. Pero el lunes, 400 grupos empresariales escribieron una carta exigiendo que el Congreso actúe para prevenir una huelga, advirtiendo de consecuencias económicas apocalípticas si los ferrocarrileros dejan de laburar.

En Estados Unidos, la economía avanzada con la mayor desigualdad social, se desarrollan cultos a la personalidad de celebridades milmillonarias, quienes son promovidas como “creadoras de empleos”. Pero todas estas personas son socialmente inútiles. El país puede funcionar sin ellas, pero no lo puede hacer sin los trabajadores ferroviarios.

No es un accidente que la industria más lucrativa en EE.UU. también tenga las peores condiciones laborales. Por medio de recortes de empleos continuos, tiempos extra obligatorios y otros métodos, los gestores de fondos y milmillonarios que controlan la industria extraen niveles masivos de plusvalor del trabajo de los ferrocarrileros. A su vez, estas ganancias se utilizan para financiar recompras de acciones y otras actividades parásitas y especulativas.

En segundo lugar, demuestra el carácter del Estado como un instrumento de dominio de clase. “El Ejecutivo del Estado moderno”, escribió Marx hace más de 150 años, “no es más que un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la burguesía en su conjunto”.

Ambos partidos están uniéndose para imponer a la fuerza un acuerdo rechazado por los trabajadores con una velocidad récord. Incluso ha quedado demostrado por ahora que la atmósfera de guerra civil en Washington, donde el grueso de los republicanos apoyó una intentona golpista para mantener a Trump en el poder, no impedirá esta unidad bipartidista.

Ninguna otra legislación importante habrá sido aprobada tan rápido en el Congreso en memoria reciente, quizás con dos excepciones: el rescate financiero de la Ley Cares en 2020, que obsequió billones de dólares a Wall Street y las grandes empresas en las etapas iniciales de la pandemia y los proyectos de ley de fondos para la guerra por delegación contra Rusia en Ucrania. Pese a su riña encarnizada, los demócratas y republicanos unen fuerzas cuando se trata de asuntos críticos para el imperialismo estadounidense y la clase gobernante capitalista.

El presidente Biden, quien se autodenominó pretenciosamente “el presidente más prosindical en la historia estadounidense” afirma con una hipocresía repugnante que lamenta tener que imponer el contrato pero que es necesario para proteger a las “familias obreras” que se verían impactadas por una huelga. Pero este supuesto peligro bien se podría resolver tan fácilmente imponiendo términos favorables a los trabajadores.

En cambio, Biden ha rechazado explícitamente cualquier modificación del contrato. En nombre de “proteger al pueblo trabajador”, Biden está protegiendo una dictadura de la patronal sobre los trabajadores.

Lo que Biden y el Congreso realmente están diciendo cuando hablan de proteger la “economía” es proteger las ganancias. Estas han de ser defendidas a ultranza. Cualquier semblanza de dar marcha atrás es intolerable porque animaría una mayor oposición en la clase trabajadora.

El Estado burgués no es un árbitro neutral del conflicto social, como afirman habitualmente los reformistas. Es un instrumento que hace valer la dictadura política de la clase capitalista.

Para imponer los dictados de las empresas, el Gobierno de Biden ha dependido de los servicios críticos del aparato sindical, que es completamente cómplice en la conspiración antidemocrática contra los ferroviarios.

Desde el principio, ha buscado socavar la iniciativa de los trabajadores y aplazar todo lo más posible. Fueron los sindicatos los que presionaron para que se nombrara una Junta de Emergencia Presidencial, que gestó el contrato que Biden está intentando imponer ahora.

El aparato sindical pretendió sin éxito imponer el acuerdo mediante una votación que burlaba el procedimiento democrático, al tiempo que retrasaba una confrontación para reforzar la mano del Congreso. Utilizaron la amenaza de una orden del Congreso como arma contra los trabajadores para tratar de convencerlos de que aceptaran el acuerdo, argumentando que no se podía hacer otra cosa.

El aparato sindical no es solo una extensión de la gerencia, sino que existe como una fuerza policial industrial al servicio del Estado capitalista.

Aunque la legislación sería la primera vez que el Congreso interviene contra una huelga ferroviaria nacional desde 1991, no es simplemente una repetición del pasado. Se desarrolla en condiciones de enorme crisis social, política y económica.

La solicitud de intervención del Congreso por parte de Biden es el principio del fin de sus intentos de camuflar su política de clase y evitar enfrentamientos abiertos y prematuros con la clase obrera, mediante el uso de la burocracia sindical. Esta estrategia se tambalea ante la inmensa enajenación y hostilidad que los trabajadores sienten tanto hacia el aparato sindical como hacia el Gobierno.

Hay un movimiento cada vez mayor que lucha por el desarrollo de organizaciones de base a través de las cuales los trabajadores pueden luchar por sus intereses independientemente del aparato sindical. Entre los trabajadores ferroviarios, esto ha cobrado la forma del Comité de Base de los Trabajadores Ferroviarios, que ha desempeñado el papel principal en la movilización y organización de la oposición a los contratos en todos los gremios y empresas.

Al mismo tiempo, la campaña de Will Lehman para presidente del sindicato UAW, que se basó en un programa de abolición del aparato del UAW y de transferencia del poder a los talleres, ha encontrado un amplio apoyo entre los trabajadores de base.

Sin embargo, la intervención del Congreso demuestra la importancia crítica de la independencia de la clase obrera. Esto significa no solo romper la camisa de fuerza de la burocracia sindical, sino de su independencia política. Los trabajadores están completamente privados de derechos en un sistema político que funciona como un instrumento de dominio de clase de la burguesía. Los trabajadores necesitan su propio programa político, correspondiente a sus propios intereses históricos, que chocan con el afán de lucro y están destinados a abolirlo

Los trabajadores se enfrentan a la necesidad de tomar el poder político en sus propias manos y reestructurar la sociedad sobre líneas socialistas, organizándola de acuerdo con las necesidades humanas, no con las ganancias. Esta es la lección más fundamental de la intervención del Congreso.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de noviembre de 2022)